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Sentencia absolutoria en Violencia de género

Traigo una Sentencia que, en mi opinión debería ser común pero que en la práctica del día  a día se da poco y es que el juez estime que sólo son realmente válidas las pruebas que son reproducidas en el acto del juicio.

JUZGADO PENAL N° 100

MADRID

JUICIO ORAL  4000/2012

SENTENCIA NÚM. 1000/2013

En Madrid, a veintinueve de mayo de dos mil trece.

Vistas por mí, Dña. Excelentísima Juez, Magistrada del Juzgado Penal n° 100  de Madrid, las presentes actuaciones de JUICIO ORAL 412/2012, dimanantes del Procedimiento Abreviado 10/12 del Juzgado de Instrucción n° 0 de Majadahonda, por delito de malos tratos en el ámbito familiar, seguido contra Luis Marcelo  como acusado asistido por el Letrado Sr. Martín García, y contra Luisa Maroto como acusada por un delito de maltrato en el ámbito familiar, asistida por la Letrada Sra. De Parte Contraria; y en las que ha sido parte el MINISTERIO FISCAL, representado por el Ilmo. Sr. D. Joaquín, en ejercicio de la acción pública

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La presente causa fue repartida a este Juzgado para su enjuiciamiento y fallo, y una vez recibida, se señaló para el acto del juicio el día 20 de mayo de 2013. Llegado el día señalado, al mismo comparecieron tanto el Ministerio Fiscal como el resto de las partes, debidamente asistidas por sus respetivos abogados.

SEGUNDO. – En dicho acto, se practicaron las pruebas previamente admitidas con el resultado que consta en el acta del Juicio, a excepción de la declaración de la acusada que no compareció , por lo que, a petición del Ministerio Fiscal, se procedió a dar lectura a la declaración que, en concepto de perjudicada prestó en sede de instrucción. El Ministerio Fiscal, en el trámite de calificación definitiva, dirigió la acusación contra Luis Marcelo  como autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar del art. 153.1 ° del Código Penal, con agravante de reincidencia, solicitando que se impusiera para el mismo la pena de diez meses de prisión , inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el tiempo de tres años, con prohibición de aproximación a Luisa Maroto a una distancia no inferior a quinientos metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella así como prohibición de comunicación con ella por cualquier medio por un año y diez meses, interesando que se sustituyera la pena de prisión por expulsión del territorio nacional y prohibición de entrada en España por tiempo de cinco años.

Igualmente, formuló acusación contra Luisa Maroto como autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar del arto 153.2 Y 4 CP, solicitando que se la impusiera la pena de dos meses de prisión a sustituir por pena de multa de cuatro meses a razón de cinco euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por ocho meses, así como prohibición de aproximarse a menos de quinientos metros de la persona de Luis Marcelo  , domicilio o lugar de trabajo y de comunicarse con él por cualquier medio durante seis meses. Los letrados interesaron la absolución de sus defendidos. Tras concederse la última palabra al acusado comparecido, que prestó su conformidad a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad para el caso de que fuera condenado, se declaró el juicio visto para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las preceptivas prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

UNICO. – Se declara probado que el día 16/06/2012, sobre las 20: 40 horas, Luisa Maroto, mayor de edad, nacional de Perú, y sin antecedentes penales, fue a buscar a su pareja, Luis Marcelo una cancha de rutbol de Majadahonda, donde éste se encontraba con sus amigos tras disputar un partido de dicho deporte y allí le recriminó que estuviera bebiendo tras haberle prometido que no lo volvería a hacer, propinándole seguidamente Luisa Maroto una bofetada en la cara que no le causó lesiones, tras la cual Luisa Maroto se marchó del lugar para recoger a su hijo y ser asistida en el Centro de Salud.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Formula el Ministerio Fiscal sendas acusaciones dirigidas respectivamente contra Luis Marcelo y  Luisa Maroto con fundamento en la prueba practicada, singularmente e  informe forense de Luisa Maroto obrante en las actuaciones y en la declaración prestada por la misma, en su condición de perjudicada, en sede de instrucción, y ello al amparo del art. 730 LEer. A este respecto, conviene recordar que el artículo 24 de la Constitución Española establece el principio de presunción de inocencia, exigiendo la existencia de una suficiente prueba de cargo para desvirtuar la presunción luris tantum que supone el citado derecho, prueba que debe realizarse con todas las garantías y ser practicada ante el juez, con contradicción de las partes y publicidad, habiéndose conseguido además los medios probatorios llevados al proceso sin lesionar derechos o libertades fundamentales. Conforme reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, la presunción de inocencia consagrada en el arto 24.2 de la CE se asienta sobre dos ideas esenciales: de un lado el  principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde efectuar la a los Jueces y Tribunales por imperativo del arto 117.3 y de otro, que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para desvirtuarla, para lo cual se hace necesario que la evidencia que origine s• resultado lo sea, tanto con respecto a la existencia del hecho punible, como en todo a lo atinente a la participación y responsabilidad que en el mismo tuvo el acusado. Por lo que respecta a la segunda de las exigencias apuntadas, ésto es, a los actos o medios de prueba, es doctrina consolidada de dicho Tribunal, desde la Sentencia 31/81, que únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el acto del juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia, de suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo por los medios aportados a tal fin por las partes. Así, no basta tampoco que se haya practicado prueba o incluso que se haya practicado con gran amplitud, sino que el resultado de la misma ha de ser tal que racionalmente pueda determinarse de cargo, es decir, que los hechos cuya certeza resulte de la prueba practicada, acrediten la comisión del hecho imputado y la culpabilidad del acusado.

SEGUNDO.- Pues bien, partiendo de lo expuesto en el fundamento jurídico anterior, y por lo que se refiere a los hechos imputados a Luis Marcelo, lo cierto es que no puede sino dictarse respecto del acusado una sentencia de contenido absolutorio y ello por considerar que no se ha practicado prueba bastante para enervar la presunción de inocencia. Así, aun cuando Se tuviera por reproducida la prueba documental obrante en las actuaciones, fundamentalmente el informe de sanidad forense que refleja las lesiones que la facultativa apreció a Luisa Maroto en su exploración , así como el informe de la asistencia inicial, y la diligencia de exposición de hechos de la Policía Local de Las Rozas que acudió al Centro de Salud, lo cierto es que en el acto del juicio oral no se ha practicado ninguna prueba que desvirtúe el principio de presunción de inocencia del acusado.

Así, no se ha interesado la declaración testifical de los citados agentes de Policía Local ni tampoco del médico que asistió a Ruth en el Centro de Salud, quienes podrían haber dado cuenta, corno testigos de referencia, de lo que Luisa Maroto les manifestaba así como del estado en el que se encontraba y las lesiones que a simple vista se le apreciaban. Tan solo se cuenta con la lectura interesada por el Ministerio Fiscal al amparo del art. 730 LECr y ante su incomparecencia, de la declaración que Ruth prestó en sede de instrucción en calidad de perjudicada (puesto que posteriormente, como acusada, se acogió a su derecho a no declarar). Ahora bien, a los fines pretendidos de considerar acreditados los hechos por los que se acusa a Luis, dicha declaración no puede ser tomada en consideración y ello debido a que la misma no se prestó debidamente sometida al principio de contradicción. Así, debe recordarse que la Sala Segunda del Tribunal Supremo en relación a dicha cuestión, siendo de una especial trascendencia la STS 806/2012, señala lo siguiente: ” Como dijimos en STS 383/2010, de 5 de mayo, entre las garantías que comprende el arto 24 CE para todo proceso penal destaca, por ser principios consustanciales del mismo, los de contradicción e igualdad. El principio de contradicción en el proceso penal hace posible el enfrentamiento dialéctico entre las partes, permitiendo así el conocimiento de los argumentos de la contraria y la manifestación ante el Juez o Tribunal de los propios, constituye una exigencia ineludible vinculada al derecho a un proceso público con todas las garantías, para cuya observancia se requiere el deber de los órganos judiciales de posibilitarlo. Y se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del arto 24.1CE, produciendo indefensión, cuando el sujeto, sin haber tenido oportunidad de alegar y probar sus derechos en el proceso, los ve finalmente afectados por las resoluciones recaídas en el mismo. Del principio de igualdad de armas, lógico corolario del principio de contradicción, se deriva asimismo la necesidad de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y defensa e idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, a efectos de evitar desequilibrios entre sus respectivas posiciones procesales, ni que sean admisibles limitaciones a dicho principio, fuera de las modulaciones o excepciones que puedan establecerse en fase de instrucción (o sumarial) por razón de la propia naturaleza de la actividad investigadora que en ella se desarrolla encaminada a asegurar el éxito de la investigación y en definitiva, la protección del valor constitucional de la justicia.

En el mismo sentido las SSTS 1238/2009, de 11 de diciembre y 1080/2006, de 2 de noviembre, en la que hemos destacado que la vigencia efectiva del principio de contradicción tiene directa relación con el derecho a un proceso equitativo, o a un proceso con todas las garantías en términos del arto 24.2 de la Constitución. El debate contradictorio sobre las pruebas permite a las partes intervenir activamente en la práctica, y en lo que se refiere concretamente a la defensa le facilita la oportunidad de actuar poniendo de relieve los aspectos que a un juicio anulan, alteran o debilitan SU valor probatorio, lo que contribuye a su valoración por parte del tribunal. Cuando

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Absolución por falta de pruebas


Absolución por falta de pruebas

 

FALLO

1. La absolución se produjo como consecuencia de que en  la acusación no se pudo  ofrecer evidencia alguna en contra del solicitante. Además la testifical aportada por la acusación incurrió uno de ellos en  falta de voluntad  y el otro en  incapacidad del  testigo.

2. El acusado lo fue por unos  de haber ocurrido en mayo de 1999. Antes de ese momento el demandante había sido el Gerente General Regional del Banco de Crédito y Comercio (en adelante BCC).  La declaración acerca de la situación económica de la entidad,  resultó, falsa o engañosa y fue incluida en los estados financieros auditados de BCC  y en  esas cuentas no reflejan una pérdida sustancial que haya sufrido el BCC, como motivo  de poseer  una cartera de acciones en el momento de la caída del mercado de valores en todo el mundo en  octubre de 1998.

3. Carlos era un empleado de la oficina regional de BCC, ocupando  un puesto  inferior a la de la demandante. De acuerdo con las declaraciones de Carlos  y otro testigo, recibieron órdenes de  “transferir” la pérdida de BCC a otra empresa o empresas de propiedad u operados por un cliente de cooperación de BCC, con el fin de que las cuentas de BCL no pudieran verse afectadas  negativamente. Esto se lograría a través de BCC el ejercicio de un falso  acuerdo.

4. La base de la acusación fue que la demandante era una de las partes, o por lo menos era de forma muy consciente de la ejecución de dicho falso acuerdo. De ello se desprende, dice la fiscalía, que él sabía que los estados financieros respectivos fueron materialmente engañosos o  falsos. La posición de la demandante es que si ese plan existió, o fue ejecutado, afirma que no tenía conocimiento de ello: así, en la medida en que a él concernía, los estados financieros auditados reflejaban adecuadamente los asuntos financieros de BCC  para el período en que el estuvo en el cargo. La cuestión fundamental que se debía establecer en el acto del  juicio, es si el movimiento de capitales se realizó con pleno conocimiento del denunciante.

5 Los principios aplicables

(1) Cuando después de un juicio en el tribunal, una persona resulta  absuelta, el tribunal podrá ordenar que el pago de la renta pública de los gastos de la defensa, incluyendo los costos de cualquier procedimiento ante un magistrado.

(2) Las costas que deben pagarse a cualquier profesional  serán las sumas que parezcan al Tribunal  razonablemente suficiente para compensar a esa persona por los gastos debidamente incurridos por él en o alrededor de la defensa.

Cuando es  juzgada y se declara no culpable y el fiscal no propone  acusación contra él, el tribunal ante el cual el acusado es procesado podrá, si lo cree conveniente,  para alcanzar un veredicto de no culpabilidad,  tener por desistido al ministerio Fiscal y  a la acusación particular, para lograr el mismo efecto  de  juzgado y absuelto.

6.  De la lectura de la Sentencia  se puede desprender que la intención de la Legislatura debe haber sido que el efecto de una sentencia absolutoria después de un juicio ante el Tribunal  fuera la disposición de la jurisdicción a los tribunales para condenar en costas al acusado absuelto, y que una persona absuelta en “con  los mismos efectos” deben ser tratados como si hubiera sido absuelto tras un juicio en el Tribunal, lo que proporciona al Tribunal  la misma jurisdicción para realizar un pronunciamiento en costas.

Además no hay ninguna razón lógica por la cual un acusado absuelto contra el que no se ha establecido ninguna evidencia en absoluto,  deba ser colocado en una posición menos ventajosa que a   un acusado  contra el que si hubo evidencias.

7.  Debe ser aceptado como una práctica normal que la condena en pago  de las costas de un acusado absuelto,  a menos que haya razones positivas para la presumir otra realidad  diferente. Ejemplos de estos  casos son los siguientes:

Cuando existe una amplia evidencia para apoyar una condena, pero el acusado es absuelto por un tecnicismo que no tiene ningún mérito. Una vez más, el acusado adecuadamente se puede dejar de pagar sus propias costas.

10. La única cuestión es  la propia conducta del acusado que creó sospechas sobre sí  ha engañado a la fiscalía en el sentido de si  la acusación contra él fue más fuerte de lo que realmente fue.

11.  En cuanto a los factores que deben tenerse en cuenta en el ejercicio de la discreción:

… el juez  en el ejercicio de la discreción, obviamente, debe contemplar [del acusado] la conducta en general, siempre que dicha conducta sea relevante para las acusaciones  que se presentaron frente a él. . Esto no puede limitarse a un período de tiempo determinado. Dado que, sin embargo, el criterio se ejerce en el contexto de una sentencia absolutoria – las aseveraciones que constituyen las acusaciones de haber sido encontrado por el jurado como no culpable – se deduce que, en general, la conducta más relevantes para las cuestiones objeto de consideración debe ser la conducta del acusado durante la investigación y en el juicio: la forma en que respondió primero a los investigadores, las respuestas que él dio cuando se enfrenta a las acusaciones, la consistencia de las respuestas con su defensa posterior, etc circunstancias en que llevaron a que fuera  absuelto:

12  Debe haber una proximidad entre la conducta que es condenada y la supuesta conducta criminal que puede ser razonablemente relacionada con los testimonios  recurrentes sobre que se portó mal, pero que su conducta trajo sospechas sobre sí mismo en relación con su presunta conducta criminal.

13.   El 1 de abril de 1998, el solicitante dejó el país. En sí mismo no es significativo para determinar su culpabilidad ya que parece que su salida se debió a que fue trasladado en el curso de su empleo en  BCC. No fue sino hasta más de tres años más tarde, el 3 de septiembre de 2001, cuando un informe que hizo  la Comisión Independiente sobre este asunto. No puede haber ningún indicio de que el solicitante dejó el país a fin de evitar las consecuencias jurídicas de su supuesta conducta.

14. Otros tres años pasaron antes de que el 6 de diciembre de 2001 una orden de arresto fue autorizada  para  la detención del acusado.

15. Tres años después, el 4 de diciembre de 2002, el demandante fue detenido a su llegada a España de conformidad con la orden de detención. El tratado de extradición entre España y la República Popular de China no había sido ratificado. En consecuencia, no había poder para continuar la detención del acusado, si bien el principal investigador  fue capaz de hablar con el solicitante por teléfono.

16. Se le dio los datos de la detención y de que se le acusaba.  El demandado dijo que no tenía conocimiento de la acusación, que más tarde  negó. Se le dijo que sería favorable para  sus intereses  regresar voluntariamente a China  con el fin de limpiar su nombre en particular,  en vista del hecho de que él podría ser arrestado en todo el mundo. El acusado  indicó que consideraría la sugerencia .

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