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Recursos ante Europa


Recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo

El Tribunal de Justicia es la institución de naturaleza jurisdiccional de la Unión Europea. recurso a Europa precios abogados ueComo las demás instituciones goza de una competencia de atribución, de manera que sólo tiene las competencias específicas que le atribuyen los Tratados (artículo 5 del Tratado de la Unión Europea).

A los solos efectos de sistematizarlos, a continuación se presentan separados en base a dos criterios: función del instrumento procesal y  finalidad.

  CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

Teniendo en cuenta la función de cada instrumento procesal. I. Instrumentos procesales que tienen como finalidad el control de la adecuación de la actividad de los Estados miembros y sus autoridades y órgano al Derecho comunitario En esta materia debe tenerse en cuenta que los Tribunales nacionales “son los jueces de derecho común” encargados de la aplicación del Derecho comunitario. Por eso las acciones ante el Tribunal  de Justicia se limitan a dos, una directa y otra indirecta:

a) El recurso por incumplimiento por obligaciones comunitarias que incumben a los Estados miembros.

Este recurso también puede ser  denominado por “ infracción  del Derecho comunitario de los Estados miembros”.  Es una acción directa reservada exclusivamente a la Comisión y a los Estados miembros y que pretende forzar  a éstos a que cumplan con alguna obligación comunitaria

b)  La cuestión prejudicial interpretativa del Derecho comunitario

Que puede plantear cualquier juez nacional  con motivo de un litigio que esté tratando y en la medida en que resulte necesario para su resolución (artículo 267 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Esta vía prejudicial permite de forma indirecta con contrastar la conformidad con el Derecho comunitario de las normas, actos u omisiones de las autoridades nacionales’.

c)  Recurso de los funcionarios y agentes de la Unión Europea en materia de personal (artículo 270 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

II. Instrumentos procesales que tienen como finalidad el control de la adecuación al Derecho comunitario de la actividad de la Unión Europea, de las Instituciones y órganos de la Unión Europea

a)   Recurso de anulación contra las normas y actos de las instituciones y órganos de la Unión Europea, que permite al Tribunal declarar la nulidad de cualquiera de ellos (artículos 261 y siguientes, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

b)   Recurso por omisión de las instituciones u órganos de la Unión Europea, mediante el que el Tribunal puede declarar que la inactividad de dichos órganos o instituciones es contraria a  Derecho, forzando a que lleven a cabo su cumplimiento (artículos 265 y 266 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

c)  Recurso por responsabilidad extracontractual de la Unión Europea, en orden a  resarcir por los daños y perjuicios que hayan podido cometer las instituciones u órganos de la Unión, o los agentes, en el ejercicio de sus funciones.

d)  Acción para resolver litigios en virtud de cláusulas establecidas en contratos celebrados por la Unión Europea (artículo 272 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

e)   Cuestión prejudicial de apreciación de validez de una norma o acto comunitario que puede ser planteado por un Tribunal nacional en los mismos términos que las cuestiones prejudiciales interpretativas (artículo 267 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

f) Requerimiento de dictamen vinculante del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con el ordenamiento comunitario de un Tratado internacional que pretenda ser ratificado por la Unión Europea. El dictamen puede ser solicitado por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión. Si el dictamen es negativo, el tratado no podrá entrar en vigor a no ser que se modifique éste o que se revisen los tratados comunitarios para salvar la incompatibilidad (artículo 218.11 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se corresponde con el artículo 300.6 del Tratado de la Comunidad Europea).

en el conocido como recurso de apelacion


Recurso de apelación

ORDINARIO 000/2010 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 0 DE LEÓN PARA ANTE LA SALA DE LO CIVIL DE LA ILUSTRISIMA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LEÓN

         DON JOSÉ MARTÍN GARCÍA, Procurador de los Tribunales y de la compañía mercantil S.A, según tengo debidamente acreditado en el procedimiento de referencia, ante el Juzgado comparezco y como mejor en Derecho proceda, DIGO:

Que mediante el presente escrito y en tiempo y forma procesales, vengo a evacuar el trámite concedido en providencia de 1 de enero de 2009 notificada el día 2, y en su virtud, procedo a INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN, que se articula a través de los siguientes:

MOTIVOS 

         PRIMER MOTIVO.- 

Que contiene como queja la incongruencia existente entre los Fundamentos de Derecho Primero a Cuarto, y el Quinto y el Sexto respectivamente.

En efecto, se nos permitirá decir que constituye una gravísima incongruencia, dicho sea con el mayor de los respetos, desestimar la demanda rectora bajo el argumento de que no se ha acreditado que la sociedad sea inexistente y que carece de recursos y de actividad, cuando previamente se ha declarado probado que la misma, al margen de carecer de domicilio, mantiene con esta parte una deuda, ni más ni menos que de más de 400.00 euros, siendo así que dispone tan solo de un capital social de 600.000- €.

Es más, en los autos consta el testimonio emitido por el Sr. Secretario del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de León correspondiente al procedimiento de reclamación de cantidad contra la sociedad, en el que obran ni más ni menos que 100 pagarés bancarios impagados y el correspondiente reconocimiento de deuda. Por cierto, la sociedad fue declarada en rebeldía en dicho procedimiento. Con el mayor de los respetos, ¿cómo se puede entonces desestimar una demanda contra el Administrador de una sociedad que tiene un capital social de 600.000.- € frente a un solo acreedor al que debe ni más ni menos que 400.000.- €, sociedad que está en perdidas constantemente y arrastra las mismas de año en año, y que tanto ella como su Administrador fueron declarados en rebeldía en los respectivos procedimientos.

Siempre con el más reverencial de los respetos, ¿es posible que se declare probados todos los antecedentes de la demanda, es decir, la declaración de rebeldía de la sociedad, el reconocimiento de deuda incumplido, los 100 pagarés impagados, la imposibilidad de ejecución de sentencia a tenor de un procedimiento judicial, la existencia de la deuda por importe de 400.000.- € frente a un capital social de 600,00.- €,  y a renglón seguido se absuelva por falta de prueba de la insolvencia de la sociedad?.

Por ello creemos que existe una clara incongruencia merecedora de que el motivo prospere y con él todo el recurso.

SEGUNDO MOTIVO.-  

Que se articula contra el Fundamento de Derecho Cuarto, por entender que el mismo es contrario a derecho, ya que estima que no está acreditado que había que convocar Junta para disolver la sociedad, puesto que a su vez, tampoco está acreditado que la sociedad sea insolvente o que sus pérdidas hayan dejado reducido el capital social a una cantidad inferior al 50 % de este.

Pues bien, el presente motivo impugna semejante afirmación, en base a las siguientes razones:

1.- El artículo aplicable al caso es el 262 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión expresa que hace la Ley de Sociedades Limitadas, según reconoce también la jurisprudencia, de la que cabe resaltar la sentencia de la AP de Sevilla de 3 de Diciembre de 1.997.

2.- El art. 260.4 de las Sociedades Anónimas, que es en el que ésta parte EXPRESAMENTE BASA SU DEMANDA, (PÁGINAS 9, 10 Y 11), contiene el mandato específico a los administradores de que procedan a convocar Junta para la disolución de la sociedad, o el aumento de capital correspondiente, o para presentar un concurso de acreedores, o para adoptar cualquiera de las soluciones legales cuando el capital social se haya visto reducido al 50 % por pérdidas. La causa por lo tanto es muy concreta. Concurren pérdidas. Esas pérdidas superan el 50 % del capital social. Se tiene que convocar Junta para adoptar cualquiera de las prescripciones legales. Si no se convoca el Administrador incurre en responsabilidad automática, siendo ésta ex lege, por ministerio de la Ley, ope legis, a modo de sanción civil.

Lo dice toda la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, resumida por la de 1 de Marzo de 2.004 de dicho Alto Tribunal.

3.- En el presente caso tenemos:

a).- La sociedad está declarada en rebeldía.

b).- La sociedad ya no está en el domicilio social, por lo tanto desaparecida.

c).- Según el documento 4a – acompañado a la demanda, la sociedad no ha presentado cuentas durante los años 2.005 y 2.006.

d).- Conforme al mismo documento, 4a, y también conforme al 4b, el capital social es tan sólo de 600,00.- €.

e).- Un solo acreedor, en este caso la empresa que represento, ostenta contra la sociedad un crédito (reconocido judicialmente) por importe de 400.000.-euros, lo que constituye todo el capital social, (la Ley habla sólo del 50 %) y éste multiplicado por cincuenta aproximadamente.

f).- Conforme al mencionado documento 4a, (que contiene las cuentas anuales de la sociedad), en el año 2.001 la sociedad tuvo unas pérdidas de 18.000.00.-euros. En el año 2.002 las pérdidas fueron de 3.600,00.- euros. En el año 2.003 las pérdidas fueron de 25000,00.- euros. En el 2.004 la sociedad por fin obtiene resultados positivos, pero son tan exiguos y tan nimios que sólo alcanzan 1000 euros.

La conclusión que se alcanza de estos datos, es que sólo las pérdidas acumuladas y en los años 2.005 y 2.006, la sociedad no presenta cuentas, de lo que se deduce su inactividad.

Bastaba haber acudido a las cuentas anuales, cosa que la sentencia no hace, para concluir que sin necesidad del crédito de la mercantil que represento la sociedad se había comido su capital social y casi otro tanto, por lo que procedía su disolución.

4.- Finalmente y por lo que se refiere a la supuesta actividad de la empresa, la sentencia se limita a manifestar que no se ha acreditado, y nada más.

Se nos permitirá decir con todos los respetos:

A.- Que una sociedad que ha abandonado su domicilio social es porque está inactiva. En autos están las diligencias negativas de emplazamiento para contestar a la demanda.

B.- Que una sociedad que está declarada en rebeldía, es señal inequívoca de que está inactiva.

C.- Que una sociedad que no presenta cuentas anuales desde hace cuatro años, es señal de que está inactiva.

D.- Que una sociedad arrastre pérdidas constantemente y no adopte cualquiera de las soluciones a que le obliga la ley, es señal de que está inactiva.

E.- Que una sociedad adeude a un solo acreedor más de 400.000.00euros con un capital social de 600.000,00 euros, y unas pérdidas arrastradas de 500.000,00 euros, es señal inequívoca de que está inactiva y es insolvente.

F.- Y por si todo lo expuesto fuera poco, que una sociedad que a pesar del despacho de ejecución, documento número 3, no ha pagado ni un euro, con todos los antecedentes anteriores de inactividad e insolvencia, es porque carece de cualquier tipo de patrimonio así como de actividad.

En conclusión, en los autos constan pruebas más que de sobra que acreditan la responsabilidad del Administrador, (bastaba para ello únicamente las cuentas anuales), por lo que entendemos el motivo debe prosperar y con él el recurso.

TERCER MOTIVO.-

Que se articula contra el Fundamento de Derecho Sexto de la sentencia, cuando dice que no ha quedado acreditada la conducta ilícita del Administrador.

Pues bien, combatimos semejante afirmación, a tenor de las siguientes razones:

1.- Abandonar el domicilio social es un acto ilícito y revelador de una conducta dolosa.

2.- Permitir que la sociedad sea declarada en rebeldía en un procedimiento judicial, constituye un acto ilícito y revelador de una conducta dolosa.

3.- No presentar las cuentas anuales, constituye un acto ilícito y revelador de una conducta dolosa.

4.- Firmar un reconocimiento de deuda (documento número 4 contenido en el documento número dos de este procedimiento) a sabiendas de que no se puede cumplir, constituye un acto ilícito y revelador de una conducta dolosa.

En conclusión, no sólo existen actuación ilícita, sino que ésta es reiterada y contumaz.

Por ello entendemos que el motivo debe prosperar y también el recurso.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO PARA ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LEÓN, que teniendo por presentado este escrito con su copia se sirva admitirlo, y de conformidad con lo expuesto en el cuerpo del mismo y tras los trámites procedimentales oportunos dicte sentencia por la que revocando íntegramente la sentencia de Instancia estime en su integridad la demanda rectora condenando al Administrador en los exactos términos del Suplico contenido en la misma, y todo ello por ser así de justicia que respetuosamente pido en León a tres de Abril de dos mil nueve.

OTROSIDIGO, que solicito vista pública del presente recurso, por estimarla necesaria para los intereses procesales de esta parte, y

SUPLICO A LA SALA, que tenga por hecha la anterior manifestación y acuerde señalar día y hora para la celebración de vista pública, y todo ello por ser así de justicia que respetuosamente reitero en León. Fecha ut supra.

 

Recurso en tribunal del jurado


A LA AUDIENCIA PROVINCIAL PARA ANTE LA SALA DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

D. ………., Procurador de los Tribunales y de D. ………., según tengo acreditado en el procedimiento arriba referenciado, bajo la dirección letrda del abogado D……….. ante la Sala comparezco y

DIGO:

Que en fecha ….. de ……….. de ….., se nos ha dado traslado del auto dictado por esa Ilma. Audiencia Provincial, por el que se admite la excepción de cosa juzgada del art. 666.2.º LECrim formulada por la representación procesal de D. ……….. Pues bien, al amparo del art. 676. párrafo 3.º y de los arts. 846 bis a) y 846 bis c), ambos de la LECrim y demás disposiciones concordantes, y por entender el referido auto no ajustado a Derecho y perjudicial para los intereses de nuestro patrocinado, mediante el presente escrito interpongo frente al mismo RECURSO DE APELACIÓN que fundamento en el siguiente

MOTIVO DE APELACIÓN ÚNICO.

AL AMPARO Y POR LA VÍA DEL APARTADO A) DEL ART. 846 BIS C) LECRIM: QUEBRANTAMIENTO DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS PROCESALES: INDEBIDA APLICACIÓN DEL ART. 666.2.º LECRIM. El auto ahora recurrido admite la excepción de cosa juzgada formulada por D. ………., señalando que, efectivamente, con fecha ….. de ……… de ………., la Audiencia Provincial de ………, dictó auto de sobreseimiento libre, que devino firme el siguiente día ….., en virtud del cual se declaraba la falta absoluta de responsabilidad criminal de D. ………., como consecuencia de las amenazas supuestamente vertidas por el mismo contra nuestro patrocinado, D. ……….. La Ilma. Sala entiende, erróneamente, que dado que las presentes actuaciones se dirigen contra el D. ………., precisamente, por la supuesta comisión de un delito de amenazas contra el D. ………., procede declarar la concurrencia de la excepción de cosa juzgada, por identidad de objeto en ambos procedimientos, procediendo el archivo inmediato de las presentes actuaciones. Sin embargo, hemos de poner de manifiesto que, si bien es cierto que existió aquel procedimiento por amenazas y que, en el seno del mismo, se dictó auto de sobreseimiento libre respecto del ahora acusado el abogado también lo es el hecho de que las amenazas cuyo enjuiciamiento corresponde al presente procedimiento, nada tienen con las que fueron objeto de aquel otro. Efectivamente, no existe coincidencia respecto del momento en que se producen las amenazas (unas en el mes de ………. de ….. y otras en el de ………. del mismo año), ni coincidencia en la forma de verterlas (las primeras vía telefónica y las segundas, y ahora investigadas, de manera personal), ni consisten en la conminación del mismo mal (en las primeras se anunciaba que se causarían unas lesiones paliza y en las segundas se anuncia la muerte te mataré), ni la condición impuesta tampoco es la misma (las primeras exigen que mi patrocinado dejara de ver a la hija del acusado, en las segundas, además, se exige una determinada cantidad de dinero para un determinado fin).

Por lo tanto, dado que en ambos procedimientos tan solo coinciden las partes, pero en absoluto los hechos, procede revocar el auto recurrido, inadmitiendo en la excepción de cosa juzgada planteada por el abogado continuando la causa según los trámites previstos en la LOTJ.

En su virtud, SUPLICO A LA SALA, que teniendo por presentado este escrito, con sus copias, se sirva tener por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE APELACIÓN contra el Auto de ….. de ………. de ….., lo admita y lo eleve a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma, emplazando ante el mismo a las partes, y AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SUPLICO que tras los trámites que sean oportunos y en atención al motivo de apelación expuesto, lo admita, y revoque la citada resolución, declarando no haber lugar a la excepción de cosa juzgada formulada por D. ………., ordenando la continuación de la causa según los trámites de la LOTJ.

Todo ello, por ser de Justicia que pido en ………., a …………….. Fdo. ………. Fdo. ………. Colegiado n.º ……….. Procurador                Abogado

Otros recursos:

finalización de concurso , recurso de queja , impugnación recurso de apelación , recurso ante tribunal del jurado

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