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Recurso contencioso administrativo


AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN 001 

Procurador de los Tribunales y de Mi Representada S.L., representación que tengo acreditada en recurso contencioso administrativo procedimiento ordinario número 1/2.010, ante la Sala comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO 

            Que mediante el presente escrito, en la representación que ostento, cumplimento diligencia de ordenación de fecha 01/01/2.011, notificada en día 10 del mismo mes y año, y formalizo al amparo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción DEMANDA DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con apoyo en los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

            Los que se derivan del expediente administrativo, que, incumpliendo lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción, está sin foliar.

            A estos hechos son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I COMPETENCIA.- Es competente en la Sala a la que tengo el honor de dirigirme, conforme a lo dispuesto, tanto en la resolución recurrida de manera expresa, como en el artículo 10.1 d) la Ley de la Jurisdicción. 

II PROCEDIMIENTO.-  Deberán seguirse las normas contenidas en los artículos 45 a 69 de la Ley Reguladora, que regulan el recurso contencioso administrativo.  

III POSTULACIÓN.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley de la Jurisdicción, mi patrocinada interviene representada por Procurador habilitado con poder bastante y asistido por el Letrado del ICAM, Don José Martín.

 IV LEGITIMACIÓN.- No cabe duda de la legitimación que ostenta mi patrocinada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Reguladora, en cuanto destinataria del acto administrativo recurrido. 

V FONDO DEL ASUNTO.- En la resolución recurrida, aparece un único fundamento jurídico de fondo, el artículo 6.1 de la Ley 3/93 de 22 de marzo, artículo que el funcionario que resuelve el recurso ni siquiera sabe leer, pues en su afán de apoyar el informe emitido por la Cámara de Comercio, confunde voluntariamente los tiempos verbales.  

            El informe que figura en el expediente, con registro de salida de la Cámara número 11111 de 30/12/2.011, firmado por quien se denomina Secretario General de tan peculiar Organismo, se apoya a su vez en el objeto social de mi patrocinada y no en la actividad que realiza; también los artículos 1 y 116 del C.de Co, a los que el precepto de la Ley 3/93, invocado en la resolución recurrida, ni siquiera se refiere. El informe, por lo tanto, es contrario a derecho por contrario al precepto legal invocado y, no obstante ello, se sigue miméticamente en la resolución recurrida.  

            El artículo 6.1 de la Ley 3/93 dice que son electores las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras QUE EJERZAN actividades comerciales, industriales o navieras, en territorio nacional.  

            Nótese el tiempo del verbo, presente de subjuntivo, porque sólo fijándose en el tiempo verbal, es decir, sabiendo leer, se deduce que el legislador, no ha querido incluir como electores, a quienes no ejerzan tales actividades, aunque las puedan ejercer, porque el objeto social se lo permita o porque a su interés convenga.  

            Por ese motivo, el número 3 del mismo artículo fija una condición objetiva para entender, que la persona en cuestión ejerce una actividad comercial, industrial o naviera: cuando por esta razón quede sujeta al IAE o tributo que lo sustituya.

             Por consiguiente, si una persona física o jurídica no tributa por el IAE, no cabe entender que ejerza la actividad comercial, industrial o naval, que es el requisito exigido por la Ley, para ser considerado elector de la Cámara; y ello sin perjuicio de que el objeto social de una persona jurídica, le permita, cuando así convenga a sus intereses, darse de alta en el impuesto para ejercer la actividad comercial de que se trate, momento en el cual, sin duda, deberá ser considerado como elector de  la Cámara. De otra parte, este aspecto es fácil de acreditar, con sólo recurrir a quienes estén tributando por el impuesto que son los únicos que pueden ejercer la actividad.

             Para orillar este problema, insoluble para los intereses de la Cámara, la resolución recurrida no duda en faltar a la verdad, pues, tras afirmar en su fundamento segundo que no consta que mi representada tribute por IAE, sostiene que la actividad que desarrolla, según el RM, no es la mera tenencia de bienes, ya que su objeto social le permite desarrollar otras actividades, lo que convierte a mi mandante en elector de la Cámara.

             Se le olvida añadir, lógico porque ello iba en contra de los intereses de la Cámara, que para desarrollar otras actividades que no sean la mera tenencia de bienes, el artículo 4º de los estatutos de mi patrocinada, que regula su objeto social, exige que “no podrá la sociedad iniciar actividad específica alguna de las que se contemplan en el objeto social, sin cumplir el oportuno requisito administrativo que, en cada caso, sea exigible”. En el caso que nos ocupa, el requisito para realizar una actividad comercial de las que permite el objeto social, sería el alta en el IAE, sin cuyo cumplimiento mi patrocinada no puede ejercer actividad comercial alguna y por eso no las ejercita. 

            Acompañamos como documento número 1 copia del artículo 4º de los estatutos sociales de mí representada que regula el objeto social. 

            Es decir, la resolución recurrida, partiendo de una suposición inadmisible, inventa que la sociedad que represento está ejercitando actividades comerciales, y además sin pagar el IAE. O sea, está suponiendo que Mi Representada S.L. incumple la legislación fiscal, y además la legislación mercantil porque no cumple sus propios estatutos; y no duda en suponer este disparate, con tal de asegurarse un elector más y un contribuyente más. Es obvio, que al autor de la resolución recurrida no le importa, ni poco ni mucho, incumplir el texto del propio precepto que invoca, ni hacer presunciones que no son admisibles, invocando para ello parcialmente el artículo que regula el objeto social de una sociedad mercantil. Y todo con tal de considerar a la fuerza, como elector a quien no lo es.

             A este cúmulo de despropósitos, se suma el triste informe de la Cámara de 30/12/2.011, antes aludido, que figura en el expediente y en el que se apoya la resolución recurrida. Este informe invoca los artículos 1 y 116 de C. de Co, invocación llamativamente contraria a derecho, toda vez que, una cosa es que el código establezca quién es comerciante o que el contrato de sociedad es mercantil, y otra bien distinta es que todas las compañías mercantiles ejerzan necesariamente el comercio, aunque no cumplan ni los requisitos de su ley sustantiva (los estatutos), ni los que impone la legislación fiscal. 

            Frente a lo sostenido por la resolución recurrida, mi patrocinada no ejerce, aunque pueda hacerlo, actividad comercial alguna, no está sujeta al IAE porque no las realiza y por eso no paga, ni consta que tribute por el impuesto. Su actividad única, desde la constitución hasta el día de hoy, es la tenencia y disfrute de bienes muebles e inmuebles. 

            Acompañamos como documento número 2, unido a esta demanda, copia de la memoria y cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2.010 últimas presentadas, en las que puede comprobarse que no ejerce actividad comercial alguna y que sus únicos beneficios provienen de los dividendos de las acciones y participaciones de los que es tenedora. 

            Una sociedad de este tipo no puede ser elector de la Cámara, so pena de infringir el artículo 6.1 y el 6.3 de la Ley 3/93 de 22 de marzo, y así debe declararse anulando la resolución recurrida por contraria a derecho. 

            Finalmente, queremos hacer constar que, no sólo tenemos que padecer en España una lacra como la Cámara de Comercio, organismo inútil donde los haya que no sirve para nada a los ciudadanos, ni siquiera a los que ejercen el comercio, de afiliación obligatoria como los sindicatos verticales de épocas pasadas; sino que además, quienes rigen un Organismo así no dudan en considerar electores a quienes no desean participar en el sistema, a quienes no desean prestarse a la burla del sufragio universal que suponen unas elecciones para la renovación del pleno de una Institución, que no contaría con miembro alguno y dejaría de existir, de no imponer obligatoriamente la pertenencia. 

            En su virtud 

SUPLICO A LA SALA que teniendo por presentado este escrito con su copia y el documento que se acompaña, se sirva admitir todo ello y, teniendo por cumplimentada la providencia citada en cabecera, tenga por formalizado ESCRITO DE DEMANDA DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, para previo el trámite oportuno dictar sentencia por la que se estime el recurso y se anule la resolución recurrida, declarando que Mi Representada S.L. no puede ser considerada elector de la Cámara de Comercio Industria y Navegación, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 3/93 de 22 de marzo, y ordenando su exclusión de dicho censo.

Alegaciones a recurso de apelación


 A continuación el escrito de alegaciones oponiéndose al recurso de apelación que presenta la otra parte.

 

AL JUZGADO DE LO PENAL Nº 0 DE MADRID

PARA ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID 

            DON, Procurador de los Tribunales y de Don Acusado, representación que tengo acreditada en Procedimiento abreviado, Juicio Oral 0/2.012, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

Que mediante el presente escrito, en la representación que ostento como defensa de mi patrocinado, cumplimento traslado conferido por providencia de 1-1-2.012, notificada en día 2-1-2.012, y formalizo ESCRITO DE IMPUGNACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por la acusación particular contra la Sentencia dictada en esta causa, apoyando la impugnación en las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA.-

            El único motivo del recurso viene amparado en el párrafo segundo del número 2 del artículo 795 de la L.E.Cr., con apoyo, in  fine, en el número 3 del artículo 238 de la L.O.P.J., alegando una supuesta infracción de las normas y garantías procesales, causante de indefensión. 

            Con independencia de que ello no es así, como después veremos, en lo que se refiere a mi patrocinado, Don Acusado, la Sentencia apelada contiene hechos probados indiscutibles que la acusación, hoy apelante, no tiene en cuenta, pese a no haber sido combatidos nunca, ni a lo largo de las diligencias previas de las que la causa trae origen, ni desde luego en el plenario celebrado el 1 de enero del año en curso. 

            De manera que, aunque hubieran resultado infringidas normas y garantías procesales, según se invoca en el único motivo del recurso, los hechos a los que nos referimos son indestructibles, y ello motiva que, en relación con mis patrocinados, la Sentencia apelada deba ser confirmada, cualquiera que sea la decisión de la Sala de la Audiencia, sobre la nulidad pretendida en el recurso del apelante. 

            En efecto, como dice la Sentencia apelada, no existe relación entre Don Acusado Uno y Don Acusado Dos, y cualquiera de los demás acusados, ni tampoco entre la sociedad S.A.,  y cualquiera de las demás mercantiles que aparecen en la causa.

            Ni a lo largo de las diligencias, ni en el juicio oral, ni la acusación particular, ni la pública, han podido establecer relación alguna entre mis patrocinados y los demás acusados, lo que convierte en injustificable la presencia de los Sres. Ahora Acusados en el procedimiento como acusados; y lo que lleva a la Magistrada Juez de lo Penal a expresar en la Sentencia su pesar, por no haber sido retirada la acusación contra ambos. Se convendrá con nosotros, que es muy poco frecuente que en una resolución judicial se exprese un lamento de este tipo. 

            También, por último, lo anterior lleva a concluir forzosamente que, aunque el juicio oral tuviera que haber sido abierto y se hubiera celebrado por los delitos de falsedad y estafa, además de por el delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas, tal como persigue la acusación particular, la inexistencia de relación alguna entre mis patrocinados y los demás acusados, admitida incluso por los propios querellantes clientes del acusador particular, la absolución de mis defendidos es incuestionable; y en este punto la Sentencia apelada no se puede combatir, ni por la vía que se ha hecho (pedir la nulidad del juicio), ni por ninguno de los demás motivos, establecidos en la L.E.Cr., para el recurso de apelación. 

SEGUNDA.-

            Sentado lo anterior, que de por sí ya es bastante para la impugnación de la apelación en nombre de los Sres. Coacusados , tampoco tiene razón el apelante en las alegaciones que incorpora a su único motivo del recurso. 

            El auto de la A.P. de Madrid, Sección 16ª, auto nº 595/05, de 21 de Noviembre de 2.005, que el apelante “se olvida” de citar, porque perjudica a su derecho, resuelve la cuestión de competencia, planteada por exposición motivada de la Magistrada Juez de lo penal nº 1 en su escrito de 5 de Octubre de 2.010. 

            Al resolver dicha cuestión de competencia, la A.P. de Madrid, en el fundamento jurídico segundo de su auto, expone tres vías de solución al problema planteado, por la apertura del juicio oral, sólo sobre uno de los tres delitos por los que acusaba la acusación particular, que no el Ministerio Público (decimos nosotros que por algo sería). Son las siguientes: 

–          La posibilidad de plantear al inicio del plenario la nulidad de actuaciones por vulneración de derechos fundamentales.

–          La posibilidad de plantear, por la acusación particular, un recurso de queja ante la propia A.P..

–          La resolución del Órgano de enjuiciamiento, sobre nulidad de actuaciones y vulneración de derechos fundamentales. 

La acusación hoy apelante no quiso plantear la queja, no obstante la invitación

de la Sala que, prácticamente, prometía la estimación. Sin embargo la Magistrada Juez, autora de la Sentencia apelada, sí siguió la recomendación de la A.P., y en su auto de 1-1-2.010declaró la nulidad del auto de apertura del juicio oral y devolvió la causa al Juzgado de Instrucción, para que se retrotrajeran las actuaciones, y el Órgano instructor

se pronunciara sobre los delitos de falsedad y estafa, pronunciamiento que había sido omitido en el auto de apertura del juicio oral. 

            Es decir, lejos de lo que sostiene el apelante, la nulidad de actuaciones pretendida y alegada en el recurso, fue obtenida, con lo que aunque pudiera haber habido infracción de normas procesales, es obvio que pudo ser subsanada y que la Magistrada Juez cumplió con lo dispuesto en el artículo 240.2 de la L.O.P.J. 

            Es por ello evidente, que no existe infracción de norma procesal alguna que no haya sido subsanada, puesto que, al contrario, en este caso los Órganos Judiciales procuraron primero (la A.P. en su auto 1-11-2.011) y resolvieron después (la Juez de lo penal de 1-2-2.011), que se subsanara la omisión del Instructor, a fin de evitar, precisamente, la indefensión de la acusación particular, por haber sido abierto el juicio, sólo sobre uno de los delitos, omitiendo el pronunciamiento sobre los otros dos.

 TERCERA.-

            Pero es que, a mayor abundamiento, la acusación particular, hoy apelante, es la única responsable final de que el juicio oral fuera celebrado, únicamente por el delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas. 

            En efecto, devuelta la causa al Juzgado de Instrucción, con fecha 1 de Febrero de 2.012, el Juez Instructor dictó un nuevo auto de apertura de Juicio Oral, en el que acordó la apertura del plenario por el delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas y acordó el sobreseimiento provisional por los delitos de falsedad y estafa, motivando su decisión al amparo de lo establecido en el artículo 641.2 de la L.E.Cr.. En definitiva, el Juez Instructor del nº 1 de Madrid mantuvo su decisión del auto de 2-2-2.011, pero subsanó la omisión del pronunciamiento sobre los otros dos delitos, y en esta ocasión acordó el sobreseimiento provisional de la falsedad y la estafa, por no poder ser imputados los hechos a los querellados, conforme a las diligencias practicadas. 

            La nueva decisión del Instructor no incurre en infracción alguna de normas procesales, ni vulnera derecho fundamental alguno de la acusación particular. Simplemente no está de acuerdo con la acusación formulada por la acusación particular y sí lo está con la formulada por el Ministerio Fiscal, pero, claro, ello ni produce indefensión, ni infringe norma alguna, ni vulnera el derecho del acusador. 

            Y no vulnera derecho alguno del acusador, porque, aun cuando en su recurso entienda que contra dicho auto no cabía recurso alguno, ello no es cierto, ya que el pronunciamiento por el que se acuerda el sobreseimiento provisional, por los delitos de falsedad y estafa, sí podía ser objeto de impugnación, al amparo de lo dispuesto en los artículos 790.6 y 790.7, de la L.E.Cr. 

            En los ordinales 14 y 15 del escrito del recurso, por dos veces, el apelante manifiesta su imposibilidad de recurrir, contra la decisión del Juez Instructor de sobreseer provisionalmente la causa por los delitos de falsedad y estafa, y expresa que dicha imposibilidad es la causa esencial de su supuesta indefensión. De donde cabe inferir, que, si esa imposibilidad de recurrir no existe, el recurso debe ser forzosamente desestimado, por manifiesta falta de fundamento. 

            Y en efecto, el artículo 790.6 de la L.E.Cr. establece que la resolución que acuerde el sobreseimiento provisional, conforme a los artículos 637 y 641 de la L.E.Cr. (en el caso que nos ocupa se acordó conforme al artículo 641) es susceptible de recurso de apelación ante la A.P.. En concordancia con este precepto, el artículo 790.7 de la Ley Ritual establece que contra los autos denegatorios de apertura de juicio oral, procederá recurso de apelación. 

            Por lo tanto, no cabe duda alguna de que el auto que denegó la apertura del juicio por los delitos de falsedad y estafa, era susceptible de apelación en el aspecto concreto del sobreseimiento provisional acordado, en relación con estos dos delitos. 

            Consecuentemente, a nuestro modo de ver, no es verdad, como se afirma en el ordinal 16 del escrito del recurso, que el acusador particular no se aquietara nunca; al contrario, se aquietó y consintió la resolución. Por esa razón, presentó un nuevo escrito de acusación, en el inicio de las sesiones del plenario, en sustitución del formulado el 2-2-2.011, eso sí, formulando una protesta enérgica, pero injustificada, y reservándose unas acciones que ya había perdido, al haberse aquietado ante el pronunciamiento que acordó el sobreseimiento provisional por los delitos de falsedad y estafa. 

            Por otra parte, que este pronunciamiento acordando el sobreseimiento era susceptible de impugnación, lo confirma la propia A.P. de Madrid en su auto nº 1/2.011, de 1-1-2.012, obrante en la causa y citado por el apelante, en el ordinal segundo de su escrito de recurso. 

            El argumento de la A.P. en dicho auto es concluyente. Dice en su fundamento primero: …el auto que acuerda la apertura del juicio oral es firme (se refiere al auto de 2-10-2.010 citado por el apelante en el ordinal 5 de su escrito de recurso) pues la parte que no compartía esta resolución (se refiere a la acusación particular hoy apelante) no ejercitó contra ella todos los medios de impugnación que tenía a su alcance. Toda resolución judicial ha de resolver todas las cuestiones que son sometidas a consideración y que han sido objeto de debate entre las partes, por lo que en este caso el auto de apertura dictado por el Juez de Instrucción debió de resolver expresamente sobre los hechos que habían sido objeto de acusación, incluidos aquéllos por los que sólo la acusación particular acusaba, por lo que, o bien debió de acordar la apertura del juicio oral respecto de esos delitos (se refiere a los de falsedad y estafa) O SOBRESEERLOS Y EN ESTE ÚLTIMO CASO ESE PRONUNCIAMIENTO PUEDE SER OBJETO DE IMPUGNACIÓN.

             En definitiva, la doctrina de la Sala de la Audiencia es clara; por un lado la acusación particular no utilizó todos los medios que tenía a su alcance para impugnar la no apertura del juicio en cuanto a los delitos de falsedad y estafa, en el auto de 20-10-2.010; y por otro el pronunciamiento que acordó el sobreseimiento provisional por estos dos delitos puede ser objeto de impugnación, y pese a ello, añadimos nosotros, la acusación particular no lo hizo.

             Como resulta evidente que el hoy apelante no impugnó el pronunciamiento por el que se acordó el sobreseimiento por los delitos de falsedad y estafa, en el auto de apertura de 2-2-2.010, forzoso es concluir que se aquietó y consintió el tan repetido pronunciamiento, por lo que, en modo alguno puede ahora, por vía de apelación, modificar ese pronunciamiento. 

            Todo lo anterior conduce, de nuevo, a la forzosa desestimación del recurso interpuesto, puesto que, lejos de existir una infracción de las normas y garantías procesales, aun con  el error inicial del Juez de Instrucción del nº 1, de no pronunciar un sobreseimiento sobre delitos sobre los que acordaba no abrir el juicio oral, existe un escrupuloso cumplimiento de las mismas, incluyendo la devolución de las actuaciones al mismo Instructor, para subsanar, como lo hizo, su error inicial. Y lejos de existir una indefensión del acusador particular, se acordó la nulidad de las actuaciones, se retrotrajeron las mismas al momento de apertura del juicio oral y se abrió, de nuevo, el juicio, sobreseyendo los delitos de falsedad y estafa, en un pronunciamiento que devino firme, porque, cualesquiera que fueran las razones, (la ignorancia o la confianza en una sentencia condenatoria), la acusación particular las consintió. 

            En su virtud, 

            SUPLICO AL JUZGADO PARA ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID que teniendo por presentado este escrito, con su copia, se sirva a admitirlo y tenga por cumplimentado el traslado conferido y por formulado ESCRITO DE IMPUGNACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN contra la Sentencia dictada en esta causa, para previo el trámite oportuno se dicte sentencia por la que se desestime el recurso interpuesto, con condena en costas al apelante por su evidente temeridad. 

            Por ser de Justicia que pido en Madrid a 1 de diciembre de 2.012.

Recurso de apelacion malos tratos


Recurso de apelación  malos tratos

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

IL TMOS. SRES. DE LA SECC10N CENTÉSIMO SÉPTIMA

Madrid, en Audiencia pública y en grado de apelación, el juicio Oral n° 5/11 procedente del Juzgado de lo Penal nº3 Madrid seguido por un delito de maltrato familiar siendo partes en esta alzada como apelante Antonio y como apelado Luisa  y el Ministerio Fiscal y Ponente la Magistrada Sra

En Madrid, a 24/09/2012

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el indicado Juzgado de lo Penal n0 Madrid se dictó sentencia el 11 que contiene los siguientes Hechos Probados: “Se declara expresamente probado que el día 2 de agosto de 2011 sobre las 13:30 horas, el acusado, mayor de edad y carente de antecedentes penales computables, acudió en compañía de sus dos hijas menores de edad al parque sito en la Calle de Alcalá de Madrid, para entregar a las menores a su madre, Dña Luisa en ese momento se inició una discusión entre ambos, en el curso de la cual el acusado agarró del pelo a su ex pareja en presencia de los amigos de ésta.

En la parte de hechos probados de la sentencia se establece: “Que debo condenar y condeno a D. Antonio como autor responsable de un delito de malos tratos del artículo 153.1 y 3 del Código Penal, a las penas de nueve meses y un día de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de dos años y un día, y prohibición de aproximarse a menos de quinientos metros a Dña. Luisa a su lugar de trabajo, domicilio o cualquier otro que la misma frecuente, así como de mantener cualquier tipo de contacto con la misma por el medio que sea por tiempo de un año, nueve meses y un día; todo ello, con imposición al acusado de las costas procesales devengadas, incluidas las de la acusación particular

SEGUNDO.- Notificada  la sentencia  se interpuso en tiempo y forma recurso   de apelación por la representación de Antonio que fue admitido en ambos efectos y del que se confirió traslado por diez días a las demás partes para que pudieran adherirse o impugnarlo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se formó el correspondiente rollo de apelación, y se señaló para la deliberación y resolución del recurso el día 21/2012

HECHOS PROBADOS

1             SE ACEPTAN los de la sentencia apelada, Que se dan aquí por reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.• Por la representación de Antonio Colmenar Cano se interpone recurso de apelación contra la sentencia referida que condena a su patrocinado como autor responsable de un delito de malos tratos del arto 153 1 Y 3 del CP, viniendo a alegar error en la apreciación de la prueba, señalando Que los testigos presentados por la acusación se trata de compañeros de trabajo, amigos y primo de la denunciante, así como de su actual pareja sentimental.

SEGUNDO.- Centrada así la cuestión, la revisión de la valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida por el Juez a qua, se debe concretar a la forma en que se han practicado o desarrollado en el plenario las pruebas, si existen pruebas de cargo, y si la valoración efectuada obedece a las reglas de la lógica, experiencia y de la sana crítica (SSTC 17-12-85 [RTC 1985\174], 13-6-86 [RTC 1986\78],13-5-87 [RTC 1987\55], 2-7-90 [RTC 1990\124], 4-12-92 [RJ 1992\10012], 3-10-94 [RJ 1994\7607]), Y únicamente debe ser rectificada, bien cuando no existe al imprescindible marco probatorio de cargo vulnerándose  entonces el principio de presunción de inocencia, o bien, cuando tras el examen de las actuaciones revele un manifiesto y claro error del juzgado de tal entidad que imponga la modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, o más concretamente, sólo cabe revisar la apreciación hecha por el Juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aquella valoración haya sido llevada a cabo por el órgano judicial de forma arbitraria, irracional o absurda, es decir, si la valoración de la prueba ha sido hecha mediante un razonamiento que debe calificarse de incongruente o apoyado en fundamentos arbitrarios, como aquellos que aplican criterios contrarios a los preceptos constitucionales. (SS. Te 13-93 [RTC 1993\79], S. TS 29-1-90 [RJ 1990\527]).

Así mismo sabido es que, el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el articulo 24 de la Constitución (RCL 1978\2836), implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos [LEG 1948\1J; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [RCL 1979\2421], y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [RCL 1977\893]). Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa pues corresponde a la acusación, que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial (ST5 251/2004).

Procede pues, analizar:

a) Si existe en las actuaciones prueba practicada como fundamento de la condena (prueba existente)

b) Si dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada a las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales y de las normas aplicables en cada caso y en cada medio de prueba (prueba fáctica)

c) Si esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al proceso puede considerarse suficiente para justificar un pronunciamiento condenatorio (prueba suficiente); y esta suficiencia ha de exigirse con rigor ya que toda duda razonable en materia de prueba ha de resolverse conforme al principio “in dubio pro reo” en favor del acusado.

 

Recurso de reforma y subsidiario de apelación


Recurso de reforma y subsidiario de apelación

DUD JUCIO RÁPIDO 203120/2012

AL JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER nº X

PARA ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

DON _ _ _ _ _, Letrado perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con n° de colegiado nº 33 333,  en nombre y representación por designación del turno de oficio de DOÑA Sara, según queda acreditado en las diligencias arriba indicadas, ante el mismo Juzgado comparezco, y como mejor proceda en derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito formalizo RECURSO DE REFORMA Y SUBSIDIARIO DE APELACiÓN contra Auto dictado por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer n° X de Madrid en fecha 2 de agosto de 2012 en las refreídas diligencias urgentes, notificada a esta parte el mismo día en la que se sobreseían las actuaciones y se procedía a su archivo, y ello con base a los siguientes:

MOTIVOS

Único. Existencia en los hechos denunciados dolo penal: la acción tipificada en el vigente Código Penal. El Auto recurrido fundamenta el sobreseimiento de la causa en que no hay indicios suficientes que sean constitutivos de infracción criminal. Hecho que consideramos cuanto menos incierto,  pues la denuncia versa sobre el acoso al que ha sido sometida Doña Sara por parte del denunciado Don Jose y que tiene su situación más violenta, que no la única, el día de su detención el pasado día 21/ cuando, como a pesar de empezar contando Don José, una historia en la que quiso hacer ver que el encuentro era casual, posteriormente él mismo reconoció que sabía que tanto Sara como su actual pareja se iban a ver en Avenida de América y por ello acudió a su busca. Esta situación de acoso pudiera ser un hecho más de los que Sara relata en su denuncia y su declaración, pero es más grave que Jose  antes de la agresión, publicar en una red social de internet que estaba “a la espera del marrano”, que al ser éste una persona cazadora viene a significar que se iba de “caza” estando actualmente fuera de temporada. Para acudir a la “caza” se puso unas vendas en las manos, fue en busca de la pareja, y sin mediar palabras comenzó a agredir a Don Agredido.  A este chico, Don José, no le conocía de nada, simplemente el motivo de agredir al mismo es la forma en que el denunciado satisfacía su ira ante la negativa y pasividad de Doña Sara  de reiniciar la relación con él.

Esta agresión es parte del delito que ha cometido el denunciado, que si bien solo llegó a agredir a Don Agredido, su intención era la de agredir a ambas personas, y si no es por la intervención del policía vestido de paisano que se encontraba por casualidad allí, con total seguridad hubiera agredido a Sara. Esta apreciación no es arbitraria, sino que se recoge en el propio atestado ante las manifestaciones realizadas por el denunciado en su detención, quien manifiesta al agente que su única intención era pegarles, así como que se ha puesto las vendas para no hacerse daño en las manos … “, es obvio que si su intención hubiese sido la de robar estaríamos ante un delito más grave, pero la agresión directa a una persona, o la intención de agredir a otra es un delito, y todos ellos tipificados en nuestro código penal. Es increíble que Don Jose quiera desvirtuar la manifestación del agente de policía secreta, que “salvo a mi representada, diciendo que ese policía le tenía manía y le trato mal. Dicho esto, queda acreditado que nos encontramos ante un chico agresivo en sus acciones, y que el simple día de su detención resulta por si sólo un posible delito contra Doña Sara, que si bien es cierto que no causó lesiones a Sara, sí que tuvo intención de hacerlo a la vista de las pruebas del atestado.

Pero, además y este es el riesgo al que queremos poner fin, existe una acción acosadora continuada por parte de Don José hacía Doña Sara, pues debemos entender el motivo por el que éste chico agredió al actual novio de Sara para comprender el acoso y persecución al que ha sido sometida Sara en los últimos meses, pues en el atestado se han dicho aquellos hechos más destacado de su acoso, pero los mismos eran constantes por parte de Don José.

En primer lugar la casualidad que pretendía hacer ver Don José respecto al encuentro en Avenida de América, que luego el mismo negó, es similar a los encuentros casuales que pretende hacer creíbles ante el juzgado de instrucción, pues sería más creíble el encuentro casual del avenida de América, por ser la misma ciudad de los dos, y ser un centro de transporte con múltiples conexiones, etc. que la causalidad de que Don Jose viajara en las mismas fechas y a las mismas ciudades que Sara, pues viajó a China y Méjico  los mismos días que mi defendida, y reconoció que a China viajo él sólo, mandándole un sms a mi defendida para preguntar dónde estaba, y que ella contestó simplemente ante la inverosimilitud de que pudiera presentarse en la discoteca pues consideraba que se encontraría a miles de kilómetros, puede que Sara no debiera haber contestado el sms,  que posiblemente al ser una adolescente, que nunca se ha visto en una situación similar pues como ella dijo, siempre intento que él la dejara en paz de manera educada, pero Sara nunca le dijo donde iba a pasar las vacaciones y fue quien constantemente se informaba en el entorno de mi representada de todos los viajes que hacía y con quien salía.

Para mayor abundamiento, otro hecho agresivo que se produjo, fue como Don José se presentó en casa de Sara y sin autorización se metió en la casa para hablar con sara, perdiendo el control hasta darse golpes en la pared, como el reconoció en su declaración, y que debido a esa agresividad fue el padre de Sara quien le tuvo que echar de la vivienda.

Tal y como se deduce de la denuncia, Don Jose se obsesionó con su exnovia, y debido a su carácter agresivo a llegado a causar lesiones terceros concretamente al actual novio de Sara (que como ya referí es una consecuencia expresa de la persecución y celos), pero el acoso y persecución por parte de Don Jose es innegable, tanto por lo ocurrido en A venida de América, por lo ocurrido en China, por lo ocurrido en Méjico, por lo ocurrido en el domicilio de Sara y por múltiples hechos y datos que corroboran dicha locura pasional como pudiera ser las publicaciones de la red social.

Esta parte no llega a comprender que este Juzgado al que me dirijo haya valorado como licitas dichas frases y hechos, y el contenido doloso de las mismas, pues los hechos denunciados encajan perfectamente en la definición del tipo delictivo de violencia de género, con independencia que la agresión a Don Agredido lo sea también.

Por todo lo expuesto consideramos que los hechos que son denunciados y que se probarán en el juicio correspondiente son constitutivos de infracción criminal, que dichas acciones han sido realizadas ante diferentes testigos, agente de policía, padre de Sara, entorno de ambos, etc por lo que las mismas serian constitutivas de un posible delito del artículo 153 del vigente Código Penal.

Por todo lo expuesto

SUPLICO AL JUZGADO: que tenga por presentado este escrito en el plazo previsto por la ley con sus copias respectivas, se sirva admitirlo y en virtud tenga por interpuesto en tiempo y forma RECURSO DE REFORMA Y SUBSIDIARIO DE APELACION contra EL Auto de fecha  de agosto de 2012, Y se interesa se revoque el mismo dictando uno en el que se continúe la tramitación citándose si fuese necesario a los testigos que presenciaron los hechos y que se recogen en el atestado.

SUPLICO A LA SALA: Que dando lugar al recurso, revoque el auto de fecha  de agosto de 2012 dicte uno continuándose la tramitación citándose si fuese necesario a los testigos que presenciaron los hechos y que se recogen en el atestado.

EL RECURSO DE APELACiÓN EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO


EL RECURSO DE APELACiÓN EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

El recurso de apelación se encuentra regulado en los artículos 22 a 232 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, describiéndose como el recurso  que puede interponerse ante distintas resoluciones del Juez de Instrucción, si bien también hace alusión al mismo anteriores preceptos, como los artículos 212, para establecer el plazo de cinco días desde la última notificación para interponer el recurso, el 217, para indicar que puede interponerse únicamente en los casos determinados en la Ley, el 220 para establecer como órgano judicial competente aquél a quien correspondiese el conocimiento de la causa en juicio oral, así como en los artículos 219 y 22l, para expresar que se interponen ante el mismo Juez que haya dictado la resolución recurrida, como ocurre con el de reforma, y que debe interponerse, como los de reforma y queja, por escrito y con firma de letrado. En éste procedimiento ordinario por delitos graves, el recurso de apelación aparece vinculado al de reforma, porque no puede interponerse sino después de haberse ejercitado el de reforma, aunque pueda realizarse de forma subsidiaria (artículo 222 de dicha Ley procesal penal).

En cuanto a los efectos que genera la admisión del recurso, si se admite en ambos efectos (efecto devolutivo y suspensiva), lo cuál únicamente puede ocurrir cuando expresamente se disponga (artículo 217 de dicha Ley procesal), se mandará remitir los autos originales al Tribunal que ha de conocer del recurso previo emplazamiento de las partes para que se personen ante dicho Tribunal, en el término de quince o diez días, según que dicho Tribunal fuere el Supremo o la Audiencia (artículo 224 de dicha Ley).

En cambio cuando el recurso únicamente sea admisible en un efecto, o sea el devolutivo, por lo que no suspende la ejecución de la resolución recurrida, el Juez debe mandar deducir testimonio en el plazo que fije, que no podrá exceder de quince días con posibilidad de prórroga, del auto recurrido, de los escritos referentes al recurso de reforma, del auto apelado y de cuantos otros particulares considere necesario incluir. A los dos días siguientes de conocer la resolución judicial mandan- do deducir los citados testimonios, tanto el Ministerio Fiscal como la parte apelante podrán pedir al Juez la adición de otros particulares, resolviendo éste al día siguiente sin ulterior recurso. Una vez deducido el testimonio, se emplaza a las partes para que se personen ante el Tribunal que ha de resolverlo conforme a lo indicado para el recurso admitido en ambos efectos.

Una vez ya los autos en el Tribunal Superior que ha de resolverlo, salvo que no se personara la parte apelante, en cuyo caso se declararía desierto, tras darse vista de los autos por tres días para instrucción a la parte apelante y posteriormente a las demás partes yal Fiscal, se señala día para la vista, en el que las partes pueden informar lo que estimen conveniente, la cuál se celebra, asistan o no las partes, debiendo cuidar el Presidente de la Audiencia o Sección que conozca de la apelación que el recurso sea resuelto en el plazo más breve posible, sin que transcurran más de dos meses entre el día de ingreso en la Audiencia del procedimiento y la vista. Las partes, pueden presentar antes del día de la vista, los documentos que estimen oportunos, sin que sea admisible otro medio de prueba. Una vez firme el auto dictado, se debe comunicar al Juez para su cumplimiento, devolviendo el procedimiento, si se trata de una apelación admitida en ambos efectos.

Especialmente relevantes son en éste procedimiento ordinario, los recursos de apelación en un efecto, que tras desestimarse el previo de reforma, pueden interponerse contra el auto del Juez de Instrucción que decreten el procesamiento de una persona (artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), o el recurso de apelación que cabe interponer contra los autos que decreten, prorroguen o denieguen la prisión provisional o acuerden la libertad del imputado (artículo 507 de la citada Ley), recurso que goza de tramitación preferente y que se tramita conforme a lo previsto en el artículo 766 de la Ley procesal penal para el procedimiento abreviado, e igualmente podemos citar la previsión de recurso de apelación en ambos efectos contra el auto de desestimación de la querella (artículo 313 de dicha Ley).

RECURSO DE APELACIÓN PENAL


RECURSO DE APELACIÓN PENAL

Actualmente, nuestro ordenamiento procesal penal, mantiene la doble instancia para los juicios de faltas y el procedimiento abreviado cuando el cono cimiento corresponde al Juez de lo Penal, y el de única instancia, con un posible re curso de casación, para el procedimiento ordinario por delitos graves, y el procedimiento abreviado cuando su enjuiciamiento sea competencia de la Audiencia Provincial, siendo previsible una muy próxima generalización de la doble instancia en todos los procesos penales.

EL RECURSO DE APELACiÓN EN EL  JUICIO DE FALTAS

El recurso de apelación en los juicios de faltas (véase juicio de faltas), se formaliza y tramita conforme a lo dispuestos en los artículos 790 a 792 de la Ley procesal penal como para  procedimiento abreviado, que explicaremos  en adelante.

EL RECURSO DE APELACiÓN EN El PROCEDIMIENTO PARA EL  ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DETERMINADOS DELITOS

Contra la sentencia dictada por Juzgado de lo Penal en los denominados juicios rápidos (véase juicios rápidos)  cabe interponer recurso de apelación,  conforme  a lo establecido y contenido en los artículos 790 a 792 de la Ley procesal penal, si bien presenta las siguientes especialidades:

1)            El plazo para interponer el recurso y formular alegaciones las demás partes, queda reducido a cinco días.

2)            El plazo de dictado de sentencia es a los tres días siguientes, si hay vista o a los cinco días de la recepción  de las actuaciones, si no la hubiere,

3)           Tienen una tramitación preferente (artículo 803 de dicha Ley).

EL RECURSO DE APELACiÓN EN EL  PROCEDIMIENTO ABREVIADO

El recurso (ver “recursos”)de apelación debe ser formulado bajo distinta regulación, según lo que se recurra sea un auto o una  sentencia.

Para su oposición a un  auto, el recurso y su tramitación aparece regulado en el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se prevé la posibilidad de recurrir en apelación y reforma, todos los autos del Juez de Instrucción y del Juez de lo Penal, siempre que no estén exceptuados de recurso, los cuales no suspenderán el curso del procedimiento, pudiendo interponerse el de apelación de forma separada y sin exigirse, a diferencia del procedimiento ordinario, que necesariamente deba interponerse previamente el recurso de reforma. El recurso de apelación debe presentarse en el plazo de cinco días siguientes a la notificación del auto recurrido o del resolutorio del de reforma, mediante un escrito en el que se han de expresar los motivos del recurso, señalarse los particulares que hayan de testimoniarse, debiéndose acompañar los documentos justificativos de las peticiones formuladas. Después de  dar traslado a las demás partes personas por un plazo común de cinco días para alegaciones, indicación de particulares y aportación documental, debe remitirse a los dos días siguientes el testimonio a la Audiencia respectiva, para la resolución dentro de siguientes cinco días.

Está previsto  que cuando se trate  de una apelación subsidiaria de un previo recurso de reforma, si éste se desestima, se de traslado al recurrente, antes que el que procedería a las demás partes personadas, para que pueda formular alegaciones y pueda presentar posibles documentos. Se realiza una regulación especial para el supuesto de haberse acordado la prisión, al permitirse que el apelante solicite celebración de vista, que debe ser necesariamente acordada celebrándose a los diez días, siendo facultativa si se trata de otras medidas cautelares. Si la resolución recurrida en vez de un auto, es una sentencia, el artículo 790 de la Ley procesal penal, regula la competencia para su resolución (Audiencia Provincial respecto la dictada por el Juez de l Penal, y Audiencia Nacional respecto de la dictada por el Juez Central de lo Penal), y el plazo de diez días para su interposición.

El escrito de formalización debe presentarse ante el órgano que dictó la resolución que se impugne (e indicando “para ante la Audiencia Provincial”) exponiendo de forma ordenada, las alegaciones sobre aspectos procesales (quebrantamiento de las normas y garantías procesales, error en la apreciación de la pruebas), exigiéndose que en el supuesto de solicitarse la nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales originadoras de indefensión que sean insubsanables en segunda instancia, que se haya pedido en su momento la subsanación, si ésta fuere posible, y se citen las normas legales o constitucionales infringidas, así como las razones de la indefensión, debiendo hacer referencia, en su caso, a las razones de fondo del recurso (infracción de normas del ordenamiento jurídico en las que se base la impugnación), e igualmente debe fijarse un domicilio para notificaciones en el lugar donde tenga su sede la Audiencia. Además en dicho escrito puede solicitar diligencias de prueba (las que no pudo proponer en primera instancia, las indebidamente denegadas si formuló protesta y las admitidas no practicadas por causas ajenas a la parte).

Tras admitir el recurso o subsanarse en tres días algún defecto que pudiera adolecer, se da traslado del escrito a las demás partes por el plazo común de diez días, pudiendo presentar alegaciones, solicitar prueba y aportar documentos, fijan do domicilio para notificaciones, de los que se dará a su vez el respectivo traslado, posteriormente, tras resolver la Audiencia Provincial en tres días sobre la admisión de la prueba propuesta, se señala día para la vista, pudiendo acordar  también la celebración de ésta aunque no se proponga prueba, cuando el Tribunal lo estime necesario para la mejor decisión del recurso. La vista se señala dentro de los quince días siguientes, debiendo ser informada la víctima aunque no se haya personado en el procedimiento.

Beberá  dictarse  sentencia a los diez días siguientes de la vista o de la recepción del procedimiento, si ésta no tuvo lugar, y además habrá de ser notificado a los perjudicados aunque no se hayan mostrado parte. Si la sentencia apelada es anulada por quebrantamiento de una forma esencial del procedimiento, el Tribunal, sin entrar en el fondo del fallo, debe ordenar que se retrotraiga el procedimiento al estado en que se encontraba en el momento de cometerse la falta, sin perjuicio de que conserven su validez todos aquellos actos cuyo contenido no se vea afectado.

No cabe recurso contra la sentencia de apelación sin perjuicio de lo establecido respecto de la revisión de sentencias firmes.

Huida hacia el derecho penal


Huida hacia el derecho penal

Los escasos costes del procedimiento penal, su mayor rapidez y menor rigidez, hacen que en ocasiones, las relaciones civiles entre personas se quieran desviar hacia el derecho penal para actuar ventajosamente.

A continuación reproducimos unas alegaciones a un recurso de Reforma que se interpuso contra loa decisión de un juez que apreciaba esto mismo; que el asunto que se le planteaba carecía de criminalidad, tratándose claramente de un asunto civil.

AL JUZGADO  

Doña _ _ _ _  Procuradora de los Tribunales y de D. _ _ _ _ _ _ , representante legal de Ventasporinternet.com , en la presente causa, con el acatamiento de rigor, comparezco y como mejor en derecho proceda, DIG O:

Que habiendo recibido traslado en fecha 28 de marzo, del recurso de reforma y subsidiario de apelación interpuesto por la representación de la denunciante contra el Auto de fecha 1 de enero de 2011 por el que se disponía el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones, mediante el presente escrito y en la referida representación paso a formular IMPUGNACIÓN DEL RECURSO DE REFORMA, que se fundamenta en los siguientes

MOTIVOS

Primero.- Sostiene el recurrente que la declaración de mi mandante no es motivo suficiente para concluir la no existencia de un ánimo defraudatorio por parte de Ventasporinternet.com, a parte de mi representado, hay muchas más personas que se han visto afectadas y supuestamente estafadas por la citada entidad mercantil.

Dicha pretensión, subvierte totalmente el sistema penal, exigiendo a la parte denunciada que acredite un hecho negativo y. además subjetivo que constituye una doble probatio diabólica solicitando que se pruebe por esta parte que no existe un ánimo defraudatorio, cuando de hecho ni el más mínimo indicio se aporta por la denunciante en este sentido.

Se alega que resulta “notorio y claramente patente” que nuestra mandante no tiene intención alguna de entregar el artículo a su representado. Sin embargo, pese a la supuesta “notoriedad’ del hecho, la parte denunciante no ha aportado la más mínima prueba o indicio sobre la ilicitud penal de los hechos que alega el recurrente. Por el contrario, el mero examen de la documentación aportada evidencia que se ha producido una demora en el cumplimiento del contrato por la mercantil que representa mi mandante, que en ningún caso constituye ilícito penal alguno. Así, queda acreditado:

a)         Porque el contrato firmado con el denunciante en mayo de 2010 preveía como plazo ordinario de entrega, sin penalización, la semana 50/10, es decir, en DICIEMBRE DE 2010.

b).        Pero, puesto que nuestro mandante depende de otros profesionales (el fabricante y distribuidor) para la entrega, específicamente el pacto 10 previene que la fecha de entrega prevista puede sufrir variaciones no imputables a Ventasporinternet.com y derivadas de ajustes en la programación de producción de la fábrica o en su departamento de control de calidad, logística, distribución, etc . .En estos casos, se aplicarán las penalizaciones que prevé el contrato contra mi representada en el momento de la liquidación del precio pendiente, al que se descontará dicha indemnización por mora. Así lo prevé el pacto primero, que fija la indemnización en 50 Euros semanales, (si el artículo se entrega en las cuatro semanas siguientes a la fecha máxima de entrega sin recargo) y de 100 Euros semanales (si se entrega entre la semana 5 y 20, transcurrido el plazo ordinario de entrega) y establece que dicha cantidad se detraerá del pago final que el comprador debe efectuar a Ventasporinternet.com.

c)  Por tanto, si se producen retrasos en el proceso de producción, el plazo de 50 semanas, puede ampliarse (con penalizaciones para nuestra mandante) hasta 20 semanas más de plazo que todavía no ha transcurrido, por lo que el contrato sigue vigente.

d).  En cuanto a las explicaciones facilitadas al denunciante y las supuestas contradicciones que señala en su recurso, obedecen al hecho de que nuestro mandante recibe la información sobre el proceso de producción de un tercero (el fabricante). Así, inicialmente el fabricante manifestó que por dificultades en la fábrica descenso de actividad y climatológicas que impedían el transporte el artículo estaría disponible en enero. Sin embargo, llegada la fecha, se manifestó a esta parte que no se podría entregar hasta febrero y, finalmente, fueron informados de que no se recibiría en dicha fecha porque la producción de la cuota de octubre se retrasó al 10.09.10, estando a la espera nuestro cliente de que se le facilite nueva fecha para la entrega. Así pues, no existen contradicciones en las alegaciones del Sr. Representante de la empresa  (exceptuando un error material al hacer constar que se entregaría el artículo el 5 de enero, cuando debería haberse fijado el 5 de marzo, según la información que se tenía en enero que auguraba la entrega desde China a lo largo del mes de marzo de 2011) Y el mismo se limitaba a informar de las mismas circunstancias que a él le eran comunicadas por el fabricante.

Así pues, nos encontramos ante un contrato VIGENTE (mi mandante tiene un plazo extraordinario de entrega con penalización hasta el 18 de mayo de 2010), en el que se ha producido un retraso por causa sobrevenida no imputable a mi poderdante, retraso que tiene incidencia en el orden civil {determinará que al precio restante se le detraiga la indemnización que corresponde por mora) PERO QUE CARECE DE TODA RELEVANCIA PENAL.

Por mucho que suponga (ninguna prueba se aporta) el recurrente, que nuestro mandante no tenía la intención de cumplir el contrato cuando recibió la paga y señal, lo cierto es que no sólo tenia y tiene intención de cumplir, sino que está trabajando para que así sea y se produzca la entrega dentro del plazo máximo de la semana 20, tras la finalización del plazo ordinario. Así, no solo las manifestaciones del Sr. Representante de la empresa sino la documentación que se acompaña demuestran que mi representado hizo el encargo al productor y continúa reclamando su cumplimiento, como se acredita:

l.          Mediante la hoja de encargo que se acompaña como Documento n 1, como se ve, viene específicamente referida al artículo del Sr. Denunciante  y tiene como fecha máxima de entrega (aunque se aseguró a nuestros mandantes que se entregaría con mucha anterioridad, sin agotar el plazo) el2 de febrero de 2011.

2.         Como se puede ver en la hoja de seguimiento del vehículo de fecha 18 de febrero de 2011 (Documento n 2) la compañía China anota el pedido de esta parte en fecha 25/10/10 -por tanto, el encargo se hizo en tiempo-, por cuanto esa misma pantalla hacia constar que el artículo debía haber entrado en producción  el 4 de septiembre de 2011.

3.         En el mismo sentido, la hoja de seguimiento de 26 de febrero de 2011, recoge que se ha cambiado ya la fecha de entrega -en China-, que se establece para el uno de marzo (Documento n° 3), 10 que coincide plenamente con las informaciones facilitadas al denunciante. Sin embargo, como acredita el Documento n° 4, en fecha 2 de marzo nuestro mandante requirió nuevamente por el pedido del Sr. Denunciante, recibiendo la contestación de que El artículo no está todavía creado, habiendo nuevamente interrogado en fecha 7 de marzo y recibido la respuesta de que aún no tenemos el artículo para el pedido en cuestión. Actualmente, está mi mandante a la espera de que se le de por Lee Coop  una fecha de entrega del artículo, para poder hacer la liquidación del precio al denunciante, dentro del periodo de tiempo extra que se ha prorrogado por haber surgido las dificultades en la producción del mismo.

Todo lo expuesto acredita que ya prima facie no existe indicio alguno de una conducta antijurídica imputable a mi mandante, quien está realizando cuanto está a su alcance para dar cumplimiento al contrato aún  vigente.

El descontento del comprador por la tardanza en la entrega (una contingencia que se advertía y preveía en el contrato, que preveía un incremento en 20 semanas del periodo de entrega en caso de ajustes en la programación de producción o problemas de logística o distribución) no justifica que se utilice y subvierta la vía penal) para intentar rescindir un acuerdo CIVIL en unos términos distintos al que el mismo contrato recoge, ya que -en supuestos como éste- no prevé el retraso inferior en 20 semanas como causa de cancelación sino que establece un sistema de penalizaciones.

4. A ello, cabe añadir que la interposición de una denuncia no comporta un derecho absoluto a la prueba y, así, cabe incluso la inadmisión de plano de la misma cuando ad initium sea ya evidente la falta de indicios de criminalidad. En el caso que nos ocupa, entiende esta parte que, tampoco la circunstancia que denuncia sobre el retraso en la notificación del señalamiento de la declaración, supondría una nulidad por cuanto NINGUNA INDEFENSIÓN SE ALEGA NI LE HA CAUSADO, ya que el artículo se refiere fundamentalmente a la naturaleza civil de la relación entre las partes, que deriva fundamentalmente del análisis de la documentación aportada por el propio denunciado siendo el contrato el fundamento último de la “ratio decidendi”.

La declaración fue practicada por Su Señoría y corrobora (que no fundamenta), lo que ya se desprende del propio contrato: que existe una relación DE NATURALEZA CIVIL ENTRE LAS PARTES, en base a un contrato que todavía está vigente y ni siguiera se ha incumplido pues no ha vencido la prórroga de entrega con penalización que el mismo contempla.

Nos encontramos, en definitiva, ante una controversia de índole civil por cuanto que la incriminación no cuenta con soporte documental alguno y ninguna diligencia de prueba (ver “las pruebas”) que se pudiese practicar en el futuro, vendría a aclarar la cuestión previa subyacente, recordando a la parte apelante que a lo que ha de aspirar es a obtener una respuesta jurídica razonada, siguiendo en esto la doctrina del Tribunal Constitucional en la Sentencia núm. 217/1994, de 18 de julio, sin que exista afavor de la parte un “ius pro cedatur ” alguno en aquellos casos en que el árgano judicial entienda razonadamente que la conducta o hechos imputados carecen de ilicitud penal, en cuyo supuesto el derecho de la jurisdicción que ejerce el denunciante no conlleva el de la apertura, (o prosecución) de una instrucción inútil. Por todo ello, entiende esta parte que acreditada la vigencia del contrato (por un problema de fábrica que ha afectado a diversos compradores, lo que explica la existencia de la otra denuncia a que se refiere el recurrente) y que nuestra mandante está realizando las actuaciones para su cumplimiento, procede  confirmar el archivo al carecer la incriminación pretendida por el denunciante de sustento probatorio alguno y siendo evidente la NATURALEZA CIVIL de la relación entre las partes.

Y, en su virtud,

SOLICITO AL JUZGADO.- Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en sus méritos, se tengan por realizada en tiempo y forma IMPUGNACIÓN AL RECURSO DE REFORMA formulado por la representación de la denunciante, solicitándose tras los trámites procesales oportuno la desestimación de plano del mismo y la integra confirmación del Auto de Archivo de lo de marzo de 2011,

OTROSÍ DIGO.- Que ante la denuncia formulada, esta parte se ha visto obligada a aportar documentación facilitada por la empresa responsable de la producción y distribución del artículo (documentos 2 a 4) que tiene naturaleza interna y ha sido facilitada a esta parte con carácter confidencial. Por tal motivo, se solicita se requiera a la parte denunciada a que se abstenga de facilitar ti terceros o difundir comunicar o publicar de forma directa o indirecta copia del mismo, a fin de salvaguardar el secreto de la información que se contiene.

Y, en su virtud,

SOLICITO AL JUZGADO.- Que requiere a la parte denunciada para que, en relación a los Doc. 2 a 4, se requiera a la parte denunciada a que se abstenga de facilitar a terceros o difundir, comunicar o publicar de forma directa o indirecta copia del mismo a fin de salvaguardar el secreto de la información que se contiene.

En Madrid a 12 de abril de 2011

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