Abogados penalistas en Madrid,

Abogado penalista para juicios, recursos, demandas y denuncias

Archivo para recurso

Recurso de queja contra desestimación de recurso de casación


 Recurso de queja contra desestimación de recurso de casación

A LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO

 DON PROCURADOR de los Tribunales y de DON CLIENTE, como debidamente acredito con copia de la escritura de poder otorgada a mi favor, que acompaño al presente,  ante  la Sala  comparezco,  y  como  mejor en Derecho proceda

 D I G O:

Que mediante el presente escrito, y tiempo y forma procesales, interpongo RECURSO DE QUEJA, al amparo del artículo 495 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra el auto de fecha 1 de diciembre de 2.013, dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Primera, en el Rollo de Apelación 1/2012 cuyo testimonio se acompaña unido, por el que se deniega la preparación del Recurso de Casación contra la Sentencia dictada por dicha Sala, de 1 de Febrero de 2.012, en el rollo de apelación 1/12.

Constituyen FUNDAMENTOS PROCESALES del  recurso que se interpone, los siguientes:

I.- Se interpone contra el auto que deniega la preparación del recurso de casación, conforme autoriza el art. 480.1 de la Ley Ritual.

II.- Se interpone, habiéndolo preparado debidamente, mediante la solicitud de reposición del auto, conforme exige el art. 495.1 de la Ley Procesal.

III.- Se interpone, una vez desestimada la reposición solicitada, aportando testimonio de las dos resoluciones a que se refiere la Ley: el auto que deniega la preparación de la casación y el que desestima la reposición solicitada.

IV.-Se interpone dentro de los diez días siguientes a la entrega del testimonio.

V.-Se interpone ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, a quien corresponde resolverlo.

El recurso de queja se apoya en los siguientes:

MOTIVOS 

PRIMERO.- INFRACCION DEL ARTICULO 477-2-3, EN RAZON DE LA EXIGENCIA DE REQUISITOS PROCESALES, ASI COMO DEL ARTICULO 3 DEL CODIGO CIVIL Y DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA MATERIAL

El auto ahora recurrido, considera que no procede el anuncio de recurso de casación, por interés casacional, habida cuenta que para que el mismo proceda, es necesario que el asunto en concreto se haya  tramitado, no por la cuantía sino por la materia.

Sin embargo, una sencilla lectura del art. 477-2-3º, conduce a una conclusión totalmente distinta. En efecto, dicho articulo, circunscribe este tipo de recurso, al único requisito de que la sentencia dictada, se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.

Como apuntábamos en nuestro recurso de reposición, la Ley, supedita el anuncio del recurso a la mención de las sentenciasque conformen esa doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, sin que en ningún momento, a lo largo de dicho precepto, o del Capitulo Quinto del Titulo Cuarto, que son los dedicados al recurso de casación, establezca cualquier otro requisito, y menos todavía, que el asunto haya tenido que iniciarse por razón de la materia.

Entendemos, que a ello no es óbice, el contenido del art. 249, puesto que este se refiere al ámbito del juicio ordinario, que no al recurso de casación.

Si el Legislador hubiese pretendido limitar el recurso de casación por interés casacional, a los asuntos tramitados por razón de la materia, así lo hubiera dispuesto, pero no en el art. 249, sino en el 477, que es el que regula el recurso de casación.

A mayor abundamiento el art. 3 del Código Civil, ordena que las normas se interpreten según el sentido propio de sus palabras…….. y el sentido propio de los términos utilizados por el art. 477-2-3, no dejan lugar a dudas……., nada se dice de la materia o de la cuantía, y el único requisito que sanciona, es el de la mención de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, infringida por la sentencia que se pretende recurrir.

Por si restara alguna duda, la exposición de motivos de la Ley, resalta el carácter antiformalista de la misma, concediendo más importancia a la justicia material, que a los requisitos procedimentales. Y siendo esto así, no se entiende, como puede negarse un recurso de casación, por mor de un rigor procesal, en detrimento de la justicia o del fondo del asunto.

En conclusión,  no puede exigirse un requisito procedimental, que la norma que regula el recurso no recoge, ya que de lo contrario se produciría una vulneración de la tutela judicial efectiva, al negarle al justiciable el acceso a un recurso previsto por la Ley, merced a un requisito que el articulo que regula el recurso, ni establece ni prevee.

SEGUNDO.- INFRACCION DE ARTICULO 477-2-3 POR RAZON DE LA MATERIA

Sin perjuicio de lo expuesto en el motivo anterior, y como ya indicábamos en nuestro recurso de reposición, ahora desestimado,  esta parte entiende que no nos encontramos ante un procedimiento que dimana de una “reclamación de cantidad”, sino antes al contrario, la litis se origina para determinar la naturaleza del contrato de arrendamiento de servicios profesionales, en concreto de un Letrado, y dentro de la misma, la presunción del carácter oneroso, que no gratuito de dicho servicio.

En efecto, si se observa con detenimiento  desde sus inicios el debate procesal, se alcanza la conclusión de que el mismo no es una mera reclamación de cantidad, sino una litis en la que se está discutiendo la “gratuidad o no de los servicios jurídicos”, gratuidad que mantiene la Ilma. Sala y desde luego el demandado, frente al carácter oneroso que sostiene esta parte, amparado precisamente en la presunción “retribuida” de los servicios jurídicos, que autoriza el art. 1.544 del Código Civil.

Luego lo primero a determinar,  es ese carácter oneroso o gratuito del contrato de arrendamiento de servicios jurídicos. Y es esa determinación, esa declaración, la que llevo a esta parte a impetrar el auxilio judicial.

¿Qué como consecuencia de la misma se reclama una cantidad económica? Ciertamente, pero no podemos pasar por alto el hecho de que lo que se discute en este procedimiento, no es una cuantía sin mas, sino repetimos el carácter oneroso o gratuito del contrato de arrendamiento de servicios de un letrado, y a consecuencia de dicha calificación, la condena o no del demandado.

En conclusión, y a nuestro modo de ver, el procedimiento es susceptible de recurso de casación por intereses casacional, ya que lo discutido es la materia esencialmente, por lo que si ello se pone en relación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que esta parte entiende infringida, conforme a las sentencias que se relacionan en el anuncio de recurso,  sólo cabe acoger el presente recurso de queja.

Por lo expuesto,

SUPLICO A LA SALA, que teniendo por presentado este escrito, con su copia,  y los documentos que se acompañan, se sirva admitirlo, tenerme por parte en la representación que ostento, ordenado se entiendan conmigo las sucesivas diligencias, tener por interpuesto RECURSO DE QUEJA contra el auto de 1 de diciembre de 2012, notificado el día 4, dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, sección Vigésima, en el Rollo de Apelación 1/12, y  por acompañado el testimonio exigido en el artículo 495, para previo trámite oportuno, estimar el recurso y ordenar a la Sala de la Audiencia Provincial de Madrid, que tenga por preparado el recurso de casación  pretendido, y continúe con su tramitación, y todo ello por ser así de justicia que, respetuosamente, pido en Madrid, a dos de febrero de dos mil trece.

adhesión a recurso de apelación


Escrito de adhesión a recurso de apelación presentado por otra parte

AL JUZGADO DE LO PENAL NÚM.  DON Procurador de los Tribunales y de DON JUSTICIABLE INOCENTE representación que tengo acreditada en causa 0/2013, dimanante de Diligencias Previas 0/12 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Madrid, comparezco y como mejor proceda en Derecho, D I G O: Que mediante el presente escrito, cumplimento traslado efectuado por providencia de 2-1-2013, notificada en día 3, en orden a la impugnación o adhesión al recurso de apelación interpuesto por el SEÑOR RECURRENTE, contra la sentencia dictada en estas actuaciones con fecha 2 de diciembre de 2013. El recurso se interpone, para interesar la revocación de la sentencia en el extremo especifico de la declaración de responsabilidad civil subsidiaria del SEÑOR RECURRENTE, pronunciada en el fallo de la resolución, aplicando el artículo 22 del Código Penal de 1973, según se razona en el fundamento jurídico cuarto de dicha sentencia. La apelación penal se dirige, por lo tanto, exclusivamente a combatir la declaración de responsabilidad civil subsidiaria del SEÑOR RECURRENTE, de acuerdo con las alegaciones y súplica contenidas en el escrito de recurso, sin que se cuestionen el resto de los pronunciamientos de la sentencia apelada que, por este motivo, deben considerarse firmes al día de la fecha, pues, al menos en lo que esta representación conoce, ninguna otra de las partes ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia dictada. Consecuentemente, han ganado firmeza los pronunciamientos del fallo de la sentencia que se refieren a la condena de Don Contrario y la absolución de mi patrocinado y de DON JUSTICIABLE INOCENTE. Una vez dejada la debida constancia de lo anterior, cumplimentamos el traslado efectuado, formulando las siguientes:

ALEGACIONES

UNICA.- No es a esta parte a quién compete pronunciarse sobre si la declaración de responsabilidad civil subsidiaria, contenida en la sentencia apelada, se ajusta o no a derecho. Como hemos dicho, la sentencia se fundamenta en el artículo 22 del Código Penal de 1973 que, sin duda, impone la extensión de la responsabilidad nacida del delito a las personas, entidades o empresas, cuando quién resulta condenado sea un empleado dependiente de ellas, siempre que el delito se hubiese cometido en el desempeño de sus funciones o servicio. El apelante admite la relación de dependencia y niega la conexión entre la actividad delictiva y el desempeño de las obligaciones y servicios propias del cargo del Sr. condenado considerando que en ningún momento quedó acreditado en las actuaciones, ni siquiera indiciariamente, que el Sr. Condenado actuara en el desempeño de sus obligaciones y servicio que, como empleado, tenia encomendadas;  alega también que, tampoco en el juicio oral se probó nada en relación con este fundamental requisito del tipo penal del artículo 22 del Código. Probablemente por razones similares a las esgrimidas en el escrito de recurso, el Ministerio Público no solicitó la declaración de responsabilidad civil subsidiaria del SEÑOR RECURRENTE, concedida por la sentencia a instancias del acusador particular. El problema, por tanto, se reduce a determinar la correcta aplicación del artículo 22 del Código Penal de 1973 y la Jurisprudencia que lo interpreta, de la que el apelante ofrece una muestra destacada, sin que convenga al derecho de mi defendido apoyar el recurso planteado o impugnarlo, toda vez que la Sala de la Audiencia ante quién debe sustanciarse tiene sobrados elementos para decidir sobre su estimación o desestimación. En su virtud, SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito con su copia, se sirva admitirlo y teniendo  por cumplimento el traslado efectuado por la providencia citada en cabecera,  eleve las actuaciones a la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid  para que dicte sentencia, estimando o desestimando el recurso interpuesto y manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia apelada.

Recurso por cuestiones de prescripción


Recurso de apelación oponiéndose a la prescripción que entiende la sentencia apelada que se ha producido.

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 0 DE  MADRID PARA ANTE

LA SALA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

DON Procurador de los Tribunales y de DON CLIENTE , representación que tengo acreditada en autos de procedimiento ordinario 1/2.013 ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO

Que mediante el presente escrito, cumplimento providencia de 1 de ENERO de 2.013, notificada en día 14, por la que se confiere traslado a esta parte para la interposición del recurso de apelación, anunciado en estos autos, contra la sentencia que resuelve el proceso, dictada el día 1 de marzo de 2.013 y notificada el día 31 del mismo mes y año. A dicho efecto, en la representación que ostento interpongo RECURSO DE APELACIÓN contra la sentencia dictada en el proceso, antes citada, apoyando el recurso en los siguientes

MOTIVOS DEL RECURSO 

PRIMERO: LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

La sentencia apelada desestima la excepción propuesta por esta parte, con apoyo en los siguientes fundamentos, expresados todos ellos en el penúltimo párrafo del fundamento de derecho primero de la sentencia:

1.- Hay que acudir como fecha inicial, para el cómputo del plazo de prescripción, al momento en que las actoras pudieron haber ejercitado la acción de reclamación de cantidad, esgrimida en los autos.

2.- Ese momento es el día en que las demandantes conocieron la existencia del laudo, en el que se contenía la obligación de pago a su favor.

3.- Dicho No existen otras pruebas que permitan acreditar lo contrario.

Como se ve, en el criterio de la Sra. Juez de Instancia, el dies a quo para el comienzo del plazo de prescripción podría no comenzar jamás.

Una cosa es interpretar restrictivamente el instituto de la prescripción, y otra atentar de esta manera contra la seguridad jurídica, permitiendo que una acción de reclamación de cantidad siga viva, después de trascurridos 25 años; y lo que es peor, que podría seguir viva, a voluntad de las actoras y de testigos a quienes comprenden las preguntas generales de la Ley, con sólo afirmar o declarar que el conocimiento llegó a quienes ejercitan la acción, 25, 30 o 40 años después de nacida la obligación.

Frente a criterio tan singular como injusto, se debe acudir a datos mucho más objetivos que figuran en los autos y en la Ley.

Basta leer la demanda rectora del proceso, para comprender, al contrario de lo que dice la sentencia apelada, que las actoras no demandan con base en laudo alguno.

Luego, para empezar, la demanda rectora  sitúa el dies a quo, no en la fecha en que conocieron la existencia del laudo, como afirma erróneamente la sentencia apelada.

Con una tesis como la de la Sra. Juez de Instancia, no hubieran necesitado tal argucia procesal, pues la sentencia apelada les concede mucho más de los que piden en este campo, sitúa el dies a quo en una fecha indeterminada, inventada, pero afirmando – sin rubor – que es, como mucho, cinco meses anterior al ejercicio de la acción.

Con estos datos, que son los objetivos y no los testimonios prestados, no se puede decir que, a falta de otras pruebas habrá de estarse a las manifestaciones de las actoras, distintas de las de su demanda, o de testigos tan interesados como su hermano que, incluso, llegó a ser uno de los demandantes en conciliación.

Por el contrario, habrá que estar a lo que obra en los autos y en la Ley. Respecto de los autos resulta:

1.- Que la obligación nació de un laudo dictado en el año 1998.

2.- Que en ese laudo fue parte la madre de las actoras, quien, como titular de la patria potestad, era su representante legal.

3.- Que esta señora, Doña Pilar, se permitió ocultar – según lo declara en el juicio y la Sra. Juez de Instancia se lo cree – la existencia del laudo a sus hijos, desde 1.998.

4.- Que esta señora, en 1.998, reclamó para ella el cumplimiento de la misma obligación que ahora reclaman sus hijas, conforme acredita los documentos números 1 y 2 de la demanda inicial.

5.- Que esta señora, de repente, decidió, 2 años después, dar a conocer la existencia del laudo, según declara en el juicio y la Sra. Juez de Instancia se lo cree.

Y de la aplicación de la Ley resulta:

1.- Que el artículo 1.971 del cc. establece que el tiempo de prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones declaradas por sentencia, comienza desde que la sentencia quedó firme.

2.- Que el artículo 517 de la LEC, asimila las obligaciones impuestas por un laudo a las obligaciones impuestas por sentencia.

3.- Que el artículo 1.969 del cc. establece, que el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.

En su consecuencia, si se tiene en cuenta, porque así figura en los autos, que la sentencia apelada parte de un día indeterminado para iniciar el cómputo del plazo de prescripción, sólo porque testigos interesados en que las actoras ganen el litigio (uno de ellos, Don Cliente fue demandante con ellas en conciliación), así lo declaran; si se tiene en cuenta que una señora, la madre de las actoras, también interesada en el pleito, decidió comunicar a sus hijas,  que el laudo existía, tras haber ella misma reclamado el cumplimiento de la obligación a los cuatro años de dictado el mismo laudo, habrá que concluir forzosamente, que las actoras en su demanda están faltando a la verdad en su propio beneficio, cuando afirman haber conocido los hechos hace escasos meses, y que los testigos que declararon en el juicio también, puesto que estaban interesados en que el pleito se resolviera a favor de las demandantes.

Y para terminar, con la necesaria objetividad, de la que carecen los testimonios en que se apoya la sentencia apelada, basta acudir a los preceptos legales de los que la sentencia se olvida, en aras de una mal entendida interpretación restrictiva del instituto de la prescripción.

Porque el artículo 1.969 de cc. fija el dies a quo en el día en que las acciones pudieron ejercitarse, pero sólo cuando no haya una disposición especial que otra cosa determine. Y así ocurre con el artículo 1.971 del cc., que distingue y saca del régimen general las obligaciones declaradas por sentencia, a las que, en todo caso, aplica un plazo de quince años desde que la sentencia queda firme. La Jurisprudencia, por ejemplo la sentencia del TS de 19/02/1.982 que aparece en el repertorio con el número 746, relaciona este artículo con el artículo 1.964 y no con el 1.969, como lo hace la sentencia apelada.

Por otra parte, la aplicación y consideración de este precepto (artículo 1.969), permite, en el caso que nos ocupa, prescindir de testimonios interesados y de alegaciones de parte, de manera que, si el laudo no fue ejecutado, las actoras, cuando lo supieron (artículo 1.969) deberían haberse dirigido contra su madre, responsable de la no ejecución del laudo y del transcurso del plazo de prescripción, precisamente porque ese transcurso les imposibilitaba accionar contra su padre.

Por esa razón, en su demanda inicial, ni siquiera citan el laudo; porque su interés era fingir el conocimiento hace escasos meses, a fin de evitar la prescripción de la acción contra su padre, estrategia coronada con el éxito, porque la sentencia apelada orilla el régimen legal de la prescripción y, en contra de un mínimo de seguridad jurídica, ha permitido que una obligación declarada por sentencia hace más de 2 años, pueda ser objeto de reclamación.

El motivo de apelación que esgrimimos, debe estimarse, declarando prescrita la acción ejercitada por aplicación del artículo 1.971 del cc. 

SEGUNDO: EL PRONUNCIAMIENTO DE FONDO DE LA SENTENCIA    APELADA 

El pronunciamiento sobre el fondo del asunto que hace la sentencia apelada, se apoya en el fundamento jurídico segundo, con arreglo al cual, la Sra. Juez de Instancia sostiene:

1.- Que la contraparte suscribió un laudo, en cuyo pronunciamiento primero se contemplaba.

2.- Que del conjunto de la prueba documental unida a autos, se desprende que se produjo la entrega efectiva de la cantidad a la que aludimos.

3.- Y que mi representado nunca llegó a entregar las cantidades que se mencionan en el laudo a ninguno de sus hijos, incumpliendo con ello la obligación asumida en el contrato en cuestión.

Dejando a un lado la imprecisión terminológica constante en la sentencia apelada, en la que se confunde un laudo con un contrato, consiguiendo hacer olvidar el auténtico origen de la obligación reclamada en la demanda inicial, lo que se deduce de la prueba practicada en los autos, documental y testifical, no es lo que sostiene la sentencia.

Sabemos que la prueba se ha de valorar en su conjunto y que no cabe extraer de ella algunos elementos probatorios que puedan ser favorables a las pretensiones de cada una de las partes, porque con ello se olvida el conjunto que dichos elementos de prueba forman para la convicción del Juzgador.

El análisis de estos documentos, necesario para valorarlos, conduce en primer lugar a la sorpresa de que las propias demandantes se apoyan en los documentos 2, 3 y 4 de su demanda, para sostener que el señor Letrado, abogado de mi mandante según la demanda inicial.

Como se ve, las versiones son netamente diferentes. La Sra. Juez de Instancia satisface las pretensiones de las demandantes de forma distinta a cómo las actoras se lo solicitan, según los documentos; y así, al contrario que las demandantes.

No es fácil encontrar más desatinos en la valoración de la prueba documental, pues el laudo fue dictado y no suscrito por mi patrocinado, la cantidad no fue entregada, toda vez que aquél se la entregó al árbitro y no a mi mandante.                        La valoración de estos documentos debió haber llevado a la sentencia apelada a concluir, que se cumplió el laudo a su manera, que, desde luego, no fue entregando el dinero a  mi cliente , sino solicitando del árbitro que cumpliera la obligación impuesta, prescindiendo de mi mandante a todos los efectos.

Esta conclusión dista mucho de la que debe corresponder a una valoración de la prueba en su conjunto.

De todo ello se infiere que la sentencia apelada obtiene una conclusión, la incorporada a su fallo, que no se desprende de la prueba documental obrante en autos, valorada en su conjunto, por lo que el pronunciamiento de fondo que combatimos no se ajusta a derecho.           

TERCERO: EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE COSTAS

Las costas de la instancia son impuestas a mi patrocinado, por imperativo, dice la sentencia apelada, del artículo 394 de la LEC, en la medida que no cabe entender que se haya producido una estimación parcial de la demanda.

Esta decisión, infringe por violación, el artículo 394 de la Ley Procesal, y para comprobarlo,

Si no es una estimación parcial de la demanda, un fallo que concede a las actoras bastante menos de la mitad de lo que solicitan, habrá que convenir que, o no existen estimaciones parciales, o esta representación no entiende, ni el castellano, ni una aritmética elemental.

El artículo 394 de la LEC, de manera imperativa, impone las costas en los procesos declarativos a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. Todas significa todas, de manera que, si una sola de las pretensiones es acogida, la estimación de la demanda es parcial, y cada parte debe abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, conforme establece el artículo 394.2 de la Ley de Ritos.

En el suplico de la contestación a la demanda, se solicitó, con carácter subsidiario, precisamente lo que estima la sentencia apelada. Basta ver el documento número 2 acompañado al escrito de contestación a la demanda, para entender que solicitamos en su momento que, en caso de estimación de la demanda, el devengo de intereses.

Por consiguiente, no sólo no se estima la demanda en su totalidad, sino que se estima, y con creces, una de las pretensiones de la parte demandada, la formulada con carácter subsidiario en el número 6 de la súplica de la contestación a la demanda.

Lo anterior significa que el pronunciamiento sobre costas que contiene la sentencia apelada no se ajusta a derecho, por infringir lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC, al que se acoge, debiendo ser sustituido por otro en el que se ordene, para la primera instancia, que cada parte pague las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

En su virtud

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito con su copia, se sirva admitirlo, y a su vista, tenga por cumplimentada la providencia citada en cabecera y por interpuesto RECURSO DE APELACIÓN contar la sentencia dictada en estos autos, acordando, previo el trámite que proceda, la remisión de la todo lo actuado a la Audiencia Provincial de Madrid para la resolución del recurso interpuesto.Y

SUPLICO A LA SALA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID que teniendo por recurrida la sentencia dictada en los presente autos, previo el trámite oportuno, dicte sentencia por la que se estime el recurso y se acuerde la revocación de la apelada, dictando otra, más ajustada a derecho por la que se desestime la demanda inicial interpuesta en contra de mi mandante, por haber prescrito la acción.

Recurso de multa


Ejemplo de recurso de multa

recurso de multa

EXP.Nº

A LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE PALENCIA

DOÑA ALFONSA SUPUESTA, con D.N.I. núm.00000000000000 y domicilio a efectos de notificaciones en Madrid, Calle Alcalá., en su propio nombre y derecho COMPARECE Y DICE:

Que con fecha 1 de Enero de 2000, se me ha notificado la incoación del expediente de referencia en virtud de la denuncia formulada con fecha 2 de Enero de 2000, que se acompaña como DOCUMENTO Nº 1, copia de dicha notificación para mejor identificación, y no estando conforme con sus términos, vengo a formular en tiempo y forma ESCRITO DE DESCARGOS en virtud de las siguientes,

ALEGACIONES

PRIMERA.- El día de los hechos, cuando me ordenaron parar los Agentes de Tráfico me extrañó que así lo hicieran, pues soy una persona respetuosa con las normas de circulación, y tenía la creencia cierta de no haber infringido ningún precepto del Código de Circulación.

SEGUNDA.- Antes que nada, quiero hacer constar, que el titular del seguro del vehículo modelo Mercedes Benz  y con matrícula M00000 es mi marido, D. Esposo.

Que dicho vehículo, esta asegurado con la “Mutua Madrileña Automovilista”, con domicilio en la Calle Almagro núm. 9 de Madrid, núm. de póliza 0-000000 siendo la validez del mismo, desde el 31 de diciembre de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2010, estando al corriente de pago de la pólizaEN EL MOMENTO DE LA SANCION.

TERCERA.- Dicho lo anterior, y retomando el hilo de los hechos, el Agente de la Guardia Civil, me comentó que se trataba de un control rutinario, y acto seguido me indicó, que le mostrara mi documentación, así como la que se refería al vehículo.

Le fui mostrando uno a uno, todos los documentos del vehículo, y cual fue mi sorpresa, que al llegar al documento relativo al del seguro obligatorio me informó que el recibo mostrado estaba caducado desde el 1 de Noviembre de 2013, y que los otros dos documentos mostrados al Agente, no tenían validez. El primero de los documentos, fue el de la “Poliza a todo riesgo” del seguro obligatorio, el cual induce a pensar de que si era poseedor del seguro, teniendo la firme convicción que con este documento demostraba que el seguro era perfectamente válido; y respecto al segundo documento, (que se acompaña como documento núm. 2), es una comunicación de la Aseguradora de fecha 1 de Agosto  de 2012, en la que se acusa recibo de la domiciliación bancaria para el pago de los recibos de la póliza, único documento que poseía en ese momento, ya que hasta la fecha mi Aseguradora no me había remitido el recibo acreditativo del pago para el siguiente periodo, que va desde el 2 de Noviembre de 1995 al 1 de diciembre de 2012; por lo que considero, la aplicación, por parte del Agente, del cumplimiento del Código de Circulación de manera demasiado estricta, y máxime cuando se le había comentado que todo estaba en orden y que el mismo había sido abonado.

Con ello se demuestra, que a fecha de la sanción el vehículo estaba perfectamente asegurado, y que si en ese momento no estaba en posesión del recibo de pago correspondiente, fue por una causa no achable a esta parte. Por lo que, suponiendo que se hubiera producido en ese período, algún evento durante la conducción de mi vehículo, no hubiera habido ningún tipo de problema.

En base a lo anterior, esta parte considera que ha sido excesiva la sanción cuando realmente todo estaba en regla, que por una excesiva rigurosidad del Agente en el desempeño de su función, haya sido sancionada, y que por otro lado no fueron atendidas mis alegaciones en el momento en que el Agente me impuso la sanción.

CUARTA.-.- Por último, mostrar mi mas profunda queja, ante situaciones, tan irrelevantes como es esta, en que los Agentes de Tráfico se toman excesivo celo en el cumplimiento de su trabajo, imponiendo una sanción que a mi juicio ha sido de una excesiva rigurosidad, no mostrando en otras situaciones mas graves el mismo empeño.

En virtud de cuanto antecede vengo a solicitar la práctica de los siguientes medios, basándose esta parte en los arts. 12 y 13 del Reglamento Sancionador en materia de Tráfico, dePRUEBA

1º DOCUMENTAL, consistente en que por el …………2º MAS DOCUMENTAL, consistente en que por la Jefatura de Tráfico de Madrid, acredite que el vehículo con matrícula M-5741-WB, cuyo titular es Dña. Miryam Ainhoa del Carre Díaz, tiene el Seguro Obligatorio.

3º TESTIFICAL, consistente en la declaración del Agente denunciante, acreditando la veracidad de los hechos de la denuncia, correspondiente a la supuesta infracción.

En su virtud,

SUPLICO A LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE PALENCIA, que teniendo por presentado el presente escrito de descargos, con los documentos que se acompañan, se sirva admitirlo, se tengan por realizadas las alegaciones que contiene, y tras la práctica de las pruebas propuestas y demás trámites legales, se sirva acordar el sobreseimiento del expediente de referencia, exonerándome de toda responsabilidad.

recurso contencioso administrativo


Recurso contencioso-administrativo en procedimiento ordinario

AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN 01

DON JOSE MARTIN, Procurador de los Tribunales y de DON CLIENTE, representación que tengo acreditada en recurso contencioso administrativo procedimiento ordinario número 5/2.013, ante la Sala comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO

Que mediante el presente escrito, en la representación que ostento, cumplimento diligencia de ordenación de fecha 3/05/2.013, notificada en día 4 del mismo mes y año, y formalizo al amparo del artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción DEMANDA DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con apoyo en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

Los que se derivan del expediente administrativo, remitido por el TEAR de Madrid a requerimiento de la Sala, a la que me honro en dirigirme, practicado con fecha 9/12/2.012, con registro de entrada en el TEAR de 18/12/2.012.

SEGUNDO.-  

            Los que se derivan del nuevo expediente administrativo, remitido por el mismo Tribunal, que completan los del anterior, a requerimiento de la Sala, practicado con fecha 9/12/2.012, con registro de entrada en el TEAR de 18/12/2.012.

Este expediente que aparece foliado, hasta el folio número 2, incorpora el expediente sancionador remitido por la Agencia Tributaria y señalado con el número 00000010001000

Son también hechos de la presente demanda, los que se derivan de dicho expediente sancionador que, infortunadamente, no está completo (faltan las alegaciones de mi representado a la propuesta de sanción) y además, está sin foliar, con la dificultad que ello entraña para la cita y referencia de los documentos.

A estos hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

COMPETENCIA.- Es competente en la Sala a la que tengo el honor de dirigirme, conforme a lo dispuesto, tanto en la resolución recurrida de manera expresa, como en el artículo 10.1 d) la Ley de la Jurisdicción.

II

PROCEDIMIENTO.-  Deberán seguirse las normas contenidas en los artículos 45 a 69 de la Ley Reguladora, que regulan el recurso contencioso administrativo.

III

POSTULACIÓN.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley de la Jurisdicción, mi patrocinado interviene representado por Procurador habilitado con poder bastante y asistido por el Letrado del ICAM, Don Jose Martin Garcia.

IV

LEGITIMACIÓN.- No cabe duda de la legitimación que ostenta mi patrocinado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Reguladora, en cuanto sancionado por la Administración Tributaria, autora del acto lesivo para sus intereses.

V

FONDO DEL ASUNTO.- Constituyen motivos del recurso contencioso administrativo, los siguientes:

Primero: Nulidad del expediente sancionador y de la sanción impuesta. 

En el expediente administrativo remitido, figura, como hemos dicho, el expediente sancionador de la AEAT, delegación de Madrid, seguido en contra de mi representado.

Con independencia del desastre de dicho expediente, pues en su índice documental se relaciona como documento las alegaciones de mi mandante contra la propuesta de imposición de sanción, a pesar de que dicho escrito de alegaciones, fechado en 1 de marzo de 2.010, no ha sido incorporado al expediente, lo que de por sí debería suponer la nulidad del mismo, resulta que la inspección comenzó su actuación con la comunicación, que aparece sin foliar en el expediente, de fecha 2 de junio de 2.010, notificada a mi representado en día 20 del mismo mes y año.

El día 10 de septiembre de 2.010, mi mandante, tras haber conferido su representación a Don Cliente, en documento de la misma fecha, compareció ante la inspección y aportó lo que le había sido solicitado. Así aparece en el expediente sancionador que, repetimos, sin foliar, ha sido unido al expediente administrativo.

El día 7 de octubre de 2.010, pasados ya más de cuatro  meses, tuvo lugar la diligencia de constancia de hechos.

Y, por fin, el día 10 de noviembre de 2.010 se acordó el inicio del procedimiento sancionador.

Más recientemente, los artículos 81.6 de la LGT, en su redacción dada por la Ley 53/2.002, y el 209 de la vigente LGT (Ley 58/2.003 de 17 del 12), han zanjado la discusión, estableciendo que los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un proceso de comprobación e investigación, no podrán iniciarse una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiera notificado, en nuestro caso desde marzo de 2.010, como mucho, desde  de julio de 2.010, fecha en la que se pone de manifiesto la infracción.

Segundo: Infracción del principio de legalidad del derecho sancionador 

Es sobradamente conocido, pues constituye la base o raíz del procedimiento sancionador, que las infracciones han de estar tipificadas y las sanciones también y que, por lo tanto, a cada infracción tipificada ha de corresponder una sanción asimismo tipificada, de manera que no es dable aplicar una sanción, prevista para una determinada infracción, a otra infracción que, como tal, tiene que tener su sanción prevista, siendo forzoso aplicar precisamente esa y no otra de las tipificadas.

La violación de estas reglas elementales que, por obvias, nos dispensan de la citación de los preceptos que las establecen, conduce a la infracción del principio de legalidad del derecho sancionador, y tal es lo que ha ocurrido con el expediente sancionador, objeto de este recurso.

Dicho ésto, el acta considera esta conducta como voluntaria y se aprecia, para mi mandante, el concurso de negligencia, cuando menos, para justificar de esta manera la procedencia de la sanción, conforme a lo dispuesto en el artículo 77.1 de la LGT entonces aplicable, que era la Ley 230/63 de 28/12, modificada por la Ley 25/95 de 20 de julio.

O sea, la AEAT, en el acta de inicio del expediente considera que la infracción cometida por mi patrocinado es la infracción tipificada en el artículo 78. a) de la LGT, en la redacción dada a este precepto por la Ley 25/95.

El expediente sancionador infringe el principio de legalidad, porque después de tipificar la conducta de mi patrocinado, como incursa en la infracción simple del artículo 78.1.a), aplicó la sanción tipificada en el artículo 83.2 de la LGT, sanción que corresponde, no a la infracción de la letra a) del artículo 78, sino a la infracción de la letra b) del mismo artículo.

En definitiva, se aplica a mi patrocinado una sanción que corresponde a quien incumple el deber de suministrar datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones profesionales con terceras personas, establecido en los artículos 111 y 112 de la LGT.

Es claro que mi mandante no es autor de esta conducta, primero porque la propia AEAT así lo reconoce, cuando inicia el expediente sancionador por la infracción del artículo 78.1.a); y segundo porque mi mandante jamás incumplió el deber de suministrar y entregar los datos; pudo retrasarse en hacerlo, e incluso cabe pensar que fue negligente por el retraso (nosotros tampoco lo admitimos, ya que el olvido fue involuntario y debido a circunstancias ajenas a la voluntad), pero lo que no cabe es entender que incumplió el deber de suministrar los datos, toda vez que si lo hubiera incumplido, nunca los habría aportado, y, sin duda, lo hizo en la diligencia de 5 de julio de 2.000.

La violación del principio de legalidad es palmaria, en cuanto se aplica a una infracción simple, no la sanción tipificada para dicha infracción, sino la tipificada para otra infracción que mi patrocinado jamás pudo cometer.

Esta violación del principio de legalidad se produce por infringir, como lo hace el expediente sancionador, los artículos 78.1.a), y 83.1, y por aplicar indebidamente los artículos78.1.b) y 83.2, todos de la LGT.

La consecuencia de todo lo anterior es que el expediente sancionador es contrario a derecho y así se debe declarar, modificando la sanción impuesta y sustituyéndola por la máxima de  tipificada en el artículo 83.1 de LGT, en la redacción dada al mismo por la Ley 25/95 de 20 de julio.

Aplicando esta sanción máxima, de corrige además, otro de los errores en que incurre el expediente sancionador: la desproporción entre la conducta y la sanción, que en el caso que nos ocupa es verdaderamente escandalosa.

La resolución del TEAR ni se da cuenta de este tipo de cuestiones de derecho. No es que no las tenga en cuenta, es que ni se fija en que existe una infracción tan clara del principio de legalidad, a pesar de que ha tenido a la vista el acuerdo de iniciación del expediente, en el que la conducta que se analiza es la correspondiente a la infracción de la letra a) del artículo 78, y la sanción que se aplica es la del número 2 del artículo 83, prevista para la conducta, tipificada como infracción en la letra b) de dicho artículo 78.

Pero claro, ¿qué se puede esperar de un Tribunal que, como fundamentos de su resolución, se limita a transcribir los artículos de la Ley, sin un solo razonamiento de por qué son aplicables a la conducta enjuiciada?

Tercera: Infracción del artículo 83.2 de la Ley General Tributaria

Ya hemos visto en el motivo anterior, que el artículo 83.2 de la LGT, en la redacción dada al mismo por la Ley 25/95 de 20 de julio, fue indebidamente aplicado en el expediente sancionador, por cuanto tipifica una sanción para una conducta que no fue en la que incurrió mi mandante, quien jamás incumplió el deber de entregar los datos que le fueron requeridos, sino que los entregó con retraso.

El TEAR pasa en este asunto como sobre ascuas; en su fundamento quinto se limita a decir que “los datos requeridos sí se refieren a la actividad desarrollada por mi mandante en contra de lo alegado”.

Es decir, porque sí. Sin motivación alguna, porque le da la gana al funcionario de turno que ni siquiera quiso estudiar este argumento, aunque no fuera más que para denegarlo.

Al contrario que el TEAR, esta parte sí lo ha estudiado y entendemos que los datos exigidos en el impreso modelo 198, no son datos que se refieran a la actividad empresarial o profesional de mi patrocinado.

La profesión de mi representado es la de Notario. En la fecha del expediente sancionador era Corredor de Comercio colegiado. En el ejercicio de su profesión, su actividad era la de mediador, y su negocio o empresa es cobrar las minutas devengadas por mediar, como consecuencia de las solicitudes hechas por terceros.

Los datos a que se refiere el modelo 198 son datos correspondientes a operaciones con terceros, es decir el número e importe de las operaciones hechas por terceros, en las que mi mandante hubiere mediado, con activos financieros y otros valores mobiliarios. El modelo 198 no se refiere a operación alguna, empresarial o profesional, propia del mediador.

La LGT, en el citado artículo 83, distingue perfectamente ambas actividades: por un lado, se exigen los datos deducidos de las relaciones profesionales con terceros, y por otro se exigen también los datos referidos a la actividad profesional propia del mediador.

En el expediente sancionador, se olvida esta importante diferencia y, en aras de sancionar lo más posible,  se confunde la obligación de informar de las operaciones con terceros, con la obligación de las operaciones propias.

En definitiva, la información que deben proporcionar los Corredores de Comercio, por imperativo de los artículos 111 y 112 de la LGT, la prevista en el modelo 198, no es una información referida a su propia actividad profesional y, consiguientemente, su omisión o falta de declaración, sólo se puede sancionar con el máximo a que se refiere el artículo.

Cuarto: Infracción del principio de jerarquía normativa, por violación del artículo 10 de la Ley General Tributaria 

En la resolución del TEAR, esta alegación, hecha por mi mandante en vía administrativa, se resuelve señalando que el enjuiciamiento de la legalidad de las disposiciones generales, corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

A tal efecto, sostenemos ante esta Jurisdicción, y ello es el cuarto motivo de nuestro recurso, que el acuerdo por el que se impone la sanción infringe el principio de jerarquía normativa, por violación del artículo 10 de la LGT, aplicable en el momento del acuerdo y del artículo 8.g) de la vigente LGT.

Dicho de otra forma, conociendo la AEAT a ciencia cierta, o debiendo conocer  que un Reglamento, el RD 1.930/98, hoy derogado, contiene un precepto, su artículo 15, que hace imposible la aplicación de la Ley en la medida de que no es posible aplicar la sanción que tipifica la Ley para la conducta enjuiciada, al amparo de dicho artículo 15 impone la sanción a mi patrocinado, aun sabiendo que la aplicación del Reglamento modifica la sanción tipificada en la Ley e infringe el principio de jerarquía normativa.

En su virtud, reiterando los argumentos que hicimos valer en la vía administrativa, señaladamente los que se refieren a la enorme desproporción de la sanción impuesta, con la infracción que se considera cometida.

SUPLICO A LA SALA que teniendo por presentado este escrito con su copia, se sirva admitirlo, y teniendo por cumplimentada la providencia citada en cabecera, tenga por formalizada DEMANDA DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO número 3.175/2.003, sustanciar los autos por los tramites de los artículos 45 a 69 de la Ley Reguladora y previo el tramite oportuno, dicte sentencia por la que se estime el recurso interpuesto por incurrir la resolución recurrida y la sanción por ella confirmada en infracción del ordenamiento jurídico, declarando no conforme a derecho la sanción impuesta, anulándola y anulando el acto recurrido.

recurso en interés de la Ley


 Naturaleza y concepto de este recurso

El llamado recurso en interés de la ley, que recoge la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 en los artículos 490 a 493, es un instrumento jurídico que a pesar de su denominación legal, este instrumento no constituye propiamente un recurso ya que:

La sentencia que se dicte cumple exclusivamente una función pública, consistente en procurar para el futuro la seguridad jurídica, en todo el territorio del Estado, mediante la unificación en la interpretación de las normas que rigen los actos y garantías del proceso, corrigiendo la posible disparidad de criterios que pudiera surgir entre los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma.

No están legitimados para interponerlo quienes hayan sido parte en el proceso, sino únicamente determinadas instituciones y excepcionalmente ciertas corporaciones de Derecho público que acrediten un interés legítimo.

La sentencias contra las que puede interponerse tienen la consideración legal de firmes (artículos 476.4 y 207.2)

No se trata de reparar con él el gravamen que hayan podido sufrir quienes fueren parte por efecto del contenido de la sentencia dictada por el Tribunal Superior, sino que las situaciones particulares resueltas y derivadas de lo decidido en el recurso por infracción procesal quedan en todo caso intactas.

En definitiva, el llamado recurso en interés de la ley consiste en un medio para la unificación de la doctrina jurisprudencial que pueden promover el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y determinadas personas jurídicas de Derecho Público con interés legítimo, en pleitos en que no hayan sido parte, con la única finalidad de formar jurisprudencia en aquellas materias de naturaleza procesal, resueltas de modo discrepante por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia al conocer de los recursos extraordinarios por infracción de ley procesal, en que resulte conveniente la fijación de un criterio, o su unificación, por el Tribunal Supremo, dejando intactas en todo caso las situaciones jurídicas particulares que hubieran sido resueltas por la resolución recurrida. La eficacia unificadora de la sentencia del Tribunal Supremo se manifestará en el futuro y sobre otros casos posteriores, en virtud del carácter vinculante que le atribuye el artículo 493 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Oposición a recurso de apelación civil


Oposición a recurso de apelación a sentencia de separación

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM 1 DE MADRID
PARA ANTE
LA SALA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Don Procurador de los Tribunales y de DON Representado, representación que tengo acreditada en autos de procedimiento de separación contenciosa 1/12, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO:

Que me ha sido notificada, con fecha 1 de Mayo de 2011, providencia dictada en 1 de Abril de 2011, por la que se tiene por presentado escrito de recurso de apelación contra la Sentencia dictada en este proceso y se confiere traslado a esta parte, para presentar escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la Sentencia apelada.

A tal efecto, cumpliendo el proveído que se indica, al amparo de lo previsto en el artículo 461 de la LEC, formulo ESCRITO DE OPOSICION AL RECURSO DE APELACION, con apoyo en las siguientes:

ALEGACIONES

PRIMERA.- En el escrito de preparación del recurso de Apelación el apelante, anuncia su recurso contra dos pronunciamientos de la sentencia apelada: el pronunciamiento que fija la cantidad destinada a pensión alimenticia y el pronunciamiento que desestima la concesión de pensión compensatoria a la esposa.

Sin embargo, en su escrito de interposición, se combate únicamente, en un único motivo, el pronunciamiento que fija la cantidad destinada a pensión alimenticia, por lo que el pronunciamiento relativo a la pensión compensatoria no es objeto de recurso, de donde será forzoso inferir que dicho pronunciamiento queda firme, al igual que el resto de los que contiene la sentencia, excepción hecha de la cantidad a fijar por alimentos que, conforme a la suplica del escrito de interposición del recurso, debe ser la única cuestión a debatir en esta alzada.

SEGUNDA.- El recurso se apoya en unos antecedentes incompletos y en un único motivo: el error en la apreciación de la prueba.

Para completar los antecedentes, voluntariamente omitidos por el apelante en lo que le perjudican, bastará transcribir lo que la sentencia considera probado, en relación con la única cuestión debatida en la apelación.

Dice la Sentencia apelada en su fundamento jurídico segundo: “De la documental aportada resulta que …. (el subrayado final es nuestro).

TERCERA.- El único motivo del Recurso es, como señalábamos, el error en la apreciación de la prueba, que para el apelante resulta evidente, porque emplea el procedimiento condenable de no valorar la prueba en su conjunto, sino solo la de aquellos elementos que puedan apoyar sus intereses, olvidando, por supuesto, aquellos aspectos de la prueba que obra en autos que son contrarios a dichos intereses.

Frente a tan parcial postura, la sentencia apelada valora la prueba en su conjunto, obteniendo unas conclusiones que deben considerarse ajustadas a derecho. Es verdad que, si se analizan por separado muchos de los elementos de la prueba obrante en autos, dichas conclusiones pueden ser perjudiciales para alguna de las partes, pero son bastante mas perjudiciales para mi patrocinado, que para su esposa, toda vez que la sentencia olvida realidades que están probadas en el proceso y que, tal vez, debieran haber conducido a la Juzgadora a fijar una pensión por alimentos, muy inferior a la fijada en la medida tercera del fallo.

Así sucede, por ejemplo, con los documentos 3 a 19, unidos al escrito de contestación a la demanda, por los que se acredita que los gastos a los que tiene que hacer frente, obligatoriamente con motivo de su separación, ascienden a 1000 € mensuales, que constituyen el 50% de todos los ingresos que percibe ( hecho segundo de la contestación a la demanda), lo que motivó la propuesta de esta parte, que no ha sido acogida por la sentencia, de pagar una pensión máxima de alimentos de 800 € mensuales (el 40% de sus ingresos) como única manera de evitar el endeudamiento progresivo que ahora padece.

Lo mismo sucede con el pacto al que ambos cónyuges llegaron para separarse, que incluía la venta del domicilio familiar, pacto reconocido y probado en autos por Doña Contraria en su declaración en el proceso de medidas y en estos autos; e incumplido palmariamente por ella con el resultado de cercenar todas las posibilidades de mi mandante de poder adquirir un domicilio para sí (hecho segundo de la contestación a la demanda).

El olvido de estos elementos de prueba obrantes en los autos, justificaría, si seguimos la conducta del apelante, que esta representación; no solo se opusiera al recurso, sino que impugnara la sentencia por el mismo motivo por el que la ataca el apelante: el error en la apreciación de la prueba.

Sin embargo, tanto del conjunto de la Doctrina, como de la Jurisprudencia conocemos, que el Juzgador en su sentencia está obligado a valorar la prueba en su conjunto, aunque la valoración de la prueba del conjunto, de la resultante en autos, conduzca en ocasiones, a conclusiones contrarias a alguno de los elementos de prueba que forman dicho conjunto, razón por la que, a nuestro modo de ver, la impugnación de la sentencia en este caso, y por este motivo, estaría condenada al fracaso.

CUARTA.- Frente a esta realidad jurídico-procesal, son inútiles alegaciones como las que el apelante hace en su recurso, máxime, si además, tales alegaciones faltan tan manifiestamente a la verdad.

En efecto, decir que Doña Contraria no recibe cantidad alguna, en concepto de dividendos, retribución o salario por parte de nadie, es ir en contra, primero de la verdad, y segundo de la lógica.

Para comprobar la falta a la verdad:

a) basta ver las declaraciones de IRPF de Doña Contraria, en las que aparecen ingresos que no tienen nada que ver con la nomina que declara de 1.000 € al mes;

b) basta comprobar, a partir de la información del banco, unida a los autos, que en una de las cuentas de las que es titular.
c) basta ver sus declaraciones, prestadas en el proceso, en las que dice percibir ingresos como decoradora, sin expedir facturas, y por tanto de cuantía desconocida.

QUINTA.- No es cierto, finalmente, que mi patrocinado tenga ingresos, como se dice en el escrito de recurso, con absoluta ligereza de 10.000 € al mes.

La prueba documental acredita que los ingresos de D. Cliente son de 2000 € al mes, con los que tiene que hacer frente, no solo a los gastos a que la sentencia apelada le condena, sino a los gastos obligatorios que le supone el tener que vivir fuera de su domicilio.

SEXTA.- Consecuencia de todo lo anterior es, que las alegaciones que contiene el recurso, en defensa de su único motivo, son alegaciones, no solo contrarias a la prueba obrante en autos valorada en su conjunto, sino contrarias a la realidad probada en autos por documentos y declaraciones, que no cabe tergiversar con la sola finalidad de interponer un recurso de apelación.

Por el contrario, la Sentencia apelada, cuando valora la prueba obtiene un resultado que no es contrario a la realidad de los hechos, ya que es obvio que los ingresos fijos que la esposa declara, son inferiores a los que declara el marido y que la suma de ambos ingresos es inferior al nivel de gastos en que ha venido incurriendo la unidad familiar. Ello revela que se ha venido manteniendo con otros ingresos distintos de los declarados y desde luego superiores.

Y en este sentido, sin duda la esposa tiene unas posibilidades económicas superiores, porque son realmente fuera de serie, muy poco comunes; y en ocasiones tales posibilidades ha alcanzado al marido, cuando ha conseguido realizar actividades complementarias que le han permitido obtener otros ingresos, distintos de los fijos, que, cuando vivía en familia, podía destinar íntegramente a su esposa e hijos.

En la actualidad, dado que mi patrocinado tiene que hacer frente a gastos obligatorios para poder vivir por su cuenta, y atender a sus hijos, gastos que antes no existían, la decisión judicial le obliga a pagar por alimentos de sus hijos, más del 70% de sus ingresos fijos, sin tener, de otro lado, posibilidad alguna de disponer de su propio patrimonio, pues este viene constituido, únicamente, por el domicilio familiar cuyo uso se atribuye a la esposa.

A pesar de todo, ello no parece motivo suficiente para impugnar la sentencia, ya que, aun cuando mi patrocinado no va a tener otro remedio que endeudarse o duplicar su trabajo en busca de actividades complementarias, solo redundará en favor de sus hijos menores.

Por lo expuesto y porque la Sentencia se ajusta a Derecho en la valoración en su conjunto de la prueba, practicada en los autos, debe confirmarse en esta segunda instancia, imponiendo no obstante las costas de la alzada al apelante, por su evidente temeridad, al alzarse contra una sentencia mucho mejor que la que debería haber obtenido con su demanda, contraria a la manera amistosa de separación, que fue acordada por ambos cónyuges, cuando decidieron poner fin a su vida en común.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, con su copia, se sirva admitirlo y teniendo por cumplimentada en tiempo y forma la providencia citada en la cabecera; tenga por formulado ESCRITO DE OPOSICION AL RECURSO DE APELACION y por opuesta a esta parte al Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia dictada en estos autos; para previo el tramite oportuno, remitir a la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid todo lo actuado en orden a la resolución del recurso; y

SUPLICO A LA SALA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID que, en mérito a lo expuesto, y previo el tramite oportuno, dicte Sentencia desestimando el Recurso de apelación interpuesto por la representación de Doña Contraria confirmando la Sentencia de instancia en todas sus partes y condenando a la parte apelante, al pago de las costas de esta apelación.

Por ser de Justicia que pido en Madrid a 1 de Mayo de 2012.

A %d blogueros les gusta esto: