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Recurso contencioso administrativo


AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN 001 

Procurador de los Tribunales y de Mi Representada S.L., representación que tengo acreditada en recurso contencioso administrativo procedimiento ordinario número 1/2.010, ante la Sala comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO 

            Que mediante el presente escrito, en la representación que ostento, cumplimento diligencia de ordenación de fecha 01/01/2.011, notificada en día 10 del mismo mes y año, y formalizo al amparo del artículo 52 de la Ley de la Jurisdicción DEMANDA DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con apoyo en los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

            Los que se derivan del expediente administrativo, que, incumpliendo lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción, está sin foliar.

            A estos hechos son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I COMPETENCIA.- Es competente en la Sala a la que tengo el honor de dirigirme, conforme a lo dispuesto, tanto en la resolución recurrida de manera expresa, como en el artículo 10.1 d) la Ley de la Jurisdicción. 

II PROCEDIMIENTO.-  Deberán seguirse las normas contenidas en los artículos 45 a 69 de la Ley Reguladora, que regulan el recurso contencioso administrativo.  

III POSTULACIÓN.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley de la Jurisdicción, mi patrocinada interviene representada por Procurador habilitado con poder bastante y asistido por el Letrado del ICAM, Don José Martín.

 IV LEGITIMACIÓN.- No cabe duda de la legitimación que ostenta mi patrocinada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Reguladora, en cuanto destinataria del acto administrativo recurrido. 

V FONDO DEL ASUNTO.- En la resolución recurrida, aparece un único fundamento jurídico de fondo, el artículo 6.1 de la Ley 3/93 de 22 de marzo, artículo que el funcionario que resuelve el recurso ni siquiera sabe leer, pues en su afán de apoyar el informe emitido por la Cámara de Comercio, confunde voluntariamente los tiempos verbales.  

            El informe que figura en el expediente, con registro de salida de la Cámara número 11111 de 30/12/2.011, firmado por quien se denomina Secretario General de tan peculiar Organismo, se apoya a su vez en el objeto social de mi patrocinada y no en la actividad que realiza; también los artículos 1 y 116 del C.de Co, a los que el precepto de la Ley 3/93, invocado en la resolución recurrida, ni siquiera se refiere. El informe, por lo tanto, es contrario a derecho por contrario al precepto legal invocado y, no obstante ello, se sigue miméticamente en la resolución recurrida.  

            El artículo 6.1 de la Ley 3/93 dice que son electores las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras QUE EJERZAN actividades comerciales, industriales o navieras, en territorio nacional.  

            Nótese el tiempo del verbo, presente de subjuntivo, porque sólo fijándose en el tiempo verbal, es decir, sabiendo leer, se deduce que el legislador, no ha querido incluir como electores, a quienes no ejerzan tales actividades, aunque las puedan ejercer, porque el objeto social se lo permita o porque a su interés convenga.  

            Por ese motivo, el número 3 del mismo artículo fija una condición objetiva para entender, que la persona en cuestión ejerce una actividad comercial, industrial o naviera: cuando por esta razón quede sujeta al IAE o tributo que lo sustituya.

             Por consiguiente, si una persona física o jurídica no tributa por el IAE, no cabe entender que ejerza la actividad comercial, industrial o naval, que es el requisito exigido por la Ley, para ser considerado elector de la Cámara; y ello sin perjuicio de que el objeto social de una persona jurídica, le permita, cuando así convenga a sus intereses, darse de alta en el impuesto para ejercer la actividad comercial de que se trate, momento en el cual, sin duda, deberá ser considerado como elector de  la Cámara. De otra parte, este aspecto es fácil de acreditar, con sólo recurrir a quienes estén tributando por el impuesto que son los únicos que pueden ejercer la actividad.

             Para orillar este problema, insoluble para los intereses de la Cámara, la resolución recurrida no duda en faltar a la verdad, pues, tras afirmar en su fundamento segundo que no consta que mi representada tribute por IAE, sostiene que la actividad que desarrolla, según el RM, no es la mera tenencia de bienes, ya que su objeto social le permite desarrollar otras actividades, lo que convierte a mi mandante en elector de la Cámara.

             Se le olvida añadir, lógico porque ello iba en contra de los intereses de la Cámara, que para desarrollar otras actividades que no sean la mera tenencia de bienes, el artículo 4º de los estatutos de mi patrocinada, que regula su objeto social, exige que “no podrá la sociedad iniciar actividad específica alguna de las que se contemplan en el objeto social, sin cumplir el oportuno requisito administrativo que, en cada caso, sea exigible”. En el caso que nos ocupa, el requisito para realizar una actividad comercial de las que permite el objeto social, sería el alta en el IAE, sin cuyo cumplimiento mi patrocinada no puede ejercer actividad comercial alguna y por eso no las ejercita. 

            Acompañamos como documento número 1 copia del artículo 4º de los estatutos sociales de mí representada que regula el objeto social. 

            Es decir, la resolución recurrida, partiendo de una suposición inadmisible, inventa que la sociedad que represento está ejercitando actividades comerciales, y además sin pagar el IAE. O sea, está suponiendo que Mi Representada S.L. incumple la legislación fiscal, y además la legislación mercantil porque no cumple sus propios estatutos; y no duda en suponer este disparate, con tal de asegurarse un elector más y un contribuyente más. Es obvio, que al autor de la resolución recurrida no le importa, ni poco ni mucho, incumplir el texto del propio precepto que invoca, ni hacer presunciones que no son admisibles, invocando para ello parcialmente el artículo que regula el objeto social de una sociedad mercantil. Y todo con tal de considerar a la fuerza, como elector a quien no lo es.

             A este cúmulo de despropósitos, se suma el triste informe de la Cámara de 30/12/2.011, antes aludido, que figura en el expediente y en el que se apoya la resolución recurrida. Este informe invoca los artículos 1 y 116 de C. de Co, invocación llamativamente contraria a derecho, toda vez que, una cosa es que el código establezca quién es comerciante o que el contrato de sociedad es mercantil, y otra bien distinta es que todas las compañías mercantiles ejerzan necesariamente el comercio, aunque no cumplan ni los requisitos de su ley sustantiva (los estatutos), ni los que impone la legislación fiscal. 

            Frente a lo sostenido por la resolución recurrida, mi patrocinada no ejerce, aunque pueda hacerlo, actividad comercial alguna, no está sujeta al IAE porque no las realiza y por eso no paga, ni consta que tribute por el impuesto. Su actividad única, desde la constitución hasta el día de hoy, es la tenencia y disfrute de bienes muebles e inmuebles. 

            Acompañamos como documento número 2, unido a esta demanda, copia de la memoria y cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2.010 últimas presentadas, en las que puede comprobarse que no ejerce actividad comercial alguna y que sus únicos beneficios provienen de los dividendos de las acciones y participaciones de los que es tenedora. 

            Una sociedad de este tipo no puede ser elector de la Cámara, so pena de infringir el artículo 6.1 y el 6.3 de la Ley 3/93 de 22 de marzo, y así debe declararse anulando la resolución recurrida por contraria a derecho. 

            Finalmente, queremos hacer constar que, no sólo tenemos que padecer en España una lacra como la Cámara de Comercio, organismo inútil donde los haya que no sirve para nada a los ciudadanos, ni siquiera a los que ejercen el comercio, de afiliación obligatoria como los sindicatos verticales de épocas pasadas; sino que además, quienes rigen un Organismo así no dudan en considerar electores a quienes no desean participar en el sistema, a quienes no desean prestarse a la burla del sufragio universal que suponen unas elecciones para la renovación del pleno de una Institución, que no contaría con miembro alguno y dejaría de existir, de no imponer obligatoriamente la pertenencia. 

            En su virtud 

SUPLICO A LA SALA que teniendo por presentado este escrito con su copia y el documento que se acompaña, se sirva admitir todo ello y, teniendo por cumplimentada la providencia citada en cabecera, tenga por formalizado ESCRITO DE DEMANDA DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, para previo el trámite oportuno dictar sentencia por la que se estime el recurso y se anule la resolución recurrida, declarando que Mi Representada S.L. no puede ser considerada elector de la Cámara de Comercio Industria y Navegación, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 3/93 de 22 de marzo, y ordenando su exclusión de dicho censo.

conclusiones recurso contencioso administrativo


conclusiones recurso contencioso administrativo

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE MADRID 

            DON  Procurador de los Tribunales y de la mercantil S.L., representación que tengo acreditada en autos de procedimiento ordinario 1/2001, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

            Que mediante el presente escrito, cumplimento providencia de 1 de enero de 2001, notificada en día 1, por la que se nos confiere traslado para formular las conclusiones del presente recurso, sobre los hechos y motivos jurídicos alegados. 

            A dicho efecto, evacuo el traslado conferido, conforme a las siguientes

 CONCLUSIONES SUCINTAS

 ÚNICA.-  

Las únicas pruebas practicadas en los presentes autos, es la documental que esta parte acompañó a su escrito de demanda, entre la que constan las cuentas anuales del ejercicio 2001 y la memoria de actividades de mi representada en el mismo ejercicio.

             La solicitud cerca del Registro Mercantil de Madrid, sobre el objeto social de mi patrocinada no ha sido practicada, hasta donde esta parte conoce, puesto que nada se nos ha trasladado en este sentido; fue propuesta en el escrito de contestación a la demanda de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, pero no ha sido practicada, aunque una copia de los estatutos de mi representada figure unida a los autos. 

            Con estas pruebas, se acreditan las afirmaciones hechas en la demanda del recurso, toda vez que mi mandante, según se deduce de sus cuentas, no ejerce actividad comercial alguna, y sus únicos beneficios provienen de los dividendos de acciones y participaciones de las que es tenedora. 

            Debería bastar lo anterior como conclusión, puesto que una sociedad de este tipo no puede ser elector de la Cámara, salvo infracción de los artículos 6.1 y 6.3 de la Ley 3/1993, de 23 de Marzo. 

            Pero ante la insistencia de nuestro contrario, que llega a sostener que “por las actividades que desarrolla mi patrocinada se encuentra sujeta al Impuesto de Actividades Económicas (IAE)”, es preciso concluir que tal afirmación no es más que una expresión de voluntarismo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, para conservar sus electores y asociados, ya que no tendría ninguno si la asociación no fuera obligatoria. 

            Y ello es así, primero porque la propia Cámara reconoce que no consta que mi patrocinada tribute por IAE; y segundo, porque las actividades que desarrolla mi representada no son ninguna de las que determinan la sujeción a este impuesto, toda vez que (pueda o no pueda hacerlo que eso es otro tema) lo cierto es que no ejerce, ni actividades empresariales, ni profesionales, ni comerciales, ni artísticas, tal como lo acreditan, mal que le pese a nuestra contraparte, las cuentas sociales anuales. 

            En consecuencia, a la hora de las conclusiones, si por las razones que preceden mi mandante no está sujeta al IAE y por eso no consta su alta en este impuesto, el juego de los artículos 6.1 y 6.3 de la Ley 3/93 sólo permite una interpretación, que  S.L., no puede ser considerada como elector de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. 

            Para enervar esta conclusión, que a nosotros nos parece evidente, el refugio de nuestro contrario es, decir que los estatutos sociales permiten a mi mandante la realización de esas actividades, lo que determina su sujeción al IAE. 

            Pero, además de que una cosa es poder hacerlas, y otra distinta es llevarlas a cabo (es claro que S.L no lo hace), los estatutos de mi patrocinada exigen que, para realizar una de estas actividades, las que se especifican en su objeto social, será obligatorio cumplir los requisitos administrativos que, en cada caso, exija el ejercicio de tales actividades.

             De manera que, siendo el alta en el IAE y la contribución por este impuesto requisitos imprescindibles para la realización de actividades empresariales y comerciales, y no constando que mi representada esté dada de alta en el impuesto, es patente que  S.L., no puede llevar a cabo tales actividades, como gratuitamente se le supone por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

             Invocamos por último, por su trascendencia para el presente recurso, la sentencia del TC 225/2006 de 17 de julio de 2006 en recurso de amparo 149/2002, en la que se concede el amparo por vulneración del derecho de asociación en su vertiente negativa, que es exactamente lo que sucede en este caso con la pretensión deducida por nuestro contrario, pretensión que tal vez deduce, porque sin asociación obligatoria, la Cámara ni siquiera existiría por falta de asociados, ni, por supuesto, podría celebrar elección alguna, si no obligara, como lo hace con mi patrocinada, a considerar electores, no ya a los que no quieren, sino también a los que no pueden participar en el sistema. 

            En su virtud, 

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito con su copia se sirva admitirlo, y teniendo por cumplimentado el traslado conferido, tenga por formuladas las CONCLUSIONES SUCINTAS, que convienen al derecho de esta representación, siguiendo el trámite por su cauce hasta la resolución del recurso de conformidad con los pedimentos de nuestro escrito de demanda.

             Por ser de justicia que pido en Madrid a uno de enero de dos mil uno.

Recurso contencioso-administrativo


Recurso contencioso-administrativo

Se pueden recurrir por la vía del contencioso-administrativo, todas las resoluciones ya sean expresas o presuntas, esto es cuando la Administración imponga alguna resolución escrita como un acto administrativo  o que hubiera perjudicado a la persona pasiva con motivo de un hecho o dejación de hacer por parte de la administración (acto presunto).
El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo es de dos meses desde que se publicare la resolución, como hemos dicho que también se pueden recurrir ciertas acciones de la Administración que constituyen actos ( presuntos) en lugar de resoluciones escritas, publicadas o notificadas, el plazo para presentar el recurso será de seis meses.

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