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La reforma del procedimiento penal


La reforma del procedimiento penal

En mi opinión es el momento para la esperada reforma del procedimiento penal, el cual con una antigüedad de más de cien años, y que suponía un gran avance y garantía es hace tiempo inidóneo. El conseguir en el momento de la creación del procedimiento actual, que el juez juzgador no interviniera en la instrucción del caso fue un avance tremendo. La figura del Fiscal, sin embargo se encuentra desdibujada. Debemos tener en cuenta que el actual Ministro de Justicia al concluir su oposición (como primero o segundo de su promoción) eligió ser Fiscal en lugar de Juez.
La función del Fiscal en la actualidad es la de ” garante de la legalidad”  el cómo se traduce esto en la practica en los juzgados resulta difícil de explicar (para quienes actuamos en estrados nos da la sensación de que se trata del “abogado” al que mas caso hace el juez) Tomando mayor sentido cuando víctima o perjudicado es menor o incapaz.
Además en nuestra órbita física e intelectual (mundo anglosajón) la función del fiscal aparece clara como impulsor de la investigación y el juez siéndolo de garantías de la legalidad de las actuaciones. En la revista otrosí que edita el ICAM, de este mes aparece un artículo que considero muy interesante.

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Las costas en el procedimiento penal


Las costas en el procedimiento penal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la condena en costas cuando se hubiera actuado con temeridad en el procedimiento y especifica estas dos situaciones:
Que el querellante particular o el actor civil hubiera obrado con temeridad a lo que se refiere el artículo 240 de la mencionada Ley.
Por su parte el artículo 44 establece la condena en costas para aquellos casos en los que se hubiera impugnado la competencia del Juzgado y se tratara de una solicitud de inhibitoria temeraria.
La temeridad corresponderá apreciaría al Tribunal que este viendo el asunto.

Como sabemos por su parte la jurisdicción civil es la más clara y tajante a la hora de condenar en costas, pues con que no le sea reconocido a una parte ninguna de sus pretensiones será condenada en costas, pero además acude al criterio de la temeridad para establecer que aquella parte que actuara con temeridad será condenada a pagar a los abogados y procuradores de la otra parte aunque ni fuera preceptiva su intervención.

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