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La refundición de la pena


Qué es la refundición de penas

Los criterios comunes de actuación de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en cuanto a la refundición de las penas, se inclinan por una tesis que sea  más favorable al reo, aunque no unánimemente.pena

Variabilidad de las resoluciones aprobando refundición de pena.

Las decisiones sobre refundición pueden ser modificadas pues la situación penal de los internos puede ir variando con el tiempo al sobrevenir nuevas causas, no viéndose por ello afectadas por la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes.

En este sentido, como hemos seguido de cerca los abogados, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en el Auto 274/1997, de 16 de Julio, con relación al derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24.1 de la Constitución señalando que la decisión de rectificación de una refundición adoptada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, y ratificada por la Audiencia Provincial, no atenta a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, porque la resolución aprobando una refundición de condena no es, por su propia naturaleza intangible. Las refundiciones de condena no son inamovibles; están sometidas a las alteraciones que sobre ellas produce el tiempo y, singularmente, las nuevas circunstancias que en su transcurso pueden producirse, como nuevos hechos delictivos por los que el afectado es condenado o la adquisición de beneficios penitenciarios.

Siendo ello así, es evidente que no producen los efectos de la cosa juzgada, en cuyo respeto se encuentra el fundamento de la doctrina de! Tribunal Constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24.1 de la Constitución, y la imposibilidad, desde su perspectiva, de modificación de toda decisión judicial que ha adquirido firmeza.

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Huida hacia el derecho penal


Huida hacia el derecho penal

Los escasos costes del procedimiento penal, su mayor rapidez y menor rigidez, hacen que en ocasiones, las relaciones civiles entre personas se quieran desviar hacia el derecho penal para actuar ventajosamente.

A continuación reproducimos unas alegaciones a un recurso de Reforma que se interpuso contra loa decisión de un juez que apreciaba esto mismo; que el asunto que se le planteaba carecía de criminalidad, tratándose claramente de un asunto civil.

AL JUZGADO  

Doña _ _ _ _  Procuradora de los Tribunales y de D. _ _ _ _ _ _ , representante legal de Ventasporinternet.com , en la presente causa, con el acatamiento de rigor, comparezco y como mejor en derecho proceda, DIG O:

Que habiendo recibido traslado en fecha 28 de marzo, del recurso de reforma y subsidiario de apelación interpuesto por la representación de la denunciante contra el Auto de fecha 1 de enero de 2011 por el que se disponía el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones, mediante el presente escrito y en la referida representación paso a formular IMPUGNACIÓN DEL RECURSO DE REFORMA, que se fundamenta en los siguientes

MOTIVOS

Primero.- Sostiene el recurrente que la declaración de mi mandante no es motivo suficiente para concluir la no existencia de un ánimo defraudatorio por parte de Ventasporinternet.com, a parte de mi representado, hay muchas más personas que se han visto afectadas y supuestamente estafadas por la citada entidad mercantil.

Dicha pretensión, subvierte totalmente el sistema penal, exigiendo a la parte denunciada que acredite un hecho negativo y. además subjetivo que constituye una doble probatio diabólica solicitando que se pruebe por esta parte que no existe un ánimo defraudatorio, cuando de hecho ni el más mínimo indicio se aporta por la denunciante en este sentido.

Se alega que resulta “notorio y claramente patente” que nuestra mandante no tiene intención alguna de entregar el artículo a su representado. Sin embargo, pese a la supuesta “notoriedad’ del hecho, la parte denunciante no ha aportado la más mínima prueba o indicio sobre la ilicitud penal de los hechos que alega el recurrente. Por el contrario, el mero examen de la documentación aportada evidencia que se ha producido una demora en el cumplimiento del contrato por la mercantil que representa mi mandante, que en ningún caso constituye ilícito penal alguno. Así, queda acreditado:

a)         Porque el contrato firmado con el denunciante en mayo de 2010 preveía como plazo ordinario de entrega, sin penalización, la semana 50/10, es decir, en DICIEMBRE DE 2010.

b).        Pero, puesto que nuestro mandante depende de otros profesionales (el fabricante y distribuidor) para la entrega, específicamente el pacto 10 previene que la fecha de entrega prevista puede sufrir variaciones no imputables a Ventasporinternet.com y derivadas de ajustes en la programación de producción de la fábrica o en su departamento de control de calidad, logística, distribución, etc . .En estos casos, se aplicarán las penalizaciones que prevé el contrato contra mi representada en el momento de la liquidación del precio pendiente, al que se descontará dicha indemnización por mora. Así lo prevé el pacto primero, que fija la indemnización en 50 Euros semanales, (si el artículo se entrega en las cuatro semanas siguientes a la fecha máxima de entrega sin recargo) y de 100 Euros semanales (si se entrega entre la semana 5 y 20, transcurrido el plazo ordinario de entrega) y establece que dicha cantidad se detraerá del pago final que el comprador debe efectuar a Ventasporinternet.com.

c)  Por tanto, si se producen retrasos en el proceso de producción, el plazo de 50 semanas, puede ampliarse (con penalizaciones para nuestra mandante) hasta 20 semanas más de plazo que todavía no ha transcurrido, por lo que el contrato sigue vigente.

d).  En cuanto a las explicaciones facilitadas al denunciante y las supuestas contradicciones que señala en su recurso, obedecen al hecho de que nuestro mandante recibe la información sobre el proceso de producción de un tercero (el fabricante). Así, inicialmente el fabricante manifestó que por dificultades en la fábrica descenso de actividad y climatológicas que impedían el transporte el artículo estaría disponible en enero. Sin embargo, llegada la fecha, se manifestó a esta parte que no se podría entregar hasta febrero y, finalmente, fueron informados de que no se recibiría en dicha fecha porque la producción de la cuota de octubre se retrasó al 10.09.10, estando a la espera nuestro cliente de que se le facilite nueva fecha para la entrega. Así pues, no existen contradicciones en las alegaciones del Sr. Representante de la empresa  (exceptuando un error material al hacer constar que se entregaría el artículo el 5 de enero, cuando debería haberse fijado el 5 de marzo, según la información que se tenía en enero que auguraba la entrega desde China a lo largo del mes de marzo de 2011) Y el mismo se limitaba a informar de las mismas circunstancias que a él le eran comunicadas por el fabricante.

Así pues, nos encontramos ante un contrato VIGENTE (mi mandante tiene un plazo extraordinario de entrega con penalización hasta el 18 de mayo de 2010), en el que se ha producido un retraso por causa sobrevenida no imputable a mi poderdante, retraso que tiene incidencia en el orden civil {determinará que al precio restante se le detraiga la indemnización que corresponde por mora) PERO QUE CARECE DE TODA RELEVANCIA PENAL.

Por mucho que suponga (ninguna prueba se aporta) el recurrente, que nuestro mandante no tenía la intención de cumplir el contrato cuando recibió la paga y señal, lo cierto es que no sólo tenia y tiene intención de cumplir, sino que está trabajando para que así sea y se produzca la entrega dentro del plazo máximo de la semana 20, tras la finalización del plazo ordinario. Así, no solo las manifestaciones del Sr. Representante de la empresa sino la documentación que se acompaña demuestran que mi representado hizo el encargo al productor y continúa reclamando su cumplimiento, como se acredita:

l.          Mediante la hoja de encargo que se acompaña como Documento n 1, como se ve, viene específicamente referida al artículo del Sr. Denunciante  y tiene como fecha máxima de entrega (aunque se aseguró a nuestros mandantes que se entregaría con mucha anterioridad, sin agotar el plazo) el2 de febrero de 2011.

2.         Como se puede ver en la hoja de seguimiento del vehículo de fecha 18 de febrero de 2011 (Documento n 2) la compañía China anota el pedido de esta parte en fecha 25/10/10 -por tanto, el encargo se hizo en tiempo-, por cuanto esa misma pantalla hacia constar que el artículo debía haber entrado en producción  el 4 de septiembre de 2011.

3.         En el mismo sentido, la hoja de seguimiento de 26 de febrero de 2011, recoge que se ha cambiado ya la fecha de entrega -en China-, que se establece para el uno de marzo (Documento n° 3), 10 que coincide plenamente con las informaciones facilitadas al denunciante. Sin embargo, como acredita el Documento n° 4, en fecha 2 de marzo nuestro mandante requirió nuevamente por el pedido del Sr. Denunciante, recibiendo la contestación de que El artículo no está todavía creado, habiendo nuevamente interrogado en fecha 7 de marzo y recibido la respuesta de que aún no tenemos el artículo para el pedido en cuestión. Actualmente, está mi mandante a la espera de que se le de por Lee Coop  una fecha de entrega del artículo, para poder hacer la liquidación del precio al denunciante, dentro del periodo de tiempo extra que se ha prorrogado por haber surgido las dificultades en la producción del mismo.

Todo lo expuesto acredita que ya prima facie no existe indicio alguno de una conducta antijurídica imputable a mi mandante, quien está realizando cuanto está a su alcance para dar cumplimiento al contrato aún  vigente.

El descontento del comprador por la tardanza en la entrega (una contingencia que se advertía y preveía en el contrato, que preveía un incremento en 20 semanas del periodo de entrega en caso de ajustes en la programación de producción o problemas de logística o distribución) no justifica que se utilice y subvierta la vía penal) para intentar rescindir un acuerdo CIVIL en unos términos distintos al que el mismo contrato recoge, ya que -en supuestos como éste- no prevé el retraso inferior en 20 semanas como causa de cancelación sino que establece un sistema de penalizaciones.

4. A ello, cabe añadir que la interposición de una denuncia no comporta un derecho absoluto a la prueba y, así, cabe incluso la inadmisión de plano de la misma cuando ad initium sea ya evidente la falta de indicios de criminalidad. En el caso que nos ocupa, entiende esta parte que, tampoco la circunstancia que denuncia sobre el retraso en la notificación del señalamiento de la declaración, supondría una nulidad por cuanto NINGUNA INDEFENSIÓN SE ALEGA NI LE HA CAUSADO, ya que el artículo se refiere fundamentalmente a la naturaleza civil de la relación entre las partes, que deriva fundamentalmente del análisis de la documentación aportada por el propio denunciado siendo el contrato el fundamento último de la “ratio decidendi”.

La declaración fue practicada por Su Señoría y corrobora (que no fundamenta), lo que ya se desprende del propio contrato: que existe una relación DE NATURALEZA CIVIL ENTRE LAS PARTES, en base a un contrato que todavía está vigente y ni siguiera se ha incumplido pues no ha vencido la prórroga de entrega con penalización que el mismo contempla.

Nos encontramos, en definitiva, ante una controversia de índole civil por cuanto que la incriminación no cuenta con soporte documental alguno y ninguna diligencia de prueba (ver “las pruebas”) que se pudiese practicar en el futuro, vendría a aclarar la cuestión previa subyacente, recordando a la parte apelante que a lo que ha de aspirar es a obtener una respuesta jurídica razonada, siguiendo en esto la doctrina del Tribunal Constitucional en la Sentencia núm. 217/1994, de 18 de julio, sin que exista afavor de la parte un “ius pro cedatur ” alguno en aquellos casos en que el árgano judicial entienda razonadamente que la conducta o hechos imputados carecen de ilicitud penal, en cuyo supuesto el derecho de la jurisdicción que ejerce el denunciante no conlleva el de la apertura, (o prosecución) de una instrucción inútil. Por todo ello, entiende esta parte que acreditada la vigencia del contrato (por un problema de fábrica que ha afectado a diversos compradores, lo que explica la existencia de la otra denuncia a que se refiere el recurrente) y que nuestra mandante está realizando las actuaciones para su cumplimiento, procede  confirmar el archivo al carecer la incriminación pretendida por el denunciante de sustento probatorio alguno y siendo evidente la NATURALEZA CIVIL de la relación entre las partes.

Y, en su virtud,

SOLICITO AL JUZGADO.- Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en sus méritos, se tengan por realizada en tiempo y forma IMPUGNACIÓN AL RECURSO DE REFORMA formulado por la representación de la denunciante, solicitándose tras los trámites procesales oportuno la desestimación de plano del mismo y la integra confirmación del Auto de Archivo de lo de marzo de 2011,

OTROSÍ DIGO.- Que ante la denuncia formulada, esta parte se ha visto obligada a aportar documentación facilitada por la empresa responsable de la producción y distribución del artículo (documentos 2 a 4) que tiene naturaleza interna y ha sido facilitada a esta parte con carácter confidencial. Por tal motivo, se solicita se requiera a la parte denunciada a que se abstenga de facilitar ti terceros o difundir comunicar o publicar de forma directa o indirecta copia del mismo, a fin de salvaguardar el secreto de la información que se contiene.

Y, en su virtud,

SOLICITO AL JUZGADO.- Que requiere a la parte denunciada para que, en relación a los Doc. 2 a 4, se requiera a la parte denunciada a que se abstenga de facilitar a terceros o difundir, comunicar o publicar de forma directa o indirecta copia del mismo a fin de salvaguardar el secreto de la información que se contiene.

En Madrid a 12 de abril de 2011

Responsabilidad subsidiaria penal


Responsabilidad subsidiaria penal

En los delitos, además de autores pueden existir los coautores, y cómplices en varios grados. Pues bien todos ellos responderán también por el hecho delictivo de forma solidaria. En el derecho penal la responsabilidad derivada de la responsabilidad criminal por delito o falta se regula por el art. 116.2 del Código Penal estableciendo: ” Los autores y los cómplices, cada uno de su respectiva clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas y subsidiariamente por las correspondientes a los demás responsables”.
Además el artículo 120 del Código Penal describe los supuestos en los que se da responsabilidad civil en defecto de los que lo sean penalmente.  Estableciendo como ya sabemos como responsables subsidiarios, según corresponda a padres, tutores, editoriales, periódicos, personas jurídicas responsables de establecimientos, empresas etc.

Así los padres o tutores responderán por los daños o perjuicios que cause su hijo o tutelado que sea menor de edad.

[Aquí me gustaría indicar, aunque no se trate de una responsabilidad penal, pero me viene a la cabeza algo que desarrollaré en un artículo aparte, y es que en pocos días me han llegado varias consultas sobre multas de 500 euros que han impuesto a padres de jóvenes que se encontraban bebiendo en la vía pública (botellón)].
La responsabilidad subsidiaria en el ámbito Civil es la que establece en su artículo 1903 por hecho ajeno.

L.O. 5/2000


Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal del menor.

El Código penalde1995 fija mayoría de edad penal en dieciocho años al tiempo que requería al poder legislativo para que en una ley se regulase la responsabilidad penal del menor, esta regulación  se llevo a cabo con la L. O. 5/2000 la cual ya ha sido modificada en varias ocasiones como la modificación que se produjo el cuatro de diciembre de dos mil seis; la Ley Orgánica 8/2006.

Con anterioridad la responsabilidad penal de los menores se encontraba regulada en una ley que el Tribunal Constitucional encontró contraria a la Constitución el 14 de febrero de 1991.

Legislación sobre la responsabilidad penal del menor


Legislación esencial sobre la responsabilidad penal del menor

– Código Penal artículos 19, 69 y disposición adicional  segunda.

– Ley de Enjuiciamiento Criminal artículos 375, 376 y 380.

– Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Reglamento de la misma Ley Orgánica Real Decreto 1774/2004 de 30 de julio.

Real Decreto 232/2002 que regula el registro de sentencias sobre la responsabilidad penal de los menores.

– Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
El Instrumento de ratificación es  del 30 de noviembre de 1990.
– Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (llamadas reglas de Beijing) de 28 de noviembre de 1985.

– Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, en la regulación de la asamblea n 45/113 el 14 de diciembre de 1990.

– Instrucción 2/2000 de la Fiscalía General del Estado sobre aspectos organizativos de las secciones de menores de las fiscalías ante la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores, de 27 de diciembre.

–          Circular 1/2000 de la Fiscalía General del Estado de 11 de enero de 2000.

–          Consulta 3/2004  de la Fiscalía General del Estado sobre la posibilidad de adoptar la medida cautelar de alejamiento en el proceso de menores.

–          Consulta 4/2005 entorno al derecho a la asistencia letrada en el proceso penal de menores

–          Consulta 2/2005 acerca del derecho del menor detenido a entrevistarse con el abogado de forma reservada antes de prestar declaración en fases previas a ala incoación del expediente.

Responsabilidad penal


Responsabilidad penal

Existen varias teorías acerca del fundamento de la responsabilidad penal.
Para empezar de forma breve podemos afirmar que el imputable penalmente debe ser una persona libre, consciente, que actúe voluntariamente y pudo obrar de otra manera.
Las diversas teorías en el tiempo acerca de la responsabilidad penal:

– Para la escuela clásica la responsabilidad penal es trasunto del libre albedrío, esta teoría que data de la Edad Media considera el asunto desde el punto de vista de la responsabilidad moral.
– Desde el punto de vista del positivismo el hombre no es libre en su comportamiento ya que al vivir en sociedad se ve determinado en su comportamiento (determinismo) y es la sociedad la que debe defenderse del comportamiento penal de sus individuos.
– La escuela española encontró un punto intermedio entre el libre albedrío y el determinismo y es que para sus autores estos conceptos son metafísicos, escapando del ámbito jurídico por lo que para este no deben ser tenidos en cuenta. Siendo esto así, lo importante no es si el hombre tiene libertad en su obrar o existe un determinismo al que no  puede escapar, lo importante es que el hombre se crea en la libertad de decidir acerca de sus actos para que sea relevante para el Derecho.
Para que exista responsabilidad penal deben  darse los siguientes requisitos:
– Imputabilidad, que puede resumiese comí la capacidad y actitud para cometer un delito y responder con las consecuencias.
– Tipicidad: Que la acción u omisión se encuentre relacionado en el Código Penal como delito o falta.
– Antijuricidad : Cuando se le pueda reprochar la acción.
– Culpabilidad: que la persona sobre la que recae la acusación realmente hubiere cometido la falta o delito.

La reforma del procedimiento penal


La reforma del procedimiento penal

En mi opinión es el momento para la esperada reforma del procedimiento penal, el cual con una antigüedad de más de cien años, y que suponía un gran avance y garantía es hace tiempo inidóneo. El conseguir en el momento de la creación del procedimiento actual, que el juez juzgador no interviniera en la instrucción del caso fue un avance tremendo. La figura del Fiscal, sin embargo se encuentra desdibujada. Debemos tener en cuenta que el actual Ministro de Justicia al concluir su oposición (como primero o segundo de su promoción) eligió ser Fiscal en lugar de Juez.
La función del Fiscal en la actualidad es la de ” garante de la legalidad”  el cómo se traduce esto en la practica en los juzgados resulta difícil de explicar (para quienes actuamos en estrados nos da la sensación de que se trata del “abogado” al que mas caso hace el juez) Tomando mayor sentido cuando víctima o perjudicado es menor o incapaz.
Además en nuestra órbita física e intelectual (mundo anglosajón) la función del fiscal aparece clara como impulsor de la investigación y el juez siéndolo de garantías de la legalidad de las actuaciones. En la revista otrosí que edita el ICAM, de este mes aparece un artículo que considero muy interesante.

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