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OPOSICIÓN A RECURSO DE REFORMA


OPOSICIÓN A RECURSO DE REFORMA CIVIL

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1  DE    MADRID 

DON  procurador de los Tribunales y de Don CLIENTE, representación que tengo acreditada en diligencias previas, procedimiento abreviado número 1/2013, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO 

Que mediante el presente escrito, cumplimento traslado concedido por providencia de 12-12-2.0012, notificada en día 16, para oponerme al recurso de reforma interpuesto por la representación de LA PARTE CONTRARIA y de Don  CONTRARIO, con apoyo en las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.-  Las diligencias previas a que se contraen estas actuaciones, fueron abiertas, como consecuencia de una denuncia, interpuesta por Don CONTRARIO en representación de  LA PARTE CONTRARIA. 

            Como, ajustadamente, señala el auto recurrido, ninguno de los dos denunciantes ha experimentado perjuicio alguno, con motivo de las actuaciones que se enjuician en estos autos. El señor CONTRARIO declara ante el Juzgado que no pagó por la compra de las participaciones de la mercantil CONTRARIA S.L.y que se limitó a firmar en el notario, lo que le pusieron delante, siguiendo las instrucciones del fallecido, Don y lo que es más importante, reiteradamente declara que  sabia que la sociedad no tenía bien alguno y quien estaba despatrimonializada, a pesar de lo cual, la adquirió “por resultar un negocio financiero que le interesaba”, lo que no deja de ser sorprendente, ya que si no tiene nada, no es fácil que pudiera suponer un negocio financiero. 

            Y en cuanto a DON CONTRARIO personalmente no dice haber experimentado perjuicio alguno, puesto que en su denuncia actúa en representación de MERCANTIL CONTRARIA, y aunque actúa por sí solo, aun cuando la representación de esta sociedad – según él mismo declara – la ostenta en forma mancomunada, dice contar con el consentimiento del SOCIO, quien no parece que entienda que la mercantil haya experimentado perjuicio alguno, toda vez que no figura como denunciante, ni dice en su declaración que la citada mercantil haya experimentado algún perjuicio.

            Y es que, el señor socio, ni siquiera participa en el accionariado de la mercantil contraria, por lo que difícilmente puede haber experimentado perjuicio alguno, con motivo de las operaciones que se llevaron a cabo y en las que él mismo participó, como declara, dirigido por el fallecido.  

            Por estos motivos, el auto recurrido sostiene, con toda razón, que el control y gestión de las sociedades, ambas constituidas por mi representado, estaba en manos del señor contrario y del otro señor contrario, pero, en modo alguno, en manos de los denunciantes.

SEGUNDA.- Sentado lo anterior, el recurso se articula en cinco motivos, los tres primeros se apoyan en la declaración de mí patrocinado, en la del denunciante señor CONTRARIO y en un repaso a los hechos que el recurrente considera delictivos. Y los dos últimos incluyen un avance de calificación y una invocación de los artículos 641.1 y 645 de la LECr, que, según el recurrente, apoyan procesalmente su pretensión de reforma del auto dictado. 

            Los tres primeros motivos adolecen de un denominador común: la Juzgadora no tiene razón y el recurrente sí la tiene. Es decir, parece que el auto recurrido ha olvidado la declaración del señor CONTRARIO, la del otro Señor Contrario y también los hechos relatados en el motivo tercero del recurso, y por eso el autor del recurso se los recuerda a la Juzgadora y los convierte en motivo de su recurso. 

            Para ello, no duda en variar las declaraciones, en incluso los hechos, en lo que le conviene, y tampoco en faltar a la verdad, introduciendo en las declaraciones prestadas, afirmaciones que nunca se produjeron. 

            Frente a técnica tan defectuosa, el auto recurrido demuestra, más que extensamente, que ha tomado en cuenta las declaraciones de los señores Martínez Contrarios, pero claro, unidas a los documentos que obran en la causa. Con ello el auto demuestra que las declaraciones no acreditan, mal que le pese al recurrente, que mi patrocinado haya incurrido en ilícito penal alguno, entre muchas otras cosas, porque sus actuaciones fueron comunes (y conocidas) con las seguidas por el denunciante señor abogado, asistiendo el señor Contrario como un auténtico hombre de paja, que firmaba y consentía en todo lo que le decían, con tal de participar de alguna manera (la verdad es que no se sabe cuál) en el negocio. 

            Y así,                                                                            A

            El auto no dice que el señor contrario se sirviera de un poder caducado, afirmación que se hace en el recurso, sino que sostiene que, registralmente, el administrador único era mi representado y los gestores que controlaban y gestionaban las sociedades, fueron siempre el señor Pérez y mi representado, y nunca los denunciantes, todo lo cual es exacto y viene confirmado, incluso por el señor Contrario en su declaración, cuando dice que, al comprar las participaciones de la sociedad, no cambió los órganos de administración. 

B

            En cuanto a la liquidación de la mercantil, el auto recurrido es sencillamente irreprochable. En primer lugar, demuestra que los dos denunciantes conocían la liquidación, a pesar de negarlo en sus declaraciones, a partir de la escritura de 10–9 -2.012 y en el caso del señor letrado, porque incluso envió a la notaría de Don Notario el balance de liquidación. En  segundo lugar, demuestra que la sociedad liquidada no tenía nada, porque así lo declaran los dos denunciantes, y no teniendo nada la liquidación es obligatoria, por imperativo del artículo 104 de la LSRL. En tercer lugar, conforme a la decisión común y obligada de liquidar la sociedad, el único que podía hacerlo era el señor Contrario, y por eso le fue pedido así, toda vez que, registralmente, era el administrador único y, extraregistralmente, seguía siendo administrador mancomunado con el señor letrado, quien según su propio hijo, que ha declarado en la causa, era el dueño de las fincas y por eso solicitó la colaboración del señor contrario. 

            En lo que se refiere a la escritura pública de 9-9-2.010 y el documento privado de 1-10-20012 que, mediante dicha escritura, se eleva a público, lejos de lo que dice el recurrente, que afirma en su recurso que es el verdadero título de propiedad de las fincas, el auto recurrido sostiene, con acierto, que ni siquiera hubo venta, toda vez que, faltando el precio no existe la compraventa, al margen de que, en la fecha de otorgamiento de la escritura, los propios denunciante declaran que la sociedad vendedora estaba despatrimonializada, situación, añadimos nosotros, en la que no parece fácil vender.

            En la misma línea y en contra de lo afirmado en el recurso, el auto recurrido aborda el tema de las deudas a favor de mí representado, deudas que son indiscutibles en cuanto debidamente documentadas. La primera, derivada de la escritura, de prenda sobre participaciones de la sociedad, que el denunciante señor abogado no podía desconocer, cuando dice que las compró; y la segunda, derivada del documento privado de 1-1-2012, otorgado por el propio señor Letrado, entre otros, en el que se reconoce adeudar el precio pagado,  por la compra de las participaciones de la sociedad. 

            La consecuencia que se deriva de todo lo anterior, es que el auto recurrido analiza con exhaustividad las declaraciones de mi patrocinado y del señor Abogado  y, por supuesto, las pruebas documentales aportadas, para concluir que, en las actividades que se consideran delictivas, intervinieron tanto los denunciantes como mi representado, buscando cada uno sus intereses, entre los que aparecen más claros los de mi patrocinado que ostentaba indudable derechos que tenían que serle satisfechos, y más oscuros los de los denunciantes, que jamás desembolsaron nada y , no obstante, pretenden beneficiarse de la actividades llevadas a cabo conjuntamente. 

            Es patente que las actuaciones conjuntas de los denunciantes desvirtúan los hechos denunciados que se quieren imputar a mi representado, y hacen imposible que se puedan justificar las imputaciones penales que aparecen en las denuncias formuladas, lo que mantiene, de forma ajustada a derecho, la decisión del auto recurrido. 

TERCERA.-  En el recurso interpuesto, se falta voluntariamente a la verdad, cuando, en el que denomina motivo segundo, se alude a la declaración del denunciante señor Contrario. 

            El señor declaró que no sabía lo que pagó, ni si pagó, por la compra de las participaciones de la mercantil, y añadió que la sociedad no tenía bien alguno y que había que respetar un documento privado anterior. Sin duda se refería, tanto a la escritura de prenda, salvo que el señor Letrado se la hubiera ocultado, como a los documentos, lo que indica que conocía las deudas y los derechos de crédito, a favor de mi patrocinado, a que hace referencia el auto recurrido. 

            El señor Contrario falta a la verdad, cuando dice que asumió la administración de la mercantil. En la declaración, Su Señoría le demostró que quien administraba esta sociedad era el señor Abogado y no él, ante lo que el señor Contrario adujo que no sabía nada y que fue llevado a la notaría  para firmar.           

            Y finalmente, el señor Contrario reconoció, aun implícitamente, que la mercantil estaba en liquidación, por dos motivos, el primero porque afirmó repetidamente que la sociedad no tenía nada, lo que es casa obligatoria de liquidación, y el segundo, porque en la escritura de 9-9-2012, en la que comparece él mismo, se refleja que la sociedad estaba en liquidación, de todo lo cual cabe inferir que conoció el acuerdo de liquidación cuando fue adoptado. 

            Acudir a esta declaración y hacerla motivo del recurso, no es más que un ejercicio de tenacidad, condenado al fracaso, porque las cosas son como son y no como se quiere que sean. El auto recurrido, de manera escrupulosa, analiza la actuación de este denunciante, en todo momento conjunta con el otro y mi patrocinado, y con quien dirigió a todos ellos que fue el fallecido. 

CUARTA.- En el tercer motivo del recurso, el recurrente reitera los hechos que constituyen, en su criterio, prueba de la comisión de los delitos, por los que se formularon las denuncias. 

            Toda vez que el auto recurrido tiene en cuenta estos hechos, aunque los valora de manera distinta, y razona debidamente por qué no cabe considerarlos constitutivos de delito, en aras de inútiles repeticiones, nos remitimos a la alegación segunda anterior de este escrito, resaltando (como única reiteración) que en la declaración del Letrado figura que el balance de liquidación de la sociedad fue remitido desde sus oficinas a la notaría de Don Notario, para el otorgamiento de la oportuna escritura, lo que es revelador de que los denunciantes conocían sobradamente la liquidación de la mercantil que, previamente, se había programado. 

QUINTA.-  En el cuarto motivo del recurso, se invoca el engaño del que los denunciantes dicen haber sido objeto. 

            Nada más lejos de la realidad. El auto recurrido razona, en extenso, que no puede haber habido engaño, desde el momento que los propios denunciantes y mi representado actuaron de conformidad, con acciones varias, pactos diversos y otorgamiento de varios documentos, que demuestran que todos actuaron de común acuerdo, dirigidos por un tercero hoy fallecido, y en orden a recuperar unas fincas que eran propiedad de Don Manuel, que también ha declarado en la causa, y que fueron aportadas, por este último, para intentar liberarlas de importantes cargas que pesaban sobre ellas.

            Obviamente, este actuar conjunto excluye cualquier tipo de actividad delictiva de las que se imputan a mi patrocinado, por lo que las cuestiones que se puedan derivar de los pactos, de las liquidaciones prometidas, o de las compensaciones entre quienes actuaron, deben dilucidarse en la vía civil, a través de los procedimientos que sean oportunos.

SEXTA.-  El artículo 641 de la LECr impone el sobreseimiento provisional de las diligencias practicadas, cuando no resulte justificada la perpetración del delito, que es exactamente lo que ocurre en este caso, en el que la conducta que se imputa a mi patrocinado fue conocida, consentida, compartida y aun dirigida por todos los que actuaron, entre los que se encuentran los denunciantes. 

            Por todo ello, el auto recurrido se ajusta a derecho y debe ser confirmado, desestimando el recurso de reforma interpuesto. 

            La invocación que se hace del artículo 645 de la LECr no puede constituir motivo para la estimación de la reforma, ya que, aun cuando exista acusación particular que sostenga la acción, el Instructor deberá acordar el sobreseimiento, cuando el hecho no sea constitutivo de delito, que es lo que sucede en el caso de autos, en el que, desde el inicio, se intenta incriminar conductas civiles en las que han participado los mismos que denuncian. 

        En su virtud 

            SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, con su copia, se sirva admitirlo, y teniendo por evacuado el traslado conferido, tenga a esta representación por opuesta al recurso de reforma interpuesto contra el auto de 10 de enero de 2.013, para, previo el tramite oportuno, desestimar el recurso y confirmar el auto recurrido.

Oposición a Casación


Escrito de oposición a  Recurso de Casación presentado por la parte contraria.

Recurso  000/0000

A LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO

 

DON PROCURADOR  de los Tribunales y de la compañía mercantil EMPRESA S.A., según tengo debidamente acreditado en el Recurso de casación de referencia, y bajo la dirección del Letrado José Martín García, ante esa Excelentísima Sala comparezco y como mejor en derecho proceda DIGO:

 Que mediante el presente escrito y en la representación que ostento, vengo a evacuar el trámite concedido en Providencia de 6 de enero de 2012, notificada el mismo día, y en su virtud, y al expreso amparo de lo dispuesto en el ordinal segundo del art. 480 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, NOS OPONEMOS A LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN INSTADO DE CONTRARIO,  oposición que se fundamenta en las  siguientes:

 CAUSAS

PRIMERA.-

         Desde el punto de vista procesal el recurso no puede prosperar puesto que adolece de defectuosa técnica casacional. En efecto, aun cuando se acusa infracción de normas aplicables, sin embargo debe advertirse que lo único que se pretende es revisar cuestiones relativas a la valoración de la prueba o questio factio, que no questio iure.

         No puede pasarse por alto el hecho de que aun cuando el cauce procedimiental pudiera ser correcto, el recurrente lo único que intenta es revisar la valoración que la sentencia de instancia hace con respecto a las pruebas desarrolladas

          Dicho de otro modo, la CONTRAPARTE, solicita de esa Excelentísima Sala que valore de una forma radicalmente distinta a la que lo hace la Audiencia, el material probatorio obrante en autos, olvidándose que tales extremos pertenecen únicamente al Juzgador a quo.

          Pero es que en cualquier caso el sistema de recursos de la nueva Ley de Ritos, no es en absoluto coincidente con la distinción entre “infracción de Ley” y “quebrantamiento de las formas esenciales del juicio” establecido en la Ley del año 1881. Por ello el recurso de casación no puede contraerse al control de los “vicios in iudicando”, y el de los “vicios in procedendo” al recurso de casación por infracción procesal, toda vez que el ámbito jurídico material al que se circunscribe el primero, determina un desplazamiento de los temas de índole adjetiva hacia la esfera del segundo, a través del cual incumbe controlar las cuestiones procesales.

         Dicho de otro modo, los aspectos atenientes a distribución de la carga, reglas de las mismas, el juicio resultante de la aplicación de estas, valoración de prueba y principios que la rigen, así como toda pretensión relativa a que por la Sala vuelva a valorarse los distintos medios de prueba que sirvieron de razonamiento para dictar la sentencia, se encuadran dentro de la actividad procesal, cuya corrección o incorrección, corresponde en exclusiva al recurso extraordinario por infracción procesal, dejando limitado el de casación, a una estricta función revisora del juicio jurídico.

          Este es el criterio sostenido por esa Excelentísima Sala en Autos referidos a recursos como el 1/20011, 2/2011, 3/2011, o 4/2011, así como a los Autos de fechas 2,3,5 de diciembre de 2011 y 2 y 3 de enero de 2012, así como el más reciente de 3 de julio de 2012.

          Consecuentemente con lo expuesto y como quiera que el motivo de casación, aunque con cauce acertado, trata de revisar cuestiones relativas a valoración de la prueba, a juicio de esta parte tendrían que haber sido motivos de un recurso de casación por infracción procesal, que no el recurso que pudiéramos denominar “ordinario”, por lo que debe ser inadmitido “ab initio”.

 SEGUNDA.-

Sin perjuicio de lo manifestado en el ordinal anterior, el recurso no respeta la base fáctica de la sentencia. Dicho de otro modo, pretende sustituir la valoración fáctica de la sentencia, por la suya propia haciendo supuesto de la cuestión.

 Como es bien sabido, la nueva Ley de Ritos configura el recurso de casación bajo la directriz del respeto a la base fáctica de la resolución que se recurre, puesto que está pensado para revisar única y exclusivamente el derecho aplicable, si bien ya la Ley de 1.881 rechazaba contundentemente que la casación fuera una tercera instancia.

 En conclusión, y dado que el recurso lo único que pretende es que se valore de nuevo el material probatorio obrante en autos, no puede superar el trámite de admisión.

TERCERA.-

         Sentado que los tres primeros motivos de recurso adolecen de defectuosa técnica casacional, lo que impide proceder a su estudio, resta el último motivo, respecto del cual llamamos la atención de la Excelentísima Sala, puesto que lo que pretende es una especie de declaración de nulidad del contrato, pretensión esta última, que es absolutamente inadmisible en un recurso extraordinario como el de casación.

          En efecto, conforme queda de manifiesto en el ordinal primero la casación se articula como una vía procesal puramente jurídica, de revisión del juicio jurídico, por lo que cualquier otra cuestión le está vedada, debiendo articularse en su caso el de infracción procesal.

          Pero es que en cualquier caso no podemos pasar por alto la circunstancia de que se trata de un hecho nuevo, introducido ex novo ahora, en pleno recurso de casación, lo que deja a esta parte en la más absoluta indefensión.

El tema no merece mayor comentario, puesto que es evidente que de prosperar la pretensión contenida en el motivo, se dejaría al recurrido en la más absoluta indefensión al no disponer de trámite alguno para articular sus alegatos de defensa, y sin perjuicio de que la Ley de Ritos no permite la introducción de hechos nuevos, y menos aún en un recurso como el de casación.

         Por todo lo anterior

         SUPLICO A LA SALA que teniendo por presentado este escrito con su copia, se sirva admitirlo, y de conformidad con lo expuesto en el cuerpo del mismo, me tenga por evacuado en tiempo y forma procesales del trámite concedido y al amparo del art. 480.2, por opuesto a la admisión del recurso de casación, interesando se declare la inadmisión del mismo en méritos de lo expuesto, y todo ello por ser así de justicia que respetuosamente pido en Madrid a dos de diciembre de dos mil doce.

oposición a monitorio


 

Escrito de oposición en monitorio

Oposición contra demanda monitoria presentada por Mancomunidad por deudas de un local.

Se aduce que existen cuotas pagadas.

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. 50

D. Procurador de los Tribunales y de DON Saúl , representación que acredito con la copia de escritura de poder que acompaño unida como documento numero 1, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO:

Que mediante el presente escrito, en la representación que ostento, me persono en los autos de procedimiento monitorio numero 1/2012 y formalizo ESCRITO DE OPOSICION AL PROCESO MONITORIO, de conformidad con los siguientes

HECHOS

Nos oponemos al hecho primero de la demanda monitoria, conforme a los antecedentes que, a continuación, exponemos:

PRIMERO.-

No es cierto el hecho primero de la demanda monitoria, toda vez que mi patrocinado no es deudor de la actora por razón del local  numero 1 de la calle Alcalá  nº 1.

Tampoco es el titular registral de dicho local, puesto que carece de titulo que permita la inscripción en el Registro de la Propiedad. 

SEGUNDO.-

El local  a que se contrae la demanda monitoria esta inscrita a nombre de Doña Luisa , por titulo de compraventa, conforme acreditamos con la nota simple registral que acompañamos unida como documento numero 2 de este escrito.

De la citada nota registral, se infiere que el local objeto de este litigio es una participación proindiviso de un local, la finca numero 3 del Registro de la Propiedad numero 2 de los de Madrid.

Mi mandante alcanzó un acuerdo verbal con Doña Luisa, hoy fallecida, para la adquisición del local que nos ocupa, pero, por diferentes motivos, que no hacen al caso, no llegó a formalizar dicho acuerdo, ni, por lo mismo, cuenta con titulo alguno de propiedad, si bien en virtud de dicho acuerdo disfrutó la posesión quieta y pacifica del  citado local, desde 2000 hasta 2010, fecha en la que cedió sus derechos, nacidos de aquel acuerdo verbal, con motivo de la venta del local del  que era propietario en el citado edificio.

TERCERO.-

Durante el tiempo que disfrutó de la posesión del local, objeto de este litigio, mi mandante hizo frente a los gastos comunitarios por razón del la plaza número 1 del sótano, toda vez que, aun no habiendo otorgado titulo alguno para su adquisición, siempre consideró firme su acuerdo verbal con la propietaria.

CUARTO.-

En la demanda monitoria, se fija la deuda por gastos del local objeto del litigio, en la cantidad de 1000 € por cuotas y derramas. No se especifica qué cantidad corresponde a lo primero, ni a lo segundo, pero se desglosa la deuda de la siguiente manera, conforme al documento numero 2 de la demanda:

Por el año 2000:      100 €

Por el año 2001:      100 €

Por el año 2002:      100 €

Por el año 2003:      100 €

Por el año 2004:      100 €

Por el año 2005:      100 €

Por el año 2006:      100 €

Por el año 2007:      100 €

Por el año 2008:      100 €

Por el año 2009:      100 €

Total adeudado según la demanda: 1000 €.

Pues bien:

1.- Con fecha 1 de enero de 2000, mi patrocinado remitió, por carta, cheque nominativo, librado contra el Banco Santander, Agencia numero 1 de la calle de Alcalá de Madrid, fechado el día 2-2-2000, en forma nominativa a la Macrocomunidad del edificio que, en aquel entonces, administraba los locales comerciales, para el pago del año 2000.

Este importe fue debidamente cobrado por la comunidad y, por lo tanto, no existe deuda alguna del local que corresponda al año 2000, contrariamente a lo certificado para redactar la demanda monitoria.

Acompañamos como documento numero 3 unido, copia de dicha carta en la que se identifica el cheque utilizado para el pago y el desglose de las cantidades que lo conformaron.

2.- Con fecha 1 de enero de 2001, mi patrocinado remitió, por carta, cheque nominativo, librado contra Caja de Madrid, Oficina de Paseo de Extremadura nº 18 de Madrid, fechado el día 2-2-2002, en forma nominativa a la Macrocomunidad del edificio que, también en dicho año administraba os locales, para el pago, entre otros conceptos que se citan en la carta, de la cantidad de 100 euros  correspondientes a la cuota anual de la plaza del local , conforme a lo aprobado en la Junta general ordinaria de la comunidad.

También este importe fue debidamente cobrado por la comunidad y, por lo tanto, tampoco existe deuda alguna del local que corresponda al año 2001, de nuevo contrariamente a lo certificado para redactar la demanda monitoria.

Acompañamos como documento numero 4 unido, copia de dicha carta en la que se identifica, por fotocopia, el cheque utilizado para el pago y el desglose de las cantidades que lo conformaron.

QUINTO.-

No ha sido posible para mi mandante, dado que han transcurrido mas de diez años, obtener la prueba documental del pago de las cuotas que se reclaman, correspondientes a los años.

Sin embargo, con fecha 1-02-2010, la comunidad actora remitió a mi mandante una liquidación de la supuesta deuda. Esta liquidación, hay que calificarla, como mínimo, de sorprendente.

En efecto, para el año 2000, la comunidad reconoce que mi patrocinado pagó la cantidad de 100 euros y así lo hace figurar en la columna de pagado. Toda vez que en la columna de adeudado no figura cantidad alguna, el saldo deudor de ese año 2000, debiera ser de cero euros, como ocurre, por ejemplo, en la propia liquidación, con el año 1999.

En la demanda monitoria, se reclama para el año 2000, la suma de 100 € que coincide con el listado de recibos pendientes, unido a la liquidación remitida.

Cabe preguntar, ¿cuál es la realidad?; ¿no se debe nada, puesto que en la columna de adeudado la cantidad que figura es de cero euros?; ¿o se debe un recibo de 100 euros y en este caso por qué no se hace figurar así como saldo deudor entre pagado y adeudado?

II

En el año 2001 sucede lo mismo. En la liquidación remitida por la comunidad, no hay adeudo alguno, y se reconoce que mi mandante pagó la suma de 100 euros con lo que el saldo deudor debiera ser de cero pesetas en ese año.

¿Por qué entonces figura como pendiente de pago un recibo de 100 euros que es el que se reclama en la demanda, sin que figure en el saldo deudor de ese año?.

Si mi mandante pagó en el año 2001 100 euros por el local como se reconoce en la liquidación remitida, ¿a qué viene la diferencia de 100 euros que se reclaman en la demanda monitoria, contrariamente a lo reconocido en la liquidación remitida por la propia actora?.

Acompañamos como documento número 6 unido la liquidación remitida a mi mandante en el año 2002, acreditativa de que la deuda reclamada en la demanda, de los años 2000 y 2001, no existe según los documentos de la propia actora. 

SEXTO.-

En relación con los hechos segundo y tercero de la demanda monitoria, se puede observar, a la vista del documento numero 3 de la demanda, que las ventas que se realizan en el local, se otorgan siempre sin certificación de deudas de la comunidad actora. Ello es porque esta comunidad no es una comunidad sujeta a la Ley 8/99 de 6 de Abril, sino una comunidad romana por cuotas, que carece de titulo constitutivo, de las reguladas en los artículos 392 y ss del Código Civil, en las que no existe la obligatoriedad de contar con un certificado de deudas en el otorgamiento de las ventas para su acceso al Registro de la Propiedad. Las fincas se venden con el certificado de deudas de la comunidad de propietarios del edificio, y así acceden al registro de la propiedad.

En lo que se refiere al requerimiento de pago, se puede comprobar, a la vista del documento numero 4 de la demanda, que la comunidad actora no ha practicado requerimiento de pago alguno, toda vez, que el requirente, en el caso que nos ocupa, es una entidad denominada Administradores S.L., cuya relación con la comunidad actora es totalmente desconocida.

SEPTIMO.-

Es incierto el hecho cuarto de la demanda. Con excepción de la liquidación remitida en el año 2009, que hemos acompañado como documento unido, mi mandante nunca ha recibido requerimiento de pago alguno.

OCTAVO.-

En el hecho quinto de la demanda monitoria, se añade a la deuda reclamada por cuotas, gastos de envío de requerimiento por Burofax y, según el autor de la demanda, las costas causadas.

Los gastos de envío de requerimiento por Burofax no han  sido pagados por la comunidad actora, sino por una firma cuya relación con esta comunidad es desconocida. Sin duda, por ello, es improcedente su reclamación en una demanda monitoria de estas características.

En lo relativo a las costas, la alegación se hace por la actora al amparo del articulo 21 de la Ley 8/99 de 6 de Abril, al entender el autor de la demanda que su cliente, la comunidad actora, se encuentra sujeta al régimen legal nacido de la Ley de Propiedad Horizontal.

Sin embargo, como hemos apuntado, la comunidad actora es una comunidad romana por cuotas que carece de titulo constitutivo, de las que se regulan en los artículos 392 y ss. del Código Civil, en las que las decisiones se adoptan por mayoría de los partícipes (Articulo 298 del C.C.), de donde se infiere que el articulo 21 de la Ley 8/99 de 6 de Abril, de Propiedad Horizontal, no es de aplicación.

Por el motivo expuesto, en la medida que el proceso monitorio se puede interponer mediante certificaciones de impago de deudas ( Articulo 812 de la LEC), sin necesidad de valerse de Abogado y Procurador (Articulo 814 de la LEC), la reclamación de las supuestas costas causadas en el proceso que nos ocupa es contraria a Derecho, toda vez, que para su validez, es precisa una condena previa seguida de una tasación de las que se causen.

A estos hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I

COMPETENCIA.- Es competente el Juzgado al que tengo el honor de dirigirme, conforme a lo dispuesto en el artículo 813 de la LEC

II

PROCEDIMIENTO.- Deberán seguirse las normas contenidas en los artículos 812 a 818 de la Ley Procesal Civil.

Conforme a estos preceptos y toda vez que la cuantía de la reclamación no excede de 3.006€, el asunto deberá resolverse por la vía del juicio verbal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 818, en relación con el 250.2, ambos de la Ley Ritual.

III

POSTULACIÓN.- Mi mandante actúa representado por Procurador habilitado y con poder bastante y dirigido por el letrado del ICAM, Don José Martín García, no obstante no ser preceptiva la intervención de ambos profesionales, dado que la reclamación no alcanza la suma de 900 €.

                            IV

LEGITIMACIÓN.- No cabe duda de la legitimación que corresponde a mi patrocinado, en su condición de parte demandada en el proceso monitorio.

Negamos en cambio, la legitimación pasiva que se atribuye a mi mandante en la demanda monitoria en su condición de propietario del local objeto del litigio, toda vez, que como hemos visto y acreditado documentalmente, mi mandante carece de titulo de propiedad de la citada plaza.

V

FONDO DEL ASUNTO.- Invocamos los artículos 2, 3, 4 Y 5 -de la Ley 8/99 de 6 de abril, que regulan el ámbito de aplicación de dicha ley, en el que no se comprenden comunidades como la actora, que es una comunidad romana por cuotas, que carece de título constitutivo, distinta de las que se refiere el artículo 396 del CC (comunidades en régimen de propiedad horizontal).

VI

COSTAS.- En esta materia, son de aplicación los artículos 394 y 395 de la LEC.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito con su copia y los documentos que se acompañan se sirva admitirlo, y con todo ello acuerde:

1 – Tenerme por personado y parte en la representación que ostento, en los autos 1/2.012 de proceso monitorio, instado contra mi mandante.

2 – Tener por formulada OPOSICIÓN A LA ACCIÓN MONITORIA presentada de contrario.

3 – Sustanciar los autos por la vía del juicio verbal, al no superar la reclamación la cuantía de 3.006€, señalando al efecto la vista, en la que esta parte propondrá las pruebas de que intente valerse.

4 – Previo el trámite oportuno, dictar en su día sentencia, por la que se desestime la demanda por haber sido pagadas las cantidades reclamadas.

5 – Condenar a la actora al pago de las costas del juicio por formular una demanda de reclamación, sobre cantidades ya pagadas.

OTROSI DIGO que conforme se relata en el hecho quinto de este escrito, mi patrocinado no ha podido obtener los documentos o medios de pago de las cuotas reclamadas, correspondientes a algunos años, y aunque tales cuotas aparecen pagadas, según la liquidación de la propia comunidad actora, incorporada al documento número 6 unido a este escrito, con carácter cautelar, se consigna en este acto el importe de dichas cuotas, o sea la suma de 200 €, acompañando unido el resguardo de la consignación efectuada.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO tenga por hecha la anterior manifestación y por acompañado el resguardo acreditativo de la consignación, a los oportunos efectos.

SEGUNDO OTROSI DIGO que siendo general el poder que acompaño y siendo necesario para otros usos, procede y

SUPLICO AL JUZGADO, se sirva proceder a su desglose y devolución al compareciente, previa la oportuna nota o testimonio del mismo en los autos.

Todo ello por ser de justicia que pido en Madrid a 1 de enero de 2.011

oposición a medidas cautelares


oposición a medidas cautelares

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE COLLADO VILLALBA 

            D. Procurador de los Tribunales, y de D. José, representación que tengo acreditada en Diligencias Previas 5/2011 Procedimiento Abreviado 7/11, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO: 

            Que mediante el presente escrito, cumplimento el traslado efectuado por providencia de 25 de Diciembre de 2010, notificada en día 1 de Enero de 2011, en relación con la solicitud, hecha por el Ministerio Fiscal, en su escrito de 4 –12-2011, acerca del levantamiento de la medida cautelar adoptada por auto de 4 de Marzo de 2012. 

            Cabe, ante todo, señalar que, dicha medida cautelar ya fue modificada por auto de 2 de Mayo de 2011, en el sentido de permitir al imputado transitar por la localidad de Cercedilla, pero prohibiéndole, en todo caso, aproximarse a la persona del denunciante, así como a su domicilio, sito en el Camino de las Moreras s/n de la localidad de Cercedilla, a una distancia menor de 500 metros. 

            Dicho lo anterior, el Ministerio Público solicita el alzamiento de la medida, probablemente porque el domicilio del imputado está, hoy día, en Madrid y, al parecer, su puesto de trabajo, si es que lo mantiene, se encuentra en la misma provincia, en el Municipio de Chiloeches, todo ello añadido a un comportamiento correcto, desde que los hechos se produjeron. 

            Sin embargo, a nuestro modo de ver, sería una imprudencia el levantamiento de la medida, ya que es obvio que el imputado tiene un carácter violento; pero, sobre todo, porque su presencia, cerca de la persona de mi patrocinado y su esposa, o de Doña María, testigo que declaró bastante atemorizada el día 5 de Abril de 2011 puede perjudicar seriamente la situación personal de estas tres personas. Por el contrario, el mantenimiento de la medida, en nada perjudica al acusado. 

Por ello, no se advierte la razón de la solicitud hecha por el Ministerio Fiscal, a pesar de que en su escrito solicita el sobreseimiento de la causa, en cuanto al delito de robo con fuerza en las cosas, y la incoación del juicio de faltas por las amenazas vertidas. 

Y no se advierte, porque el artículo 57.3 del Código Penal establece que, para el caso en que se acuerde el sobreseimiento que interesa el Fiscal y se incoe el oportuno juicio de faltas, puede mantenerse la medida cautelar decretada, que es lo que interesamos en este acto: que se mantenga la medida cautelar decretada en el auto de 27 de Mayo de 20011 

En su virtud, 

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito con su copia, se sirva admitirlo, y teniendo por cumplimentado el traslado conferido, tenga a esta parte por opuesta a la solicitud del Ministerio Público, en relación con la medida cautelar adoptada por auto de 14-3-2011, acordando el mantenimiento de dicha medida en la forma que fue dictada por el auto de 7 de Mayo de 2011.

 Por ser de justicia que pido en Collado Villalba a 11 de Enero de 2012.

 

oposición a la ejecución


Escrito de oposición a la ejecución

En sentencia de divorcio

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 12 DE MADRID

DON, Procurador de los Tribunales y de DON JUAN, representación que acredito con la copia de escritura de poder que, bastante a mi favor, acompaño unida como documento nº 1, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que mediante el presente escrito, en la representación que ostento, me persono en los autos de ejecución de títulos judiciales 2/2012 dimanantes del proceso de separación, autos 1/2010 del Juzgado al que me honro en dirigirme, y, al amparo de los artículos 556 y ss de la LEC, formalizo ESCRITO DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN despachada por auto de 1 de julio de 2011, notificado en día 1.

Se formaliza la oposición por motivos de fondo, tanto por haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en el título ejecutivo, la sentencia de 1 de enero de 2010 dictada en los autos de separación 1/2006, notificada en día 1 de marzo de 2006, como por haber sido pagadas, aun en demasía, todas las cantidades que se reclaman en la demanda ejecutiva como supuestamente adeudadas.

Todo ello de conformidad con las siguientes,

ALEGACIONES

PRIMERA.- TÍTULOS JUDICIALES DE LOS QUE DIMANA LA EJECUCIÓN.
En la demanda ejecutiva se solicita el despacho de ejecución, con apoyo en el Auto de Medidas Provisionales, de fecha 1-10-2006 (autos 1/2006 F), notificado en día 1-11-2007, y en la sentencia de 1 de enero de 2007, notificada en 1 de marzo de 2007, que decreta las medidas definitivas que sustituyen a las dictadas provisionalmente.

Conviene hacer la precisión anterior, por otra parte obvia, para evitar la confusión en las que nos pretende sumir la demanda ejecutiva, cuya directora sabe y le consta, aunque no quiera expresarlo, que,

a) El auto de medidas provisionales, en su pronunciamiento tercero, dice: se
señala en 1.800.-€ la cantidad que deberá aportar JUAN en concepto de levantamiento de las cargas familiares y alimentos de los menores, ….

Es decir, en el auto de medidas, se señala como obligaciones patrimoniales de mi representado, la de pagar a su ex- mujer, 1.800.-€ al mes, y ello por todos los conceptos de levantamiento de las cargas familiares y alimentos. O sea, ninguna otra obligación y ningún otro pago, ni para hacer frente a cuotas hipotecarias o a gastos extraordinarios. El auto dispone que lo único que tiene que pagar mi representado son 1.800.-€ al mes.

b) La sentencia decreta en lo patrimonial, las siguientes medidas: TERCERA.- Se fija en 1.800.-€ en concepto de pensión alimenticia a los menores (a razón de 600.-€ por cada menor) la cantidad que deberá abonar JUAN a LUISA … Asimismo JUAN deberá contribuir al 50% de los gastos extraordinarios de educación y salud de los menores, decidiendo a falta de acuerdo de los progenitores, el Juzgado. CUARTA.- Cada cónyuge contribuirá por mitad al pago de la cuota mensual de amortización de la hipoteca que grava el domicilio familiar. Asimismo JUAN Y LUISA abonarán por mitad los impuestos que gravan la vivienda, el seguro de la misma y las derramas extraordinarias de la Comunidad de Propietarios del domicilio familiar.

En definitiva, la sentencia no ratifica las medidas provisionales, sino que decreta otras, de manera que, además de la cantidad de 1.800.-€ mensuales, mi representado tiene que contribuir al 50% de los gastos extraordinarios de educación y salud de los hijos menores, al pago por mitad de la cuota de amortización de la hipoteca, y al pago por mitad de los impuestos que gravan el domicilio familiar, el seguro de esta vivienda y las derramas extraordinarias de la Comunidad de Propietarios.

De lo anterior se infiere, que las obligaciones que se imponen a mi patrocinado, como consecuencia de la sentencia, no son las mismas que se le impusieron en las medidas provisionales, con el colofón obligado de que el cumplimiento de las medidas decretadas por la sentencia, sólo le puede ser exigido, después de dictada y notificada la misma.

SEGUNDA.- DESPACHO DE EJECUCIÓN POR MENOR CANTIDAD DE LA SOLICITADA.
Se solicita en la demanda ejecutiva el despacho de ejecución, por cantidades (entre otras) reclamadas antes de 1 de Octubre de 2010, fecha del auto de medidas provisionales, en cuantía, por principal, de 10.000-€.

El Juzgado, con toda lógica, despacha la ejecución, excluyendo las cantidades que se reclaman anteriores a 1 de octubre de 2007, y por eso concede el despacho de ejecución, sólo por la cifra de 7.000.-€ de principal.

Este hecho viene a demostrar la falta de rigor de la demanda ejecutiva, y a la hora de la oposición a la ejecución, la sed insaciable de Doña Luisa de conseguir el dinero a su ex–marido, a pesar de que sus posibilidades económicas son elevadísimas, como quedó demostrado a lo largo del litigio del que dimana la ejecución.

TERCERA.- PENSIONES ORDINARIAS.
Se reclaman en la demanda ejecutiva, tres deudas por este concepto de pensiones ordinarias:
I
Una primera, de octubre de 2006, por la diferencia entre 1.800.-€ que debió pagar mi representado y lo que pagó, que fue 2000.-€. La diferencia asciende a 1500.-€.

Pues bien, mi representado pagó, en efecto, 2000.-€, pero también pagó la cuota hipotecaria que grava el domicilio familiar, correspondiente a ese mismo mes, por un importe de 500-€. O sea, pagó un total de 2500.-€, y ello porque el auto de medidas provisionales no lo conocía porque no le había sido notificado (se notificó en 1 de octubre de 2007), de donde se deduce que era imposible que supiera que tenía que pagar 1.800.-€ mensuales.

Acompañamos como documento nº 2, justificante del pago de la cuota hipotecaria del mes de octubre de 2006.

Es preciso tener en cuenta, como hemos visto en la alegación primera, que en el auto de medidas provisionales, no se impone a mi patrocinado la obligación de pagar la cuota hipotecaria, sino sólo la obligación de pagar a su ex –mujer un total de 1.800.-€ mensuales.

Por todo ello, correspondiente a este mes de octubre de 2006, mi patrocinado adeuda a su ex –mujer la diferencia hasta totalizar 1.800.-€, es decir la cantidad de 200.-€.
II
Una segunda, de noviembre de 2006, por la diferencia entre 1.800.-€ y 1.317,43.-€, es decir, por 482,57.-€.

En este mes de noviembre de 2005, mi patrocinado pagó también la cuota hipotecaria de la vivienda familiar por 483,14.-€, lo que sumado a los 1.317,43.-€ pagados por alimentos, totaliza la suma de 1.800,57.-€, que fue la obligación que se le impuso en el auto de medidas provisionales.

Acompañamos como documento nº 3, justificante del pago de la cuota hipotecaria de noviembre de 2005.

III
Y una tercera, de diciembre de 2005, por la diferencia entre 1.800.-€ y 1.317,43.-€, igual que en el mes anterior.

Al igual que en noviembre de 2005, la diferencia, que es de 483,14.-€, fue pagada por mi patrocinado, abonando la cuota hipotecaria del mes de diciembre de 2005, para totalizar los 1.800.-€ que venía obligado a pagar.

Acompañamos como documento nº 4, justificante del pago de la cuota hipotecaria de diciembre de 2005.
En definitiva, la deuda de mi patrocinado para con su ex –mujer, por pensiones ordinarias, asciende a 208,43.-€, por la diferencia habida en el mes de octubre de 2005. El montante de la deuda por este concepto está muy alejado de los mucho más de mil quinientos euros, reclamados en la demanda ejecutiva.

CUARTA.- GASTOS EXTRAORDINARIOS
Se reclaman en la ejecución gastos extraordinarios, por un total de 1.321,77.-€, mitad de los que se dicen causados.

Ninguno de los gastos extraordinarios de la demanda ejecutiva se justifican; algunos parecen incluso un poco de broma. A nuestro modo de ver, y lo decimos con todos los respetos, no se debía haber despachado ejecución por este concepto, ya que no hay un solo documento, ni un solo indicio, de que los gastos no hayan sido engordados, y aun inventados, por nuestra contraparte, bien por sí misma, bien debidamente asesorada.

A mayor abundamiento, la sentencia objeto de ejecución, obliga a los dos cónyuges a pagar los gastos extraordinarios por mitad, previo acuerdo entre ellos. Este acuerdo no existe, nada se ha consultado con mi patrocinado, desde hace tiempo. Entendemos que nuestra contraparte, bien podría al menos comunicar con su ex –cónyuge, a la hora de incurrir en este tipo de gastos.

Sin embargo, es esta una materia que, utilizada o no para perjudicar a mi patrocinado, repercute en la calidad de vida de los hijos menores. Por esta razón, y aunque Doña Luisa tiene que justificar los gastos extraordinarios en que ha incurrido, esta parte está dispuesto a su abono por mitad, con una simple justificación de que se han producido.

Por nuestro lado, mi representado ha incurrido también en gastos extraordinarios, para la mejor calidad de vida de sus hijos, como la propia demanda ejecutiva reconoce, y según el siguiente detalle:

Acreditamos los gastos extraordinarios anteriores, con los documentos números 5, 6, 7 y 8 que acompañamos unidos, y señalamos que las clases particulares del verano de 2007 se reconocen en la propia demanda ejecutiva.

En resumen, como consecuencia de gastos extraordinarios, Doña Luisa adeuda a mi mandante la cantidad de 1000.-€ (mitad de 2000.- euros).

QUINTA.- GASTOS DE LA PROPIEDAD
En tercer lugar, se reclaman en la demanda ejecutiva, gastos correspondientes a la propiedad de la vivienda que fue el domicilio familiar. Por este capítulo se reclaman 473,25.-€ del IBI del año 2006, y 307,25.-€ del seguro de la vivienda, en la cuantía de un 50%, tal como ordena la sentencia objeto de ejecución. O sea, se reclaman por estos conceptos 390.-€.

La razón por la que mi representado no ha pagado lo que por estos conceptos le corresponden, es sencilla: en sus contactos con la Letrada que dirige la demanda (23-1-2007; 20-2-2007 y 3-3-2007) no fue ultimada la negociación iniciada, por estos y otros gastos.

No obstante, y pese a que a Doña Luisa, ni a su Letrada, les gusta presentar documento alguno que apoye sus pretensiones (en el presente capítulo tampoco), reconocemos la deuda de mi patrocinado con su ex cónyuge por este concepto que asciende a 200.-€.
SEXTA.- DIFERENCIAS POR PAGO INCORRECTO DE PRÉSTAMO
HIPOTECARIO.
Con una falta de rigor para nota, y sin una sola explicación, se reclama en la demanda ejecutiva por este concepto, la suma de 464,16.-€, correspondientes a las cuotas hipotecarias de febrero del año 2006 y marzo del mismo año.

En febrero de 2006, la sentencia de separación, objeto de ejecución, no había sido notificada; recordemos que se notificó el día 8 de marzo de 2006. Por lo tanto, mi representado había pagado la pensión de alimentos (1.800.-€) que le había sido impuesta, como única obligación, en el auto de medidas provisionales. De donde se infiere, por lo mismo, que no adeuda nada a su ex – cónyuge por este concepto.

En marzo de 2006, antes de la notificación de la sentencia, mi patrocinado ya había cumplido con su obligación de pagar 1.800.-€. Notificada la sentencia en 8 de marzo de 2006, que le imponía la obligación adicional de pagar el 50% de la cuota hipotecaria, su ex – cónyuge no le dijo nunca nada hasta la presente demanda ejecutiva.

A partir de abril de 2006, la situación está regularizada, como se infiere de la propia demanda ejecutiva.

Por los motivos anteriores, reconocemos una deuda de mi patrocinado con su ex –cónyuge, por este concepto de 2000.-€, correspondientes al 50% de la cuota hipotecaria del mes de marzo de 2007, deuda que se hubiera satisfecho inmediatamente, con solo recibir una comunicación en este sentido de Doña Luisa.

SÉPTIMA.- SEGURO MÉDICO
La sentencia, objeto de ejecución, expresa en su fundamento segundo, párrafo séptimo, tres últimas líneas, que el seguro médico no se incluye como gasto extraordinario ya que ha sido tenido en cuenta para fijar la cuantía de los alimentos.

Es decir, tiene que pagarlo Doña Luisa con cargo a la pensión que recibe, como la propia demanda ejecutiva reconoce. Además, añadimos nosotros, en la medida que ha sido tenido en cuenta para fijar la pensión por alimentos, Doña Luisa tiene la obligación de tener un seguro médico para los hijos menores.
Sentado lo anterior, la póliza de seguro médico, en la que se incluyen los hijos menores del matrimonio, está concertada con MAPFRE, a través del Colegio Notarial de Madrid, y tiene un régimen un tanto especial, ya que su importe se carga en la cuenta del Colegio Notarial y el Colegio lo repercute a sus miembros, uno de los cuales, hoy en situación de jubilado, es el padre de mi patrocinado.

Desde el auto de medidas provisionales, dictado el 1 de octubre de 2006, hasta la actualidad, mi mandante ha venido satisfaciendo el seguro médico de sus hijos menores, a razón de 60.-€ por persona y mes en el año 2006, de 65.-€ por persona y mes en el año 2006, de 70.-€ por persona y mes en el año 2007 (hasta 1 de julio).

Es decir, ha pagado en el año 2005, 300.-€, en el año 2006 360.-€, y en el año 2007, hasta el día 1 de julio, 450.-€.

En total, desde el auto de medidas provisionales, ha pagado por este concepto 3500.-€, que su ex –cónyuge resulta en adeudarle.

Acompañamos como documentos números 9 y 10, las certificaciones que acreditan el pago de la póliza de seguro médico.

Por otro lado, no es verdad que Doña Luisa haya solicitado el alta y no le haya sido permitida. Probablemente, dadas las condiciones de la póliza, no será posible. Pero, en todo caso, la obligación de Doña Luisa es hacerlo, y si no es posible, concertar para los hijos menores un seguro médico con otra compañía, notificando a su ex –cónyuge haber cumplido con esta obligación, para que este pueda dejar de pagar las cantidades que por este concepto viene pagando.

La medida que se solicita en la demanda ejecutiva, para que mi patrocinado presente judicialmente su baja en la póliza, es sencillamente absurda. Carece de sentido, desde el momento en que mi mandante lo hará inmediatamente, en cuanto sepa que su ex –cónyuge ha cumplido con la obligación de tener un seguro médico para los hijos menores. A ver si va a resultar que a mi patrocinado le gusta pagar lo que no tiene obligación de pagar. Simplemente absurdo.
OCTAVA.- COMPENSACIÓN
Uno de los medios para acreditar el pago de las obligaciones, reconocido por la LEC, es la compensación, a partir de lo dispuesto en el artículo 1.195 del Código Civil.

Por consiguiente, en la presente ejecución acreditamos el pago de las cantidades que, en razón al título judicial que se ejecuta, se adeudan por mi patrocinado (es evidente que no puede ser deudor de obligaciones que el título judicial objeto de ejecución no le impone), según el siguiente detalle:

Total deuda de Doña Luisa con mi patrocinado …3.000.-€

Siendo ambas deudas vencidas, líquidas y exigibles, procede la compensación, para acreditar el pago, por mi mandante, de las obligaciones que le fueron impuestas en el título judicial que se ejecuta, teniendo a su favor, un saldo por diferencia de 1000.-€, ello en el supuesto de que los gastos extraordinarios de la demanda ejecutiva se justifiquen.

Si esta representación tuviera la misma forma de actuar que nuestra contraria, no dudaríamos en reclamar inmediatamente.

OCTAVA.-
Las alegaciones que preceden bastan para la oposición a la ejecución que formulamos, pero no queremos dejar de hacer constar nuestra sorpresa, por dos manifestaciones, hechas en la demanda ejecutiva, tendentes a excitar arteramente la compasión del Juzgador, por un supuesto comportamiento incorrecto de mi patrocinado que obliga a Doña Luisa a sufrir precariedad económica.

La primera es que mi mandante ha ignorado el incremento, que en el año 2007 ha experimentado la hipoteca, para que “Doña Luisa sufra un nuevo quebranto y se vea obligada a suplir la inactividad de su ex –marido”.

La manifestación es tan incierta como falaz. El incremento de la cuota tuvo lugar en 11 de febrero de 2007, conforme acreditamos con el cuadro de amortización que acompañamos unido como documento número 11. En dicha fecha la cuota pasó de 450.-€ a 500,-€. En fecha 1 de abril de 2007, mi patrocinado pagó a Doña Luisa los atrasos por este concepto, conforme lo acredita el documento nº 12 que acompañamos unido. A partir de mayo de 2007, mi patrocinado paga la cuota hipotecaria que le corresponde, incrementada con el aumento producido, como se puede comprobar con los documentos 13 y 14 que también acompañamos unidos.

Aparte de que Doña Luisa tiene una situación económica envidiable, como quedó demostrado en el litigio, objeto de ejecución, conviene no faltar a la verdad, con la sola finalidad de hacer pasar a su ex –cónyuge por “el malo”, a fin de que los Tribunales se compadezcan de ella.

La segunda, es la solicitud de que se mantenga una cantidad a favor de Doña Luisa, para el pago de los gastos extraordinarios, a fin de evitar seguir acciones judiciales como la presente, a la vista de que mi patrocinado elude el cumplimiento de sus obligaciones en este punto.

Lo que debiera hacer Doña Luisa o su Letrada, es acordar los gastos extraordinarios con mi mandante, antes de incurrir en ellos, que es lo que manda la sentencia ejecutada.

Dicho lo anterior, en la presente ejecución ni siquiera se justifican tales gastos; no se sabe si son reales o ficticios; pero ya hemos dicho que esta es una materia que puede afectar seriamente a los hijos del matrimonio, por lo que no deseamos seguir incidiendo en el tema, y como se demuestra a lo largo de este escrito, mi patrocinado está dispuesto a pagar la mitad de estos gastos, con sólo que se justifiquen mínimamente.

De hecho, conforme a lo consignado en las alegaciones cuarta y séptima, incluimos su abono en el pago por compensación, aunque ni un solo gasto haya sido justificado, en la confianza de que nuestra contraparte, en lo sucesivo, deje de lamentarse e informe a mi mandante de todo lo que sea necesario, para evitar que los hijos menores sufran las consecuencias del divorcio de sus padres.
En cuanto a los FUNDAMENTOS DE DERECHO, en que se apoya la demanda ejecutiva, nada tenemos que oponer a los adjetivos – procesales que se consignan, invocando, por nuestra parte, que mi patrocinado comparece, representado por Procurador habilitado, con poder bastante, y dirigido por el Letrado del ICAM.

En lo que toca a los fundamentos sustantivos o de fondo, hacemos nuestra la invocación de los artículos 517, 518 y 548 de la LEC.

No procede la invocación del artículo 576 de la Ley Ritual, en la medida de que no se pueden devengar intereses por cantidades ya pagadas. Tampoco la del artículo 91 del Código Civil, al que nos oponemos, toda vez que mi mandante ha cumplido con las obligaciones que le fueron impuestas, primero en el auto de medidas provisionales, y después en la sentencia objeto de la ejecución.

Por último, debemos invocar los artículos 1.195 y ss del Código Civil en orden a la compensación.

En materia de costas, invocamos la aplicación del artículo 561.2 de la LEC, en cuanto que la ejecución deberá dejarse sin efecto, al haber sido cumplidas las obligaciones impuestas en el título ejecutivo y pagadas las cantidades reclamadas.
En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito con su copia y los documentos que se acompañan, se sirva admitir todo ello y a su vista acuerde:

1.- Tenerme por personado y parte, en la representación que ostento en los autos de ejecución de títulos judiciales 2/2012, mandando se entiendan conmigo las sucesivas diligencias.

2.- Tener por formulado ESCRITO DE OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DESPACHADA, sustanciando la ejecución por los trámites previstos en la Ley de Ritos.

3.- Previo el trámite oportuno, dictar auto por el que se estime la oposición a la ejecución formulada y se deje ésta sin efecto, mandando alzar los embargos decretados en el auto despachando ejecución, para reintegrar a mi mandante a la situación anterior al despacho de ejecución.

4.- Condenar a la ejecutante al pago de las costas de la ejecución.

OTROSI DIGO, que siendo el poder que se acompaña general para pleitos y necesitándolo para otros usos,

SUPLICO AL JUZGADO, ordene el desglose y la entrega al Procurador que suscribe del mencionado poder original, una vez tomada razón del mismo en el presente procedimiento.

Todo ello por ser de justicia que pido en Madrid a seis de septiembre de dos mil doce

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