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Una Juez de baja por el acoso de un abogado


Una Juez acosada por un abogado de baja.

 La titular de un Juzgado  de Vilanova i la Geltrú, , y la secretaria judicial han sido objeto de una «estrategia de acoso e intimidación a la dirección del juzgado» por parte de un abogado –marido de una funcionaria del juzgado– y un procurador que ha derivado en que ambas se encuentren de baja laboral. La Comisión Permanente del CGPJ decidió en su última reunión conceder el amparo solicitado por la magistrado, al entender que se puede estar incidiendo en su independencia judicial. El «acoso» comenzó después de que la magistrada informara al TSJ de Cataluña de que una auxiliar del juzgado estaba casada con un abogado que tenía distintos asuntos en el juzgado.
Ese letrado, a su vez, trabajaba con un procurador, que también tenía procedimientos en la misma sede jurisdiccional. La juez decidió trasladar a la funcionaria de destino. La magistrada señala que, como consecuencia de haber informado de la situación existente, se encuentra «sometida a un acoso constante por parte de los afectados». Además, asegura que se siente «absolutamente amenazada y coaccionada en el legítimo ejercicio de mis funciones, siendo consciente en todo momento de que el sólo hecho de conducirme bajo la más escrupulosa legalidad, supondrá el inicio contra mi de cualquier actuación».
Por su parte,la presidenta del TSJ de Cataluña,  señala en el informe que remitió al CGPJ que, una vez la juez informó de las actuaciones que afectaban a la funcionaria, ésta, su marido y el procurador iniciaron «toda una serie de acciones legales de variada significación» que, en su conjunto, «han afectado gravemente no sólo la serenidad e independencia necesarias para el normal ejercicio de la función judicial, sino también la propia marcha del juzgado». «Con la baja de la Sra. Secretaria y últimamente de la propia juez, con el consiguiente alejamiento siquiera sea temporal del ejercicio de sus funciones, se ha unido la baja de otros funcionarios del juzgado, afectados también por esta situación».

«Batería de acciones». La «batería de acciones» emprendidas van, según relata la presidenta del TSJ de Cataluña, desde la presentación de una querella contra la secretaria del juzgado, varias denuncias contra la juez y secretaria, así como determinadas incidencias procesales que desvelan «el tipo de comportamiento de que hace gala el procurador».
«La cronología de los hechos y el conjunto de las actuaciones emprendidas deben situarse en una estrategia de acoso e intimidación a la dirección del Juzgado que, interfieren en la independencia judicial, sobre todo cuando por mor de éstas se ha logrado apartar a la Sra. Secretaria y a la juez titular y el juzgado está siendo llevado por una juez sustituta y una secretaria en provisión temporal». Alegret informa de que ha realizado gestiones con la decana del Colegio de Procuradores y con la de los juzgados de Vilanova i la Geltrú, «sin que hayan remitido el conflicto por el momento».

Esta noticia apareció en La Razón el 31 de mayo de dos mil cinco

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La competencia territorial


LA COMPETENCIA TERRITORIAL DE LOS JUZGADOS

El criterio de atribución de la competencia según el lugar lo constituye el territorio mediante el cual se determina qué órgano judicial en concreto, de entre pluralidad de los del mismo grado, va ser el competente para el conocimiento de un determinado conflicto penal en su primera o única instancia.

La existencia de un criterio territorial de determinación de la competencia  encuentra su justificación en la existencia de una pluralidad de órganos de la misma clase, que actúan la potestad jurisdiccional a lo largo de todo el territorio nacional, que a estos efectos se divide en Comunidades Autónomas, Provincias, Partidos Judiciales y Municipios (art. 30 LOPJ).

En efecto, tal y como ya se ha señalado, con la sola excepción del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, que son órganos únicos y extienden su jurisdicción sobre todo el territorio nacional, los demás órganos integrantes el orden penal lo hacen en el ámbito territorial de cada una de las Comunidades Autónomas (Tribunales Superiores de Justicia), en la demarcación territorial de una Provincia (Audiencias Provinciales, Juzgados de lo Penal, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria), en la de un Partido Judicial (Juzgados de Instrucción) o, por último, en la de un Municipio, salvo que éste sea cabeza de partido (Juzgados de Paz).

Los criterios a través de los cuales se determina el órgano territorialmente competente para el conocimiento de un proceso penal reciben la denominación de «fueros», que pueden ser sistematizados en preferente y subsidiarios.

¿CUÁL ES EL FUERO PREFERENTE?

El fuero de aplicación preferente es el del lugar de comisión del hecho delictivo «forum commissi delicti»). Así lo establece, con carácter general, el art. 14 LECrim, que atribuye a los Juzgados de Paz, del lugar en que se hubieren cometido, el conocimiento de determinadas faltas; al Juez de Instrucción, del partido en que el delito se hubiere cometido, la instrucción de las causas; a los Juzgados de lo Penal y a las Audiencias Provinciales, de la circunscripción donde el delito hubiera sido cometido.

que el juzgado vuelva a notificar


En los casos en que el juzgado nos contesta con un motivo que creemos que no es real lo meor es enviar un escrito del tipo que dejamos a continuación.

Procedimiento Monitorio
Autos nº 10/2010

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 DE MADRID

 DON Procurador de los Tribunales y de GRUPO MI CLIENTE S.L., representación que tengo acreditada en los Autos nº 10/10, comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO:

Que mediante el presente escrito, y a la vista de la Diligencia de Ordenación de fecha10/09/2010, notificada a ésta parte, el día 10, cúmplenos manifestar lo siguiente:

1º) El requerimiento efectuado en el domicilio de la mercantil demandada por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos en fecha 11/7/2007, en la Calle Alcalá  nº 100, el cual resultó ser negativo por “no existir el mencionado núm. en dicha calle…….”, no estamos conformes con el motivo alegado en dicho requerimiento.

2º) Debemos manifestar el hecho de que en la página web de la demandada, aparece como domicilio la Calle Alcalá  nº 100, un apartado postal y su dirección de correo-e.

Se acompaña como documento nº1 copia impresa de fecha 12/9/2007 de los datos de la sociedad demandada, y como documento nº 2 copia impresa del mapa del callejero de Madrid-capital donde consta la Calle Alcalá  nº 100,

Así las cosas, esta parte solicita se requiera nuevamente a la mercantil demandada, en el domicilio de la Calle Alcalá  nº 100, de MADRID, para así dar cumplimiento a la Providencia de fecha 10/8/2010.

  En su virtud,

  SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, tenga por hechas las manifestaciones y solicitud que preceden, acordando de conformidad. 

 Por ser de justicia que pido en Madrid, a 10 de diciembre de 2010

Samgung Vs Apple


Samgung  Vs  Apple

Será un Jurado popular el que se  encargue de esclarecer si la nueva línea que dio Samsung a sus productos  es una copia de los productos de Apple y más concretamente de sus iPhone y IPad. Y si esta copia o similitud es legal o no lo es.
La confianza que tienen en algunos países en los jurados populares no puede por más que asombramos a los que no estamos acostumbrados a ellos y lo vemos con escepticismo.
Pues no solo deben establecer si el grado de similitud es admisible sino si es aceptable.
La pretensión de Apple es clara, la indemnización que piden no es muy elevada, unos pocos miles de millones, sin embargo solicitan que la marca coreana no pueda vender sus productos en Estados Unidos.
Por lo que nos encontramos un Juzgado compuesto por nueve personas no solo del mismo país sino se la misma zona de donde nació el gigante de la manzana, frente a una empresa coreana, una zona del mundo que no trae buenos recuerdos  a los norteamericanos.
Serán los miembros del Jurado capaces de establecer si la nueva línea de productos de Samsung es licita. ¿Serán capaces de abstraerse en cuanto a la nacionalidad de cada una de las empresas siendo la empresa denunciante no solo del
Mismo país sino de la misma zona, del mismo valle?. Los abogados de la empresa denunciada ya han argumentado en el sentido de que entre todos los televisores existen muchas similitudes; la pantalla plana, la pantalla estrecha la forma rectangular etc. y nadie relama al respecto. Pues debemos tener en cuenta que la queja no es por una copia en canto a la tecnología, programas, sistema operativo o similar, sino por la apariencia esto es; por las formas, alargadas, planas, cuidadas la pantalla táctil, el hecho de que se actúe en la pantalla a través de iconos…
Lo que pretende Apple es que no se fabriquen dispositivos que se parezcan al suyo, algo así, y volviendo al ejemplo anterior del los televisores, que solo la primera marca que creó el televisor que ahora conocemos: plano, con poco marco, sin botonera visible etc. no hubiera permitido a otras marcas fabricantes de televisores, que según hubieran ido adquiriendo la capacidad tecnológica, hubieran ido construyendo televisores “modernos”.
Claro esto que en principio puede parecer impensable, si tuviera que decidir un Juez profesional. No sabemos qué puede ocurrir con la decisión de un juzgado popular compuesto por nueve personas paisanas de la empresa denunciante y hasta qué punto podrán los abogados de una y otra empresa razonar lo que a su cliente más convenga.

El juez Serrano


Condenado el juez Francisco Serrano

El juez Francisco Serrano quien en un arranque de “equidad” estimó que porque pasara un menor un día más de lo que le correspondía,   según lo establecido en el régimen de visitas acerca de las medidas, con el padre en lugar de con la madre para que pudiera asistir a un acto religioso en el que tenía mucho interés el menor.
Es condenado y apartado de la judicatura por 10 anos al ser la pena de inhabilitación.
Afirma que es una venganza del “lobby de género” no lo sé.
Lo que sí que es verdad que este asunto me reafirma en algo que se me plantea en algunas ocasiones: cuando me comentan, compañeros abogados y otras personas que no son letrados, sabiendo que mi campo es el derecho penal, acerca de lo “desagradable” que tiene que ser el ejercicio  del penalista, a lo que suelo contestar que para mí es mucho más desagradable lo que se “ve” en los asuntos de familia que en los asuntos de penal.
El odio y la inquina que muestran personas que han convivido durante media o una vida entera, es incomparable, en el que además se suelen ver involucrados menores en algo que va directamente contra los cimientos de su educación.
Sé que no se deben mezclar contextos, que si éste juez ha sido condenado lo ha sido por dictar una  resolución a sabiendas de su ¿injusticia?, bueno en cualquier caso en contra de lo que establecen las leyes.

Un día en el que un menor disfrutó de un día de procesión con su padre, le ha costado el trabajo a un Juez. Se hartan sus señorías en explicar siempre (siempre que les viene bien) que se actúa a favor del menor. En este caso no creo que el menor hubiera sufrido ningún problema.

La parte contraria ¿se encontrará suficientemente satisfecha con la condena del juez?

“Prefiero ser un abogado libre a un juez esclavo del miedo” ha manifestado el mencionado juez.

Análisis del fondo


Ratio decidendi y obiter dicta el análisis por parte del magistrado del fondo del asunto: la ratio decidendi, ejemplo:

EL JUZGADO   FONDO DEL ASUNTO

Los demandantes son madre e hija, que contrataron con el acusado la compra de la 2 ª planta de la casa de la dirección C/ Pueblo Satén  nº164 2º E . Los acuerdos que se firmaron entre el demandante por una parte, y la parte demandada la otra, de fecha 1 de febrero de 2004 y 19 de febrero 2005, para la compra de de la Propiedad por un l precio de compra total de 480.000€.
II. El primer acuerdo entre los demandantes y el demandado fue de fecha 11 de febrero de 2004  y siempre por 480.000€  del precio de compra a que se  habrá de pagar 2 cuotas de 240.000€ cada una, la primera cuota deberá ser pagadera al “cumplimiento de los pisos de la fase 1”, y la segunda cuota corresponde pagarla a la entrega de las llaves de la propiedad.
Los términos del segundo acuerdo de fecha 1 de febrero de 2004 son idénticas a las del Acuerdo de 19 de febrero, con excepción de las modificaciones introducidas a la forma de pago del  precio pactado. En el marco del Acuerdo de 11 de febrero, los 480.000 euros del precio de compra debían pagarse a la firma del acuerdo, en lugar de 240.000€,  a lo dispuesto en el Acuerdo de 1 de febrero.  Los pagos posteriores se redujeron por lo tanto, a 2 cuotas de 240.000 euros  cada uno.  La cláusula 4 del Acuerdo de 1 de febrero se modificó para establecer que la prima a pagar por los demandantes en por la propiedad de la casa señalada  480.000 €. El error en la escritura del apellido del demandante  en el Acuerdo de 1 de febrero se corrigió en el Acuerdo de 19 de febrero, al igual que la descripción del lote, que se adjudicaba.  Los demandantes alegan que el Acuerdo de 1de febrero fue firmado por los demandantes y el vendedor en las oficinas del abogado de la parte demandada, con el propósito de efectuar la compraventa de la propiedad.  Esto es negado por el vendedor, quien afirma que los demandantes asistieron a su bufete de abogados el 18 de febrero de 2005 con el fin de  firmar un testamento y un poder notarial.  No se discute que los demandantes al pagar el precio de compra total de 480.000 euros, se les dio las llaves de la propiedad y que estos se habían mudado a la propiedad en julio de 2005 para residir allí.  Sin el conocimiento de los demandantes, el propietario hipotecada la propiedad a un tercero en noviembre de 2004, y la propiedad fue embargada en virtud de la hipoteca que se inscribió en el Registro de la Propiedad. El vendedor incurre en mora en el pago de las sumas adeudadas al acreedor hipotecario de él y en diciembre de 2006, el acreedor hipotecario obtiene sentencia en contra por la que se le concede la propiedad  de  la casa. Los demandantes fueron desalojados por consiguiente, de la propiedad.
Estos procedimientos se iniciaron por la parte actora en contra del vendedor por fraude y por incumplimiento de contrato. Los demandantes también afirman que su abogado en la compra de la propiedad fue negligente al no (entre otras cosas) registrar el Acuerdo de 19 de febrero en el Registro de la Propiedad, para salvaguardar el interés de los demandantes.
Cuestiones

Los temas que surgieron de los alegatos y las pruebas para la determinación en el juicio son los siguientes:

(a) ¿Cuál fue el propósito de la visita de los demandantes a la oficina de los abogados del demandado el 19 de febrero de 2009 como se alega?

(b) ¿Quién preparó el Acuerdo de 19 de febrero?

(c)  Fue el Letrado negligente en el desempeño de sus deberes para con los demandantes?

(d) ¿Son los daños y perjuicios reclamados por los demandantes causados por la negligencia del  abogado o del vendedor del inmueble?

V .- Al decidir las distintas controversias de este asunto en cuestión, mis consideraciones son:

1 .- la credibilidad que me infunden de las afirmaciones de las partes.

2.-  si las partes son consistentes de que su conducta no era ajustada a Derecho.

3 .- la credibilidad y la conducta de testigos. Al considerar el testimonio de los testigos, que tener en cuenta que son un testimonio sobre los hechos que tuvieron lugar en 2005.

4 .- ¿Cuál fue el propósito de la visita de los demandantes a la oficina del  abogado del demandado, el 11 de febrero de 2009 como se alega?

El Acuerdo de 11 de febrero establecía que el precio de compra debería ser pagadero a la firma del acuerdo. Según los demandantes, que insistieron  en ir a la oficina de un abogado para completar y formalizar la transacción antes de realizar dicho pago. Además, el Acuerdo de 11 de febrero contenía errores en el nombre del vendedor (el apellido como ya hemos señalado) y en el número de lote, y tuvo que ser revisada. Ningún pago fue hecho por los demandantes.
VI. Se desprende de la evidencia que los demandantes habían insistido en no hacer ningún pago hasta que hubieran asistido a la oficina de un abogado para firmar los papeles necesarios y, en la mente de los demandantes estaba “formalizar” la compra-venta.
VII. Por otra parte el Letrado manifiesta que las partes asistieron a su despacho el 17 de febrero de 2004, no el 19 febrero de 2004. Pocos días antes, había sido contactado por los demandantes y se le solicitó para  asesorar sobre el título y propiedad del inmueble. Aconsejó a las partes que el lote no podía ser vendido dentro de los 3 años siguientes a la expedición del certificado de cumplimiento o permiso de ocupación, y que el vendedor  sólo podía vender la propiedad después de 3 años. El abogado  afirma que después de haber dado tal consejo, las partes le  solicitaron un rato para discutir el asunto por su cuenta. Cuando el letrado volvió a la sala de reuniones después de 20 minutos, se le solicitó para preparar un testamento, un poder y una garantía de compra.
Dejando de lado por el momento presente la cuestión de si la visita a la oficina del  letrado se realizó el 17 de febrero de 2004 o 19 de febrero 2004, me resulta difícil creer que estuviera en condiciones de dar instrucciones específicas al letrado en la reunión, como él dice, para preparar un testamento, un poder y una garantía de compra.  Esta reunión no tenía ninguna relación inmediata o directa a la compra de la Propiedad.
Por otro lado, por parte de un abogado con experiencia (el letrado que nos ocupa lleva ejerciendo más de 15), yo esperaría que sepa la diferencia entre lo ocurrido y lo que afirman las partes respecto al contenido de la reunión en su. Esto es particularmente importante cuando, como en esta ocasión,  los hechos controvertidos en disputa son precisamente eso, el fin de la reunión entre las partes en su despacho.
Cuando el letrado  declaró que ante esta sala que la reunión y ofreció  pruebas de la secuencia de acontecimientos que tuvieron lugar, poco después dio in giro as u versión y dijo que su los hechos no, habían  sucedido, y que los hechos que había mencionado (y en particular en relación con la garantía y en concreto su contenido), no podría haber tenido lugar en absoluto.
Está claro que era razonablemente previsible que los demandantes se basaran en el consejo del Letrado, y se verían muy influenciados por su opinión.
El reconocimiento fue firmado por los demandantes. Es posible que no hubieran  leído el documento antes de firmarlo, pero si deciden no ser cuidadosos  en la firma de un documento y leerlo antes, entonces ellos no pueden quejarse, y alegar  que no deben ser obligados por él.

Agosto hábil para los Juzgados de lo civil


Agosto hábil para los Juzgados de lo civil

¿Debe ser el mes de agosto hábil en materia civil? ¿Por qué no ? Pero en mi opinión con restricciones. Creo que podrían funcionar para resolver causas que estén abiertas con anterioridad y avisando a las partes (justiciables, abogados y procuradores) con tiempo para que organicen su periodo vacacional.
¿Por qué creo esto? .

Pues verán; es conocido el espíritu litigante del español, así como que cuando se encuentra en días de esparcimiento es más propenso a inter relacionarse con los demás.
Se dice que tras el verano las parejas se separan o divorcian en mayor número que el resto del año. Y se achaca este problema a que la convivencia, que en meses laborables es la justicia, al llegar la época vacacional se hace insoportable  para las parejas mal avenidas. Al llegar septiembre acuden  al abogado para que presente la oportuna demanda. Y eso teniendo en cuenta que septiembre ( y últimos de agosto) es un verdadero carrusel de problemas; la vuelta al colé de los niños con sus compras respectivas y matriculas, vuelta al trabajo de los padres, falta de dinero, cambio de temporada en el vestir etc.

Me pregunto si no aumentaría notablemente la presentación de demandas de divorcio, por ruidos del cecino, por molestias de la terracita, por qué uno me ha dicho… Con tiempo libre suficiente, en caliente…
Puede que el mes de agosto no descongestionase, sino que cargara aun mas de trabajo para septiembre, que habría que rematar lo que quedo en julio y lo empezado, con menos medios humanos ( por qué no decirlo también, con escasas  ganas).
Lo malo es que la política de gestos ha venido para quedarse, sea del color que sea el gobierno.
Creo que si funcionasen los juzgados de lo civil en agosto debería ser para que los funcionarios que no vacacionasen ese mes terminaran trabajo, sin la atención al público que tanto ralentiza.

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