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COMUNIDAD DE VECINOS IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS


(Falta de citación a la Junta. Modificación del título constitutivo. Acuerdos contrarios a la Ley) AL JUZGADO DE PRIIMERA INSTANCIA DE ………………………… D ………………………… Procurador de los Tribunales, que actúa en nombre y representación de D …………………………, con domicilio en ………………………… (se indicarán los datos y circunstancias de identificación del demandante) …………………………, según acredito con la copia de escritura de poder general para pleitos que tengo aceptada y acompaño, con el ruego de que sea devuelta previo su testimonio en autos; siendo la direccción letrada de D …………………………, abogado del Iltre. Colegio de …………………………, con despacho profesional abierto en esta capital sito en …………………………, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO: Que mediante el presente escrito y en nombre de mi principal vengo a formular demanda de Juicio Ordinario en materia de propiedad horizontal, contra la Comunidad de Propietarios de la casa señalada con el número ………………………… de la calle ………………………… ; demanda en la que se ejercita la acción de impugnación de acuerdos comunitarios. Conforme a lo señalado en el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se hacen constar los siguientes: HECHOS PRIMERO.- Mi mandante es propietario de la vivienda sita en …………………………, a la que corresponde un coeficiente de participación de ………………………… % como integrante de la Comunidad demandada. (Se acompaña doc.1 el título consistente en la escritura de compraventa). SEGUNDO.- La Comunidad de propietarios demandada tiene por legal representante a Dª …………………………, que ostenta el cargo de Presidenta, por su nombramiento vigente desde la Junta de fecha ………………………… de ………………………… (Se acompaña doc.2, certificación obtenida del libro de actas, y se señala el mismo y archivos de la Comunidad, a los efectos del art. 265.2 LEC). TERCERO.- Con fecha ………………………… de …………………………,se celebró Junta de propietarios, en la que se tomó el acuerdo, entre otros, de abrir en las paredes traseras de fábrica del edificio que contienen el elevador de vehículos a las parcelas de garaje de las plantas de sótano, a fin de practicar una segunda puerta para tal elevador y permitir la salida directa desde el mismo a las parcelas números …………………………, cuyo tenor literal es el del acta que me ha sido remitida y que se acompaña doc. 3. CUARTO.- Por causas que esta parte desconoce, no fui citado a la celebración de la Junta, por lo que evidentemente no pude asistir a la misma ni manifestar mi oposición frente al apartado ………………………… precitado de los acuerdos tomados en dicho Junta, por lo que lo hago por medio de la presente demanda, manifestando mi total oposición al referido acuerdo. A los anteriores Hechos son de aplicación los siguientes: FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA A) JURISDICCIÓN. POTESTAD JURISDICCIONAL. La potestad jurisdiccional se ejerce por los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan (art. 117.3 CE). JURISDICCIÓN CIVIL. Los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional (art. 9.2 LOPJ). ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN. La extensión y límites de la jurisdicción de los Tribunales civiles españoles se determinará por lo dispuesto en la LOPJ y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte (art. 36 LEC), no existiendo en el presente asunto elemento ninguno de extranjería. B) COMPETENCIA PREDETERMINACIÓN LEGAL DE LA COMPETENCIA. Para que los Tribunales civiles tengan competencia en cada caso se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley y anteriores a la incoación de las actuaciones de que se trate (art. 44 LEC). COMPETENCIA OBJETIVA. Corresponde a los Juzgados de Primera Instancia, puesto que no viene atribuída por Ley esta causa civil a otros Juzgados o Tribunales (art. 85.1 LOPJ y 45 LEC). COMPETENCIA TERRITORIAL. Resulta competente el Juzgado a que me honro en dirigirme por ser del partido del lugar donde está sita la finca, conforme al mandato del art. 52.1.8º LEC, que es fuero necesario (art. 54.1 LEC), controlable ‘ex officio iudicis’ en trámite de admisión de la demanda (art. 58 LEC). PROCEDIMIENTO Conforme al número 8º del art. 249.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el procedimiento ajustado a derecho, por tratarse de acción que otorga a los propietarios la Ley de propiedad Horizontal, será el del juicio declarativo ordinario regulado en los arts. 399 a 436 de la misma Ley. III.- LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA La legitimación activa le corresponde a mi mandante conforme a lo previsto en el artículo 18.2 LPH reformada por Ley 8/99, en cuanto reconoce legitimación al propietario para impugnar los acuerdos contrarios a las leyes, cuando hubiera estado ausente por cualquier causa. La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad por ser la que tomó el acuerdo que se impugna, siendo demandada en la persona de su Presidenta, a tenor de lo dispuesto en el art. 13.3 LPH reformada por Ley 8/99, en cuanto señala que el órgano de representación de la Comunidad en juicio y fuera del mismo, en los asuntos que afecten a la Comunidad, lo es el Presidente elegido de entre los propietarios. IV.- CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN Mi mandante es persona física, mayor de edad, en pleno ejercicio de sus derechos civiles, que tiene capacidad para ser parte y para comparecer, por sí, en su propio nombre y derecho, en este juicio (art. 6.1.1º y 7.1 LEC). La Comunidad carece de personalidad jurídica, pero tiene capacidad para ser parte y capacidad procesal por específica disposición legal, a través de sus órganos (arts. 6.1.5º y 7.6 LEC). V.- POSTULACIÓN Y DEFENSA El actor ha otorgado poder notarial al Procurador de los Tribunales que encabeza este escrito, habilitado en el partido del Juzgado, cuya copia auténtica se ha aportado, general para pleitos (art. 25 LEC), siendo redactada y firmada la demanda por la abogada ejerciente colegiada que dirige el asunto y se identifica en el encabezamiento, según resulta preceptivo conforme a los arts. 23 y 31 LEC. VI.- FUNDAMENTOS MATERIALES La presente acción tiene su fundamento en el art. 16.2 LPH, que exige la previa convocatoria a la Junta de propietarios, con entrega de citación escrita en el domicilio designado por cada propietario, y en su defecto, en el piso a él perteneciente. Asimismo, los acuerdos de las Juntas serán impugnables, según lo dispuesto en el punto primero del art 18 LPH, cuando sean contrarios a la Ley, y lo son aquellos que se adopten para modificar el título constitutivo sin unanimidad. El acuerdo tomado por la Comunidad en ausencia de esta parte, va contra la regla de unanimidad de los acuerdos que representan alteración del título constitutivo o de los estatutos (art. 17.1ª LPH), dado que no supone el establecimiento de un servicio común nuevo, ni los que disfrutan las parcelas nos ………………………… de los sótanos de garaje padecen de minusvalía de ningún tipo, sino que, para el servicio ya existente de elevador-descensor de automóviles, se desea modificar un elemento común (paramento de tabicación de los sótanos en que se encaja dicho aparato), al solo fin de dar acceso exclusivo a sus parcelas a dos copropietarios, que al parecer, cuentan con vehículos de motor de dimensiones tales que no pueden acceder por el vial común que utilizan todos los usuarios del garaje, cosa que obviamente no es imputable a nadie más que al titular del vehículo. VII.- CUANTÍA DE LA DEMANDA.En cumplimiento del art. 253.1 LEC, puesto que la cuantía litigiosa resulta indirectamente determinable, se hace constar que la cuantía de esta demanda es la de ………………………… euros ( ………………………… € ), ya que se pretende una prestación de no hacer, no personalísimo, cuyo costo de reposición es el indicado, y a tal acreditación se aporta presupuesto de ‘Construcciones …………………………, S.L.’ como doc. 4. VIII.- COSTAS. Conforme al art. 394 LEC las costas han de imponerse a la parte demandada, por principio objetivo del vencimiento Por lo expuesto, SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito, con los documentos y copias que le acompañan, mande formar autos en los que se me tenga por comparecido y parte en nombre de quien comparezco, por deducida demanda de Juicio Ordinario, la admita a trámite y confiera traslado de la misma al demandado, con entrega de las copias presentadas, emplazándole para que comparezca en autos y la conteste, siguiendo el pleito su curso con celebración de las audiencias previstas, y en definitiva se lleve a dictar Sentencia por la que, estimando íntegramente la demanda, se declare la nulidad del acuerdo tomado en la Junta de Propietarios de la Comunidad demandada de fecha …………………………, señalado en su apartado …………………………, cuyo contenido se consigna en el fáctico, dejándolo sin efecto alguno, con expresa imposición de costas procesales a la parte demandada, y demás que proceda en Justicia que pido en ………………………… (lugar y fecha) ………………………… Firma de Abogado y número de colegiado: ………………………… Firma del Procurador: …………………………

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impugnacion de honorarios


 Escrito de impugnación de honorarios

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 0 DE MAJADAHONDA    precio

DOÑA. Procuradora de los Tribunales y de la mercantil  S.A., representación que tengo acreditada en autos de juicio de cognición 0/2012, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO 

            Que mediante el presente escrito, interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN contra la providencia de 0 de septiembre de 2011, notificada en día 1, para que el pronunciamiento recurrido sea sustituido por otro, en el que se apruebe la tasación de costas presentada, reduciendo la minuta del Letrado de esta parte a la cantidad de 500,00 € más el IVA que corresponde (100,00 €) en total 400,00 €, tal como pretende nuestra contraparte en su escrito en el que impugna los honorarios de letrado incluidos en la tasación.  

            Cierto que el art. 246 de la LEC ordena la celebración de una vista, cuando se impugna la tasación por la inclusión de partidas u honorarios que no se consideran debidas; pero, siendo cierto que en la minuta presentada, incluida en la tasación de costas, no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el art. 394.3 de la LEC, tiene razón nuestra contraparte en la impugnación que ha deducido. 

            Y por razones de pura economía procesal y celeridad en los procedimientos, a nuestro modo de ver procede la reposición de la providencia recurrida, dictando una nueva por la que se apruebe la tasación de costas, reduciendo los honorarios del Letrado de esta parte a la suma de 400,00 €, a fin de cumplir con lo dispuesto en el art. 394.3 de la LEC, y aceptando, de esta manera, la súplica interesada por nuestro contrario. 

            En su virtud     

 SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito con su copia se sirva admitirlo y en mérito a lo expuesto, tenga por formalizado recurso de reposición contra la providencia de 1-01-2011, notificada en día 11, para, previo el trámite oportuno, dictar resolución por la que se estime el recurso y se acuerde aprobar la tasación de costas reduciendo la minuta del Letrado de esta parte a la cifra de 400,00 €, para cumplir con lo dispuesto en el art. 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

            Por ser de justicia que pido en Majadahonda a 1 de septiembre de 2012.

oposición a ejecución de tasación de costas


Oposición a ejecución de tasación de costas

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6
 DON Procurador de los Tribunales y de Don José Ángel , representación que tengo acreditada en autos de ejecución de títulos judiciales 4/2010 ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:
 Que mediante el presente escrito, cumplimento traslado, conferido por providencia de 4-1-2010, notificada en día 2, para formular alegaciones a la oposición formulada de contrario, conforme a lo previsto en el artículo 559 de la LEC.
 Este precepto de la Ley Ritual permite subsanar los defectos, en que pudiera haber incurrido el despacho de ejecución, bien mediante la subsanación por el ejecutante, bien, como es lógico, de oficio por parte del Juzgado al que me honro en dirigirme.
 Así ocurre en el caso que nos ocupa, en el que, solicitada la ejecución de una tasación de costas aprobada y firme por no haber sido impugnada, se hizo referencia en la demanda ejecutiva, a la sentencia de la que dimana la tasación de costas, que contenía un pronunciamiento de condena en costas, que también había devenido firme.
 En efecto, solicitada la ejecución de la tasación de costas firme, el Juzgado dictó auto de fecha 1 de Marzo de 2009 aprobándola, y despachó ejecución por auto de 2 de Abril de 2009, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 548 de la LEC para el despacho de ejecución, toda vez que el auto fue notificado al ejecutado, como él mismo reconoce, el día 2 de Marzo de 2009.
 Por lo tanto, el defecto en que podía haber incurrido la ejecución de la tasación de costas firme, al citar la sentencia de condena en costas también firme, ha sido subsanado por el propio Juzgado, al despachar la ejecución en su auto de 2 de Abril de 2007, dictado un mes y cinco días después de la notificación al ejecutado del auto por el que se aprobó una tasación de costas, firme desde hacía mucho tiempo, pues había sido practicada en 1 de Diciembre de 2006 y notificada a las partes en 31 de Diciembre de 2006.
 De otro lado, el ejecutado hoy opositor lo sabía, ya que, con fecha 2 de Abril de 2007 pagó las costas, por cierto sin consignación judicial sino pagando directamente al ejecutante. Dicha fecha es la misma en la que el Juzgado despachó la ejecución, cuando, desde el día 1 de Enero de 2007, fecha del vencimiento del plazo para impugnar la tasación de costas, sabía que tenía obligación de pagarla, pues había devenido firme.
 No parece, por todo lo anterior, procedente que se solicite la nulidad de una ejecución, con apoyo en un error en la solicitud, cuando éste ha sido debidamente subsanado por el propio Juzgado, que despachó la ejecución, expresando el auto objeto de la misma y después de transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 548 de la Ley Ritual, entre otras cosas, porque el propio solicitante de la nulidad procede a hacer frente a un despacho de ejecución (pagando la tasación de costas), que el mismo considera nulo, y lo hace cuando ve que no tiene más remedio, pues desde 1 de Enero de 2007 sabía que tenía que pagar las costas.
 En su virtud,
 SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito con su copia se sirva admitirlo y, teniendo por cumplimentado el traslado conferido, tenga por hechas las alegaciones a las que se refiere el artículo 559 de la LEC, y en mérito a lo expuesto dicte resolución por la que se desestime la oposición formulada.
 Por ser de justicia que pido en Madrid a treinta de diciembre de dos mil diez.

Recurso juicio de faltas


Recurso juicio de faltas

Juzgado de Instrucción n XX

Juicio de Faltas XXXX/2011

AL JUZGADO  DE INSTRUCCIÓN NºXX PARA ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

          DON JOSÉ MARTÍN GARCÍA abogado del Ilustre Colegio de abogados de Madrid, cuyos demás datos constan en el procedimiento arriba referenciado, y de Doña Cliente ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho,

DIGO:

Que en fecha 10 del mes y años corrientes  ha sido notificada la sentencia del Juicio de Faltas nºxxx/2011, del Juzgado de Instrucción nºXX de Madrid, fechada el día 11 de noviembre de 2011, por la que se condena a Doña defendida y de Doña otra defendida como autores de sendas faltas de Falta de Hurto del artículo 623.1 del Código Penal, en grado de tentativa del artículo 16 del mismo texto legal a la pena de un mes de multa, a razón de cuatro euros diarios.

Por entender dicha resolución no ajustada a Derecho, perjudicial y lesiva para los intereses de Doña defendida y de Doña otra defendida, al amparo del artículo 976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 24 de la Constitución y demás disposiciones concordantes, interpongo frente a la misma RECURSO DE APELACIÓN, recurso que fundamento en los siguientes motivos:

ÚNICO.- Error en la apreciación de la prueba de la sentencia recurrida.

La sentencia recurrida llega a una conclusión errónea al entender probada la existencia de sendas faltas de hurto en las actuaciones de referencia.

Como bien sabe la Ilma. Sala a la que tengo el honor de dirigirme, en el presente recurso de apelación cabe una revisión plena de los elementos tenidos en cuenta por el Tribunal a quo en lo relativo a las pruebas practicadas, de modo que puede realizarse una nueva valoración de éstas que evidencie el error sufrido, sin limitación alguna al efecto, como pudiera ser la establecida para otra clase de recursos (significativamente, el de casación).

Sólo así puede entenderse el derecho a la doble instancia en el proceso penal, expresamente reconocido en diversos tratados y convenios internacionales suscritos por España (artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de Diciembre de 1966 y 2.1 del Séptimo Protocolo del Covenio Europeo de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales -Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950-) y por la Doctrina de nuestros más altos Tribunales, de la que resulta paradigmática la contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1994, de 11 de abril, cuando afirma:

«La doble instancia en la jurisdicción penal, configurada precisamente como garantía en el Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 (protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales), y como tal y por ello mismo integrada en el ámbito de la tutela judicial, conlleva la posibilidad de impugnar las decisiones judiciales ante un Juez superior. Existen varias modalidades para los recursos, y entre ellas la más normal es la de apelación, cuya naturaleza como medio ordinario de impugnación está reconocida por todos e implica, con el llamado efecto devolutivo, que el juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo, no sólo por lo que respecta a la subsanación de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba. En tal sentido, el recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iuditium (Cfr. TC 1ª S 194/1990 de 29 de nov. y TC 2ª 21/1993 de 18 de enero).»

Así, en el presente caso, y en cuanto al concreto extremo referido, lo cierto es que la prueba practicada no permite entender acreditado que Doña defendida y de Doña otra defendida cogieran diversas prendas de ropa del establecimiento comercial “Grandote” con la intención de cometer hurto.

En este sentido, a pesar de que los únicos elementos probatorios tenidos en cuenta por el Juzgador para emitir su fallo, tal y como se reconoce en el Fundamento  de Derecho  primero de la propia sentencia ahora recurrida en apelación, es la declaración de la testigo que declaró en el acto del Juicio. Los hechos declarados probados en la meritada sentencia no se corresponden en modo alguno con lo realmente acreditado en el acto del juicio oral.

Principiemos indicando que la testigo es la denunciante, vigilante de seguridad, entendiéndose que ésta declaración prueba de cargo apta para enervar el principio de presunción de inocencia.

Tal testigo no presenció directamente los hechos, observándolos en una grabación, de la que deriva la versión de los hechos realizada en el plenario. Tal grabación no se ha aportado al juicio. Pues bien la declaración de dicho testigo carece de validez incriminatoria toda vez que la jurisprudencia más reciente de nuestro Tribunal Supremo y Constitucional, ha venido aceptando con relevantes matices la legalidad y validez de las filmaciones videográficas como material incriminatorio en el proceso penal, incluidas las realizadas por particulares o por agencias de detectives a instancia de éstos, considerándolas equivalentes a la prueba documental admitida por el artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , pero siempre y cuando la grabación cumpla con determinados condicionamientos en cuanto al modo, a fin de no resultar lesiva para los bienes constitucionales de las personas que pudieran verse afectadas por las mismas. Y en cuanto a su valoración probatoria en la fase de juicio oral, baste significar que la eficacia probatoria de la filmación videográfica está subordinada a su visualización en el acto de la vista pues solo así se salvaguardan los principios procesales de inmediación, contradicción, igualdad, y publicidad, visualización en el acto de la vista que, además, resulta del todo imprescindible en aquéllos supuestos en que la filmación se efectúa de manera automática por medios técnicos o de seguridad dispuestos al efecto ya que, en tal caso, la prueba viene constituida exclusivamente por las imágenes que contiene la grabación sin posibilidad de ser complementadas y confirmadas en el acto de la vista por la declaración personal y contradictoria del operador o cámara que, por inexistente, no pudo obtener una percepción directa de los hechos en el mismo momento en que éstos ocurrían y eran grabados.

En este sentido, la sentencia de Tribunal Supremo de fecha 15 de septiembre de 1999 vino a afirmar que “Siendo relevantes los hechos indiciarios mencionados, es claro que el primero de los señalados adquiere especial significación a efectos de la inferencia deducida por el juzgador, y que su valor como elemento acreditativo de lo acaecido sitúa la grabación videográfica del suceso más cerca de la prueba directa que de la consideración de mero factor indiciario, en cuanto que, no cuestionada su autenticidad, la filmación se revela como una suerte de “testimonio mecánico y objetivo” de un suceso, con entidad probatoria similar -o incluso, superior, al quedar excluida la subjetividad, el error o la mendacidad del testimonio personal- a la del testigo humano. Por ello, el art. 230 de la LOPJ que podrán utilizarse en el proceso cualesquiera otros medios técnicos de documentación o reproducción siempre que ofrezcan las debidas garantías de autenticidad y, en esta línea, cuando la película ha sido filmada por una persona, será precisa la comparecencia de ésta en el Juicio Oral en tanto que, como operador de la cámara, tuvo una percepción directa de los hechos en el mismo momento en que ocurrían. Pero este requisito no será exigible, naturalmente, en el caso de que la cinta videográfica no haya sido filmada por una persona, sino por las cámaras de seguridad de las entidades que, por prescripción legal o por iniciativa propia, disponen de esos medios técnicos que graban de manera automática las incidencias que suceden en su campo de acción. En estos casos, la propia grabación videográfica ha sido considerada por esta Sala Segunda como prueba de cargo apta para desvirtuar la presunción de inocencia en cuanto medio técnico que recoge las imágenes de la participación del acusado en el hecho ilícito enjuiciado, aunque ha advertido que “la eficacia probatoria de la filmación videográfica está subordinada a la visualización en el acto del juicio oral, para que tengan realidad los principios procesales de contradicción, igualdad, inmediación y publicidad”.

Los citados requisitos no se cumplen en el caso de autos pues como se deriva de la prueba testifical y, en concreto, de las contestaciones que dio el testigo a las preguntas realizadas por la defensa se deriva que solo tuvo conocimiento de los hechos por su visualización a través de las cámaras y la grabación no se aportó como elemento de prueba ni se visualizó en el plenario, no siendo sometida a contradicción.

Por lo expuesto procede la estimación del recurso en este punto.

Pero además la testigo que indica la sentencia ahora recurrida, manifiesta en el acto del juicio que no sabe qué prendas “cogen” las ahora condenadas, por lo que resulta muy sorprendente la decisión alcanzada por el Juzgado al que me dirijo sea capaz de individualizar tales objetos en la sentencia.

Así mismo la testigo manifiesta que las ahora condenadas se dirigieron a la salida sin pasar por la línea de cajas. Con respecto a ésta afirmación, debemos significar que en el acto del juicio  Doña defendida y de Doña otra defendida, exhiben tikets de compra del centro comercial que  nos ocupa y del momento, día y hora de los hechos; por lo que no es cierto que no pasaran por la línea de cajas como manifiesta la testigo.

En consecuencia, de la prueba practicada no se deduce de manera clara y palmaria que Doña defendida y de Doña otra defendida cometieran hurto en el centro comercial “Grandote” al que se refiere la sentencia, que motive su condena como autoras de una falta de hurto en grado de tentativa, por lo que, habiendo sido erróneamente valoradas las antedichas pruebas llevadas al juicio oral celebrado en su día, la Sala a la que ahora me dirijo debe revocar la sentencia que se recurre, dictando otra en su lugar en la que se absuelva a  Doña defendida y de Doña otra defendida de la falta por la que han sido condenadas.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, con sus copias, se sirva tener por interpuesto en tiempo y forma recurso de apelación contra la sentencia del juicio de faltas XXXX/2011 de fecha 10 de noviembre de 2011 notificada el día 10 de noviembre.

Y A LA SALA que, previos los trámites legales que sean oportunos, se sirva revocar la sentencia recurrida, dictando otra en su lugar por la que se absuelva a Doña defendida y de Doña otra defendida. de la falta de hurto por la que han sido condenadas.

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