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Archivo para divorcio

Divorcio de mutuo acuerdo


Procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo

Para la tramitación de un divorcio para el matrimonio que llega a su fin, se debe seguir un proceso judicial bastante sencillo para que la separación sea de manera legal, lo que es denominado, disolución del vínculo matrimonial. Si ambas partes están de acuerdo con proceder al divorcio y con la gran parte de los puntos que se acuerdan en la disolución del matrimonio, se podrá llevar a cabo lo que decimos habitualmente divorcio de mutuo acuerdo, el cual iría acompañado de un convenio regulador de divorcio.

Tras la reforma que se hizo en el 2005, sólo será necesario que haya trascurridos mínimamente tres meses desde la celebración del matrimonio para pedir el divorcio, tanto si fuese de mutuo acuerdo, como si fuese por lo contencioso, sin que sea necesario alegar alguna causa y sin tener que tramitar la separación previamente. El procedimiento de un divorcio en el que ambos están de acuerdo se ha de iniciar mediante la presentación de una demanda de divorcio que esté firmada por ambos cónyuges o bien por uno de ellos con el consentimiento del otro, ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde tuvieron el último domicilio conyugal, o el domicilio de cualquiera de los cónyuges si ya vivieran separados.

Habrá que aportar una serie de documentos exigidos por la Ley, acompañados de la demanda de divorcio. Ambos cónyuges deberán estar representados por un abogado y un procurador, que podrá ser el mismo para los dos. En el plazo de tres días habitualmente, los cónyuges serán citados con el fin de ratificar su deseo de divorciarse ante un Juez, dando personalmente la conformidad ante el contenido del convenio regulador.

En el supuesto caso que una vez estando los cónyuges en el Juzgado no se ratificasen en su deseo de proceder al divorcio, el Juez archivará el asunto; y si posteriormente desearán iniciar este procedimiento tendrán que hacerlo mediante divorcio contencioso. Ahora bien, si los cónyuges se ratifican en el Juzgado, el Juez hará un examen del contenido del convenio regulador. Si comprueba que todo es conforme procederá a dictar sentencia en un plazo breve, pero si el Juez estima la no aprobación del convenio que los cónyuges a través del abogado y procurador le hayan presentado, concederá el plazo de diez días para que propongan el nuevo convenio. Sin necesidad de precisar un trámite más, el Juez dictará sentencia, concediendo habitualmente el divorcio.

Jose Martin

cuando las estadisticas de divorcios y separaciones nos asustaban


Fué motivo de preocupación, en el año 2005 el número de divorcios.

El panorama familiar que reflejaba el Instituto de Política Familiar en su informe sobre la «Ruptura familiar en España 2004», no podía ser más desalentador: las separaciones y divorcios seguían aumentando a un ritmo vertiginoso e imparable, hasta tal punto que, según sus propios cálculos, cada 3,9 minutos se producía una separación o un divorcio en algún lugar de España.
Sólo en los últimos  ocho años, el número de rupturas familiares creció en más del 60 por  ciento y ha pasado de las 83.990 que se produjeron en 1981, a las 134.931 contabilizadas en 2004. Claro que, puestos a tomar una decisión, los matrimonios se plantean antes la separación que el divorcio. El año 2004 82.340 personas se separaron y 52.591 se divorciaron, según datos del IPF, que se ha basado a su vez en estadísticas del Consejo General del     Poder Judicial.
También es cierto que la mayoría de las parejas alcanzan una solución pacífica cuando cada uno decide seguir un camino por su cuenta. En 2004, las separaciones de mutuo acuerdo fueron 55.367, que suponen el 67,24 por ciento del total, frente al 67,61 por ciento de 2003 y el 61,7 de 2001. El porcentaje es más alto que en el caso de los divorcios, donde las parejas que llegaron a un consenso supusieron el año 2004 del 60 por ciento, frente al 59,5 por ciento de 2003 y el 51,8 de 2001.  

Reconciliación.

Sin embargo, no en todos los casos la relación entre dos personas acaba para siempre cuando se toma la decisión de poner fin a un matrimonio o una convivencia en común, porque el 20 por ciento de las parejas que se separan acaba reconciliándose y volviendo a rehacer sus vidas, es decir, unos 16.000     matrimonios. Además, cerca de 8.000 (el 10%) deciden seguir separados, pero sin dar el paso de una ruptura definitiva con el divorcio.
Si analizamos el fenómeno por comunidades autónomas, Cataluña es, con diferencia, la autonomía que más rupturas registra, con 25.854 al año, que     representan el 19,16 por ciento del total. Esto significa que una de cada cinco se produce en esta comunidad. Le sigue Andalucía, la región donde más creció el número de rupturas en 2004, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias, hasta el punto de que sólo estas cinco autonomías acumulan el 60 por ciento de las separaciones y divorcios que se producen en toda España.    

En el extremo opuesto figuran La Rioja, Navarra, Cantabria y Extremadura.
Visto el panorama, el Instituto de Política Familiar responsabiliza a la Administración de la crisis de las parejas. Su portavoz, Eduardo Hertferder, se lamentó de que «la Administración central no tenga voluntad política de afrontar esta problemática porque, no sólo no ha implementado ninguna medida de apoyo a la familia que ayude a reducir las rupturas matrimoniales, sino que lo que se propone hacer son políticas de incremento de dicha ruptura». Más aún, cree que la reforma de la Ley del  divorcio que ha abordado el Gobierno, que permite acceder al Divorcio sin necesidad de separación previa, de manera unilateral y sin causa, «supone un auténtico retroceso social, ya que potenciará la ruptura matrimonial, en lugar de disminuirla». Es por esto por lo que considera que «se deberían implementar políticas públicas para la familia que ayuden a los matrimonios a superar las crisis cuando éstas se produzcan».
Hertferder se quejó, además, de que todavía no se haya realizado un análisis serio y riguroso sobre el origen de las rupturas de la convivencia, su crecimiento y sus consecuencias por parte de las distintas administraciones nacionales y autonómicas porque «nunca han tenido sensibilidad ni voluntad de abordar el problema».
Sin embargo, el Instituto de Política Familiar cree que el crecimiento desenfrenado de las separaciones podría frenarse si se adoptasen algunas de las medidas que propone. Entre ellas figura la creación de la mesa sobre la ruptura familiar, que estaría compuesta por asociaciones familiares, agentes     sociales, expertos y la Administración, que se encargaría de abordar las causas y las consecuencias y de proponer soluciones y alternativas.

    Campañas de sensibilización.

Además, sugiere iniciar una labor de sensibilización de las administraciones que incluiría la elaboración de medidas preventivas, el seguimiento, control y evaluación de las  actuaciones de las administraciones por el Observatorio de la Familia, y la realización de encuestas del CIS periódicas que analicen específicamente la percepción que tienen los ciudadanos de las crisis en los hogares y las causas que las originan, entre otras cosas. El IPF también es partidario de crear y potenciar centros de orientación y  terapia familiar en cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Europa que ayuden a los matrimonios a superar las crisis matrimoniales.
En su opinión, tampoco hay que descuidar la puesta en marcha de campañas de sensibilización que sirvan para concienciar a los ciudadanos de la importancia del matrimonio y de la familia, de las funciones sociales que cumple esta institución y de los beneficios que aporta para la estabilidad emocional, psicológica y física tanto de los padres como de los hijos.

Fuente: LaRazón

Las visitas a los abuelos en los divorcios


Los abuelos y el régimen de visitas

Los padres, los menores, los abuelos y otros parientes y allegados.

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El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos.

Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta, siempre (como ya hemos visto)  el interés de los menores. Los acuerdos entre los padres, adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio, esto es el llamado convenio regulador,  será aprobados por el juez,  salvo si son perjudiciales  para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges.

Si las partes proponen un régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos, el juez podrá aprobarlo, pero se debe oír a los abuelos en audiencia para que muestren su conformidad (y de paso el juzgado hace una pequeña exploración de los mismos, aunque esto no aparezca en los textos es lógico)

Si el  Juez considera que los acuerdos a los que han llegado los padres no son los correctos deberá explicarlo mediante resolución motivada y en este caso los cónyuges deben someter a la consideración del Juez nueva propuesta para su aprobación.

Desde la aprobación judicial del convenio reguilador, podrán hacerse efectivos por la vía de apremio. Por su parte, el artículo 103 el Código Civil, en sede de medidas provisionales, establece que admitida la demanda, el Juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas siguientes: determinar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han de quedar los sujetos a la patria potestad de ambos y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo con lo establecido en este Código y, en particular, la forma en que el cónyuge que no ejerza la guarda y custodia de los hijos podrá cumplir el deber de velar por éstos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía.

regimen de visitas


Régimen de visitas a los hijos

Se  trata un complejo derecho-deber, reconocido a favor del progenitor que no tenga la guardia y custodia de los menores, que sigue dándose en la casi absoluta totalidad de los casos pues la custodia compartida sigue siendo una quimera, pues bien este derecho-deber a favor del padre/madre no custodio y establecido por una  sentencia de separación, nulidad o divorcio.

Medidas paternofiliales

Medidas paternofiliales

El art.94 del Código Civil señala que “El progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía” y el artículo 160 del Código Civil que “El padre y la madre, aunque no ejerzan la patria potestad, tienen el derecho de relacionarse con sus hijos menores, excepto con los adoptados por otro o conforme a lo dispuesto en resolución judicial”.

En estos procedimientos, para establecer el régimen de visitas  en los que intervienen menores o incapaces, debe intervenir el Ministerio Fiscal buscando siempre y por encima de los intereses de los padres, el beneficio o interés superior del menor sobre cualquier interés legítimo que pueda concurrir. Así se deduce lo que establece el  artículo 39.2 de la Constitución Española, de las normas del Código Civil y de los artículos 1,2 Y 11.2 de la Ley de Protección Jurídica del Menor, y lo establecen la Convención obre los Derechos de la Infancia, de 20 de noviembre de 1989, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en su artículo 3.1 recoge el principio general del interés superior del menor, como premisa máxima a tener en cuenta por todas las instituciones, autoridades administrativas u órganos legislativos respecto de las medidas concernientes a la infancia, así como la Resolución de 29 de mayo de 1967 del  Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, a cuyo tenor “en todos los casos el interés de los hijos debe ser la consideración primordial, y más concretamente en los procedimientos relativos a la custodia de los mismos … “. De todo ello se desprende que el régimen de visitas no se configura como un propio y verdadero derecho del progenitor sino como un complejo derecho-deber de contenido afectivo dirigido no tanto a satisfacer los deseos de los progenitores sino el interés y las necesidades afectivas y materiales de la prole, de modo que las visitas están condicionadas en todo momento a que su determinación resulte beneficiosa para el menor subordinando su interés a todo lo demás. Por ello, el párrafo segundo del citado artículo 94 del Código Civil señala que “el juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial”.

de conformidad con lo señalado (artículo 94, párrafo primero) el derecho de visita comprende el de comunicación (por cualquier vía, como el teléfono, Internet, correspondencia, etc.), el de vistas “strictu sensu” (una serie de horas al día en el lugar que se señale, en su caso) y el de estancias (referido a la posibilidad de que el progenitor no custodio podrá tener a los hijos consigo más de un día con pernocta, de tal manera que los hijos van a vivir con él, algunos fines de semana o periodos vacacionales).

Escrito de rectificación de errores


Escrito de rectificación de errores

Divorcio Contencioso 8/2012  

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 17 DE GUADALAJARA 

DOÑA Procuradora  de los Tribunales, en nombre de DOÑA , cuya representación consta acreditada en el Divorcio Contencioso 8/2012, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que se nos ha notificado la DILIGENCIA DE ORDENACIÓN  de veintisiete de julio de dos mil doce, en el presente procedimiento, instando a ésta parte a subsanar la falta de defecto formal  consistente en la:

“falta de certificación  literal da nacimiento del hijo menor (la aportada es de Juan, no Pedro, nacido en 1988)”.

Apreciando un error subsanable producido en el escrito sobre DIVORCIO CONTENCIOSO de fecha 9/10/2012, presentado por ésta parte consistente en:

En el punto SEGUNDO  de los HECHOS se afirma:

“ De la unión de ambos cónyuges nacieron dos hijos llamados Juan y María José, contando en la actualidad Juan con 22 años y María José con 17 años, acreditándose todo lo cual mediante las certificaciones literales de nacimiento que acompaño al presente escrito como documentos números TRES y CUATRO”.

Siendo lo anterior incorrecto, debiendo indicar:

“ De la unión de ambos cónyuges nacieron dos hijos llamados Juan y María José, contando en la actualidad Pedro con 22 años y María José con 15 años, acreditándose todo lo cual mediante las certificaciones literales de nacimiento que acompaño al presente escrito como documentos números TRES y CUATRO”.

 a) Siendo Pedro  de 22 años de edad hijo del matrimonio, que convive y es dependiente de su madre.

b) Siendo la hija menor MARÍA JOSÉ de 15 años, que también convive con la madre.

c) Siendo el referido Juan, mayor de edad, hijo  de mi cliente fruto de una relación anterior, por el que nada se solicita. 

Asimismo en el punto OCTAVO DE LA DEMANDA DE DIVORCIO se expresa:

“OCTAVO.- A fin de atender a los gastos de alimentos, vestido, habitación y educación de la hija menor dependiente, el padre abonará mensualmente a la madre, dentro de la primera semana de cada mes, el importe de

CUATROCIENTOS EUROS mensuales (400 €.-). Esta cantidad será actualizada conforme al I.P.C. anual que publique el Instituto Nacional de Estadística u organismo que legalmente le sustituya. Dicha cantidad será ingresada por el padre en la cuenta corriente que la esposa designe.

Dicha pensión por alimentos se abonará hasta que la hija alcance la mayoría de edad e independencia económica, dejándose de abonar desde ese momento.”

 Debería decir:

“OCTAVO.- A fin de atender a los gastos de alimentos, vestido, habitación y educación de las hijas dependientes, el padre abonará mensualmente a la madre, dentro de la primera semana de cada mes, el importe de

CUATROCIENTOS EUROS mensuales (400 €.-). Esta cantidad será actualizada conforme al I.P.C. anual que publique el Instituto Nacional de Estadística u organismo que legalmente le sustituya. Dicha cantidad será ingresada por el padre en la cuenta corriente que la esposa designe.

Dicha pensión por alimentos se abonará hasta que las hijas alcancen la mayoría de edad e independencia económica, dejándose de abonar desde ese momento.” 

Tratándose de error subsanable, solicitamos que el mismo sea corregido.
En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por presentado este escrito con sus copias, y conforme se solicita acuerde la modificación del error indicado y se tenga por solicitado en el escrito de DIVORCIO CONTENCIOSO, medidas a favor de la hija menor del matrimonio de nombre MARÍA JOSÉ y el hijo de 22 años Juan.

La reforma del divorcio en Argentina


El divorcio en Argentina va ha ser reformado, hacia un modelo que recuerda mucho al divorcio en la actualidad en España

El principio rector será la voluntad de las partes
El divorcio se podrá instar directamente, sin necesidad de la separación previa.
No se contemplan las culpas (voluntad de las partes)
Se puede iniciar por la petición de uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro.
En el momento del matrimonio, los contrayentes podrán establecer el régimen económico-matrimonial que regirá la unión.
El cónyuge interesado en el divorcio, deberá aportar un principio de convenio regulador, en el que se establecen aspectos como a quién se deberá otorgar la guardia y custodia de los menores, si los hubiera, el régimen de alimentos, uso de la vivienda familiar, posible pensión compensatoria a favor del cónyuge que hubiera sufrido un desequilibrio patrimonial y laboral.
Lo que sorprende, es que (por las noticias que tenemos) no se establece un periodo mínimo de matrimonio para poder optar al divorcio.

Divorcio ante notario


Divorcio en el Notario

gesto delos notarios

El actual ministro de Justicia quiere que se puedan realizar ante el Notario los divorcios de Mutuo acuerdo. Imagimos que se tratara de divorcios que además del mutuo acuerdo, no haya hijos menores o dependientes, tampoco una liquidación de la sociedad ganancial, pues y empezando por los hijos debemos tener en cuenta que aunque sus padres se pongan de acuerdo debe primar la defensa de los intereses del menor pues puede darse el caso de que los progenitores, a drede o por desconocimiento no estén tomando las medidas adecuadas enfocadas al menor. Asimismo puede ocurrir que aunque las dos partes estén conformes en algún reparto, una de ellas salga claramente perjudicada, que figura velara por el interés del menor en el Notario? Y porque no se produzcan desigualdades? El Notario, por su enfoque mercantil ( cobro directamente a los clientes que se acercan por la Notaria) creo que no es el mas indicado. Que honorarios cobraran los notarios por ello? Cobraran? Y en los casos de ciudadanos a los que se les hubiera reconocido el derecho a la justicia gratuita? cobraran los notarios, de quien?será necesaria la intervención de abogado y procurador? En fin , cada vez que lanzan in globo sonda lo hacen aportando menos datos.

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