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Recurso de queja contra desestimación de recurso de casación


 Recurso de queja contra desestimación de recurso de casación

A LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO

 DON PROCURADOR de los Tribunales y de DON CLIENTE, como debidamente acredito con copia de la escritura de poder otorgada a mi favor, que acompaño al presente,  ante  la Sala  comparezco,  y  como  mejor en Derecho proceda

 D I G O:

Que mediante el presente escrito, y tiempo y forma procesales, interpongo RECURSO DE QUEJA, al amparo del artículo 495 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contra el auto de fecha 1 de diciembre de 2.013, dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Primera, en el Rollo de Apelación 1/2012 cuyo testimonio se acompaña unido, por el que se deniega la preparación del Recurso de Casación contra la Sentencia dictada por dicha Sala, de 1 de Febrero de 2.012, en el rollo de apelación 1/12.

Constituyen FUNDAMENTOS PROCESALES del  recurso que se interpone, los siguientes:

I.- Se interpone contra el auto que deniega la preparación del recurso de casación, conforme autoriza el art. 480.1 de la Ley Ritual.

II.- Se interpone, habiéndolo preparado debidamente, mediante la solicitud de reposición del auto, conforme exige el art. 495.1 de la Ley Procesal.

III.- Se interpone, una vez desestimada la reposición solicitada, aportando testimonio de las dos resoluciones a que se refiere la Ley: el auto que deniega la preparación de la casación y el que desestima la reposición solicitada.

IV.-Se interpone dentro de los diez días siguientes a la entrega del testimonio.

V.-Se interpone ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, a quien corresponde resolverlo.

El recurso de queja se apoya en los siguientes:

MOTIVOS 

PRIMERO.- INFRACCION DEL ARTICULO 477-2-3, EN RAZON DE LA EXIGENCIA DE REQUISITOS PROCESALES, ASI COMO DEL ARTICULO 3 DEL CODIGO CIVIL Y DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA MATERIAL

El auto ahora recurrido, considera que no procede el anuncio de recurso de casación, por interés casacional, habida cuenta que para que el mismo proceda, es necesario que el asunto en concreto se haya  tramitado, no por la cuantía sino por la materia.

Sin embargo, una sencilla lectura del art. 477-2-3º, conduce a una conclusión totalmente distinta. En efecto, dicho articulo, circunscribe este tipo de recurso, al único requisito de que la sentencia dictada, se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.

Como apuntábamos en nuestro recurso de reposición, la Ley, supedita el anuncio del recurso a la mención de las sentenciasque conformen esa doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, sin que en ningún momento, a lo largo de dicho precepto, o del Capitulo Quinto del Titulo Cuarto, que son los dedicados al recurso de casación, establezca cualquier otro requisito, y menos todavía, que el asunto haya tenido que iniciarse por razón de la materia.

Entendemos, que a ello no es óbice, el contenido del art. 249, puesto que este se refiere al ámbito del juicio ordinario, que no al recurso de casación.

Si el Legislador hubiese pretendido limitar el recurso de casación por interés casacional, a los asuntos tramitados por razón de la materia, así lo hubiera dispuesto, pero no en el art. 249, sino en el 477, que es el que regula el recurso de casación.

A mayor abundamiento el art. 3 del Código Civil, ordena que las normas se interpreten según el sentido propio de sus palabras…….. y el sentido propio de los términos utilizados por el art. 477-2-3, no dejan lugar a dudas……., nada se dice de la materia o de la cuantía, y el único requisito que sanciona, es el de la mención de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, infringida por la sentencia que se pretende recurrir.

Por si restara alguna duda, la exposición de motivos de la Ley, resalta el carácter antiformalista de la misma, concediendo más importancia a la justicia material, que a los requisitos procedimentales. Y siendo esto así, no se entiende, como puede negarse un recurso de casación, por mor de un rigor procesal, en detrimento de la justicia o del fondo del asunto.

En conclusión,  no puede exigirse un requisito procedimental, que la norma que regula el recurso no recoge, ya que de lo contrario se produciría una vulneración de la tutela judicial efectiva, al negarle al justiciable el acceso a un recurso previsto por la Ley, merced a un requisito que el articulo que regula el recurso, ni establece ni prevee.

SEGUNDO.- INFRACCION DE ARTICULO 477-2-3 POR RAZON DE LA MATERIA

Sin perjuicio de lo expuesto en el motivo anterior, y como ya indicábamos en nuestro recurso de reposición, ahora desestimado,  esta parte entiende que no nos encontramos ante un procedimiento que dimana de una “reclamación de cantidad”, sino antes al contrario, la litis se origina para determinar la naturaleza del contrato de arrendamiento de servicios profesionales, en concreto de un Letrado, y dentro de la misma, la presunción del carácter oneroso, que no gratuito de dicho servicio.

En efecto, si se observa con detenimiento  desde sus inicios el debate procesal, se alcanza la conclusión de que el mismo no es una mera reclamación de cantidad, sino una litis en la que se está discutiendo la “gratuidad o no de los servicios jurídicos”, gratuidad que mantiene la Ilma. Sala y desde luego el demandado, frente al carácter oneroso que sostiene esta parte, amparado precisamente en la presunción “retribuida” de los servicios jurídicos, que autoriza el art. 1.544 del Código Civil.

Luego lo primero a determinar,  es ese carácter oneroso o gratuito del contrato de arrendamiento de servicios jurídicos. Y es esa determinación, esa declaración, la que llevo a esta parte a impetrar el auxilio judicial.

¿Qué como consecuencia de la misma se reclama una cantidad económica? Ciertamente, pero no podemos pasar por alto el hecho de que lo que se discute en este procedimiento, no es una cuantía sin mas, sino repetimos el carácter oneroso o gratuito del contrato de arrendamiento de servicios de un letrado, y a consecuencia de dicha calificación, la condena o no del demandado.

En conclusión, y a nuestro modo de ver, el procedimiento es susceptible de recurso de casación por intereses casacional, ya que lo discutido es la materia esencialmente, por lo que si ello se pone en relación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que esta parte entiende infringida, conforme a las sentencias que se relacionan en el anuncio de recurso,  sólo cabe acoger el presente recurso de queja.

Por lo expuesto,

SUPLICO A LA SALA, que teniendo por presentado este escrito, con su copia,  y los documentos que se acompañan, se sirva admitirlo, tenerme por parte en la representación que ostento, ordenado se entiendan conmigo las sucesivas diligencias, tener por interpuesto RECURSO DE QUEJA contra el auto de 1 de diciembre de 2012, notificado el día 4, dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, sección Vigésima, en el Rollo de Apelación 1/12, y  por acompañado el testimonio exigido en el artículo 495, para previo trámite oportuno, estimar el recurso y ordenar a la Sala de la Audiencia Provincial de Madrid, que tenga por preparado el recurso de casación  pretendido, y continúe con su tramitación, y todo ello por ser así de justicia que, respetuosamente, pido en Madrid, a dos de febrero de dos mil trece.

Denuncia al conductor del coche


Denuncia del ocupante al conductor del vehículo

Aunque pueda parecer extraño, en ocasiones, cuando un ocupante de un vehículo resulta con lesiones, debe denunciar al conductor, que en las mayorías de las veces será un amigo, familia  o cónyuge.

A  continuación dejamos un modelo:

HECHOS

Primero. El día……………….. iba como pasajera de la motocicleta Honda CBR, matrícula……………….., la cual circulaba por la calle Paseo de Extremadura (descripción del accidente).

Verificado el accidente se personó en el lugar de los hechos los agentes de la Policía Local, quienes elaboraron el correspondiente atestado. Adjunto se acompaña atestado como doc.  Nº1.

Como es de todos sabido, el extraordinario incremento de las actividades peligrosas, propias del desarrollo tecnológico, ha hecho evolucionar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en sede de responsabilidad civil, hacia un sistema que, sin hacer plena abstracción del juicio de valor sobre la conducta del agente, viene a aceptar soluciones cuasi objetivas. El uso de medios legalmente permitidos que contribuyen a la mejora del nivel social e implican riesgos para terceros, como son los vehículos a motor, conlleva que quien se beneficie de esa actividad asuma las consecuencias que se deriven. Al respecto pueden verse, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1993, de 21 de noviembre de 1990, de 26 de noviembre de 1990, de 8 de julio de 1992 y de 15 de julio de 1992. Estas soluciones cuasi objetivas, tendentes en gran medida a la responsabilidad por riesgo, se obtienen a través de la inversión de la carga de la prueba en el proceso (corresponde al agente acreditar que aplicó toda la diligencia debida) y del acrecentamiento del rigor de la diligencia exigible; pero sin llegar a erigir el riesgo, al menos desde un punto de vista teórico, en fundamento único de la obligación de resarcir daños y perjuicios.

Donde más claramente se observa este acercamiento de la responsabilidad extracontractual, de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, a la responsabilidad por riesgo es en los supuestos de resultado dañoso a las personas (lesiones) originado en el ámbito de la circulación de vehículos a motor. Así se plasma en el párrafo primero del número 1 del artículo 1 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor: «El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación». Y ni siquiera el párrafo segundo del citado precepto, que establece excepciones al sistema de «responsabilidad por riesgo» (culpa exclusiva de la víctima y fuerza mayor ajena a la conducción), permite desvirtuar el repetido principio en materia de circulación de vehículos de motor, por cuanto excluye situaciones que a priori podrían ser consideradas como de fuerza mayor; además de que ambos conceptos (culpa exclusiva y fuerza mayor) son interpretados por los juzgados y tribunales de forma muy restrictiva: «En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos»(Art. 1.1 II de la LRCS).

Una de las primeras cuestiones que se plantean, verificado un accidente de circulación, es la conveniencia de acudir al procedimiento civil o al penal para encauzar la acción de que dispone el perjudicado, así como la elección de los sujetos a quienes reclamar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la víctima; decisiones ambas de extraordinaria importancia en aras al éxito y prontitud en la obtención de la correspondiente indemnización. En el ámbito de la circulación de vehículos de motor, los hechos que pueden dar lugar a la incriminación penal, y consecuentemente a la responsabilidad civil (art. 109 del CP), son aquellos que constituyen delito de lesiones (arts. 147 y 152 del CP) o falta de lesiones (art. 621 del CP). De la lectura conjunta de dichos preceptos se desprende que se podrá utilizar la vía penal si, como consecuencia de un accidente de circulación, alguna persona ha sufrido lesiones y su curación requiere tratamiento médico-quirúrgico. La duda que inmediatamente puede surgir es la que suscita la indefinición legal del concepto tratamiento médico-quirúrgico.

A este respecto, la jurisprudencia se ha encargado de perfilar el concepto y entiende, por tratamiento, toda acción prolongada más allá del primer acto médico, lo que supone una reiteración de cuidados que se dispensan al paciente durante dos o más sesiones hasta su curación total; y, por acción quirúrgica, todo tratamiento reparador del cuerpo encaminado a restaurar o a corregir cualquier alteración funcional u orgánica producida como consecuencia de un menoscabo o deterioro corporal. Por su especial valor definitorio, hemos estimado conveniente reseñar a continuación parte de los fundamentos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1994, que establece, literalmente, que «(…) por tratamiento ha de entenderse, según una reiterada doctrina jurisprudencial, toda acción prolongada más allá del primer acto médico y que supone una reiteración de cuidados que se continúa por dos o más sesiones hasta la curación total; y más concretamente se ha reputado que existe tratamiento quirúrgico cuando es preciso para la acción reparadora aplicar puntos de sutura, con el efecto de impedir la inclusión del hecho en tal caso en el artículo 582 del Código Penal regulador de la falta de lesiones» (véanse también SS TS de 28 Feb. 1992, de 6 Feb. 1993, de 2 y de 4 Mar. 1994, de 2, de 14 y de 24 Jun. 1994, de 8 y de 14 Jul. 1994).

DENUNCIA POR LESIONES Y DAÑOS


DENUNCIA POR LESIONES Y DAÑOS

sin abogado

CAUSADOS POR QUEMADURAS CON LÁSER

AL JUZGADO

Dña._ _ _ _ vecina de Madrid, con domicilio en la calle Alcalá nº 1000de  Madrid (MADRID), con D.N.I nº 5050505050-X, ante el Juzgado, comparece, y como mejor proceda,

DICE:

Que mediante el presente escrito, pasa a formular denuncia por lesiones y daños contra la sociedad QUEMA-DEPIL, S.l., con el domicilio social en la CALLE Goya nº 1 19°Dcha., 28001 Madrid (MADRID), centro autorizad o por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid bajo n° de registro C0000001 para desarrollar actividades de depilación láser.

La denuncia se basa en los siguientes, HECHOS

PRIMERO.- La compareciente era cliente de la clínica QUEMA-DEPIL, S.l., quien le prestaba servicios de depilación con láser Alejandrita en axilas y brazos.

SEGUNDO.- El día miércoles, 30 de noviembre de 2011, la compareciente Sra. _ _ _ _ _, acudió a la cita que tenía a las 15:00 horas en la clínica de estética QUEMA-DEPIL, S.l., para realizarse una sesión de depilación de axilas y brazos.

Después de media hora de espera, fue atendida por una esteticién en prácticas (diferente a la esteticién que la atendía habitualmente), y que, acorde a las acordó en que la compareciente volviera cuando termine su jornada laboral para finalizar la sesión, quedando pendiente el brazo derecho.

En las horas siguientes, la compareciente comenzó a notar mucho más dolor y escozor, notando el brazo izquierdo ardiendo. Al volver a QUEMA-DEPIL, S.l., a las 19:20 horas, hizo saber a la encargada y a otro esteticien que se disponía a terminar de finalizar la sesión en el brazo derecho, que notaba quemaduras, pero se le contestó que aquello era normal y que los síntomas desaparecerían en las próximas 12 horas. A continuación se le aplicó el láser por diodo en el brazo derecho, esta vez a potencia 10,00 (es decir, 2 puntos menos que en el brazo izquierdo) acorde a las instrucciones de la misma encargada y viendo la evolución del brazo izquierdo.  Al finalizar la sesión, a la compareciente se le aplico en el brazo izquierdo una crema con aloe vera y justo encima otra crema hidratante, y se le dejó descansar en una camilla durante cerca de 30 minutos antes de irse. En este ínterin, varios esteticien acudieron a vería, entre las cuales la esteticien suya habitual, pero nunca un médico dermatólogo.

Al día siguiente la llamaron de QUEMA-DEPIL, S.l., para ver su evolución y, al comentar Dña. _ _ _ _ _ _ _ que se encontraba peor que el día anterior,  (con quemaduras en ambos brazos y antebrazos, sobre todo en el brazo izquierdo, y mucho dolor) y que su intención era ir al médico de cabecera a mediodía, la persona que le llamó intento convencerle de que no fuera a ver al médico de cabecera sino que acudiera de nuevo a QUEMA-DEPIL, S.l., porque al ser ellos un centro médico disponían de un dermatólogo. A la negativa de la compareciente de cancelar la cita con el médico de cabecera, esa persona le insisto en que era de competencia de su médico examinarla y que de todas formas, según la hayan visto y valorado ellos el día anterior, la alta dirección, su imagen y su aspecto físico son aspectos relevantes en su profesión. Como consecuencia de este perjuicio estético, la compareciente se encuentra deprimida y apática.

CUARTO.- En virtud de lo anterior, los perjuicios económicos consecuencia de los gastos realizados con el tratamiento y las consecuencias del tratamiento al que se tuvo que someter Dña._ _ _ _ _, ascienden a un total de 7800 €,  desglosados de la siguiente manera:

1.            La compra por la compareciente de una crema hidratante protectora  factor 50+ (pantalla total) cuyo importe asciende a 2035€, y una crema Elobase (conforme a prescripción médica, documentos n° 9 y 10) por importe de 427,00 €, importes cuya devolución se solicita (en total: 2700,35 €).

2.            Además de las lesiones, se vieron frustradas las vacaciones que la  compareciente tenía contratadas en Tenerife junto con su marido, en el periodo 4- 8.12.2011, debido a los dolores que padecía, así como a los efectos del tratamiento con corticoides y a la prohibición de exponerse lo más mínimo al sol. El importe total del viaje asciende a un total de:

590,47€, cuya devolución se solicita y cuyo desglose consiste en: a)       Billetes de avión (2 personas), por importe de 365,70 € (documento  11)

b)           Alojamiento en hotel (2 personas), por importe de 152,77 € (documento n° 12)

e)           Alquiler de coche, por importe de 72,00 € (documento n° 13)

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