Costas


Costas

Costas procesales

Son aquellos gastos que se derivan de un procedimiento judicial.

Debemos distinguir, a tenor del art. 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre los gastos del proceso, que es un concepto más general en los que se podrían incluir todos los gastos que tuvieran como causa el procedimiento  y las costas procesales, en cambio tienen un significado más concreto que aparece claramente diferenciado en el ya mencionado artículo 241 de la ley de Enjuiciamiento  Civil, en los que sólo se pueden incluir  una serie de conceptos que son:

•Honorarios de la defensa y representación técnica, cuando sean preceptivas. ( motivo por el que en el juicio de faltas no existen costas, casi nunca, al no ser obligatoria la participación de abogado).

• Inserción de edictos o anuncios para publicar lo que venga obligado.

• Depósitos necesarios para la presentación de recursos (cada vez más habitual)

• Importe de la  actuación de peritos y demás profesionales que hubieran participado.

•Copias, certificaciones, notas y demás documentos.

• Derechos arancelarios que se debieran abonar.

Las Costas han de ser abonadas por la parte a la que no se  le reconoce sus pretensiones ni parcialmente.

Legislación y jurisprudencia sobre las costas procesales

Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 241, 1/2000 de 7 de enero

Sentencia de la Sala Prinera del Tribunal Supremo 14 de diciembre de 1993: en la tasación de costas deben excluirse aquellas que no obedezcan a actuaciones precisas, concretas o útiles, y las consecuentes a intereses particulares de la parte.

recurso apelacion civil por las costas


Recurso apelacion civil por las costas

apelación

Se recurre la Sentencia por no condenar a la otra parte en costas y se adjunta jurisprudencia.

 AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE LOS DE MADRID PARA ANTE LA SALA DE LO CIVIL DE LA ILUSTRÍSIMA AUDIENCIA PROVINCIAL

             DOÑA JUSTINA RECUROSA, Procuradora de los Tribunales y de la compañía mercantil EMPRESA S.A., según tengo debidamente acreditado en los autos de referencia, ante la Sala comparezco y como mejor en Derecho proceda,  DIGO:

         Que mediante el presente escrito y en tiempo y forma procesales vengo a evacuar el trámite concedido en providencia de 10 de enero de 2013, notificada el 12,  y en su virtud interpongo recurso de apelación contra la sentencia dictada el 8 de enero de 2013 y todo ello de conformidad con los siguientes:

MOTIVOS

         ÚNICO.- La presente alzada se circunscribe única y exclusivamente a la materia de costas, por considerar que la no imposición de las mismas a LA PARTE CONTRARIA constituye una flagrante vulneración del artículo 395 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

En efecto, el referido artículo establece que si el demandado, por mucho que se hubiera allanado, hubiese actuado de mala fe, procederá la condena en costas.

Y añade el tan mencionado precepto, que se entenderá que existe mala fe, si se le hubiere formulado requerimiento de pago.

Así las cosas, y conforme a dicho orden legal, si el actor antes de formular la demanda hubiese requerido de pago, se entenderá que el demandado ha actuado de mala fe y consecuentemente procederá su condena en costas.

Pues bien, en el presente caso no es uno sino dos los requerimientos extrajudiciales, en concreto los documentos 2 y 3 de la demanda, por el que se conmina al pago requerimientos que nunca tuvieron contestación.

El Juzgador a quo considera que dichos burofax no son requerimientos de pago, por lo que no aprecia mala fe, y consecuentemente no condena en costas.

Pues bien, frente a semejante afirmación, el presente motivo tiene por objeto llevar a la Ilustrísima Sala a la inequívoca conclusión, de que la sentencia de instancia vulnera el artículo 395 y debe ser revocada en materia de costas, por las siguientes razones:

1.- Porque los documentos 2 y 3 constituyen requerimientos de pago. ¿No es requerimiento de pago ejecutar un aval y consecuentemente conminar a la entidad bancaria a que satisfaga un importe económico?.

Todo requerimiento contiene tres exigencias. Una primera de pago, consistente en manifestar o pedir el abono del débito. Una segunda de cuantía, consistente en concretar el importe. Y una tercera de fehaciencia o prueba, consistente en plasmar los dos requisitos anteriores por escrito y mediante medios que prueben la entrega y recepción.

Aquí se cumplen los tres. Se exige el pago. Se dice cuanto. Y se articula mediante burofax.

2.- Porque de seguir la teoría que mantiene la sentencia se llega a una situación verdaderamente injusta, porque el silencio, y además reiterado de la entidad bancaria, obliga al actor a impetrar el auxilio judicial, viéndose obligado para ello a satisfacer las tasas judiciales, una provisión de fondos de Procurador y otra de Letrado que abona de su propio peculio, de manera que cuando cobra el importe del aval no se ha visto resarcido en su derecho por completo, porque tiene que deducir esos pagos, y esos pagos los ha hecho ante el silencio de la entidad bancaria. Esto es un aval a primera demanda o a primer requerimiento y como tal hay que pagarse. No hay negociaciones, ni conversaciones y sí únicamente dos requerimientos que no han sido atendidos, (se nos permitirá decir que cuanto menos hay que contestarlos), en perjuicio de esta parte y del propio sistema, puesto que la obligación del banco es pagar al requerimiento. Es más, eso es lo que dice el propio texto del aval, que se pagará a PRIMER REQUERIMIENTO, y aquí ha habido dos, por lo que la mala fe es flagrante, y

3.- La doctrina jurisprudencial de las Audiencias Provinciales es tajante.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de Septiembre de 2.004. Hay requerimiento previo, y procede la condena en costas. Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 27 de Septiembre de 2.004. Hay requerimiento previo, y procede la condena en costas. Es más, manifiesta, que como quiera que hay un allanamiento, se debe entender que el mismo hace referencia a todo, y Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de León dictada por la Sección Segunda el 12 de Diciembre de 2.005, en un caso prácticamente idéntico al que ahora se enjuicia, sólo que al revés, puesto que el Juzgado condenó en costas frente al allanamiento. El allanado recurrió y la Ilustrísima Audiencia desestima el recurso por entender que hubo requerimiento previo y que por lo tanto procedía la condena en costas.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO PARA ANTE LA SALA DE LO CIVIL DE LA ILUSTRÍSIMA AUDIENCIA PROVINCIAL que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, tenga por interpuesto recurso de apelación y en su día, y tras los trámites legales pertinentes dicte sentencia por la que, revocando en parte la sentencia de instancia y sólo por lo que a materia de costas se refiere, imponga a LA PARTE CONTRARIA el pago de las costas de primera instancia y todo ello por ser así de justicia que respetuosamente pido en Madrid a trece de enero de dos mil trece.

Que significa declarando de oficio las costas


Que significa declarando de oficio las costasdeclarando de oficio las costas

En numerosas sentencias podemos encontrar expresiones como: se declaran las costas de oficio o las costas de esta alzada como en las de la instancia se declaran de oficio,

¿ Qué significa? pues que el tribunal en este caso o el juez en su caso no hacen expresa mención acerca de quién debe pagar las costas, ya que para que se entienda que una parte ha sido condenada en costas, debe recogerse de forma expresa en la sentencia, las expresiones se declaran las costas de oficio o no se hace pronunciamiento sobre las costas, vienen a equivaler a lo ya indicado que cada parte pagara sus costas. Estos extremos no suelen guardar ninguna dificultad, pero si no lo tuviéramos claro, siempre existe la solicitud de aclaración de sentencia dirigida al juzgado.

Lo que suele causar más dudas, es que en todas las sentencias y últimamente se ve más y es cierto que los Juzgados vienen obligados por la ley,  pues ésta indica claramente que siempre que se dicte algunas sentencia se deberá expresar la condena en costas, pues en las sentencias de los juicios de faltas aparece recogido como al condenado se le obliga al pago de las costas. En una casi totalidad de los casos se trata de un formulismo pero que no obliga al pago alguno de las mencionadas costas (cada uno pagará al letrado si acudió con él al juicio). Es sumamente raro ver una condena de juicio de faltas en COSTAS.

alegaciones a allanamiento


Alegaciones a allanamiento

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 80 DE MADRID

DON PROCURADOR  de los Tribunales y de DON LUIS FELIPE Y DON FELIPE ANDRÉS, representación que tengo acreditada en autos de procedimiento ordinario 03/2012, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que mediante el presente escrito, en la representación que ostento, cumplimento traslado conferido por providencia de 1-1-2011, notificada el día 1, por la que se nos concede un término de cinco días, para alegar lo que convenga a nuestro derecho, en relación con los allanamientos formulados a la demanda.

A efecto indicado, expongo como convenientes al derecho de esta representación las siguientes

 ALEGACIONES

PRIMERA: SOBRE LOS ALLANAMIENTOS DE DON LUIS FELIPE Y DON FELIPE ANDRÉS.

En relación con estos dos escritos de allanamiento, los dos primeros con la representación de la Procuradora Doña y la dirección técnica del abogado Sr. Martín García y el segundo con la representación de la Procuradora Doña Felipa Díaz, con firma del mismo abogado, esta parte nada tiene que oponer.

El allanamiento es un derecho de todo demandado, ex artículo 21 de la Ley Procesal Civil, por lo que, conforme a lo dispuesto en este precepto, la sentencia del presente litigio, en relación con estos tres demandados, debe acoger las pretensiones deducidas en la demanda.

En relación con lo dispuesto en el artículo 395 de la LEC, cuestión que como se puede comprobar preocupa sobremanera al director técnico de estos escritos, a nuestro modo de ver parece evidente que no existe mala fe y que el allanamiento se ha formulado, sin contestar a la demanda.

SEGUNDA: SOBRE LOS ALLANAMIENTOS DE DOÑA LUCÍA Y DOÑA CARMEN

Ambos allanamientos se formulan con la representación de la Procuradora, Doña PROCURADORA y con la misma dirección Letrada de los allanamientos de la alegación que precede.

Lo primero que cabe alegar respecto de estos dos escritos es que son, cuando menos, peculiares. En los dos casos se presenta escrito de contestación a la demanda, con fecha 10-11-2011 y en los dos, se suplica que se desestime la demanda, y se afirma en la fundamentación jurídica, común a ambos, que se niega la idoneidad de mi principal para ser parte en el proceso … al no ser titular la demandada de la relación jurídica que se invoca, ni del objeto litigioso del proceso.

A la vez, en los dos casos, se presenta escrito de ampliación con la misma fecha, en el que se suplica tener por allanada a mi principal a la demanda de división de cosa común.

Cabe preguntarse qué es lo que realmente pretenden ambos escritos de allanamiento, pues, tal como se formula el suplico para contestar a la demanda y el suplico para ampliar la contestación a la demanda, son evidentemente contradictorios entre sí, toda vez que es difícil saber si Doña LUCÍA y Doña CARMENª quieren allanarse, pues, si así lo quisieran, deberían haber expresado que su allanamiento es parcial, o que no se allanan y se oponen a las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, en relación con estos dos allanamientos, sólo cabe alegar que no se formulan de buena fe, pues en ambos casos se desea seguir litigando, pero se quiere evitar cualquier problema relativo a las costas del litigio.

Aunque no existe oposición sobre el fondo, se formula una excepción de falta de legitimación pasiva, a cuyo amparo se solicita la desestimación de la demanda.

Con carácter cautelar, añadimos en estas alegaciones, que esta excepción no puede prosperar, pues esta representación en su demanda tenía que partir de la situación registral de las fincas, objeto de división; y constando inscrita una participación del 0,666% de cada una de las tres fincas, forzoso era traer a la demanda a los herederos que se conocieran del Sr. entre los que están Doña LUCÍA y Doña CARMEN, todo si se quería constituir debidamente la relación jurídico  procesal.

Si los herederos renunciaron a la herencia, como parece que lo hicieron, ello no impide que en el proceso de división de cosa común, lo que corresponda a esa cuota del 0,666% de las tres fincas objeto de división, se les de el destino legal que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil.

Para apoyar la excepción formulada, ambos escritos sostienen que la circunstancia de la renuncia a la herencia era conocida por mis patrocinadas, afirmación que se basa en las actas de las Juntas de 7-11-2010 y en la certificación del administrador de las fincas, (finca 190 del RP) y (finca 191 del RP).

Respecto a las actas de las Juntas, basta su lectura, para comprobar que Don LUIS, representante de mi patrocinada Doña Carmen en esos actos, manifestó que las participaciones de las comunidades de bienes, cuya constitución se proponía, no estaban aún inscritas en el correspondiente Registro de la Propiedad, por lo que la situación registral era distinta de la que se expresaba en las Juntas, sin perjuicio de la certificación del administrador, que obra al dictado y por eso tampoco coincide con la situación registral.

Añádase a todo lo anterior que Doña Lucía y Doña Carmen ostentan respectivamente participaciones del 59,998% y del 60,664% de alguna de las fincas objeto de la división, y se concluirá que era forzoso traerlas a la demanda, que las dos están legitimadas pasivamente y que las excepciones formuladas no deben prosperar por tratarse de un ejercicio procesal más que cuestionable.

En este último sentido, es aplicable a ambos allanamientos lo dispuesto en el artículo 395.2 de la Ley Rituaria en materia de costas.

TERCERA: SOBRE EL ALLANAMIENTO DE DOÑA LUISA

En relación con este escrito de allanamiento, sorprendentemente formulado con la misma dirección técnica, en el suplico por el que se pide se pretende:

1.- Que se estime una excepción de falta de legitimación pasiva y por este motivo se desestime la demanda, y

2.- Que se tenga a Doña Luisa por allanada a las pretensiones de la demanda, en lo referente a un 0,666% de la finca 190 del RP, objeto de la división.

De nuevo estamos ante peticiones contradictorias, pues no cabe pedir que se desestime la demanda y se impongan las costas al actor (tema capital en la intención del escrito), y a la vez pedir que la demanda sea estimada en parte.

Sentado lo anterior, el fundamento de la excepción formulada es una mera copia de lo transcrito en los escritos de allanamiento anteriorore. Por tal razón, en aras de evitar repeticiones inútiles, reiteramos lo consignado en la alegación que precede sobre este asunto, destacando que Doña Luisa tiene una participación del 0,666% en una de las fincas objeto de división que ella misma reconoce, y, por lo mismo, era forzoso traerla al proceso, con independencia de que en la división de las fincas, en las que ella no tenga participación, se proceda sin su intervención.

Por lo demás, en este allanamiento, es también de aplicación lo dispuesto en el artículo 395.2 de la LEC.

CUARTA:

Finalmente, debemos insistir en que ninguno de los allanamientos formulados se hace de buena fe, ya que, acogidos todos a la misma dirección técnica, persiguen en exclusiva, no ya que no se les impongan las costas del proceso, sino que se impongan al actor, lo cual es verdaderamente insólito en materia de allanamiento.

Con este propósito, no se duda en solicitar la desestimación de la demanda y a la vez el allanamiento a la división de la cosa común objeto de la demanda, lo cual es en sí mismo contradictorio.

Una cosa es que en la división de las tres fincas objeto del litigio, no hayan de participar todos los demandados, porque según se expresa en el escrito de demanda las titularidades de las tres fincas sean diferentes, y otra bien distinta es que no se haya constituido bien la relación jurídico  procesal, puesto que los demandados que dicen ahora allanarse tenían forzosamente que ser traídos al proceso.

Formular excepciones de falta de legitimación pasiva por quienes saben y les consta que tenían que estar en este proceso, no es más que un ejercicio de mala fe procesal, que debe tener su oportuno reflejo en la resolución final.

Firma del abogado.

Modelo de petición de costas


Modelo de petición de costas 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE MADRID           

DON JOSÉ MARTÍN GARCÍA Procurador de los Tribunales y de D. JOSÉ  representación que tengo acreditada en el procedimiento de autos de juicio verbal xxx/2006, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

            Que siendo firme la Sentencia dictada en estos autos y conteniendo un pronunciamiento de condena en costas a la parte actora, en el segundo pronunciamiento de su fallo, procede, al amparo del artículo 242 de la LEC la tasación de costas a que esta parte es acreedora, como consecuencia de la condena pronunciada. 

             A dicho efecto, acompaño la minuta del Letrado de mi parte y la correspondiente a los suplidos y derechos del Procurador compareciente, para su inclusión en la tasación.

             En otro orden de cosas, por ser necesaria para otros usos, solicito un testimonio de la Sentencia dictada, con expresión de su firmeza. 

            En su virtud, 

            SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito con su copia y los documentos que se acompañan, se sirva admitirlo, y acordando de conformidad disponga la práctica de la tasación de costas a las que la actora ha sido condenada en estos autos y ordene la expedición del testimonio que se solicita para su entrega al compareciente. 

            Por ser de Justicia que pido en Madrid a 1 de OCTUBRE de 2006

Las costas en el procedimiento penal


Las costas en el procedimiento penal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la condena en costas cuando se hubiera actuado con temeridad en el procedimiento y especifica estas dos situaciones:
Que el querellante particular o el actor civil hubiera obrado con temeridad a lo que se refiere el artículo 240 de la mencionada Ley.
Por su parte el artículo 44 establece la condena en costas para aquellos casos en los que se hubiera impugnado la competencia del Juzgado y se tratara de una solicitud de inhibitoria temeraria.
La temeridad corresponderá apreciaría al Tribunal que este viendo el asunto.

Como sabemos por su parte la jurisdicción civil es la más clara y tajante a la hora de condenar en costas, pues con que no le sea reconocido a una parte ninguna de sus pretensiones será condenada en costas, pero además acude al criterio de la temeridad para establecer que aquella parte que actuara con temeridad será condenada a pagar a los abogados y procuradores de la otra parte aunque ni fuera preceptiva su intervención.