Abogados penalistas en Madrid,

Abogado penalista para juicios, recursos, demandas y denuncias

Archivo para civil

recurso apelacion civil por las costas


Recurso apelacion civil por las costas

apelación

Se recurre la Sentencia por no condenar a la otra parte en costas y se adjunta jurisprudencia.

 AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE LOS DE MADRID PARA ANTE LA SALA DE LO CIVIL DE LA ILUSTRÍSIMA AUDIENCIA PROVINCIAL

             DOÑA JUSTINA RECUROSA, Procuradora de los Tribunales y de la compañía mercantil EMPRESA S.A., según tengo debidamente acreditado en los autos de referencia, ante la Sala comparezco y como mejor en Derecho proceda,  DIGO:

         Que mediante el presente escrito y en tiempo y forma procesales vengo a evacuar el trámite concedido en providencia de 10 de enero de 2013, notificada el 12,  y en su virtud interpongo recurso de apelación contra la sentencia dictada el 8 de enero de 2013 y todo ello de conformidad con los siguientes:

MOTIVOS

         ÚNICO.- La presente alzada se circunscribe única y exclusivamente a la materia de costas, por considerar que la no imposición de las mismas a LA PARTE CONTRARIA constituye una flagrante vulneración del artículo 395 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

En efecto, el referido artículo establece que si el demandado, por mucho que se hubiera allanado, hubiese actuado de mala fe, procederá la condena en costas.

Y añade el tan mencionado precepto, que se entenderá que existe mala fe, si se le hubiere formulado requerimiento de pago.

Así las cosas, y conforme a dicho orden legal, si el actor antes de formular la demanda hubiese requerido de pago, se entenderá que el demandado ha actuado de mala fe y consecuentemente procederá su condena en costas.

Pues bien, en el presente caso no es uno sino dos los requerimientos extrajudiciales, en concreto los documentos 2 y 3 de la demanda, por el que se conmina al pago requerimientos que nunca tuvieron contestación.

El Juzgador a quo considera que dichos burofax no son requerimientos de pago, por lo que no aprecia mala fe, y consecuentemente no condena en costas.

Pues bien, frente a semejante afirmación, el presente motivo tiene por objeto llevar a la Ilustrísima Sala a la inequívoca conclusión, de que la sentencia de instancia vulnera el artículo 395 y debe ser revocada en materia de costas, por las siguientes razones:

1.- Porque los documentos 2 y 3 constituyen requerimientos de pago. ¿No es requerimiento de pago ejecutar un aval y consecuentemente conminar a la entidad bancaria a que satisfaga un importe económico?.

Todo requerimiento contiene tres exigencias. Una primera de pago, consistente en manifestar o pedir el abono del débito. Una segunda de cuantía, consistente en concretar el importe. Y una tercera de fehaciencia o prueba, consistente en plasmar los dos requisitos anteriores por escrito y mediante medios que prueben la entrega y recepción.

Aquí se cumplen los tres. Se exige el pago. Se dice cuanto. Y se articula mediante burofax.

2.- Porque de seguir la teoría que mantiene la sentencia se llega a una situación verdaderamente injusta, porque el silencio, y además reiterado de la entidad bancaria, obliga al actor a impetrar el auxilio judicial, viéndose obligado para ello a satisfacer las tasas judiciales, una provisión de fondos de Procurador y otra de Letrado que abona de su propio peculio, de manera que cuando cobra el importe del aval no se ha visto resarcido en su derecho por completo, porque tiene que deducir esos pagos, y esos pagos los ha hecho ante el silencio de la entidad bancaria. Esto es un aval a primera demanda o a primer requerimiento y como tal hay que pagarse. No hay negociaciones, ni conversaciones y sí únicamente dos requerimientos que no han sido atendidos, (se nos permitirá decir que cuanto menos hay que contestarlos), en perjuicio de esta parte y del propio sistema, puesto que la obligación del banco es pagar al requerimiento. Es más, eso es lo que dice el propio texto del aval, que se pagará a PRIMER REQUERIMIENTO, y aquí ha habido dos, por lo que la mala fe es flagrante, y

3.- La doctrina jurisprudencial de las Audiencias Provinciales es tajante.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de Septiembre de 2.004. Hay requerimiento previo, y procede la condena en costas. Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 27 de Septiembre de 2.004. Hay requerimiento previo, y procede la condena en costas. Es más, manifiesta, que como quiera que hay un allanamiento, se debe entender que el mismo hace referencia a todo, y Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de León dictada por la Sección Segunda el 12 de Diciembre de 2.005, en un caso prácticamente idéntico al que ahora se enjuicia, sólo que al revés, puesto que el Juzgado condenó en costas frente al allanamiento. El allanado recurrió y la Ilustrísima Audiencia desestima el recurso por entender que hubo requerimiento previo y que por lo tanto procedía la condena en costas.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO PARA ANTE LA SALA DE LO CIVIL DE LA ILUSTRÍSIMA AUDIENCIA PROVINCIAL que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, tenga por interpuesto recurso de apelación y en su día, y tras los trámites legales pertinentes dicte sentencia por la que, revocando en parte la sentencia de instancia y sólo por lo que a materia de costas se refiere, imponga a LA PARTE CONTRARIA el pago de las costas de primera instancia y todo ello por ser así de justicia que respetuosamente pido en Madrid a trece de enero de dos mil trece.

Anuncios

Oposición a recurso de apelación civil


Oposición a recurso de apelación a sentencia de separación

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM 1 DE MADRID
PARA ANTE
LA SALA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Don Procurador de los Tribunales y de DON Representado, representación que tengo acreditada en autos de procedimiento de separación contenciosa 1/12, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO:

Que me ha sido notificada, con fecha 1 de Mayo de 2011, providencia dictada en 1 de Abril de 2011, por la que se tiene por presentado escrito de recurso de apelación contra la Sentencia dictada en este proceso y se confiere traslado a esta parte, para presentar escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la Sentencia apelada.

A tal efecto, cumpliendo el proveído que se indica, al amparo de lo previsto en el artículo 461 de la LEC, formulo ESCRITO DE OPOSICION AL RECURSO DE APELACION, con apoyo en las siguientes:

ALEGACIONES

PRIMERA.- En el escrito de preparación del recurso de Apelación el apelante, anuncia su recurso contra dos pronunciamientos de la sentencia apelada: el pronunciamiento que fija la cantidad destinada a pensión alimenticia y el pronunciamiento que desestima la concesión de pensión compensatoria a la esposa.

Sin embargo, en su escrito de interposición, se combate únicamente, en un único motivo, el pronunciamiento que fija la cantidad destinada a pensión alimenticia, por lo que el pronunciamiento relativo a la pensión compensatoria no es objeto de recurso, de donde será forzoso inferir que dicho pronunciamiento queda firme, al igual que el resto de los que contiene la sentencia, excepción hecha de la cantidad a fijar por alimentos que, conforme a la suplica del escrito de interposición del recurso, debe ser la única cuestión a debatir en esta alzada.

SEGUNDA.- El recurso se apoya en unos antecedentes incompletos y en un único motivo: el error en la apreciación de la prueba.

Para completar los antecedentes, voluntariamente omitidos por el apelante en lo que le perjudican, bastará transcribir lo que la sentencia considera probado, en relación con la única cuestión debatida en la apelación.

Dice la Sentencia apelada en su fundamento jurídico segundo: “De la documental aportada resulta que …. (el subrayado final es nuestro).

TERCERA.- El único motivo del Recurso es, como señalábamos, el error en la apreciación de la prueba, que para el apelante resulta evidente, porque emplea el procedimiento condenable de no valorar la prueba en su conjunto, sino solo la de aquellos elementos que puedan apoyar sus intereses, olvidando, por supuesto, aquellos aspectos de la prueba que obra en autos que son contrarios a dichos intereses.

Frente a tan parcial postura, la sentencia apelada valora la prueba en su conjunto, obteniendo unas conclusiones que deben considerarse ajustadas a derecho. Es verdad que, si se analizan por separado muchos de los elementos de la prueba obrante en autos, dichas conclusiones pueden ser perjudiciales para alguna de las partes, pero son bastante mas perjudiciales para mi patrocinado, que para su esposa, toda vez que la sentencia olvida realidades que están probadas en el proceso y que, tal vez, debieran haber conducido a la Juzgadora a fijar una pensión por alimentos, muy inferior a la fijada en la medida tercera del fallo.

Así sucede, por ejemplo, con los documentos 3 a 19, unidos al escrito de contestación a la demanda, por los que se acredita que los gastos a los que tiene que hacer frente, obligatoriamente con motivo de su separación, ascienden a 1000 € mensuales, que constituyen el 50% de todos los ingresos que percibe ( hecho segundo de la contestación a la demanda), lo que motivó la propuesta de esta parte, que no ha sido acogida por la sentencia, de pagar una pensión máxima de alimentos de 800 € mensuales (el 40% de sus ingresos) como única manera de evitar el endeudamiento progresivo que ahora padece.

Lo mismo sucede con el pacto al que ambos cónyuges llegaron para separarse, que incluía la venta del domicilio familiar, pacto reconocido y probado en autos por Doña Contraria en su declaración en el proceso de medidas y en estos autos; e incumplido palmariamente por ella con el resultado de cercenar todas las posibilidades de mi mandante de poder adquirir un domicilio para sí (hecho segundo de la contestación a la demanda).

El olvido de estos elementos de prueba obrantes en los autos, justificaría, si seguimos la conducta del apelante, que esta representación; no solo se opusiera al recurso, sino que impugnara la sentencia por el mismo motivo por el que la ataca el apelante: el error en la apreciación de la prueba.

Sin embargo, tanto del conjunto de la Doctrina, como de la Jurisprudencia conocemos, que el Juzgador en su sentencia está obligado a valorar la prueba en su conjunto, aunque la valoración de la prueba del conjunto, de la resultante en autos, conduzca en ocasiones, a conclusiones contrarias a alguno de los elementos de prueba que forman dicho conjunto, razón por la que, a nuestro modo de ver, la impugnación de la sentencia en este caso, y por este motivo, estaría condenada al fracaso.

CUARTA.- Frente a esta realidad jurídico-procesal, son inútiles alegaciones como las que el apelante hace en su recurso, máxime, si además, tales alegaciones faltan tan manifiestamente a la verdad.

En efecto, decir que Doña Contraria no recibe cantidad alguna, en concepto de dividendos, retribución o salario por parte de nadie, es ir en contra, primero de la verdad, y segundo de la lógica.

Para comprobar la falta a la verdad:

a) basta ver las declaraciones de IRPF de Doña Contraria, en las que aparecen ingresos que no tienen nada que ver con la nomina que declara de 1.000 € al mes;

b) basta comprobar, a partir de la información del banco, unida a los autos, que en una de las cuentas de las que es titular.
c) basta ver sus declaraciones, prestadas en el proceso, en las que dice percibir ingresos como decoradora, sin expedir facturas, y por tanto de cuantía desconocida.

QUINTA.- No es cierto, finalmente, que mi patrocinado tenga ingresos, como se dice en el escrito de recurso, con absoluta ligereza de 10.000 € al mes.

La prueba documental acredita que los ingresos de D. Cliente son de 2000 € al mes, con los que tiene que hacer frente, no solo a los gastos a que la sentencia apelada le condena, sino a los gastos obligatorios que le supone el tener que vivir fuera de su domicilio.

SEXTA.- Consecuencia de todo lo anterior es, que las alegaciones que contiene el recurso, en defensa de su único motivo, son alegaciones, no solo contrarias a la prueba obrante en autos valorada en su conjunto, sino contrarias a la realidad probada en autos por documentos y declaraciones, que no cabe tergiversar con la sola finalidad de interponer un recurso de apelación.

Por el contrario, la Sentencia apelada, cuando valora la prueba obtiene un resultado que no es contrario a la realidad de los hechos, ya que es obvio que los ingresos fijos que la esposa declara, son inferiores a los que declara el marido y que la suma de ambos ingresos es inferior al nivel de gastos en que ha venido incurriendo la unidad familiar. Ello revela que se ha venido manteniendo con otros ingresos distintos de los declarados y desde luego superiores.

Y en este sentido, sin duda la esposa tiene unas posibilidades económicas superiores, porque son realmente fuera de serie, muy poco comunes; y en ocasiones tales posibilidades ha alcanzado al marido, cuando ha conseguido realizar actividades complementarias que le han permitido obtener otros ingresos, distintos de los fijos, que, cuando vivía en familia, podía destinar íntegramente a su esposa e hijos.

En la actualidad, dado que mi patrocinado tiene que hacer frente a gastos obligatorios para poder vivir por su cuenta, y atender a sus hijos, gastos que antes no existían, la decisión judicial le obliga a pagar por alimentos de sus hijos, más del 70% de sus ingresos fijos, sin tener, de otro lado, posibilidad alguna de disponer de su propio patrimonio, pues este viene constituido, únicamente, por el domicilio familiar cuyo uso se atribuye a la esposa.

A pesar de todo, ello no parece motivo suficiente para impugnar la sentencia, ya que, aun cuando mi patrocinado no va a tener otro remedio que endeudarse o duplicar su trabajo en busca de actividades complementarias, solo redundará en favor de sus hijos menores.

Por lo expuesto y porque la Sentencia se ajusta a Derecho en la valoración en su conjunto de la prueba, practicada en los autos, debe confirmarse en esta segunda instancia, imponiendo no obstante las costas de la alzada al apelante, por su evidente temeridad, al alzarse contra una sentencia mucho mejor que la que debería haber obtenido con su demanda, contraria a la manera amistosa de separación, que fue acordada por ambos cónyuges, cuando decidieron poner fin a su vida en común.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, con su copia, se sirva admitirlo y teniendo por cumplimentada en tiempo y forma la providencia citada en la cabecera; tenga por formulado ESCRITO DE OPOSICION AL RECURSO DE APELACION y por opuesta a esta parte al Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia dictada en estos autos; para previo el tramite oportuno, remitir a la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid todo lo actuado en orden a la resolución del recurso; y

SUPLICO A LA SALA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID que, en mérito a lo expuesto, y previo el tramite oportuno, dicte Sentencia desestimando el Recurso de apelación interpuesto por la representación de Doña Contraria confirmando la Sentencia de instancia en todas sus partes y condenando a la parte apelante, al pago de las costas de esta apelación.

Por ser de Justicia que pido en Madrid a 1 de Mayo de 2012.

Huida hacia el derecho penal


Huida hacia el derecho penal

Los escasos costes del procedimiento penal, su mayor rapidez y menor rigidez, hacen que en ocasiones, las relaciones civiles entre personas se quieran desviar hacia el derecho penal para actuar ventajosamente.

A continuación reproducimos unas alegaciones a un recurso de Reforma que se interpuso contra loa decisión de un juez que apreciaba esto mismo; que el asunto que se le planteaba carecía de criminalidad, tratándose claramente de un asunto civil.

AL JUZGADO  

Doña _ _ _ _  Procuradora de los Tribunales y de D. _ _ _ _ _ _ , representante legal de Ventasporinternet.com , en la presente causa, con el acatamiento de rigor, comparezco y como mejor en derecho proceda, DIG O:

Que habiendo recibido traslado en fecha 28 de marzo, del recurso de reforma y subsidiario de apelación interpuesto por la representación de la denunciante contra el Auto de fecha 1 de enero de 2011 por el que se disponía el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones, mediante el presente escrito y en la referida representación paso a formular IMPUGNACIÓN DEL RECURSO DE REFORMA, que se fundamenta en los siguientes

MOTIVOS

Primero.- Sostiene el recurrente que la declaración de mi mandante no es motivo suficiente para concluir la no existencia de un ánimo defraudatorio por parte de Ventasporinternet.com, a parte de mi representado, hay muchas más personas que se han visto afectadas y supuestamente estafadas por la citada entidad mercantil.

Dicha pretensión, subvierte totalmente el sistema penal, exigiendo a la parte denunciada que acredite un hecho negativo y. además subjetivo que constituye una doble probatio diabólica solicitando que se pruebe por esta parte que no existe un ánimo defraudatorio, cuando de hecho ni el más mínimo indicio se aporta por la denunciante en este sentido.

Se alega que resulta “notorio y claramente patente” que nuestra mandante no tiene intención alguna de entregar el artículo a su representado. Sin embargo, pese a la supuesta “notoriedad’ del hecho, la parte denunciante no ha aportado la más mínima prueba o indicio sobre la ilicitud penal de los hechos que alega el recurrente. Por el contrario, el mero examen de la documentación aportada evidencia que se ha producido una demora en el cumplimiento del contrato por la mercantil que representa mi mandante, que en ningún caso constituye ilícito penal alguno. Así, queda acreditado:

a)         Porque el contrato firmado con el denunciante en mayo de 2010 preveía como plazo ordinario de entrega, sin penalización, la semana 50/10, es decir, en DICIEMBRE DE 2010.

b).        Pero, puesto que nuestro mandante depende de otros profesionales (el fabricante y distribuidor) para la entrega, específicamente el pacto 10 previene que la fecha de entrega prevista puede sufrir variaciones no imputables a Ventasporinternet.com y derivadas de ajustes en la programación de producción de la fábrica o en su departamento de control de calidad, logística, distribución, etc . .En estos casos, se aplicarán las penalizaciones que prevé el contrato contra mi representada en el momento de la liquidación del precio pendiente, al que se descontará dicha indemnización por mora. Así lo prevé el pacto primero, que fija la indemnización en 50 Euros semanales, (si el artículo se entrega en las cuatro semanas siguientes a la fecha máxima de entrega sin recargo) y de 100 Euros semanales (si se entrega entre la semana 5 y 20, transcurrido el plazo ordinario de entrega) y establece que dicha cantidad se detraerá del pago final que el comprador debe efectuar a Ventasporinternet.com.

c)  Por tanto, si se producen retrasos en el proceso de producción, el plazo de 50 semanas, puede ampliarse (con penalizaciones para nuestra mandante) hasta 20 semanas más de plazo que todavía no ha transcurrido, por lo que el contrato sigue vigente.

d).  En cuanto a las explicaciones facilitadas al denunciante y las supuestas contradicciones que señala en su recurso, obedecen al hecho de que nuestro mandante recibe la información sobre el proceso de producción de un tercero (el fabricante). Así, inicialmente el fabricante manifestó que por dificultades en la fábrica descenso de actividad y climatológicas que impedían el transporte el artículo estaría disponible en enero. Sin embargo, llegada la fecha, se manifestó a esta parte que no se podría entregar hasta febrero y, finalmente, fueron informados de que no se recibiría en dicha fecha porque la producción de la cuota de octubre se retrasó al 10.09.10, estando a la espera nuestro cliente de que se le facilite nueva fecha para la entrega. Así pues, no existen contradicciones en las alegaciones del Sr. Representante de la empresa  (exceptuando un error material al hacer constar que se entregaría el artículo el 5 de enero, cuando debería haberse fijado el 5 de marzo, según la información que se tenía en enero que auguraba la entrega desde China a lo largo del mes de marzo de 2011) Y el mismo se limitaba a informar de las mismas circunstancias que a él le eran comunicadas por el fabricante.

Así pues, nos encontramos ante un contrato VIGENTE (mi mandante tiene un plazo extraordinario de entrega con penalización hasta el 18 de mayo de 2010), en el que se ha producido un retraso por causa sobrevenida no imputable a mi poderdante, retraso que tiene incidencia en el orden civil {determinará que al precio restante se le detraiga la indemnización que corresponde por mora) PERO QUE CARECE DE TODA RELEVANCIA PENAL.

Por mucho que suponga (ninguna prueba se aporta) el recurrente, que nuestro mandante no tenía la intención de cumplir el contrato cuando recibió la paga y señal, lo cierto es que no sólo tenia y tiene intención de cumplir, sino que está trabajando para que así sea y se produzca la entrega dentro del plazo máximo de la semana 20, tras la finalización del plazo ordinario. Así, no solo las manifestaciones del Sr. Representante de la empresa sino la documentación que se acompaña demuestran que mi representado hizo el encargo al productor y continúa reclamando su cumplimiento, como se acredita:

l.          Mediante la hoja de encargo que se acompaña como Documento n 1, como se ve, viene específicamente referida al artículo del Sr. Denunciante  y tiene como fecha máxima de entrega (aunque se aseguró a nuestros mandantes que se entregaría con mucha anterioridad, sin agotar el plazo) el2 de febrero de 2011.

2.         Como se puede ver en la hoja de seguimiento del vehículo de fecha 18 de febrero de 2011 (Documento n 2) la compañía China anota el pedido de esta parte en fecha 25/10/10 -por tanto, el encargo se hizo en tiempo-, por cuanto esa misma pantalla hacia constar que el artículo debía haber entrado en producción  el 4 de septiembre de 2011.

3.         En el mismo sentido, la hoja de seguimiento de 26 de febrero de 2011, recoge que se ha cambiado ya la fecha de entrega -en China-, que se establece para el uno de marzo (Documento n° 3), 10 que coincide plenamente con las informaciones facilitadas al denunciante. Sin embargo, como acredita el Documento n° 4, en fecha 2 de marzo nuestro mandante requirió nuevamente por el pedido del Sr. Denunciante, recibiendo la contestación de que El artículo no está todavía creado, habiendo nuevamente interrogado en fecha 7 de marzo y recibido la respuesta de que aún no tenemos el artículo para el pedido en cuestión. Actualmente, está mi mandante a la espera de que se le de por Lee Coop  una fecha de entrega del artículo, para poder hacer la liquidación del precio al denunciante, dentro del periodo de tiempo extra que se ha prorrogado por haber surgido las dificultades en la producción del mismo.

Todo lo expuesto acredita que ya prima facie no existe indicio alguno de una conducta antijurídica imputable a mi mandante, quien está realizando cuanto está a su alcance para dar cumplimiento al contrato aún  vigente.

El descontento del comprador por la tardanza en la entrega (una contingencia que se advertía y preveía en el contrato, que preveía un incremento en 20 semanas del periodo de entrega en caso de ajustes en la programación de producción o problemas de logística o distribución) no justifica que se utilice y subvierta la vía penal) para intentar rescindir un acuerdo CIVIL en unos términos distintos al que el mismo contrato recoge, ya que -en supuestos como éste- no prevé el retraso inferior en 20 semanas como causa de cancelación sino que establece un sistema de penalizaciones.

4. A ello, cabe añadir que la interposición de una denuncia no comporta un derecho absoluto a la prueba y, así, cabe incluso la inadmisión de plano de la misma cuando ad initium sea ya evidente la falta de indicios de criminalidad. En el caso que nos ocupa, entiende esta parte que, tampoco la circunstancia que denuncia sobre el retraso en la notificación del señalamiento de la declaración, supondría una nulidad por cuanto NINGUNA INDEFENSIÓN SE ALEGA NI LE HA CAUSADO, ya que el artículo se refiere fundamentalmente a la naturaleza civil de la relación entre las partes, que deriva fundamentalmente del análisis de la documentación aportada por el propio denunciado siendo el contrato el fundamento último de la “ratio decidendi”.

La declaración fue practicada por Su Señoría y corrobora (que no fundamenta), lo que ya se desprende del propio contrato: que existe una relación DE NATURALEZA CIVIL ENTRE LAS PARTES, en base a un contrato que todavía está vigente y ni siguiera se ha incumplido pues no ha vencido la prórroga de entrega con penalización que el mismo contempla.

Nos encontramos, en definitiva, ante una controversia de índole civil por cuanto que la incriminación no cuenta con soporte documental alguno y ninguna diligencia de prueba (ver “las pruebas”) que se pudiese practicar en el futuro, vendría a aclarar la cuestión previa subyacente, recordando a la parte apelante que a lo que ha de aspirar es a obtener una respuesta jurídica razonada, siguiendo en esto la doctrina del Tribunal Constitucional en la Sentencia núm. 217/1994, de 18 de julio, sin que exista afavor de la parte un “ius pro cedatur ” alguno en aquellos casos en que el árgano judicial entienda razonadamente que la conducta o hechos imputados carecen de ilicitud penal, en cuyo supuesto el derecho de la jurisdicción que ejerce el denunciante no conlleva el de la apertura, (o prosecución) de una instrucción inútil. Por todo ello, entiende esta parte que acreditada la vigencia del contrato (por un problema de fábrica que ha afectado a diversos compradores, lo que explica la existencia de la otra denuncia a que se refiere el recurrente) y que nuestra mandante está realizando las actuaciones para su cumplimiento, procede  confirmar el archivo al carecer la incriminación pretendida por el denunciante de sustento probatorio alguno y siendo evidente la NATURALEZA CIVIL de la relación entre las partes.

Y, en su virtud,

SOLICITO AL JUZGADO.- Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en sus méritos, se tengan por realizada en tiempo y forma IMPUGNACIÓN AL RECURSO DE REFORMA formulado por la representación de la denunciante, solicitándose tras los trámites procesales oportuno la desestimación de plano del mismo y la integra confirmación del Auto de Archivo de lo de marzo de 2011,

OTROSÍ DIGO.- Que ante la denuncia formulada, esta parte se ha visto obligada a aportar documentación facilitada por la empresa responsable de la producción y distribución del artículo (documentos 2 a 4) que tiene naturaleza interna y ha sido facilitada a esta parte con carácter confidencial. Por tal motivo, se solicita se requiera a la parte denunciada a que se abstenga de facilitar ti terceros o difundir comunicar o publicar de forma directa o indirecta copia del mismo, a fin de salvaguardar el secreto de la información que se contiene.

Y, en su virtud,

SOLICITO AL JUZGADO.- Que requiere a la parte denunciada para que, en relación a los Doc. 2 a 4, se requiera a la parte denunciada a que se abstenga de facilitar a terceros o difundir, comunicar o publicar de forma directa o indirecta copia del mismo a fin de salvaguardar el secreto de la información que se contiene.

En Madrid a 12 de abril de 2011

A %d blogueros les gusta esto: