Abogados penalistas en Madrid,

Abogado penalista para juicios, recursos, demandas y denuncias

Archivo para alegaciones

Alegaciones a recurso de apelación


 A continuación el escrito de alegaciones oponiéndose al recurso de apelación que presenta la otra parte.

 

AL JUZGADO DE LO PENAL Nº 0 DE MADRID

PARA ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID 

            DON, Procurador de los Tribunales y de Don Acusado, representación que tengo acreditada en Procedimiento abreviado, Juicio Oral 0/2.012, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

Que mediante el presente escrito, en la representación que ostento como defensa de mi patrocinado, cumplimento traslado conferido por providencia de 1-1-2.012, notificada en día 2-1-2.012, y formalizo ESCRITO DE IMPUGNACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por la acusación particular contra la Sentencia dictada en esta causa, apoyando la impugnación en las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA.-

            El único motivo del recurso viene amparado en el párrafo segundo del número 2 del artículo 795 de la L.E.Cr., con apoyo, in  fine, en el número 3 del artículo 238 de la L.O.P.J., alegando una supuesta infracción de las normas y garantías procesales, causante de indefensión. 

            Con independencia de que ello no es así, como después veremos, en lo que se refiere a mi patrocinado, Don Acusado, la Sentencia apelada contiene hechos probados indiscutibles que la acusación, hoy apelante, no tiene en cuenta, pese a no haber sido combatidos nunca, ni a lo largo de las diligencias previas de las que la causa trae origen, ni desde luego en el plenario celebrado el 1 de enero del año en curso. 

            De manera que, aunque hubieran resultado infringidas normas y garantías procesales, según se invoca en el único motivo del recurso, los hechos a los que nos referimos son indestructibles, y ello motiva que, en relación con mis patrocinados, la Sentencia apelada deba ser confirmada, cualquiera que sea la decisión de la Sala de la Audiencia, sobre la nulidad pretendida en el recurso del apelante. 

            En efecto, como dice la Sentencia apelada, no existe relación entre Don Acusado Uno y Don Acusado Dos, y cualquiera de los demás acusados, ni tampoco entre la sociedad S.A.,  y cualquiera de las demás mercantiles que aparecen en la causa.

            Ni a lo largo de las diligencias, ni en el juicio oral, ni la acusación particular, ni la pública, han podido establecer relación alguna entre mis patrocinados y los demás acusados, lo que convierte en injustificable la presencia de los Sres. Ahora Acusados en el procedimiento como acusados; y lo que lleva a la Magistrada Juez de lo Penal a expresar en la Sentencia su pesar, por no haber sido retirada la acusación contra ambos. Se convendrá con nosotros, que es muy poco frecuente que en una resolución judicial se exprese un lamento de este tipo. 

            También, por último, lo anterior lleva a concluir forzosamente que, aunque el juicio oral tuviera que haber sido abierto y se hubiera celebrado por los delitos de falsedad y estafa, además de por el delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas, tal como persigue la acusación particular, la inexistencia de relación alguna entre mis patrocinados y los demás acusados, admitida incluso por los propios querellantes clientes del acusador particular, la absolución de mis defendidos es incuestionable; y en este punto la Sentencia apelada no se puede combatir, ni por la vía que se ha hecho (pedir la nulidad del juicio), ni por ninguno de los demás motivos, establecidos en la L.E.Cr., para el recurso de apelación. 

SEGUNDA.-

            Sentado lo anterior, que de por sí ya es bastante para la impugnación de la apelación en nombre de los Sres. Coacusados , tampoco tiene razón el apelante en las alegaciones que incorpora a su único motivo del recurso. 

            El auto de la A.P. de Madrid, Sección 16ª, auto nº 595/05, de 21 de Noviembre de 2.005, que el apelante “se olvida” de citar, porque perjudica a su derecho, resuelve la cuestión de competencia, planteada por exposición motivada de la Magistrada Juez de lo penal nº 1 en su escrito de 5 de Octubre de 2.010. 

            Al resolver dicha cuestión de competencia, la A.P. de Madrid, en el fundamento jurídico segundo de su auto, expone tres vías de solución al problema planteado, por la apertura del juicio oral, sólo sobre uno de los tres delitos por los que acusaba la acusación particular, que no el Ministerio Público (decimos nosotros que por algo sería). Son las siguientes: 

–          La posibilidad de plantear al inicio del plenario la nulidad de actuaciones por vulneración de derechos fundamentales.

–          La posibilidad de plantear, por la acusación particular, un recurso de queja ante la propia A.P..

–          La resolución del Órgano de enjuiciamiento, sobre nulidad de actuaciones y vulneración de derechos fundamentales. 

La acusación hoy apelante no quiso plantear la queja, no obstante la invitación

de la Sala que, prácticamente, prometía la estimación. Sin embargo la Magistrada Juez, autora de la Sentencia apelada, sí siguió la recomendación de la A.P., y en su auto de 1-1-2.010declaró la nulidad del auto de apertura del juicio oral y devolvió la causa al Juzgado de Instrucción, para que se retrotrajeran las actuaciones, y el Órgano instructor

se pronunciara sobre los delitos de falsedad y estafa, pronunciamiento que había sido omitido en el auto de apertura del juicio oral. 

            Es decir, lejos de lo que sostiene el apelante, la nulidad de actuaciones pretendida y alegada en el recurso, fue obtenida, con lo que aunque pudiera haber habido infracción de normas procesales, es obvio que pudo ser subsanada y que la Magistrada Juez cumplió con lo dispuesto en el artículo 240.2 de la L.O.P.J. 

            Es por ello evidente, que no existe infracción de norma procesal alguna que no haya sido subsanada, puesto que, al contrario, en este caso los Órganos Judiciales procuraron primero (la A.P. en su auto 1-11-2.011) y resolvieron después (la Juez de lo penal de 1-2-2.011), que se subsanara la omisión del Instructor, a fin de evitar, precisamente, la indefensión de la acusación particular, por haber sido abierto el juicio, sólo sobre uno de los delitos, omitiendo el pronunciamiento sobre los otros dos.

 TERCERA.-

            Pero es que, a mayor abundamiento, la acusación particular, hoy apelante, es la única responsable final de que el juicio oral fuera celebrado, únicamente por el delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas. 

            En efecto, devuelta la causa al Juzgado de Instrucción, con fecha 1 de Febrero de 2.012, el Juez Instructor dictó un nuevo auto de apertura de Juicio Oral, en el que acordó la apertura del plenario por el delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas y acordó el sobreseimiento provisional por los delitos de falsedad y estafa, motivando su decisión al amparo de lo establecido en el artículo 641.2 de la L.E.Cr.. En definitiva, el Juez Instructor del nº 1 de Madrid mantuvo su decisión del auto de 2-2-2.011, pero subsanó la omisión del pronunciamiento sobre los otros dos delitos, y en esta ocasión acordó el sobreseimiento provisional de la falsedad y la estafa, por no poder ser imputados los hechos a los querellados, conforme a las diligencias practicadas. 

            La nueva decisión del Instructor no incurre en infracción alguna de normas procesales, ni vulnera derecho fundamental alguno de la acusación particular. Simplemente no está de acuerdo con la acusación formulada por la acusación particular y sí lo está con la formulada por el Ministerio Fiscal, pero, claro, ello ni produce indefensión, ni infringe norma alguna, ni vulnera el derecho del acusador. 

            Y no vulnera derecho alguno del acusador, porque, aun cuando en su recurso entienda que contra dicho auto no cabía recurso alguno, ello no es cierto, ya que el pronunciamiento por el que se acuerda el sobreseimiento provisional, por los delitos de falsedad y estafa, sí podía ser objeto de impugnación, al amparo de lo dispuesto en los artículos 790.6 y 790.7, de la L.E.Cr. 

            En los ordinales 14 y 15 del escrito del recurso, por dos veces, el apelante manifiesta su imposibilidad de recurrir, contra la decisión del Juez Instructor de sobreseer provisionalmente la causa por los delitos de falsedad y estafa, y expresa que dicha imposibilidad es la causa esencial de su supuesta indefensión. De donde cabe inferir, que, si esa imposibilidad de recurrir no existe, el recurso debe ser forzosamente desestimado, por manifiesta falta de fundamento. 

            Y en efecto, el artículo 790.6 de la L.E.Cr. establece que la resolución que acuerde el sobreseimiento provisional, conforme a los artículos 637 y 641 de la L.E.Cr. (en el caso que nos ocupa se acordó conforme al artículo 641) es susceptible de recurso de apelación ante la A.P.. En concordancia con este precepto, el artículo 790.7 de la Ley Ritual establece que contra los autos denegatorios de apertura de juicio oral, procederá recurso de apelación. 

            Por lo tanto, no cabe duda alguna de que el auto que denegó la apertura del juicio por los delitos de falsedad y estafa, era susceptible de apelación en el aspecto concreto del sobreseimiento provisional acordado, en relación con estos dos delitos. 

            Consecuentemente, a nuestro modo de ver, no es verdad, como se afirma en el ordinal 16 del escrito del recurso, que el acusador particular no se aquietara nunca; al contrario, se aquietó y consintió la resolución. Por esa razón, presentó un nuevo escrito de acusación, en el inicio de las sesiones del plenario, en sustitución del formulado el 2-2-2.011, eso sí, formulando una protesta enérgica, pero injustificada, y reservándose unas acciones que ya había perdido, al haberse aquietado ante el pronunciamiento que acordó el sobreseimiento provisional por los delitos de falsedad y estafa. 

            Por otra parte, que este pronunciamiento acordando el sobreseimiento era susceptible de impugnación, lo confirma la propia A.P. de Madrid en su auto nº 1/2.011, de 1-1-2.012, obrante en la causa y citado por el apelante, en el ordinal segundo de su escrito de recurso. 

            El argumento de la A.P. en dicho auto es concluyente. Dice en su fundamento primero: …el auto que acuerda la apertura del juicio oral es firme (se refiere al auto de 2-10-2.010 citado por el apelante en el ordinal 5 de su escrito de recurso) pues la parte que no compartía esta resolución (se refiere a la acusación particular hoy apelante) no ejercitó contra ella todos los medios de impugnación que tenía a su alcance. Toda resolución judicial ha de resolver todas las cuestiones que son sometidas a consideración y que han sido objeto de debate entre las partes, por lo que en este caso el auto de apertura dictado por el Juez de Instrucción debió de resolver expresamente sobre los hechos que habían sido objeto de acusación, incluidos aquéllos por los que sólo la acusación particular acusaba, por lo que, o bien debió de acordar la apertura del juicio oral respecto de esos delitos (se refiere a los de falsedad y estafa) O SOBRESEERLOS Y EN ESTE ÚLTIMO CASO ESE PRONUNCIAMIENTO PUEDE SER OBJETO DE IMPUGNACIÓN.

             En definitiva, la doctrina de la Sala de la Audiencia es clara; por un lado la acusación particular no utilizó todos los medios que tenía a su alcance para impugnar la no apertura del juicio en cuanto a los delitos de falsedad y estafa, en el auto de 20-10-2.010; y por otro el pronunciamiento que acordó el sobreseimiento provisional por estos dos delitos puede ser objeto de impugnación, y pese a ello, añadimos nosotros, la acusación particular no lo hizo.

             Como resulta evidente que el hoy apelante no impugnó el pronunciamiento por el que se acordó el sobreseimiento por los delitos de falsedad y estafa, en el auto de apertura de 2-2-2.010, forzoso es concluir que se aquietó y consintió el tan repetido pronunciamiento, por lo que, en modo alguno puede ahora, por vía de apelación, modificar ese pronunciamiento. 

            Todo lo anterior conduce, de nuevo, a la forzosa desestimación del recurso interpuesto, puesto que, lejos de existir una infracción de las normas y garantías procesales, aun con  el error inicial del Juez de Instrucción del nº 1, de no pronunciar un sobreseimiento sobre delitos sobre los que acordaba no abrir el juicio oral, existe un escrupuloso cumplimiento de las mismas, incluyendo la devolución de las actuaciones al mismo Instructor, para subsanar, como lo hizo, su error inicial. Y lejos de existir una indefensión del acusador particular, se acordó la nulidad de las actuaciones, se retrotrajeron las mismas al momento de apertura del juicio oral y se abrió, de nuevo, el juicio, sobreseyendo los delitos de falsedad y estafa, en un pronunciamiento que devino firme, porque, cualesquiera que fueran las razones, (la ignorancia o la confianza en una sentencia condenatoria), la acusación particular las consintió. 

            En su virtud, 

            SUPLICO AL JUZGADO PARA ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID que teniendo por presentado este escrito, con su copia, se sirva a admitirlo y tenga por cumplimentado el traslado conferido y por formulado ESCRITO DE IMPUGNACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN contra la Sentencia dictada en esta causa, para previo el trámite oportuno se dicte sentencia por la que se desestime el recurso interpuesto, con condena en costas al apelante por su evidente temeridad. 

            Por ser de Justicia que pido en Madrid a 1 de diciembre de 2.012.

Anuncios

alegaciones a allanamiento


Alegaciones a allanamiento

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 80 DE MADRID

DON PROCURADOR  de los Tribunales y de DON LUIS FELIPE Y DON FELIPE ANDRÉS, representación que tengo acreditada en autos de procedimiento ordinario 03/2012, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que mediante el presente escrito, en la representación que ostento, cumplimento traslado conferido por providencia de 1-1-2011, notificada el día 1, por la que se nos concede un término de cinco días, para alegar lo que convenga a nuestro derecho, en relación con los allanamientos formulados a la demanda.

A efecto indicado, expongo como convenientes al derecho de esta representación las siguientes

 ALEGACIONES

PRIMERA: SOBRE LOS ALLANAMIENTOS DE DON LUIS FELIPE Y DON FELIPE ANDRÉS.

En relación con estos dos escritos de allanamiento, los dos primeros con la representación de la Procuradora Doña y la dirección técnica del abogado Sr. Martín García y el segundo con la representación de la Procuradora Doña Felipa Díaz, con firma del mismo abogado, esta parte nada tiene que oponer.

El allanamiento es un derecho de todo demandado, ex artículo 21 de la Ley Procesal Civil, por lo que, conforme a lo dispuesto en este precepto, la sentencia del presente litigio, en relación con estos tres demandados, debe acoger las pretensiones deducidas en la demanda.

En relación con lo dispuesto en el artículo 395 de la LEC, cuestión que como se puede comprobar preocupa sobremanera al director técnico de estos escritos, a nuestro modo de ver parece evidente que no existe mala fe y que el allanamiento se ha formulado, sin contestar a la demanda.

SEGUNDA: SOBRE LOS ALLANAMIENTOS DE DOÑA LUCÍA Y DOÑA CARMEN

Ambos allanamientos se formulan con la representación de la Procuradora, Doña PROCURADORA y con la misma dirección Letrada de los allanamientos de la alegación que precede.

Lo primero que cabe alegar respecto de estos dos escritos es que son, cuando menos, peculiares. En los dos casos se presenta escrito de contestación a la demanda, con fecha 10-11-2011 y en los dos, se suplica que se desestime la demanda, y se afirma en la fundamentación jurídica, común a ambos, que se niega la idoneidad de mi principal para ser parte en el proceso … al no ser titular la demandada de la relación jurídica que se invoca, ni del objeto litigioso del proceso.

A la vez, en los dos casos, se presenta escrito de ampliación con la misma fecha, en el que se suplica tener por allanada a mi principal a la demanda de división de cosa común.

Cabe preguntarse qué es lo que realmente pretenden ambos escritos de allanamiento, pues, tal como se formula el suplico para contestar a la demanda y el suplico para ampliar la contestación a la demanda, son evidentemente contradictorios entre sí, toda vez que es difícil saber si Doña LUCÍA y Doña CARMENª quieren allanarse, pues, si así lo quisieran, deberían haber expresado que su allanamiento es parcial, o que no se allanan y se oponen a las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, en relación con estos dos allanamientos, sólo cabe alegar que no se formulan de buena fe, pues en ambos casos se desea seguir litigando, pero se quiere evitar cualquier problema relativo a las costas del litigio.

Aunque no existe oposición sobre el fondo, se formula una excepción de falta de legitimación pasiva, a cuyo amparo se solicita la desestimación de la demanda.

Con carácter cautelar, añadimos en estas alegaciones, que esta excepción no puede prosperar, pues esta representación en su demanda tenía que partir de la situación registral de las fincas, objeto de división; y constando inscrita una participación del 0,666% de cada una de las tres fincas, forzoso era traer a la demanda a los herederos que se conocieran del Sr. entre los que están Doña LUCÍA y Doña CARMEN, todo si se quería constituir debidamente la relación jurídico  procesal.

Si los herederos renunciaron a la herencia, como parece que lo hicieron, ello no impide que en el proceso de división de cosa común, lo que corresponda a esa cuota del 0,666% de las tres fincas objeto de división, se les de el destino legal que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil.

Para apoyar la excepción formulada, ambos escritos sostienen que la circunstancia de la renuncia a la herencia era conocida por mis patrocinadas, afirmación que se basa en las actas de las Juntas de 7-11-2010 y en la certificación del administrador de las fincas, (finca 190 del RP) y (finca 191 del RP).

Respecto a las actas de las Juntas, basta su lectura, para comprobar que Don LUIS, representante de mi patrocinada Doña Carmen en esos actos, manifestó que las participaciones de las comunidades de bienes, cuya constitución se proponía, no estaban aún inscritas en el correspondiente Registro de la Propiedad, por lo que la situación registral era distinta de la que se expresaba en las Juntas, sin perjuicio de la certificación del administrador, que obra al dictado y por eso tampoco coincide con la situación registral.

Añádase a todo lo anterior que Doña Lucía y Doña Carmen ostentan respectivamente participaciones del 59,998% y del 60,664% de alguna de las fincas objeto de la división, y se concluirá que era forzoso traerlas a la demanda, que las dos están legitimadas pasivamente y que las excepciones formuladas no deben prosperar por tratarse de un ejercicio procesal más que cuestionable.

En este último sentido, es aplicable a ambos allanamientos lo dispuesto en el artículo 395.2 de la Ley Rituaria en materia de costas.

TERCERA: SOBRE EL ALLANAMIENTO DE DOÑA LUISA

En relación con este escrito de allanamiento, sorprendentemente formulado con la misma dirección técnica, en el suplico por el que se pide se pretende:

1.- Que se estime una excepción de falta de legitimación pasiva y por este motivo se desestime la demanda, y

2.- Que se tenga a Doña Luisa por allanada a las pretensiones de la demanda, en lo referente a un 0,666% de la finca 190 del RP, objeto de la división.

De nuevo estamos ante peticiones contradictorias, pues no cabe pedir que se desestime la demanda y se impongan las costas al actor (tema capital en la intención del escrito), y a la vez pedir que la demanda sea estimada en parte.

Sentado lo anterior, el fundamento de la excepción formulada es una mera copia de lo transcrito en los escritos de allanamiento anteriorore. Por tal razón, en aras de evitar repeticiones inútiles, reiteramos lo consignado en la alegación que precede sobre este asunto, destacando que Doña Luisa tiene una participación del 0,666% en una de las fincas objeto de división que ella misma reconoce, y, por lo mismo, era forzoso traerla al proceso, con independencia de que en la división de las fincas, en las que ella no tenga participación, se proceda sin su intervención.

Por lo demás, en este allanamiento, es también de aplicación lo dispuesto en el artículo 395.2 de la LEC.

CUARTA:

Finalmente, debemos insistir en que ninguno de los allanamientos formulados se hace de buena fe, ya que, acogidos todos a la misma dirección técnica, persiguen en exclusiva, no ya que no se les impongan las costas del proceso, sino que se impongan al actor, lo cual es verdaderamente insólito en materia de allanamiento.

Con este propósito, no se duda en solicitar la desestimación de la demanda y a la vez el allanamiento a la división de la cosa común objeto de la demanda, lo cual es en sí mismo contradictorio.

Una cosa es que en la división de las tres fincas objeto del litigio, no hayan de participar todos los demandados, porque según se expresa en el escrito de demanda las titularidades de las tres fincas sean diferentes, y otra bien distinta es que no se haya constituido bien la relación jurídico  procesal, puesto que los demandados que dicen ahora allanarse tenían forzosamente que ser traídos al proceso.

Formular excepciones de falta de legitimación pasiva por quienes saben y les consta que tenían que estar en este proceso, no es más que un ejercicio de mala fe procesal, que debe tener su oportuno reflejo en la resolución final.

Firma del abogado.

recurso de apelación en violencia de género


recurso de apelación en violencia de género

Juicio Rápido6/2011

Sentencia 32/2011

AL JUZGADO DE LO PENAL Nº 323 DE MADRID

Doña , Procuradora de los Tribunales y de Doña Víctima, bajo la dirección letrada del abogado Don José Martín García, según consta en los autos arriba referenciados, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que habiendo recibido Providencia de fecha 7 de Octubre de 2011, el día 25 de Octubre de los corrientes, por la que se tiene por formulado recurso de apelación por la representación procesal de D. ANTONIO, dándose traslado del mismo a las partes personadas  a fin de que en el plazo común de cinco días aleguen lo que a su derecho convenga, por medio del presente escrito y en la indicada representación formalizo, en el plazo conferido al efecto, OPOSICIÓN al recurso de apelación interpuesto de contrario, en base a las siguientes:

ALEGACIONES

UNICA.- Esta parte está totalmente en desacuerdo con lo alegado de contrario y todo ello por lo siguiente que paso a formular. La sentencia dictada por el Juzgado Penal está extensa, detallada y laboriosamente fundamentada, por lo que no entiende esta parte la razón del presente recurso, ya que por el hecho de que haya un fallo contradictorio a los intereses de su patrocinado, no es razón suficiente si la sentencia es acorde a Derecho, como es. En cuanto a la errónea valoración de la prueba manifestada de contrario, estamos en total desacuerdo. En el acto de juicio se practicaron las pruebas de cargo que nuestro ordenamiento jurídico  denomina como tal.

Así la declaración de la víctima perjudicada, que relató de manera congruente con lo que ya había puesto de manifiesto tanto en comisaría (ver declaración en comisaría) y (declaración de la víctima de violencia de género)como en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer,  concurriendo los requisitos exigidos por la STS de fecha 20/06/2002, como son:

1.- Ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones acusador acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil espurio.

2. – Constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo que la avalen.

3.- Persistencia en la incriminación, que debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades, ni contradicciones  perjudicada ha mantenido siempre fa misma versión de los hechos,  tanto en el plenario como en el Juzgado de Instrucción).

Por todo ello, el juzgador ha considerado que carece de ausencia de circunstancias Que impliquen una Incredibilidad subjetiva,  por lo que tales circunstancias le llevan a la convicción de que los hechos se han producido de la forma relatada.

Además, prueba testifical directa y extensa como bien dice la propia sentencia, contamos con una prueba testifical directa, de una serie de personas en las cuales concurren plenas garantías de imparcialidad y objetividad  no existiendo razón alguna que permita dudar de la veracidad de su testimonio.

Por lo expuesto, la presunción de inocencia ha quedado suficientemente desvirtuada y con ello, el principio “in dubio pro reo”.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito, con las manifestaciones en él contenidas, se sirva admitirlo, lo una a los autos de su razón y en su mérito, tenga por opuesta a esta representación en tiempo y forma al recurso de apelación planteado de contrario contra la sentencia de fecha 28 de Septiembre de 2011, acuerde remitir los autos a la Audiencia Provincial de Madrid y, previos los trámites oportunos, ésta dicte resolución por la que se desestime íntegramente el recurso de apelación planteado de contrario, confirmándose la Sentencia objeto de apelaci6n en todos sus extremos, con expresa imposición de las costas a la adversa.

Alegaciones en Contencioso Administrativo


Alegaciones en Contencioso Administrativo

REF: XXXXXXX/XXXXXXXXXXX

EXCMO.SR. 

DON JOSÉ MARTÍN GARCÍA, mayor de edad, con D.N.I. núm. 50000000-A y con domicilio en Madrid, C/ a núm. 1, en mi propio nombre y derecho COMPAREZCO Y DIGO:

Que con fecha de 20 de enero de 2010 se me ha notificado Providencia de Apremio dictada, con fecha 15 de diciembre de 2009, copia de la cual se acompaña como documento nº1 para mejor identificación, por la que se reclama el pago del impuesto IAE periodo Enero 2008-Diciembre 2009, más el apremio, intereses de demora y costas, por un importe total de  treinta mil euros.

Que no estando conforme con la mencionada Providencia, vengo a formular, en tiempo y forma, RECURSO REPOSICION contra la Resolución adoptada en el expediente de referencia, conforme a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción de la Ley 4/99 de 13 de Enero, y con base en las siguientes,

ALEGACIONES 

PRIMERA.- En primer lugar, manifestar mi sorpresa, al haber sido notificado con la presente Providencia de Apremio, y hacer constar mi más rotunda oposición ante dicho acto que atenta y vulnera la mas elemental seguridad jurídica

A %d blogueros les gusta esto: