Abogados penalistas en Madrid,

Abogado penalista para juicios, recursos, demandas y denuncias

Archivo para abogado

La trampa del éxito de los abogados


Abogados de éxito

Los Abogados de hoy suelen caer en una especie de trampa del  éxito, se les dice que el logro en el ejercicio del derecho un arma de doble filo. Los abogados suelen tener éxito por dedicarse a “una especialidad o área específica de la práctica.” El dilema del abogado, es que según terminan la carrera deben comenzar la especialización. El mundo jurídico aún requiere (y esperemos que dure) una mentalidad de perfeccionismo, pero, en le búsqueda del ejercicio perfecto la innovación es una de las víctimas identificadas. Sin embargo, otros sugieren que, si no puede soportar el fuego (de perfeccionismo), hay que salir de la profesión jurídica. Si la justicia no avanza, los abogados, en el estricto ejercicio de su trabajo, tampoco pueden.

Y en los tiempo que corren, de continuos recortes en la Justicia, de Leyes incomprensibles cuando no abiertamente inconstitucionales diga el TC lo que diga, de trabas en el acceso a la Justicia con las tasas. En fin, la Justicia en España en lugar de avanzar retrocede ¡cientos de años!.

El nuevo límite de velocidad y los abogados.


El lunes 7 de marzo comienza el límite de velocidad máxima en 110km/h. Pero también baja la velocidad para cometer un delito contra la seguridad del tráfico. Los abogados en éste asunto.

En Estados Unidos aún tiene discusiones como:
Conducir por la carretera, simplemente para relajarse como el sonido de goma contra concretas facilita la mente, un controlador de velocidad pierde el control de su vehículo y mata al conductor relajado al otro lado de la carretera.
  La política de limitación de velocidad actual no tiene el mayor impacto puede tener una política para proteger a los conductores y los civiles.
Las estadísticas actuales, los estudios de la anarquía en el camino, y los métodos probados de mortalidad muestran que la velocidad de los Estados Unidos la política de limitar las necesidades de reconstrucción.

Los hechos y las estadísticas que participan con exceso de velocidad hablan por sí mismos.  Las personas que conducen un mínimo de 15 millas sobre el límite de velocidad tienen una probabilidad 60% mayor de accidente que los conductores que respetan la ley . El Instituto de Seguros para Seguridad en las Carreteras informa que en 2005, lo que acelera la muerte de más de 1000 personas cada mes.
El exceso de velocidad afecta no sólo los conductores sino civiles incluso, como a ocho personas en Maryland murió cuando un joven de 20 años de edad, quien presuntamente estaba corriendo, se estrelló contra una multitud
¿Qué pasaría si los límites de velocidad en la carretera no existe?  anarquía interestatal en realidad no existe, en forma de un límite de velocidad inexistente en las autopistas alemanas y, básicamente, en Montana.

En las autopistas alemanas, la velocidad media de los coches es igual a unos 80 kilómetros por hora, sigue teniendo accidentes disminuyó en comparación con los Estados Unidos (The Clash).
el único estado de la Unión sin un límite de velocidad, sólo requiere una “razonable y prudente” velocidad de la carretera.
Los estudios demuestran que la velocidad máxima mayoría de los conductores se sienten cómodos con los promedios de alrededor de 75 millas por hora (Sullivan).
Incluso Montana Departamento de Transporte reconoce que las velocidades medias y las muertes en las carreteras del estado apenas han cambiado desde el límite ha sido derogado (Sullivan).
Estos estudios han demostrado que, básicamente, las políticas que tenemos acerca de exceso de velocidad en los Estados Unidos acerca de que la igualdad de la anarquía de límite de velocidad y de nuestras políticas, incluso que las muertes más alto.

La inconcreción de la “Ley del tabaco”


15La inconcreción de la “Ley del tabaco”

Cuando se dicta una Ley, además de tener como motivo, la defensa de derechos o/y intereses de las personas, ya sean las mismas hacia las que va dirigida la norma o terceras  personas, hay tener en cuenta que sea aplicable, y para que ello sea posible; la misma Ley o por remisión a otras, debemos de ser capaces de discernir qué es lo que prohíbe, y cuáles son las consecuencias.
Con la actual normativa, nos acercamos a criterios europeos, pero como casi siempre que lo que quereos es aparentar que somos, nos pasamos de frenada.
Se dice que lo de lo que ocurre en el interior de un bar o cafetería se regula con dureza aquello que puede perjudicar a personas que no han elegido el hábito.
Así sabemos que el alcohol produce muchos daños en la personas. Cuando alguien bebe de más, no sólo lo sufre él, si no que los que le rodean, en el caso de las familias, no es tan extraño el caso de padres de familia que se transformas por culpa del alcohol, y maltratan al resto o parte de la familia, siendo estos, víctimas  de una tolerancia casi absoluta al alcohol.
Existe una diferencia, que es que quien entraba en un bar en el que se fumaba, sabía, o podía saber a lo que se exponía, sin embargo los cercanos a una persona que enferme por culpa del alcohol no han tenido en ningún momento la oportunidad de la elección.
Pero y lo que creo más importante, por la comparación, es el caso, que recibimos los letrados de forma frecuente. Las personas y familias enteras que sufren, padecen y hasta enferman por culpa de los ruidos que  desprenden locales de ocio, bares, restaurantes y demás.
Trastornos demostrables, patologías tremendas. En el mejor de los casos la familia tiene capacidad de trasladar su domicilio, con lo que ello supone, en algunos casos, abandonar el que ha sido su hogar durante toda su vida. Es verdad que en este caso no solo se trata de locales de ocio, bares, restaurantes y demás si no, y cada vez con más frecuencia de vecinos incívicos.
Lo peor es que en estos casos, no existen facilidades ninguna, ni mucho menos comparable con las “denuncias anónimas” que por lo visto prevé la actual ley antitabaco.
Volviendo al principio, la inconcreción hace que no sepamos que esperar o como actuar ante esta ley, por ejemplo; si alguien fuma en un bar ¿quién incumple la ley, la persona que fuma o el bar? ¿Qué le tiene qué decir el responsable del bar, o empleado, para que se entienda que ha conminado al presunto infractor, para así quedar libre de responsabilidades?.

Marca, deportes y Youtube


Ahora ya  estamos en Navidad, nos dedicamos  a la búsqueda de juguetes, de los juguetes más de moda, este año es casi imposible encontrar unas muñecas que se llaman “monster high”, todas las  niñas las desean a la hija del hombre lobo.

Los chicos lo tienen más fácil con el “call of duty black ops”.
Los adultos seguimos intentando disfrutar del deporte en televisión, que es cuando menos deportes hay. Por lo menos consultando el Marca o Youtube
Otros que ya lo han cogido como costumbre el viajar, al extranjero si es posible están reservando, si aún  no lo han hecho, el hotel.
Hay vacaciones del parlamento.  Continuamos en estado de Alarma.
Esto sigue como se empezó. La  Constiución se puede amoldar al que manda. Y esto es muy peligroso, por lo de antecedente  que crea.
La situación de estado de Alarma es algo serio que no se puede dar si  no es imposible restablecer  el servicio o abastecimiento de que se trate de ninguna otra manera, entre ellas la negociación.
Da miedo.

cancelación de antecedentes


       CANCELACiÓN DE ANTECEDENTES PENALES

Pueden solicitar la cancelación de antecedentes los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal y civil, una vez cumplidos los plazos que estable- ce la ley y previo informe del órgano sentenciador. Los plazos legales señalados para cancelar los antecedentes, se interrumpirán cuando el interesado vuelva a delinquir, abriéndose un nuevo plazo para la cancelación desde que se ejecute la sentencia del nuevo delito.balanza

En cambio, para la cancelación de una medida de seguridad, bastará comunicación del Tribunal al Registro.

Puede presentarse la solicitud presencialmente, en el Ministerio de Justicia, Gerencias Territoriales o por correo, acompañando la siguiente documentación: fotocopia compulsada del DNI en vigor o, si se tratare de extranjero, fotocopia compulsada del pasaporte con visado suficiente o tarjeta de residencia y certificado del cumplimiento de la pena, que se puede solicitar previamente en el tribunal que ejecutó la sentencia (el que dictó la primera, en caso de que hubiera habido recurso). También puede tramitarse me-(liante representante, que acompañará, además, fotocopia de su DNI compulsada Junto a la autorización original del interesado para que le represente en tal trámite.

A TRAVÉS DE INTERNET

Conforme al mandato de informatización de los registros administrativos, impuesto por la Ley 30/1992, reformada por Ley 4/1999, el Registro Central de Penados y Rebeldes admite que las informaciones sobre el mismo puedan ser realizadas en soporte informático.

En concreto, tal previsión la estableció el Real Decreto 435/1992, de 30 de abril para las comunicaciones a la Oficina del censo Electoral de las condenas que llevan aparejada privación del derecho de sufragio ya que dicha Oficina debe elaborar, antes del 1 de febrero de cada año, el fichero de electores privados del derecho de sufragio referido al año anterior.

Por otra parte, la necesidad de avanzar en dicho proceso de informatización, resulta evidente ante el hecho del elevado número de extranjeros que son condenados en los últimos años y respecto de los cuales, no existe un control previo como respecto de los españoles, que cuentan con DNI o pasaporte. De ese modo, la falta de la “huella digital” en la base informática del Registro, está siendo aprovechada por extranjeros que dan otro nombre diferente al suyo, evitando así un seguimiento correcto de sus antecedentes ya que pueden aparecer en el registro con las diversas condenas anotadas, pero bajo identidades distintas.

El problema se agudiza porque el SAID (Sistema Automático de Identificación Dactilar) tiene naturaleza policial, depende del Ministerio del Interior y no está conectado al Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia.

La interconexión de los distintos registros informatizados públicos, es cuestión urgente en la que es preciso avanzar sin pausa, así como en la mejora de los fallos de los distintos programas, que además de problemas de compatibilidad con otros, adolecen de cierta rigidez, así cuando se rechaza una inscripción porque no se facilita la fecha de comisión de los hechos, dato que no siempre aparece en las sentencias (por ejemplo en los delitos continuados, en los que se dan fechas aproximadas: así, entre el año 2000 y 2004 o en aquellos casos en los que no quedó acreditada la fecha exacta, y se emplean fórmulas tales como: “a finales del año 1998” o “en la primavera del año 2008, pero en todo caso, antes del 30 de mayo”).

Es preciso, pues, ir hacia la generalización de la informatización e interconexión de los distintos Registros Públicos -no sólo de modo vertical sino también horizontalmente, entre Administraciones y Oficinas y Agencias públicas, con independencia de su encuadramiento y dependencia- y, todo ello, particularmente en un ámbito en el que la “justicia Electrónica” aparece como un objetivo en el horizonte de la reforma y mejora que requiere nuestra Justicia, en especial, la Justicia Penal, por la importancia que la evitación de errores y de retrasos, tiene en una materia en la que andan en juego la libertad, el patrimonio y los más relevantes derechos y expectativa de los ciudadanos.

Una Juez de baja por el acoso de un abogado


Una Juez acosada por un abogado de baja.

 La titular de un Juzgado  de Vilanova i la Geltrú, , y la secretaria judicial han sido objeto de una «estrategia de acoso e intimidación a la dirección del juzgado» por parte de un abogado –marido de una funcionaria del juzgado– y un procurador que ha derivado en que ambas se encuentren de baja laboral. La Comisión Permanente del CGPJ decidió en su última reunión conceder el amparo solicitado por la magistrado, al entender que se puede estar incidiendo en su independencia judicial. El «acoso» comenzó después de que la magistrada informara al TSJ de Cataluña de que una auxiliar del juzgado estaba casada con un abogado que tenía distintos asuntos en el juzgado.
Ese letrado, a su vez, trabajaba con un procurador, que también tenía procedimientos en la misma sede jurisdiccional. La juez decidió trasladar a la funcionaria de destino. La magistrada señala que, como consecuencia de haber informado de la situación existente, se encuentra «sometida a un acoso constante por parte de los afectados». Además, asegura que se siente «absolutamente amenazada y coaccionada en el legítimo ejercicio de mis funciones, siendo consciente en todo momento de que el sólo hecho de conducirme bajo la más escrupulosa legalidad, supondrá el inicio contra mi de cualquier actuación».
Por su parte,la presidenta del TSJ de Cataluña,  señala en el informe que remitió al CGPJ que, una vez la juez informó de las actuaciones que afectaban a la funcionaria, ésta, su marido y el procurador iniciaron «toda una serie de acciones legales de variada significación» que, en su conjunto, «han afectado gravemente no sólo la serenidad e independencia necesarias para el normal ejercicio de la función judicial, sino también la propia marcha del juzgado». «Con la baja de la Sra. Secretaria y últimamente de la propia juez, con el consiguiente alejamiento siquiera sea temporal del ejercicio de sus funciones, se ha unido la baja de otros funcionarios del juzgado, afectados también por esta situación».

«Batería de acciones». La «batería de acciones» emprendidas van, según relata la presidenta del TSJ de Cataluña, desde la presentación de una querella contra la secretaria del juzgado, varias denuncias contra la juez y secretaria, así como determinadas incidencias procesales que desvelan «el tipo de comportamiento de que hace gala el procurador».
«La cronología de los hechos y el conjunto de las actuaciones emprendidas deben situarse en una estrategia de acoso e intimidación a la dirección del Juzgado que, interfieren en la independencia judicial, sobre todo cuando por mor de éstas se ha logrado apartar a la Sra. Secretaria y a la juez titular y el juzgado está siendo llevado por una juez sustituta y una secretaria en provisión temporal». Alegret informa de que ha realizado gestiones con la decana del Colegio de Procuradores y con la de los juzgados de Vilanova i la Geltrú, «sin que hayan remitido el conflicto por el momento».

Esta noticia apareció en La Razón el 31 de mayo de dos mil cinco

demanda de responsabilidad civil a abogado


Demanda formulada frente a abogado por responsabilidad civil por perjuicio en el ejercicio.

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MADRID

D. Procurador de los Tribunales y de D. José y Doña Marta, representación que acredito con las copias de escrituras de poder, otorgadas a mi favor, que debidamente bastanteadas y aceptadas acompaño como documentos1 y 2, ante el Juzgado comparezco y, como mejor en Derecho proceda DIGO:

Que mediante el presente escrito formulo DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO contra D. Letraínez  Defensorato, con domicilio en Madrid, calle Alcalá, número 1 – 1º, Cp 28010, en donde deberá ser emplazado, en reclamación de la cantidad de 100.000,00- euros (CIEN MIL EUROS), cantidad que es en deber a mis patrocinados, en virtud de los perjuicios sufridos por su actuación profesional, más los intereses legales que correspondan, con apoyo en los Hechos y Fundamentos de derecho que a continuación se exponen:

HECHOS

PRIMERO.-

Con fecha 1 de  enero de 2.010, tuvo entrada en el Juzgado de lo Social nº 4 de Madrid, una demanda de despido formulada en contra de mis representados por la mercantil SA a la que correspondió el número de Autos 1/2010 de dicho Juzgado.

SEGUNDO.-

Con fecha 5 de Mayo de 2011, el Juzgado de lo Social desestimó la demanda deducida, estimando una falta de legitimación pasiva, en cuanto a Dña. Marta, y desestimando la demanda en cuanto a D. José.

TERCERO.-

La actora en el proceso, la mercantil SA interpuso contra la sentencia del Juzgado de lo Social, recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ), Sala de lo Social, Tribunal que por sentencia de 1 de Enero de 2010 estimó el recurso y declaró la improcedencia del despido, condenando solidariamente a mis representados a estar y pasar por la declaración y a la mercantil SA , a optar entre la readmisión o el abono de una indemnización, cifrada en 90.000,00 euros, y en todo caso, al pago de los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido, hasta que se notificara la sentencia, a razón de 100 euros/día.

Acompañamos como documento nº 3 copia de la citada sentencia del TSJ, en la que consta como antecedente, en su exposición fáctica, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 a que se refiere el hecho segundo anterior.

CUARTO.-

A la vista del fallo de la sentencia dictada en el recurso de suplicación, mis patrocinados contrataron los servicios del Letrado, D. Letraínez  Defensorato, demandado en estos autos, para interponer contra la sentencia, recurso de casación para la unificación de doctrina, ante la Sala de lo Social del TS de Justicia. Este Letrado ya había defendido los intereses de D. José, ante el Juzgado de lo Social y ante el TSJ.

Cumpliendo con el encargo profesional recibido, el Letrado demandado, mediante escrito de 1-1-2010, con registro de entrada en el TSJ del día siguiente, anunció el recurso de casación para la unificación de doctrina, solicitando el emplazamiento de las partes y manifestando el propósito de entablar recurso de amparo constitucional, para el caso de que la sentencia no fuera anulada por el TS.

Por providencia de 2-2-2009, la Sala del TSJ acordó emplazar a las partes ante el TS, en un plazo de quince días, y conceder un plazo de veinte días para interponer el recurso.

Acompañamos como documentos nº 4 copia del escrito, que motivó el emplazamiento de las partes ante el Alto Tribunal.

QUINTO.-

Elevadas las actuaciones al TS, no obstante el emplazamiento efectuado, el Letrado D. Letraínez  Defensorato no se personó ante la Sala de lo Social del TS, ni interpuso, en el plazo concedido, el recurso de casación anunciado, lo que dio lugar al Auto de 1-1-2010, en el que la Sala de lo Social del Alto Tribunal acordó poner fin al trámite del recurso, por haber finalizado el plazo concedido, sin que los recurrentes, mis patrocinados, hubieran interpuesto el recurso anunciado, ni se hubieran personado ante el Tribunal Supremo.

Acompañamos el auto de 1 de Junio de 2010, como documento nº 5.

SEXTO.-            Con fecha 1-1-2010, con entrada en el Registro General el día 1-1-2010, el Letrado D. Letraínez  Defensorato, en nombre de mis patrocinados, interpuso recurso de súplica, por el que se solicitaba, que fuera repuesto el auto de 1-1-2010, alegando que, de otra forma, la indefensión de mis patrocinados resultaba evidente y reconociendo, que, por un error en su propia aplicación informativa, la providencia se “había perdido”, dando lugar al transcurso del plazo, sin que el recurso de casación hubiese sido interpuesto.            Acompañamos como documento nº 6 copia del escrito de interposición del referido recurso.

SÉPTIMO.-

Con fecha 2-2-2011, el Tribunal Supremo, Sala de lo Social, dictó el auto que acompañamos como documento nº 7, desestimando el recurso interpuesto por el Letrado Sr. D. Letraínez  Defensorato, por no haberse personado, ni haber interpuesto el recurso de casación en tiempo hábil, señalando en su razonamiento jurídico segundo que “la omisión fue debida exclusivamente a la actuación descuidada de la dirección Letrada”, lo que debía conducir inexorablemente a la Sala, a poner fin al trámite del recurso de casación, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 221 de la LPL.

OCTAVO.-            Mis patrocinados, a la vista de lo ocurrido y pensando que, no obstante su evidente descuido, el Letrado Sr. Letraínez  Defensorato tenía razón en su alegato del recurso de súplica, relativo a que el error de la dirección Letrada, no achacable a los recurrentes, podía infringir su derecho constitucional de defensa (artículo 24 de la CE), pues el excesivo formulismo en la preclusión del plazo les impedía su acceso a los Tribunales, cuando habían evidenciado su interés en acudir a ellos, incluso al TC, decidieron apurar todas sus posibilidades, antes de dirigir su reclamación contra el abogado causante del error.

A dicho efecto, contrataron los servicios de otro Letrado,  quien, en su nombre y con la representación del Procurador, formalizó demanda de amparo constitucional ante el TC, en súplica de que les fuera reconocida la tutela judicial efectiva y les fuera restablecido su derecho, mediante la anulación de la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid que había devenido firme como consecuencia de lo ocurrido, impidiéndoles su acceso a los Tribunales de Justicia, repetidamente anunciado e intentado.

Acompañamos como documento nº 8 copia del escrito de interposición de la demanda de amparo.

NOVENO.-

El TC, Sala segunda, con fecha 1 de Mayo de 2009, dictó resolución inadmitiendo el recurso, por entender que se había deducido fuera de plazo, precisamente por no haberse interpuesto el recurso de casación anunciado, lo que situó el inicio del cómputo de caducidad del amparo en la fecha de notificación de la sentencia de suplicación, con la consecuencia de que la demanda de amparo había sido presentada fuera de plazo.

Añade el TC, que no se puede entender cumplimentado el requisito establecido en el artículo 44.2 de la LOTC (plazo de veinte días para interponer recurso de amparo), por haberse iniciado una vía impugnatoria, que, posteriormente decayó por razones sólo imputables a la parte recurrente, no siendo posible aplazar artificialmente el comienzo del plazo para promover el recurso, mediante el procedimiento de abrir cauces procesales, clausurados después sin justificación alguna.

En definitiva, en el criterio del TC, el error del Letrado D. Letraínez  Defensorato fue también la causa de la caducidad del amparo para mis representados.

Acompañamos como documento nº 9 copia de la resolución dictada por el TC.

DÉCIMO.-

En el momento en que mis patrocinados conocieron la sentencia del TSJ de Madrid, para poder interponer el recurso de casación que pretendían consignaron, como es preceptivo, el importe de la indemnización por despido, fijado por la Sala, así como el importe de los salarios dejados de percibir por la trabajadora.

UNDECIMO.-

Con posterioridad, una vez practicada la liquidación de intereses por el Juzgado de lo Social nº 3, mis representados consignaron la suma de 5.000,00 euros por este concepto, conforme al resguardo de consignación que acompañamos unido como documento nº 11.

DUODECIMO.-            El Letrado D. Letraínez  Defensorato, una vez firme la sentencia del TSJ, solicitó y obtuvo de la Delegación del Gobierno, la devolución a mis representados de la cantidad de 40.000,00 euros, por los conceptos de salarios y cuotas de la SS, en su momento consignados, conforme acreditamos con los documentos núms. 12, 13, 14 y 15, que acompañamos unidos.

DÉCIMOTERCERO.-

Como consecuencia de lo expuesto en los hechos precedentes, mis representados han soportado, de manera definitiva, un perjuicio de 100.000,00- euros.

Este perjuicio es consecuencia directa de la actuación del Letrado demandado, quien con su actuar ha privado a D. José y Doña Marta, de la posibilidad de recuperar lo consignado, en virtud de la sentencia dictada por el TSJ, resolución que devino firme, exclusivamente por la actuación del Letrado, y privó a mis representados de su derecho a que la citada sentencia fuera revisada en casación, tal como era su intención oportunamente anunciada.

Su derecho, así conculcado, tampoco ha podido ser amparado por el TC, toda vez que la actuación del Letrado fue la causa también de la caducidad del amparo, tal como dictaminó el TC en su resolución de 1 de Mayo de 2010.

Sin duda, a este perjuicio habría que añadir lo pagado por mis representados, en concepto de honorarios, por la interposición del recurso de amparo que, tal vez, no hubiera sido necesario, si la sentencia del TSJ hubiera podido ser revisada en casación. Y también, lo pagado en concepto de honorarios al propio Letrado D. Letraínez  Defensorato.

No es que estas cantidades sean baladíes, pero, al fin, se trata de gastos en los que mis patrocinados habrían tenido que  incurrir, probablemente incluso en el caso de que la sentencia del TSJ de Madrid hubiera podido ser revisada en casación, y de ahí, que no sean objeto de reclamación en la presente demanda.

DECIMOCUARTO.-

Con fecha 1 de julio de 2010, el Letrado autor de este escrito se dirigió al Letrado demandado, con el fin de comunicarle la decisión del TC, que ponía fin al asunto, y de rogarle que estudiara la posibilidad de acudir a sus coberturas de responsabilidad civil y a estudiar el asunto, que ya se había comentado telefónicamente, para procurar una solución, o al menos una aproximación, a fin de evitar cualquier confrontación judicial.

Acompañamos como documento nº 16 copia de la citada comunicación que no ha merecido respuesta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79 del Estatuto General de la Abogacía Española, y no habiendo recibido respuesta del Letrado D. Letraínez  Defensorato, fue solicitada la mediación del Decano del ICAM, mediación que tampoco ha ofrecido los resultados apetecidos.

Acompañamos como documentos números 17 y 18 la comunicación dirigida al Decano del ICAM y su contestación, acreditando el fracaso de la mediación.

A la vista de lo anterior, no queda otra posibilidad que la interposición de la presente acción en defensa de los derechos de mis patrocinados.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

COMPETENCIA.-

Es competente el Juzgado al que tengo el honor de dirigirme, por ser el que corresponde al del domicilio del demandado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 50 de la LEC.

II  PROCEDIMIENTO.-

            Deberán seguirse las normas del Juicio ordinario artículos 399 a 436 de la Ley Procesal, en virtud de lo dispuesto en el art. 249.2 de la misma Ley Ritual.

III POSTULACIÓN.-

            Mis representados comparecen con Procurador habilitado con poder bastante y dirigidos por el Letrado

IV CUANTÍA.-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 253 de la LEC se expresa como cuantía de la demanda la de 61.775,74 euros, por ser la que es objeto de reclamación, siguiendo lo dispuesto en el artículo 251.1ª de la Ley de Ritos.

LEGITIMACIÓN.-

            Corresponde la legitimación activa a mis patrocinados en su condición de perjudicados por la actuación del demandado. Y corresponde la pasiva al Letrado demandado, por ser quien con su conducta originó los perjuicios objeto de la reclamación.

VI FONDO DEL ASUNTO.-

            La calificación jurídica de la relación entre Abogado y cliente es la de un contrato de prestación de servicios que define el artículo 1.544 del CC.

Esta prestación de servicios, como relación profesional “intuitu personae”, incluye el deber de cumplirlos y un deber de fidelidad que deriva de la norma general del artículo 1.258 del CC, obligación que impone al profesional el deber de ejecución óptima del servicio contratado.

Esta cuestión es pacífica en la doctrina y la Jurisprudencia, bastando, a modo de ejemplo, la cita de dos sentencias de la Sala 1ª del TS, la primera de 28 de Enero de 1.998 y la segunda de 28 de Marzo de 1.998, por ser ambas expresivas de la calificación de esta relación profesional.

Con arreglo a lo anterior, constituye fundamento de nuestro derecho el citado artículo 1.544 del CC, en cuanto el Letrado D. Letraínez  Defensorato fue contratado por mis representados, para recurrir en casación contra la sentencia dictada por el TSJ de Madrid, al resolver recurso de suplicación, interpuesto contra la sentencia de Primera Instancia que había sido favorable a mis mandantes.

El demandado no cumplió con el servicio encomendado, desde el momento en que, anunciado y preparado el recurso de casación y emplazado para comparecer ante el TS, dejó transcurrir el plazo, tanto para la personación como para la interposición del recurso.

Esta conducta, negligente en el cumplimiento de su obligación, provocó que mis representados no pudieran ejercitar su derecho a que la sentencia fuera revisada en casación, como era su intención, anunciada por el propio Letrado, por medio de Otrosí en el escrito por el que anunció y preparó el recurso, con la consecuencia, fatal para mis mandantes, de que la sentencia deviniera firme.

Además, sin perjuicio de lo que pudiera haber resuelto el Tribunal de Casación, la conducta del Letrado demandado provocó también la caducidad para la interposición del recurso de amparo, igualmente oportunamente anunciado; lo que desembocó en la inadmisión de la demanda de amparo, toda vez que, como dictaminó el TC en su resolución, “no es dable aplazar artificialmente el comienzo del plazo para promover el recurso, mediante el procedimiento de abrir cauces procesales, clausurados después sin justificación alguna”.

El incumplimiento de la obligación de prestar el servicio, de forma oportuna, como expresa el TS en su sentencia de 25-3-88 antes invocada, supone la violación del artículo 1.544 del CC, con las consecuencias a que se refiere el artículo 1.101 del mismo Código, que constituye también, por lo mismo, fundamento de nuestro derecho.

El artículo 1.101 citado obliga a indemnizar los daños y perjuicios causados, a quienes, en el cumplimiento de sus obligaciones, incurrieren en dolo, negligencia y morosidad.

La jurisprudencia que interpreta este precepto de la Ley civil, exige que los daños y perjuicios sean probados y que se deriven de un incumplimiento (St del TS de 19-2-1.998, RJ 1.166).

En cuanto al incumplimiento, en el caso que nos ocupa, no parece haber duda alguna, ya que la actuación del Letrado demandado, dejando transcurrir los plazos, supone el incumplimiento de su deber de prestar el servicio para el que había sido contratado.

En cuanto a la prueba de los perjuicios, aparece también clara, conforme hemos acreditado en los antecedentes fácticos de este escrito, en la medida de que mis mandantes fueron privados de la posibilidad de recuperar, tanto por la vía de la casación, como por la vía del amparo constitucional, las cantidades a las que tuvieron que hacer frente por imposición de una sentencia que no pudo ser revisada y que era contraria a la que se había dictado en Primera Instancia, en donde mis representados fueron absueltos.

Y en cuanto al nexo causal, entre la conducta negligente y el daño causado, también es patente en el caso de autos, puesto que fue la actuación del Letrado demandado, la causa que privó a mis representados de la posibilidad de recuperar – insistimos o en la casación o en el amparo – lo que fueron obligados a pagar, en virtud de la decisión de una resolución judicial que la negligencia del demandado evitó que pudiera ser revisada y aún anulada.

El artículo 78 del Estatuto General de la Abogacía consagra la responsabilidad civil de los Abogados, cuando por negligencia dañen los intereses cuya defensa les hubiere sido confiada, y qué duda cabe, de que en el caso de autos se le confirió al demandado la defensa del interés de recuperar las cantidades que fue obligado pagar, en virtud de la sentencia del TSJ de Madrid. Lo anterior lleva inexorablemente a entender que el daño producido debe ser la suma de lo definitivamente perdido por mis mandantes, suma a la que no se añade cantidad alguna, que no sea consecuencia directa de la conducta negligente del demandado, que es lo que se reclama en el presente litigio.

Ya hemos dicho que es pacífica en la doctrina y la Jurisprudencia, la cuestión de la naturaleza jurídica de las relaciones entre Abogado y cliente, encuadradas en el contrato de prestación de servicios. Sirvan en este sentido, además de las ya citadas, la sentencia del TS de 28-12-2.001, y en la Jurisprudencia menor, la de la AP de Tarragona de 20 de Marzo de 1.992, por ser una resolución que define muy claramente el contenido de estas relaciones.

De dicha calificación jurídica, hoy indiscutible, nace que el tiempo hábil para el ejercicio de una acción como la que se deduce, sea el de quince años, que establece el artículo 1.964 del CC. En esta materia, cabe también citar la sentencia de 24 de Abril de 1.997 de la AP de Segovia, que hace alusión al vínculo contractual expreso, tácito y aún presunto; y la sentencia de 6 de Mayo de 1.994 del TS, en la que se determina que la acción para exigir la responsabilidad, en este tipo de relaciones contractuales, prescribe a los quince años, conforme a lo previsto en el artículo 1.964 del CC.

VII INTERESES.-

            En materia de intereses, además de los artículos 1.100 al 1.109 del CC, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 576 de la LEC.

VIII COSTAS.-

En esta materia es de aplicación el articulo 394 de la Ley Procesal Civil.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito con su copia y los documentos que se acompañan se sirva admitirlo y con todo ello

1.- Tenerme por parte en la representación que ostento, mandando se entiendan conmigo las sucesivas diligencias.

2.- Tener por deducida DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO contra D. Letraínez  Defensorato, que deberá ser emplazado en el domicilio expresado en la cabecera de este escrito, en reclamación de la suma de 100.000,00 euros, con apoyo en los hechos y fundamentos de derecho que preceden.

3.- Sustanciar el litigio por los cauces del juicio ordinario previstos en la LEC.

4.- Previo el trámite oportuno, dictar sentencia por la que se estime la demanda y se condene al demandado al pago a mis patrocinados de la suma objeto de reclamación más los intereses que correspondan, como consecuencia de su conducta, negligente en el cumplimiento de sus obligaciones.

5.- Condenar al demandado al pago de las costas del juicio.

OTROSI DIGO, que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, manifestamos la voluntad de ésta representación de cumplir todos los requisitos procedimentales, y por ello, de subsanar cualquier defecto en que se hubiere podido incurrir, concediendo el oportuno plazo para ello y

AL JUZGADO SUPLICO, tenga por hecha la anterior manifestación, a los efectos de subsanación de posibles defectos.

SEGUNDO OTROSI DIGO, que siendo general el poder que acompaño y necesitándolo para otros usos, procede y

SUPLICO AL JUZGADO, se sirva proceder a su desglose y devolución al compareciente, previa la oportuna nota o testimonio del mismo en los autos.

Todo ello por ser de Justicia que pido en Madrid, a uno de enero de dos mil diez.

A %d blogueros les gusta esto: