RECURSO DE SÚPLICA


RECURSO DE SÚPLICA

¿ Qué es un recurso de súplica?

Es el recurso penal que se interpone ante un tribunal para que resuelva él mismo, y si no está señalado otro recurso de forma expresa. Es por lo tanto el equivalente al recurso de reforma, pero ante tribunales colegiados como el TS, TSJ, AP, Salas de la AN. Solo cabe cuando se pretende recurrir resoluciones que deban revestir forma de auto. La tramitación es como la del recurso de reforma, nada que ver con el recurso de revisión. Se rige por lo establecido en el art. 238 de la LECrim, se debe presentar con firma de abogado y procurador.

El recurso de súplica puede interponerse contra los autos dictados por un Tribunal de lo criminal, salvo que esté señalado otro recurso (por ejemplo, la casación con relación a los autos que resuelven una cuestión de previo pronunciamiento). Se presenta ante el órgano que lo dictó que es, asimismo, el competente para resolverlo. Por tanto, se trata de un recurso que pretende una reconsideración de una resolución ante el mismo órgano que la dictó. Es el equivalente al recurso de reforma (que cabe frente a resoluciones de órganos judiciales unipersonales) pero ante órganos colegiados (Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia, Salas de la Audiencia Nacional,

Sólo cabe frente a resoluciones que deban revestir la forma de auto (artículo 236 de la Ley Enjuiciamiento Criminal). En este punto, ha de tenerse en cuenta que en muchos órganos judiciales se abusa de las providencias, que se dictan para resolver cuestiones que exceden del mero trámite. Por tanto en estos casos, con independencia de la forma concreta de la resolución (auto o providencia) deberá admitirse el recurso. Con estas precisiones debe interpretarse el contenido de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 octubre 2007.

“De acuerdo con la consolidada doctrina constitucional sobre el derecho a los recursos, cuya reiteración excusa aquí su reproducción (Sentencia del Tribunal Constitucional 122/2007, de 21 de mayo, por todas), ha de descartarse en este caso cualquier atisbo de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a los recursos (artículo 24.1 de la Constitución Española), como consecuencia de que por la providencia de 14 de enero de 2005 se declarase no haber lugar al recurso de súplica que los demandantes interpusieron contra la providencia de 17 de diciembre de 2004, pues, de conformidad con el artículo 236 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el recurso de súplica únicamente procede contra los autos, no contra las providencias, de los Tribunales de lo criminal. Por lo tanto la inadmisión del recurso de súplica se ha fundado en este caso en una aplicación de la legislación procesal vigente que en modo alguno cabe calificar de inmotivada, manifiestamente irrazonable, arbitraria o incursa en error patente”.

La tramitación es muy sencilla, remitiéndose a las normas propias del recurso de reforma (artículo 238 de la Ley Enjuiciamiento Criminal). Se interpone por escrito, con firma de Letrado y Procurador ante el mismo Tribunal que hubiera dictado la resolución que se impugna, en el plazo de tres días desde que se practicó la última notificación a las partes personadas, que no tiene por qué coincidir con la fecha en que se notificó al recurrente (artículo 211 de la Ley Enjuiciamiento Criminal). En este punto, no debe olvidarse que el artículo 135 de la Ley Enjuiciamiento Civil establece que, cuando la presentación de un escrito esté sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en el servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial.

Recursos
Recurso de apelación

Recurso de alzada contra una resolución sancionadora


Recurso de alzada contra una resolución sancionadora por falta de solicitud de la afiliación o alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

AL ……………….
D ……………….., mayor de edad, con número de DNI ……………….., con domicilio a efectos de notificaciones en ……………….., calle, avenida o plaza ……………….., ……………….., número ……………….. piso ……………….. Código Postal ……………….., en nombre propio o en nombre de ……………….., cuya representación tiene acreditada con ……………….. [la adjunta copia autorizada de la escritura de poder de la que acompaño copia simple a fin de que, una vez cotejada me sea devuelto el original o, en su caso, la acreditación que corresponda], como mejor proceda comparezco y DIGO:

Que el día ……………….. me ha sido notificada la resolución sancionadora dictada por ……………….., en el expediente número ……………….., y en la que se acuerda imponer a la empresa una multa de ………………..
Que, contra dicha resolución por considerarla no ajustada a Derecho, interpongo en el plazo de un mes concedido al efecto, RECURSO DE ALZADA, basado en los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
HECHOS
PRIMERO.Que con fecha ……………….. se dictó resolución sancionadora que tiene su origen en el acta de infracción número ……………….. en la que se impone una multa de ……………….., ya que, de conformidad con el artículo 22.7 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, los hechos descritos han sido calificados como constitutivos de la siguiente infracción GRAVE:
No solicitar, en tiempo y forma, el alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
SEGUNDO.Que en el acta de infracción más arriba referenciada y en el informe complementario posterior que sirven de fundamento a la resolución sancionadora, se reflejan unos hechos que no responden a la realidad de lo acaecido, al no describirse pormenorizadamente el supuesto comportamiento infractor, ni destacar cuáles son los hechos relevantes a efectos de la tipificación y graduación de la sanción. En concreto, los hechos tal y como sucedieron son los siguientes:
………………..
TERCERO.Que la calificación realizada en el expediente sancionador de los anteriores hechos no es conforme al ordenamiento jurídico puesto que no se dan los elementos objetivos y subjetivos de la infracción presuntamente cometida, en base a las siguientes razones:
A) [Opción 1ª:] En relación a los elementos objetivos de la infracción, los hechos reflejados en el acta de infracción no son ciertos puesto que mi solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos se comunicó el día ……………….. mediante ……………….., es decir, dentro del plazo de los treinta días naturales siguientes a aquel en que concurren las condiciones determinantes de mi inclusión en el campo de aplicación de este Régimen Especial.
[Opción 2ª:] Mostramos nuestra absoluta disconformidad con los hechos relatados en el acta de infracción por cuanto que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, la actividad consistente en ……………….. no se realiza de forma habitual ni tampoco es fundamental para atender a las necesidades de mi unidad familiar.
[Opción 3ª:] Negamos categóricamente los hechos tal y como se exponen en el acta de infracción ya que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, no es procedente el alta en este Régimen Especial por el mero hecho de ostentar la titularidad del establecimiento ……………….., máxime cuando al solicitarse la pensión de jubilación en ……………….. se anunció por escrito presentado el día ……………….. el propósito de continuar en la titularidad del negocio y el nombramiento de un regente y, pese a ello, se reconoció la mencionada pensión mediante resolución de ……………….. dictada por ………………..
[Opción 4ª:] Nos oponemos frontalmente a los hechos y circunstancias descritas en el acta de infracción puesto que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, la empresa ……………….. cursó mi alta en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena por la actividad de ……………….. que es precisamente la que dio lugar a que se levantara el acta de infracción ……………….. Esta sujeción a un contrato de trabajo supone el hecho de no estar comprendido en el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
[Opción 5ª:] Los hechos que constan en el acta de infracción no responden a la realidad por cuanto que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, mi actividad profesional como agente de seguros se limita exclusivamente a la conservación de la cartera de clientes de modo que no puedo solicitar el alta en este Régimen Especial por no trabajar habitual y personalmente.
[Opción 6ª:] Los hechos que se reflejan en el acta de infracción no son ciertos y, además, contradictorios, puesto que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, mi actividad profesional en la sociedad mercantil ……………….. consiste en ……………….., es decir, se limita al mero ejercicio de funciones consultivas y de asesoramiento, por lo que estoy excluido del campo de aplicación de este Régimen Especial. En resumen, aunque ostento el cargo de ……………….. formando parte del órgano de administración de la mencionada mercantil, dicho cargo no comporta en ningún momento funciones reales y efectivas de dirección y gerencia de la misma.
[Opción 7ª:] No son ciertos los hechos y circunstancias que se reflejan en el acta de infracción ya que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, estoy excluido del campo de aplicación de este Régimen Especial por cuanto que, si bien ostento la condición de administrador de la sociedad mercantil ……………….., mi actividad profesional en la mencionada entidad consiste en ……………….., es decir, se limita el mero ejercicio de funciones consultivas y de asesoramiento y no comportan en ningún momento funciones reales y efectivas de dirección y gerencia de la misma.
[Opción 8ª:] Los hechos y circunstancias consignados en el acta de infracción son totalmente erróneos, toda vez que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, estoy excluido del campo de aplicación de ese Régimen Especial por cuanto que, si bien presto los servicios retribuidos en la sociedad mercantil ……………….., no poseo el control efectivo de ésta por mi participación directa o indirecta en su capital social, toda vez que las acciones o participaciones cuya titularidad ostento en dicha entidad son ……………….., es decir, no suponen en ningún caso la mitad de su capital social.
[Opción 9ª:] Mostramos nuestra absoluta disconformidad con los hechos relatados en el acta de infracción por cuanto que no se presentó la solicitud de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al no estar incluido en su campo de aplicación. En efecto, estoy excluido del campo de aplicación de ese Régimen Especial por ser personal de alta dirección a que se refiere el artículo 2.1.a) del Estatuto de los Trabajadores y no formar parte del órgano de administración de la sociedad mercantil ……………….., por lo que estoy dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social con fecha ………………..
[Opción 10ª:] Además, el acta de infracción califica genéricamente los hechos como falta de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, sin describir pormenorizadamente la conducta realizada y no se aportan los elementos de juicio necesarios, dado lo escaso del relato, para que el órgano competente sancionador pueda adoptar su decisión, ni tampoco para que el inculpado pueda defenderse de unos hechos que no se describen con el detalle necesario para poder ser calificados como constitutivos de esta infracción, tal y como reiteradamente viene exigiendo la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo.
B) En cuanto al elemento subjetivo, los hechos acaecidos no son susceptibles de incardinarse en la infracción administrativa tal y como se hizo en el acta de infracción, sino que en atención a lo sucedido y a las circunstancias de hechos concurrentes no existe culpabilidad del empresario, máxime si se tiene en cuenta que:
La sanción ha sido erróneamente impuesta pues no existe intencionalidad alguna por mi parte en no darme de alta en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, dadas las peculiaridades del caso concreto y máxime cuando he sido dado de alta en la Seguridad Social en el Régimen ……………….. En resumen, existe una mera discusión jurídica sobre el Régimen de encuadramiento y no una falta absoluta de alta y cotización del/de los trabajador/trabajadores en cuestión y, por ello, no hay culpabilidad en la actuación empresarial.
CUARTO.Que la sanción impuesta, consistente en el pago de una multa en cuantía de ……………….. euros, vulnera el principio de proporcionalidad y demás principios que informan el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de infracciones en el orden social, atendiendo al relato de hechos más arriba reseñado.
Que para la demostración de las afirmaciones anteriormente manifestadas, se propone la práctica de los siguientes MEDIOS DE PRUEBA ……………….., que incomprensiblemente el órgano instructor y sancionador no admitieron con anterioridad a dictarse la resolución sancionadora.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
La resolución sancionadora es nula de pleno derecho al ser dictada por un órgano manifiestamente incompetente, puesto que se ha firmado por delegación vulnerando lo establecido en el artículo 16.4 y artículo 127.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
II
La resolución sancionadora es contraria al principio de tipicidad (artículos 25.1 de la Constitución y 1.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social) puesto que los hechos reflejados en el acta de infracción no se corresponden con el precepto que supone o implica la vulneración del ordenamiento ni tampoco con el precepto que tipifica tal infracción, por lo que en el expediente sancionador se ha realizado una aplicación analógica de la norma sancionadora que no comprende en su descripción a los hechos sancionados. En consecuencia, el acta de la Inspección infringe el artículo 53.1.b) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
III
La resolución sancionadora no es correcta porque vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución pues el acta de infracción no goza de la presunción legal de certeza del artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, por realizar una descripción insuficiente o inadecuada de los hechos relevantes a los efectos de la tipificación de la infracción y graduación de la sanción y de los medios probatorios empleados. De la simple lectura del acta de infracción, resulta que en ésta no se consignan los hechos o circunstancias del caso con precisión, incurriendo en una obvia inconcreción al limitarse a realizar meras calificaciones jurídicas
IV
En el expediente sancionador se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia proclamado en el artículo 24.2 de la Constitución, por cuanto que la carga de la prueba corresponde a la Administración y en ningún momento se ha probado la culpabilidad de la supuesta conducta infractora, no siendo posible destruir la mencionada presunción de inocencia mediante indicios, sospechas de culpabilidad o a través de una valoración subjetiva del derecho sancionador sin respaldo de pruebas de los hechos en que pudiera fundarse. Es evidente que en el acta de infracción no se reflejan los elementos trascendentales para el juicio de culpabilidad, con infracción del artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
La acción cometida carece del elemento de la culpabilidad, por lo que no puede imponerse sanción alguna. En efecto, la aplicación de esta infracción administrativa requiere la presencia de intencionalidad en el autor de la infracción, lo que no sucede en el presente caso en el que no me di de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos sino en ……………….. debido a un mero error injustificable. Se plantea, pues, una duda real de cuál es la clase de Régimen de la Seguridad Social en que debo estar encuadrado o, dicho en otros términos, una simple discusión jurídica sobre el Régimen de encuadramiento por lo que no procede sanción alguna.
En este sentido, se pronuncian las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1982 y 12 de diciembre de 1990 (Archivo, 1991, 5907).
Téngase en cuenta, además, que la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1990 afirma que “frente a la construcción de la Seguridad Social como departamentos estancos, es clara hoy la unidad sistemática, como servicio público estatal” y que “de una afiliación, alta y cotización en concreto, por la aplicación de la normativa rectora de un Régimen no adecuado al caso, no puede deducirse la consecuencia de que exista una falta absoluta de cotización por no haberse cotizado según la normativa rectora del Régimen aplicable, pues realmente la cotización ha existido, aunque sea insuficiente”.
V
En el expediente administrativo sancionador se han vulnerado los derechos de defensa reconocidos a todos los ciudadanos en los artículos 24 de la Constitución y 135 y 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, porque no se ha informado de la imputación de los hechos, de las infracciones y de las sanciones, así como del instructor y, en segundo lugar, porque no se ha admitido a trámite las pruebas propuestas sin resolución motivada y las demás que sean conducentes para la comprobación de los hechos presuntamente infractores
VI
La resolución sancionadora no es correcta en cuanto que el acta de infracción infringe lo dispuesto en el artículo 14.1 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. En concreto, el acta de infracción adolece de las siguientes graves irregularidades formales que condicionan o menoscaban la defensa del imputado:
[Opción A:] Omisión o error en la identificación del presunto sujeto infractor, así como en los datos societarios relevantes pues en el acta de infracción se hace constar ………………..
[Opción B:] Falta de consignación de los medios probatorios pues en el acta de infracción se hace constar ……………….., con la consiguiente inadecuación o insuficiencia.
[Opción C:] Falta de consignación del funcionario que levanta el acta de infracción y firma del mismo.
[Opción D:] Falta de consignación de la fecha del acta de infracción, que resulta necesario para el conocimiento y la defensa de cuándo se produjeron el presunto comportamiento infractor.
VII
En el procedimiento sancionador se han infringido todos los trámites esenciales destinados a la comprobación efectiva y adecuada de los hechos, por lo que resulta vulnerado el artículo 14.1 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
[Opción 1ª:] Existe un excesivo lapso de tiempo entre los supuestos hechos infractores y la actuación inspectora que invalida el acta de infracción recurrida. Así, una inspección realizada en fecha ……………….., no puede acreditar los hechos acaecidos en el pasado, en concreto en fecha ………………..
[Opción 2ª:] No existe una comprobación efectiva de los supuestos hechos infractores por cuanto que no se ha procedido a una comprobación in situ sino en virtud de expediente administrativo, de acuerdo como establece la sentencia del Tribunal Supremo de 10 diciembre 1992 (AL nº 2424, 675/93).
[Opción 3ª:] El acta de la inspección de trabajo carece de eficacia probatoria por tratarse de una deducción o conjetura, sin base fáctica objetiva, lo que resulta evidente de la comprobación efectuada, de acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo de 20 abril 1992 y 16 febrero 1994
[Opción 4ª:] Existe una falta de comprobación efectiva y adecuada de los hechos al extenderse el acta sólo en base a declaraciones de los trabajadores sedicentes contra el empresario, por lo que estamos ante un acta basada en pruebas parciales de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de 15 septiembre 1992.
[Opción 5ª:] Téngase presente que el acta de la Inspección se basa en la denuncia de un solo trabajador, D ……………….., que según manifestaciones de sus propios compañeros presumía de que podía cerrar la empresa, resultando contradicha por la prueba testifical de los trabajadores afectados ante fedatario público, que tiene por ello relevancia a efectos de desvirtuar la presunción legal de certeza del acta de la Inspección, de acuerdo con la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1989
VIII
[Opción 1ª:] El artículo 47 y la disposición transitoria segunda del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores en la Seguridad Social, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
[Opción 2ª:] Los artículos 2 y 3 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que exigen para estar incluido en su campo de aplicación realizar de “forma habitual” un actividad económica en relación con los artículos 1 y 2 de la Orden de 24 de septiembre de 1970 por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
En cuanto al requisito de la “habitualidad”, la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 1987 declara que “esta característica de habitualidad, esencial para conceptuar la relación, hay que conectarla con la realización de trabajo”, por lo que la habitualidad supone que el trabajo personal y directo debe ser cotidianamente la principal actividad productiva que el trabajador desempeñe lo que “no se compagina en los Subagentes Productores de Seguros, toda vez que esta labor es secundaria o complementaria de otra principal que constituye el núcleo central de la actividad productiva, por lo que ante la inexistencia de esta nota esencial, el acta levantada por el Inspector sobre la falta de afiliación y cotización a dicho Régimen carece de cobertura normativa”, máxime cuando el trabajador es, a la vez, empleado de banca.
La sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1990  declara que “el dato de haberse encontrado al marido, trabajador del campo, afiliado a su Régimen Especial, ocupado en el bar de su esposa a donde acude y así se admite cuando no tiene trabajo, todo lo más que descubre es que presta una labor secundaria, porque su oficio principal es ser trabajador agrícola; si ayuda a su esposa y como tal carece de relación laboral con ella está buscando un complemento para su subsistencia, no desempeñando una principal actividad productiva, de manera que se hace imposible estar a la vez sometido a ambos Regímenes, por lo que el acta levantada por la Inspección por falta de afiliación y cotización, que es el único particular a que se extiende el recurso de apelación, carece de cobertura necesaria”.
La sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1997  declara que “la superación del umbral del salario mínimo percibido en un año natural puede ser un indicador adecuado de habitualidad. Aunque se trate de una cifra prevista para la remuneración del trabajo asalariado, el legislador recurre a ella con gran frecuencia como umbral de renta o de actividad en diversos campos de la política social, y específicamente en materia de Seguridad Social, de suerte que en la actual situación legal resulta probablemente el criterio operativo más usual a efectos de medir rentas o actividades. La superación de esta cifra, que está fijada precisamente para la remuneración de una entera jornada ordinaria de trabajo, puede revelar también en su aplicación al trabajo por cuenta propia -y, en concreto, al trabajo de los subagentes de seguros-, la existencia de una actividad realizada con cierta permanencia y continuidad, teniendo además la ventaja, como indicador de habitualidad del trabajo por cuenta propia, de su carácter revisable”.
La sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 1 de diciembre de 1976 declara que un agente de seguros no está integrado en el campo de aplicación del Régimen Especial de Autónomos “cuando la actividad queda limitada a la conservación de la cartera”, en tanto que no puede apreciarse como un ejercicio normal y habitual de la actividad.
[Opción 3ª:] Los artículos 2 y 3 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que exigen para estar incluido en su campo de aplicación realizar de “forma personal y directa” un actividad económica a título lucrativo, en relación con los artículos 1 y 2 de la Orden de 24 de septiembre de 1970 por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 1986 no considera procedente el alta en el Régimen Especial de Autónomos, en relación con la titularidad de un establecimiento y la posibilidad de obtener la misma tras la pensión de jubilación, porque “no consta que sean distintas de las que implican ejercicio de titularidad, sin indicio alguno de que se haya producido esa presencia física, ese trabajo de despacho, de oficina o de otro tipo, en la circunstancia de que al solicitar la pensión de jubilación anunció al Organismo demandante el propósito de continuar en la titularidad del negocio y el nombramiento de un regente, sin que deba desconocerse que en el campo de lo que se denominan funciones de titularidad y en el más amplio de actividades de explotación, pueden existir zonas coincidentes, lo que no debe llevar a desvirtuar el supuesto de excepción, si no se justifica el ejercicio en plenitud de los trabajos por cuenta propia que dan lugar a su inclusión en el Régimen Especial de Autónomos”.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1996 declara que “el art. 2.1 D 2530/1970 de 20 de agosto (Régimen Especial de la S.S. de trabajadores autónomos) considera como trabajador por cuenta propia o autónomo, a efectos de su obligatoria inclusión o afiliación a su Régimen Especial, a aquel que realiza actividad económica lucrativa, sin sujeción a contrato laboral, de manera habitual, personal y directa, estableciendo el apartado 3 del precepto, como únicos supuestos de presunción iuris tantum , la integración sindical en el concreto sector o actividad del interesado o bien ostentar la titularidad de establecimiento abierto al público, y no concurre en el caso ninguno de estos dos supuestos de presunción de ejercicio de actividad, ni se acredita la realización directa y personal por trabajador de actividad de transporte alguna. La reclamación de cuotas al mismo, como afiliado al señalado Régimen por parte de la TGSS es, pues, improcedente, dado que la licencia fiscal de la que estaba en posesión es un documento que habilita para el ejercicio de una actividad pero que, por sí sólo, no supone el desarrollo real de la misma, que es lo que efectivamente determina la inclusión en el campo de aplicación del Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, en los términos establecidos en el art. 2 del citado Decreto”.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada de 4 de octubre de 1994 (Archivo, 1995, 19336) entiende ante un pensionista de jubilación del Régimen Especial Agrario que “la profesión del actor no ha sido nunca la de autónomo, pues el bar de su esposa es regentado y explotado por ella”, teniendo presente que la misma figura en alta en Licencia Fiscal y en el Régimen Especial de Autónomos, sin que dicho pensionista desarrollara su actividad laboral en dicho establecimiento.
[Opción 4ª:] Los artículos 2 y 3 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que exigen para estar incluido en su campo de aplicación realizar de “forma habitual, personal y directa” un actividad económica a título lucrativo “sin sujeción por ella a contrato de trabajo”, en relación con los artículos 1 y 2 de la Orden de 24 de septiembre de 1970 por la que se dictan normas para aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
[Opción 5ª:] La disposición adicional vigésima séptima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la nueva redacción dada por el artículo 34 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social relativa al encuadramiento de los socios trabajadores y miembros de los órganos de administración de las sociedades mercantiles capitalistas dentro del Sistema de la Seguridad Social, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
[Opción 6ª:] El artículo 97.2.a) del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la nueva redacción dada por el artículo 34 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en relación con el artículo 2.1.a) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como los artículos 22.7, 39 y 40 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
IX
La sanción impuesta vulnera el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, puesto que la sanción no se adapta a la gravedad de la infracción, así como a las circunstancias de hecho concurrentes que no han sido tenidas en cuenta a la hora de graduar la multa infligida. Al no considerarse relevantes las circunstancias de graduación, la sanción debe imponerse en la cuantía inferior del grado mínimo, máxime cuando el acta de infracción no contiene una descripción detallada de tales circunstancias, incurriéndose en arbitrariedad y discrecionalidad impropia de un expediente administrativo sancionador. En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, en relación con el artículo 114 y artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, SOLICITA:
a) Que se tenga por interpuesto el recurso de alzada con los documentos que se acompañan y, previa la práctica de las pruebas propuestas y la tramitación que proceda, se dicte resolución en la que se declare la invalidez de la resolución sancionadora impugnada y del acta de infracción, con el consiguiente archivo del expediente sancionador.
b) Que, subsidiariamente, en caso de no estimar la petición de archivo del expediente, se disponga la reducción de la sanción inicialmente propuesta a la cuantía inferior de su grado mínimo, sin perjuicio de la interposición ulterior de los recursos procedentes.
(Lugar, fecha y firma)

Recurso de Alzada estupefacientes


Recurso de Alzada/Reposición contra una resolución sancionadora por infracción de disposiciones sobre pruebas para la detección de sustancias estupefacientes y similares

AL MINISTERIO DEL INTERIOR: D. ……………….., mayor de edad, DNI número……………….., con domicilio para notificaciones en ……………….., calle o plaza ……………….., número……………….., Código Postal……………….., en nombre propio, o en nombre de ……………….. cuya representación tiene acreditada mediante ……………….., ante el órgano competente para resolver, comparece y como mejor proceda en derecho, DICE: Que en virtud de este escrito, y dentro del plazo de un mes concedido al efecto, interpone RECURSO DE ALZADA/REPOSICION, contra la resolución de fecha ……………….., dictada por ……………….., en el expediente sancionador número ……………….., por no encontrarla ajustada a derecho, de conformidad con los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos:

A) ANTECEDENTES DE HECHO. Que con fecha ……………….. ha recibido la notificación de la resolución sancionadora antes mencionada, en la que se impone una multa de ……………….. euros, y la privación del permiso de conducir durante ……………….. meses, como consecuencia de la siguiente infracción MUY GRAVE, del artículo 28 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación y artículo 12.3 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial:

No someterse a las pruebas para la detección de estupefacientes o sustancias análogas, estando implicado directamente como posible responsable de un accidente.

No someterse, el conductor de un vehículo implicado directamente en un accidente, a las pruebas para la detección de estupefacientes, medicamentos o sustancias análogas.

No someterse a las pruebas para la detección de estupefacientes o sustancias análogas, el conductor de un vehículo con síntomas o manifestaciones de conducir bajo su influencia.

No someterse el conductor de un vehículo denunciado por cometer alguna infracción a este Reglamento, a las pruebas para la detección de estupefacientes o sustancias análogas.

No someterse a las pruebas para la detección de estupefacientes o sustancias análogas el conductor de un vehículo requerido para ello por la autoridad o sus agentes en un control preventivo. Que la descripción de los hechos imputados en este expediente no se corresponde con la realidad, y así se manifestó (en su caso) mediante escrito de descargos que no se ha tenido en cuenta en la resolución sancionadora, por lo que procedemos seguidamente a realizar un resumen de los hechos verdaderamente acaecidos: ……………….. Que como puede deducirse de los hechos tal y como verdaderamente sucedieron, no es posible una imputación en la forma pretendida por la resolución, ni por tanto son constitutivos de la infracción imputada, ya que ello supondría un ejercicio incorrecto de las potestades administrativas en materia sancionadora y así se acredita con los siguientes fundamentos de derecho.

B) FUNDAMENTOS JURIDICOS. Que la resolución impugnada no tiene validez jurídica por cuanto que en el expediente seguido para imponer la sanción, se han infringido los principios que gobiernan la potestad sancionadora, las normas de procedimiento administrativo aplicables y las disposiciones sustantivas sobre tráfico y seguridad vial, en los siguientes términos: Que se vulnera el principio de TIPICIDAD por cuanto que los hechos realizados por el supuesto infractor no están caracterizados expresamente por la norma jurídica como constitutivos de dicha infracción administrativa, por lo que el órgano sancionador ha realizado una interpretación amplia, contraria a los criterios aplicables, para considerar infracción administrativa la conducta realizada forzando con ello una aplicación incorrecta de la norma que, en sentido estricto, no se refiere en su descripción del tipo a los hechos objeto de este expediente. En efecto, el artículo 25.1 CE ha recogido el mandato de la tipificación legal al expresar que nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento, y en el mismo sentido el artículo 129 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, las disposiciones reglamentarias de desarrollo sólo pueden introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, sin que las normas definidoras de infracciones y sanciones sean de interpretación analógica(1). Que la sanción impuesta es contraria al principio de PROPORCIONALIDAD ya que no guarda una proporción adecuada con las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes; por el contrario, el órgano sancionador ha incurrido en su actuación en un automatismo impropio del proceso de reflexión y análisis de las circunstancias y hechos a tener en cuenta para la más adecuada graduación de las sanciones administrativas. Este principio de proporcionalidad para la imposición de sanciones se establece en el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, a cuyo amparo las sanciones no se impondrán arbitrariamente sino que se graduarán en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, a los antecedentes del infractor y al peligro potencial creado. Siguiendo este mismo criterio en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se prevé que en la determinación de las sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar: a) La existencia de intencionalidad o reiteración, b) la naturaleza de los perjuicios causados, y c) la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme(2). Que en el expediente no se ha tenido en cuenta el principio de RESPONSABILIDAD o autoría, al no dirigirse las actuaciones contra el autor responsable de la infracción cometida, sino contra una persona ajena a los hechos imputados, por lo que el órgano sancionador ha procedido de forma incorrecta ya que únicamente se puede dirigir el expediente contra “los peatones o los conductores de vehículos o animales” que hubieran cometido la infracción administrativa y no contra terceros que no han realizado directa y personalmente la conducta objeto de expediente sancionador. Este principio fundamental del procedimiento sancionador en materia de tráfico se halla expresamente recogido en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que establece expresamente que “la responsabilidad por infracciones a lo dispuesto en esta Ley recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción, excepto en el supuesto de los pasajeros de los vehículos que estén obligados a utilizar el casco de protección en los casos y en las condiciones que reglamentariamente se determinan, en que la responsabilidad por la infracción recaerá en el conductor”. En el mismo sentido el artículo 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, declara que “sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos”

Que el órgano sancionador ha vulnerado el derecho a la PRESUNCION DE INOCENCIA que asiste a los ciudadanos en los procedimientos sancionadores en los que sean inculpados al no aportar al expediente los elementos de prueba adecuados para la correcta y completa determinación de los hechos y de las personas responsables de los mismos, limitándose a realizar una afirmación genérica de culpabilidad en relación a unos hechos que no han sido cometidos por el imputado en la forma y extensión que se presumen, sin pruebas adecuadas, realizados por el sujeto pasivo del expediente. El derecho a la presunción de inocencia, que no ha sido respetado en este expediente, viene regulado en el artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al prescribir que “los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario”. En aplicación de este derecho de presunción de inocencia la Administración sancionadora tiene la carga de acreditar los hechos constitutivos de la infracción, no bastando afirmaciones generales, y la responsabilidad de presunto infractor a través de una actividad probatoria de cargo con todas las garantías, cuya ausencia o ineficacia determina la ilegitimidad de la sanción

Que no se ha respetado en todos sus términos y consecuencias del DERECHO DE DEFENSA del imputado en este expediente administrativo sancionador ya que, en primer lugar, porque sin resolución motivada al respecto no se han admitido a tramite ni practicado las pruebas propuestas y las que hubieran resultado necesarias para la más adecuada averiguación de los hechos imputados y, en segundo lugar, no se ha dado traslado a esta parte de la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador, actuaciones que han provocado una supresión absoluta del derecho de defensa que asiste a los ciudadanos en los procedimientos sancionadores. En este sentido, el artículo 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dice que “se practicarán de oficio o se admitirán a propuesta del presunto responsable cuantas pruebas sean adecuadas para la determinación de los hechos y posibles responsabilidades. Sólo podrán declararse improcedentes aquéllas pruebas que por su relación con los hechos no pueden alterar la resolución final a favor del presunto responsable” y el artículo 13 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, establece que “el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar mediante resolución motivada las pruebas propuestas por los interesado, cuando sean improcedentes”. En lo que se refiere a la Propuesta de Resolución, se ha vulnerado el ordenamiento jurídico gravemente por no comunicarla al interesado ya que el artículo 13.2 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, ordena que “una vez concluida la instrucción del expediente y formulada su propuesta de resolución, se dará traslado de la misma a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince y con vista del expediente, puedan alegar lo que estimen pertinente y presentar los documentos que tengan por oportuno”

Que la resolución impugnada es nula de pleno derecho por cuanto el órgano que tiene la COMPETENCIA para la imposición de esta sanción es el Jefe Provincial de Tráfico ……………….., no constando su firma sobre la resolución impugnada, por lo que puede afirmarse que la sanción no está impuesta por el órgano competente que tiene esta función pública legalmente atribuida, y no resulta lícito el empleo de la formula de los actos verbales para el ejercicio de la potestad sancionadora. La autoridad competente para la imposición de sanciones en materia de tráfico es la definida en el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (el Jefe Provincial de Tráfico de la provincia en que se haya cometido la infracción o Alcalde en su caso).”

Que la sanción es improcedente en este momento por cuanto se habría producido la PRESCRIPCION de la infracción supuestamente cometida por el transcurso del plazo de un año desde que se cometieron los hechos hasta la fecha de la notificación del inicio del expediente o por la paralización del expediente durante más de tres meses sin causa imputable al interesado, y al haber prescrito la acción para sancionar, el órgano administrativo debió acordar la improcedencia de la incoación de expediente sancionador. La prescripción se establece el en artículo 81.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “el plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será el de tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y un año para las infracciones muy graves. El plazo de prescripción se cuenta a partir del día en que los hechos se hubieren cometido”, y en el artículo 18 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, a cuyo tenor “el plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento estuviere paralizado durante más de un mes por causa no imputable al denunciado

Que, aunque debiera apreciarse de oficio por su carácter de norma de orden público, alegamos la CADUCIDAD del expediente por el transcurso del plazo de seis meses desde la incoación del expediente y treinta días más, sin que hubiera recaído resolución expresa en el mismo sin causa imputable al interesado. La caducidad del procedimiento administrativo sancionador se regula en el artículo 20.6 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, de forma que si no hubiese recaído resolución, transcurridos seis meses desde la iniciación, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refieren los artículos 5 y 7, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad establecido en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Que no es correcta la sanción impuesta por el órgano de tráfico actuante ya que se produce con esta actuación una CONCURRENCIA DE SANCIONES toda vez que, por los mismos hechos, ya se ha impuesto al mismo infractor una sanción por otro organismo público tal y como se acredita mediante la copia que se adjunta de la resolución sancionadora correspondiente. La imposibilidad de este ejercicio múltiple de la potestad sancionadora se recoge en el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya que “no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecia identidad del sujeto, hecho y fundamento”

Que en el expediente instruido al efecto para adoptar la resolución sancionadora no se han respetado las normas y principios que gobiernan la potestad sancionadora: se infringe el principio de responsabilidad ya que el prescindir de la prueba aportada al expediente y de las demás consideraciones descritas en el pliego de descargos y alegaciones se ha suprimido toda referencia subjetiva (culpabilidad) y objetiva (carga de la prueba) para poder realizar la imputación correctamente. Igualmente se infringe el procedimiento sancionador en materia de tráfico y seguridad vial en sus trámites esenciales (falta de notificación de la propuesta de resolución, identificación correcta de hechos y responsables y ausencia total de motivación en la resolución sancionadora) lo que conduce a la necesaria declaración de la invalidez de las actuaciones practicadas con todos los pronunciamientos favorables al inculpado. Que en la tramitación de este expediente sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial se ha incurrido en DESVIACION DE PODER por el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico y en ARBITRARIEDAD en los siguientes términos: ……………….. Que en este expediente sancionador se han cometido las siguientes infracciones del ordenamiento jurídico aplicable, lo que debe conducir a la declaración de la invalidez de la resolución sancionadora, con todos los demás pronunciamientos favorables al interesado: Negamos la veracidad de los hechos consignados en la denuncia ya que el conductor no se negó realmente a que se le practicaran las pruebas para la detección de sustancias estupefacientes o similares, sino que se manifestó que ……………….., ante la evidencia de que se podían advertir en su comportamiento síntomas o manifestaciones que razonablemente denotasen la presencia de cualesquiera de las sustancias aludidas en su organismo. ……………….. Que para la correcta y completa determinación de los hechos imputados y sus circunstancias relevantes es preciso que se tenga a bien admitir y practicar los siguientes MEDIOS DE PRUEBA ……………….., que indebidamente, por el órgano instructor y sancionador, no han sido tenidos en cuenta en fases anteriores del expediente

En virtud de lo expuesto y de conformidad con las previsiones del artículo 17 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en relación con los artículos 107 a 119 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, SOLICITA: Que se tenga por interpuesto el recurso de Alzada/Reposición dentro del plazo establecido y tras la admisión y práctica de las pruebas propuestas y las demás actuaciones que sean necesarias de conformidad con las normas de procedimiento y sustantivas aplicables, se dicte resolución en la que se declare la invalidez de la resolución impugnada y el archivo de las actuaciones practicadas. Que, subsidiariamente, en caso de no estimar la pretensión formulada en el párrafo anterior, se acuerde rebajar la cuantía de la multa

inicialmente impuesta para adecuarla al principio de proporcionalidad vigente en esta materia, sin perjuicio de la posible interposición de los demás recursos que tenga por conveniente

Que, finalmente, se disponga dejar sin efecto la sanción, en lo que se refiere a la de retirada temporal del permiso o licencia para conducir, por no darse las circunstancias de peligro o riesgo para la seguridad vial necesarias para que proceda acordar válidamente esta medida sancionadora.

RECURSO DE QUEJA CONTRA AUTO NO APELABLE


RECURSO DE QUEJA CONTRA AUTO NO APELABLE

Juzgado Central de Instrucción n.º ……….

A LA SALA

D. ………., Procurador de Tribunales y de D. ………, según tengo debidamente acreditado en el procedimiento arriba referenciado, ante la Ilma. Sala comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que mediante el presente escrito interpongo RECURSO DE QUEJA, al amparo de lo dispuesto en los arts. 218 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y demás disposiciones aplicables, contra el auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción n.º ………., en fecha ………, en el sumario arriba referenciado, por el que se desestimaba el recurso de reforma interpuesto por esta representación procesal contra un anterior auto de ….. de ………..

Sirven de base al presente recurso los siguientes

I. ANTECEDENTES

UNO. Por auto de fecha ………. del Juzgado Central de Instrucción n.º ………., se incoaron Diligencias Previas ……………./……………, que posteriormente se transformaron en el sumario ……………./……………, seguido contra los Sres. ………. y ……… por los presuntos delitos de integración en organización terrorista, tres secuestros, falsificaciones de identidad y uso público de nombre supuesto.

DOS. En fecha ….. de ………. de ……, la Sección ……. de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, autorizó el desglose de todo lo relativo a la investigación de la detención ilegal de ………., incoándose, por auto de fecha …….., en el Juzgado Central de Instrucción n.º ………., el sumario ……………./……………

TRES. En fecha ……… se declaró concluso el sumario ……………./……………, siendo procesados los Sres. …………… y ……………

CUATRO. El ….. de ………… de ……. se dictó sentencia condenando a los Sres. ………. y ……….. a ….. años de cárcel como autores de tres delitos de frustrados, uno de lesiones, falsificaciones y uso de nombre supuesto.

CINCO. El día ….. de ………. de ………, la Sección ….. de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió la reapertura del sumario ………../……….

SEIS. Por auto de …, el Juzgado Central de Instrucción n.º ………. dictó auto por el que se acordaba la acumulación del sumario ………../………. al sumario ………../……….

Acompañamos copia del citado auto como DOCUMENTO n.º 1.

SIETE. Frente al mencionado auto de fecha ………, esta representación procesal interpuso recurso de reforma el ….. de ……… de …….

Acompañamos copia del citado recurso como DOCUMENTO n.º 2.

OCHO. Este recurso de reforma interpuesto por mi patrocinado fue desestimado por el auto contra el que ahora interponemos la presente queja.

Acompañamos copia del auto ahora recurrido como DOCUMENTO n.º 3.

A los anteriores antecedentes son de aplicación los siguientes

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. El auto recurrido no desvirtúa en absoluto las razones contenidas en nuestro anterior recurso de reforma, y se limita a remitirse íntegramente a las argumentaciones jurídicas de la resolución que decretó la acumulación.

Con ello, siguen aplicándose de una forma claramente errónea los arts. 17 y 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al acumular dos sumarios sin que exista fundamento para ello.

De igual modo, sigue resultando inexistente la pretendida conexidad de los delitos a que se refieren los sumarios ………./………., por una parte, y ………./………., por otra, siendo significativo a estos efectos que el auto recurrido continúe sin aclarar (a pesar de sus genéricas remisiones a otras resoluciones) cuáles son los concretos delitos que serían investigados en uno y otro caso, y por qué de esos delitos o de las personas a las que indiciariamente se les imputan, se deriva con meridiana nitidez la concurrencia de la única causa posible para la pretendida acumulación: su conexidad.

Olvida el Juez Instructor de esta forma como ya decíamos en el recurso de reforma origen de la resolución ahora impugnada, que la conexidad por analogía, semejanza o relación, precisa tanto la unidad subjetiva del responsable como la unidad de precepto penal violado, bien jurídico protegido, modus operandi y proximidad espacio-temporal en la consumación de los diferentes delitos que se quieren conexos, elementos éstos que no se dan entre los delitos que se investigan en los dos sumarios acumulados.

Tampoco se atiene el auto al que el Juez Instructor se remite, ni el que ahora recurrimos, al dato esencial de que el concepto de conexidad debe entenderse como enlace, atadura, trabazón o concatenación de una cosa con otra, motivo por el cual Doctrina y Jurisprudencia vienen exigiendo una concreta analogía o relación entre los delitos, de forma que sólo cabrá apreciar esa conexidad cuando nos encontramos ante supuestos de concurso ideal o real, concurso que en ningún caso puede darse entre los delitos investigados en ambos sumarios.

Si bien es cierto que el Juez sale al paso de estas deficiencias diciendo que existe concatenación de hechos imputados a los procesados, presuntas participaciones accesorias de unos y otros, autorías únicas, coautorías, encubrimientos y complicidades, también lo es que, salvo una genérica remisión al auto de procesamiento, nada se dice respecto de qué hechos son los concatenados, qué participaciones son accesorias de otras, quiénes son autores de qué delitos, quiénes coautores, quiénes encubren a quiénes, y quiénes son los cómplices de quiénes. Nos encontramos así ante una acumulación basada en razonamientos inexteriorizados, vagos y no ajustados a lo establecido al efecto por Doctrina y Jurisprudencia.

En este sentido, el auto recurrido sienta la idea de que la acumulación era necesaria y estaba plenamente justificada por la concatenación de hechos imputados a los procesados, llegando a la conclusión de que se producen diferentes formas de participación de diferentes personas concadenadas (sic) con unos hechos que se inscriben en el marco de actuación de una organización; y, por tanto acreedores de un sólo proceso.

Confirma así el auto recurrido la verdadera razón para la acumulación: el que se trataría de hechos cometidos por diferentes personas a las que se imputa provisionalmente el pertenecer a una misma organización. Pues bien, si es ésta la auténtica causa de la acumulación, no podemos dejar de manifestar nuestra sorpresa al efecto, dicho sea con los mayores respetos.

Ciertamente, de radicar el fundamento de la acumulación en lo dicho, ha de entenderse de todo punto incorrecta y carente de apoyo legal alguno, pues, siguiendo este razonamiento de la resolución recurrida, sin duda habrían de haberse juzgado, dentro de un mismo procedimiento, todos los delitos cometidos por la organización terrorista ……… o cualesquiera de sus integrantes, razón que obligaría a su vez a acumular todas las causas pendientes contra miembros de ……… en una sola.

Con mayor razón resultan inexplicables las afirmaciones contenidas en el auto recurrido respecto a la pretendida consideración de los Sres. ……… y ……… como testigos en el juicio que se celebre y en lo relativo a los hechos por los que ya fueron condenados en su día, sin que pueda tildársenos de demagógicos al afirmar que, siguiendo nuevamente el discurso de las resoluciones recurridas, también habrían de reabrirse nuevamente casi todos los juicios seguidos contra miembros de cualesquiera otras organizaciones criminales (………., por ejemplo), para poder llamar como testigos en los mismos a todos los condenados por su pertenencia a las mismas.

En definitiva, de lo analizado hasta ahora, no se desprende motivo alguno para proceder a la acumulación de los sumarios ………./………. y ………./……….

SEGUNDO. El auto de ….. de ………. pasado, al que el Juez Instructor se remite en su totalidad desde el auto ahora recurrido, acude a un argumento sin ningún peso específico o absoluto, en cuanto que acuerda la acumulación por razones de economía procesal ….. para evitar más de un juicio, actuaciones paralelas y duplicidades innecesarias.

Con esta afirmación vuelve a incurrirse en el olvido de lo establecido en el art. 300 de nuestra Ley Rituaria Penal, que recoge cuándo pueden y cuándo no pueden acumularse o enjuiciarse en un solo sumario o procedimiento diversos hechos delictivos. En este sentido, el mencionado artículo nada dice respecto de razones de economía procesal para juzgar en una misma causa hechos que no se ha demostrado sean conexos, ni permite tampoco evitar gastos a la Administración de Justicia a costa de los derechos de los procesados en los diferentes procedimientos que se acumulan. Tampoco, como es evidente, se va a ahorrar tiempo en la sustanciación del procedimiento con la acumulación de los dos sumarios.

Por lo tanto, no basta con la mera voluntad del Juez Instructor de reunir en una sola causa la investigación de unos hechos que, en sí mismos y de forma clara y palmaria, nada tienen que ver y en los que no concurren los caracteres de conexidad precisos, motivo único por el cual nuestra legislación procesal permite sean enjuiciados conjuntamente hechos delictivos diferenciados, por lo que lo obligado es precisamente continuar con la tramitación de las dos causas de forma separada.

TERCERO. Incurre, por último, el Juez Instructor en una insalvable contradicción, en la que parece no haber reparado, al considerar por un lado (e insistimos, erróneamente) que los delitos investigados en ambos sumarios son conexos, y por otro, que los delitos ya cometidos por los Sres. ………. y ………. (y por los cuales fueron condenados) no van a volver a imputarse a ellos dos, siendo ese extremo donde, según el auto recurrido, radica el único límite de su nuevo y futuro enjuiciamiento.

Para ahondar en esa contradicción, continúa diciendo el Juez Instructor en el auto recurrido que no existe por tanto identidad, porque en todo caso la calificación, el juicio y la sentencia van a versar necesariamente en cuanto a ellos (Sres. ………. y ……….) sobre los hechos del sumario ………./………. acumulado que son, precisamente los concretados en el auto de procesamiento. De esta forma, la repetida contradicción se da cuando el Juez Instructor establece de forma tácita la diferencia entre los delitos investigados en cada sumario, diferencia que esta representación procesal viene sosteniendo en el cuerpo del presente escrito, ya que si el propio Instructor reconoce que no va a poder procederse al enjuiciamiento de los Sres. ………. y ………. por los delitos por los que ya fueron condenados en el sumario ………./………., resulta evidente que desaparece la única pretensión de identidad subjetiva que podía alegarse para la acumulación.

Con ánimo de soslayar su evidente contradicción, el Instructor llega a justificar la presencia en la investigación de los Sres. ………. y ………., respecto de los hechos por los que ya han sido condenados, diciendo que aquéllos tendrían el carácter de testigos. En este sentido, y dicho sea respetuosamente, encontramos absurda la justificación del llamamiento como testigos a los Sres. ………. y ………. respecto de los hechos que se investigaron en el sumario /, de la misma manera que sería absurdo llamar como testigos a todos los miembros de ………. que hubiesen sido condenados por determinados delitos, a aquel hipotético procedimiento al que anteriormente hemos hecho referencia, abierto contra otros integrantes de esa organización, por los mismos u otros hechos distintos.

Como dejamos claro en nuestro anterior recurso de reforma, si los repetidos Sres. ………. y ………. no pueden ser enjuiciados en el sumario ………./………., porque ya lo han sido ANTERIORMENTE, desaparece la única conexidad subjetiva conocida hasta la fecha en ambos procedimientos, y en los mismos términos debemos pronunciarnos respecto de los demás requisitos que son exigidos por la Jurisprudencia para declarar conexos dos procedimientos, requisitos que de forma clara y palmaria no concurren en el caso que ahora nos ocupa.

En su virtud,

SUPLICO A LA SALA que teniendo por presentado este escrito, con sus documentos y copias, se sirva admitirlos y tenga por interpuesto en tiempo y forma y con los efectos legales oportunos RECURSO DE QUEJA contra el auto de fecha ….. de ………. de  ……, dictado por el Juzgado Central de Instrucción n.º ………. en el sumario ………./………., y previos los trámites legales que sean oportunos, se sirva estimarlo y en su virtud dejar sin efecto la resolución recurrida.

Recurso de alzada por concurrencia de sanciones administrativas.


Recurso de alzada por concurrencia de sanciones administrativas.

AL ……………….

D ……………….., mayor de edad, con número de DNI ……………….., con domicilio a efectos de notificaciones en ……………….., calle, avenida o plaza ……………….., ……………….., número ……………….. piso ……………….. Código Postal ……………….., en nombre propio o en nombre de ……………….., cuya representación tiene acreditada con ……………….. [la adjunta copia autorizada de la escritura de poder de la que acompaño copia simple a fin de que, una vez cotejada me sea devuelto el original o, en su caso, la acreditación que corresponda], como mejor proceda comparezco y

DIGO:

Que el día ……………….. me ha sido notificada la resolución sancionadora dictada por ……………….., en el expediente número ……………….., y en la que se acuerda imponer a la empresa una multa de ………………..
Que, contra dicha resolución por considerarla no ajustada a Derecho, interpongo en el plazo de un mes concedido al efecto, RECURSO DE ALZADA, basado en los siguientes hechos y fundamentos de derecho
HECHOS
PRIMERO.Que con fecha ……………….. se dictó resolución sancionadora que tiene su origen en el acta de infracción número ……………….. en la que se impone una multa de ……………….., ya que, de conformidad con el artículo ……………….. del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, los hechos descritos han sido calificados como constitutivos de la siguiente infracción:
………………..
SEGUNDO.
El acta de infracción ……………….. es improcedente, por cuanto que se ha dictado sobre unos hechos que ya han sido objeto de sanción administrativa en virtud de resolución ……………….., extendida en base al acta de infracción ……………….. concurriendo identidad de sujetos, hechos y fundamentos, lo que resulta de ……………….. En consecuencia, la resolución sancionadora vulnera la prohibición del non bis in idem, proscrita en nuestro ordenamiento jurídico.
Que para la demostración de las afirmaciones anteriormente manifestadas, se propone la práctica de los siguientes MEDIOS DE PRUEBA ……………….., que incomprensiblemente el órgano instructor y sancionador no admitieron con anterioridad a dictarse la resolución sancionadora.
A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
El  artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que establece que “no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento”.
La sanción impuesta por la autoridad laboral viola el conocido principio non bis in idem o de interdicción de una duplicidad de sanciones administrativas cuando haya identidad de hechos, sujetos y fundamentos pues sobre un mismo hecho se han articulado dos sanciones administrativas idénticas, como se acredita con el documento número ……………….. que se acompaña con este recurso de alzada. La prohibición de sancionar dos veces el mismo hecho resulta del artículo 7 apartado 4 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, ya que “no podrán sancionarse los mismos hechos que hayan sido objeto de anterior resolución administrativa, cuando concurra identidad de sujeto, de hechos y de fundamentos, salvo que así lo disponga expresamente dicha resolución y persista el infractor de forma continuada en los hechos sancionados”.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, en relación con el artículo 114 y artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
 SOLICITA:
Que se tenga por interpuesto el recurso de alzada con los documentos que se acompañan y, previa la práctica de las pruebas propuestas y la tramitación que proceda, se dicte resolución en la que se declare la invalidez de la resolución sancionadora impugnada y del acta de infracción, con el consiguiente archivo del expediente sancionador.
(Lugar, fecha y firma)

 

Recurso contra TEAR y AEAT


AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN 1

 Ante la Sala comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO

Que mediante el presente escrito, en la representación que ostento, cumplimento diligencia de ordenación de fecha 1/05/2.012, notificada en día 24 del mismo mes y año, y formalizo al amparo del artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción DEMANDA DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con apoyo en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

            Los que se derivan del expediente administrativo, remitido por el TEAR de Madrid a requerimiento de la Sala, a la que me honro en dirigirme, practicado con fecha 19/12/2.011, con registro de entrada en el TEAR de 28/01/2.011.

SEGUNDO.-

            Los que se derivan del nuevo expediente administrativo, remitido por el mismo Tribunal, que completan los del anterior, a requerimiento de la Sala, practicado con fecha 17/05/2.010, con registro de entrada en el TEAR de 31/05/2.010.

Este expediente que aparece foliado, hasta el folio número 2, incorpora el expediente sancionador remitido por la Agencia Tributaria y señalado con el número 4.

Son también hechos de la presente demanda, los que se derivan de dicho expediente sancionador que, infortunadamente, no está completo (faltan las alegaciones de mi representado a la propuesta de sanción) y además, está sin foliar, con la dificultad que ello entraña para la cita y referencia de los documentos.

A estos hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO I

COMPETENCIA.- Es competente en la Sala a la que tengo el honor de dirigirme, conforme a lo dispuesto, tanto en la resolución recurrida de manera expresa, como en el artículo 10.1 d) la Ley de la Jurisdicción.

II

PROCEDIMIENTO.-  Deberán seguirse las normas contenidas en los artículos 45 a 69 de la Ley Reguladora, que regulan el recurso contencioso administrativo.

III

POSTULACIÓN.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley de la Jurisdicción, mi patrocinado interviene representado por Procurador habilitado con poder bastante y asistido por el Letrado del ICAM, Don José Martín García.

IV

LEGITIMACIÓN.- No cabe duda de la legitimación que ostenta mi patrocinado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Reguladora, en cuanto sancionado por la Administración Tributaria, autora del acto lesivo para sus intereses.

FONDO DEL ASUNTO.- Constituyen motivos del recurso contencioso administrativo, los siguientes:

            Primero: Nulidad del expediente sancionador y de la sanción impuesta. 

En el expediente administrativo remitido, figura, como hemos dicho, el expediente sancionador de la AEAT, delegación de Madrid, seguido en contra de mi representado.

Con independencia del desastre de dicho expediente, pues en su índice documental se relaciona como documento las alegaciones de mi mandante contra la propuesta de imposición de sanción, a pesar de que dicho escrito de alegaciones, fechado en 10  de febrero de 2.010, no ha sido incorporado al expediente, lo que de por sí debería suponer la nulidad del mismo, resulta que la inspección comenzó su actuación con la comunicación, que aparece sin foliar en el expediente, de fecha 10 de julio de 2.009, notificada a mi representado en día 1 del mismo mes y año.

El día 19 de julio de 2.009, mi mandante, tras haber conferido su representación, en documento de la misma fecha, compareció ante la inspección y aportó lo que le había sido solicitado. Así aparece en el expediente sancionador que, repetimos, sin foliar, ha sido unido al expediente administrativo.

El día 21 de septiembre de 2.009 , pasados ya más de tres meses, tuvo lugar la diligencia de constancia de hechos.

Y, por fin, el día 8 de diciembre  de 2.009 se acordó el inicio del procedimiento sancionador, sin que sea hasta el 14 de enero de 2.010, no obstante seguirse por tramitación abreviada, que se formulara la propuesta de imposición de sanción.

Es decir, desde que el procedimiento de comprobación e investigación concluyó, en este caso con  la comparecencia de 3 de julio de 2.009 (en la que se puso de manifiesto que las declaraciones – modelo 198 – de los años 2007  y 2008 no fueron presentadas en plazo), hasta que se inicia el procedimiento sancionador, el día 11 de noviembre de 2.010, transcurrieron tres meses y 8 días y, por lo tanto, el procedimiento sancionador, imperativamente, no podía ya haberse iniciado.

En efecto, en aquellas fechas (año 2.007) el procedimiento sancionador podía iniciarse en cualquier momento, desde la fecha de incoacción del acta y hasta trascurrido un mes desde la extensión de la misma en caso de conformidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.2, en su relación con el artículo 60.2 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos (RD 939/86 de 25 de abril).

Aunque esta fue una cuestión debatida, porque la instrucción de la AEAT número 1 del año 2.009 fijaba un plazo más largo, lo que era contrario al Reglamento, no hay duda de que el expediente sancionador debió iniciarse, como muy tarde, el día 1 de agosto de 2.012, para evitar que el incumplimiento del plazo provocara la nulidad de la sanción, conforme a la resolución del TEAC de 8 de febrero de 2.012.

Más recientemente, los artículos 81.6 de la LGT, en su redacción dada por la Ley 53/2.002, y el 209 de la vigente LGT (Ley 58/2.003 de 17 del 12), han zanjado la discusión, estableciendo que los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de un proceso de comprobación e investigación, no podrán iniciarse una vez transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiera notificado, en nuestro caso desde 15 de junio de 2.012 o, como mucho, desde 1 de julio de 2.012, fecha en la que se pone de manifiesto la infracción.

Es así que el expediente sancionador fue iniciado el día 1 de diciembre de 2.012, luego su no iniciación en tiempo provoca su nulidad con carácter imperativo y, por tanto, la de la sanción, lo que constituye el primer motivo de nuestro recurso.

Segundo: Infracción del principio de legalidad del derecho sancionador 

Es sobradamente conocido, pues constituye la base o raíz del procedimiento sancionador, que las infracciones han de estar tipificadas y las sanciones también y que, por lo tanto, a cada infracción tipificada ha de corresponder una sanción asimismo tipificada, de manera que no es dable aplicar una sanción, prevista para una determinada infracción, a otra infracción que, como tal, tiene que tener su sanción prevista, siendo forzoso aplicar precisamente esa y no otra de las tipificadas.

La violación de estas reglas elementales que, por obvias, nos dispensan de la citación de los preceptos que las establecen, conduce a la infracción del principio de legalidad del derecho sancionador, y tal es lo que ha ocurrido con el expediente sancionador, objeto de este recurso.

En el acta A, levantada el 2 de noviembre de 2.012, en la que se inicia el procedimiento sancionador y se declara procedente una sanción, acta que está incorporada al expediente, se dice que constituye infracción simple, la falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas. 

Dicho ésto, el acta considera esta conducta como voluntaria y se aprecia, para mi mandante, el concurso de negligencia, cuando menos, para justificar de esta manera la procedencia de la sanción, conforme a lo dispuesto en el artículo 77.1 de la LGT entonces aplicable, que era la Ley 230/63 de 28/12, modificada por la Ley 25/95 de 20 de julio.

O sea, la AEAT, en el acta de inicio del expediente considera que la infracción cometida por mi patrocinado es la infracción tipificada en el artículo 78. a) de la LGT, en la redacción dada a este precepto por la Ley 25/95.

Pues bien, dicha infracción tiene una sanción, como infracción simple, que es la tipificada en el artículo 83.1 de la LGT (redacción de la Ley 25/95). Esta sanción consiste en una multa del 1.000 a 150.000 pesetas (6,01€ a 901,58€) por cada declaración no presentada.

Mi patrocinado, según el acta, omitió presentar las declaraciones anuales de los ejercicios 2007 y 2008 de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios (impreso modelo 198) y así lo reconoce la propia Inspección. Por lo tanto, la sanción máxima procedente sería de 300.000 pesetas (1.803,04€) y así debió proponerse.

El expediente sancionador infringe el principio de legalidad, porque después de tipificar la conducta de mi patrocinado, como incursa en la infracción simple del artículo 78.1.a), aplicó la sanción tipificada en el artículo 83.2 de la LGT, sanción que corresponde, no a la infracción de la letra a) del artículo 78, sino a la infracción de la letra b) del mismo artículo.

En definitiva, se aplica a mi patrocinado una sanción que corresponde a quien incumple el deber de suministrar datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones profesionales con terceras personas, establecido en los artículos 111 y 112 de la LGT.

Es claro que mi mandante no es autor de esta conducta, primero porque la propia AEAT así lo reconoce, cuando inicia el expediente sancionador por la infracción del artículo 78.1.a); y segundo porque mi mandante jamás incumplió el deber de suministrar y entregar los datos; pudo retrasarse en hacerlo, e incluso cabe pensar que fue negligente por el retraso (nosotros tampoco lo admitimos, ya que el olvido fue involuntario y debido a circunstancias ajenas a la voluntad), pero lo que no cabe es entender que incumplió el deber de suministrar los datos, toda vez que si lo hubiera incumplido, nunca los habría aportado, y, sin duda, lo hizo en la diligencia de  8 de julio de 2.011

La violación del principio de legalidad es palmaria, en cuanto se aplica a una infracción simple, no la sanción tipificada para dicha infracción, sino la tipificada para otra infracción que mi patrocinado jamás pudo cometer.

Esta violación del principio de legalidad se produce por infringir, como lo hace el expediente sancionador, los artículos 78.1.a), y 83.1, y por aplicar indebidamente los artículos78.1.b) y 83.2, todos de la LGT.

La consecuencia de todo lo anterior es que el expediente sancionador es contrario a derecho y así se debe declarar, modificando la sanción impuesta y sustituyéndola por la máxima de 300.000 pesetas (1.803,04€), tipificada en el artículo 83.1 de LGT, en la redacción dada al mismo por la Ley 25/95 de 20 de julio.

Aplicando esta sanción máxima, de corrige además, otro de los errores en que incurre el expediente sancionador: la desproporción entre la conducta y la sanción, que en el caso que nos ocupa es verdaderamente escandalosa.

Piensesé que se sanciona con millones un olvido involuntario, corregido con ocasión de la inspección y después de un acta de conformidad. Si una conducta de esta índole, hay que sancionarla con millones de pesetas, asusta pensar la que debería corresponder a quien oculta los datos, no los suministra, se resiste a la actividad inspectora y obliga a la AEAT a buscar los datos por si misma.

La resolución del TEAR ni se da cuenta de este tipo de cuestiones de derecho. No es que no las tenga en cuenta, es que ni se fija en que existe una infracción tan clara del principio de legalidad, a pesar de que ha tenido a la vista el acuerdo de iniciación del expediente, en el que la conducta que se analiza es la correspondiente a la infracción de la letra a) del artículo 78, y la sanción que se aplica es la del número 2 del artículo 83, prevista para la conducta, tipificada como infracción en la letra b) de dicho artículo 78.

Pero claro, ¿qué se puede esperar de un Tribunal que, como fundamentos de su resolución, se limita a transcribir los artículos de la Ley, sin un solo razonamiento de por qué son aplicables a la conducta enjuiciada?

Tercera: Infracción del artículo 83.2 de la Ley General Tributaria

Ya hemos visto en el motivo anterior, que el artículo 83.2 de la LGT, en la redacción dada al mismo por la Ley 25/95 de 20 de julio, fue indebidamente aplicado en el expediente sancionador, por cuanto tipifica una sanción para una conducta que no fue en la que incurrió mi mandante, quien jamás incumplió el deber de entregar los datos que le fueron requeridos, sino que los entregó con retraso.

Pero no sólo se aplicó indebidamente, sino que fue infringido directamente por la AEAT, en su acuerdo de 8 de febrero de 2.012, por el que definitivamente se impuso a mi patrocinado una sanción de 30.687,68€.

Y fue infringido por violación, porque este precepto impone que si los datos requeridos no se refieren a una actividad empresarial o profesional del sujeto infractor, la cuantía total de la sanción impuesta no podrá exceder de 300.000 pesetas (1.803,04€).

El TEAR pasa en este asunto como sobre ascuas; en su fundamento quinto se limita a decir que “los datos requeridos sí se refieren a la actividad desarrollada por mi mandante en contra de lo alegado”.

Es decir, porque sí. Sin motivación alguna, porque le da la gana al funcionario de turno que ni siquiera quiso estudiar este argumento, aunque no fuera más que para denegarlo.

Al contrario que el TEAR, esta parte sí lo ha estudiado y entendemos que los datos exigidos en el impreso modelo 198, no son datos que se refieran a la actividad empresarial o profesional de mi patrocinado.

La profesión de mi representado es la de Notario. En la fecha del expediente sancionador era Corredor de Comercio colegiado.

En el ejercicio de su profesión, su actividad era la de mediador, y su negocio o empresa es cobrar las minutas devengadas por mediar, como consecuencia de las solicitudes hechas por terceros.

Los datos a que se refiere el modelo 198 son datos correspondientes a operaciones con terceros, es decir el número e importe de las operaciones hechas por terceros, en las que mi mandante hubiere mediado, con activos financieros y otros valores mobiliarios. El modelo 198 no se refiere a operación alguna, empresarial o profesional, propia del mediador.

La LGT, en el citado artículo 83, distingue perfectamente ambas actividades: por un lado, se exigen los datos deducidos de las relaciones profesionales con terceros, y por otro se exigen también los datos referidos a la actividad profesional propia del mediador.

Estos últimos no son los que exige el modelo 198 y, por tanto, su falta de declaración, sólo podría ser sancionada con la multa máxima de 300.000 pesetas, so pena de infringir el tan citado artículo 83.

En el expediente sancionador, se olvida esta importante diferencia y, en aras de sancionar lo más posible,  se confunde la obligación de informar de las operaciones con terceros, con la obligación de las operaciones propias.

En definitiva, la información que deben proporcionar los Corredores de Comercio, por imperativo de los artículos 111 y 112 de la LGT, la prevista en el modelo 198, no es una información referida a su propia actividad profesional y, consiguientemente, su omisión o falta de declaración, sólo se puede sancionar con el máximo a que se refiere el artículo 83 de 300.000 pesetas. No hacerlo así, supone la infracción del artículo 83.2 de la LGT, directamente violado por el expediente sancionador, al confundir unas y otras actividades, metiendo todas en un solo cajón desastre que le permita imponer la sanción más gravosa de las que la Ley prevé, a un a riesgo de no ajustarse a derecho.

Cuarto: Infracción del principio de jerarquía normativa, por violación del artículo 10 de la Ley General Tributaria

En la resolución del TEAR, esta alegación, hecha por mi mandante en vía administrativa, se resuelve señalando que el enjuiciamiento de la legalidad de las disposiciones generales, corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

A tal efecto, sostenemos ante esta Jurisdicción, y ello es el cuarto motivo de nuestro recurso, que el acuerdo por el que se impone la sanción infringe el principio de jerarquía normativa, por violación del artículo 10 de la LGT, aplicable en el momento del acuerdo y del artículo 8.g) de la vigente LGT.

Dicho de otra forma, conociendo la AEAT a ciencia cierta, o debiendo conocer  que un Reglamento, el RD 1.930/98, hoy derogado, contiene un precepto, su artículo 15, que hace imposible la aplicación de la Ley en la medida de que no es posible aplicar la sanción que tipifica la Ley para la conducta enjuiciada, al amparo de dicho artículo 15 impone la sanción a mi patrocinado, aun sabiendo que la aplicación del Reglamento modifica la sanción tipificada en la Ley e infringe el principio de jerarquía normativa.

Veámoslo con un cierto detalle.

A

El artículo 83 de la LGT, en su redacción de la Ley 25/95, para sancionar la infracción tipificada en la letra b) del artículo 78, señala una cuantía de 1.000 pesetas a 200.000 pesetas por cada dato omitido y falseado, con unos límites cuantitativos, en cuanto a la sanción máxima.

Recordemos que en el expediente sancionador, la conducta en que se considera incurso a mi patrocinado es la tipificada a) del artículo 78, por lo que la sanción del artículo 83.2 nunca podría serle de aplicación.

Pero, con el necesario carácter cautelar, a meros efectos dialécticos, vamos a comprobar que, tampoco la sanción impuesta se ajusta a derecho, aunque la conducta seguida por mi mandante fuera la de la letra b) del citado artículo 78.

Descuidarse en remitir una relación de datos, aunque se presenten cuando te los piden, es para la AEAT una conducta más grave que la de quien sigue una actuación fraudulenta, pues a éste le castigan con una multa máxima de 1.000.000 de pesetas (6.010,12€, conforme al artículo 83.3 de la LGT) y a quien se descuida en mandar una relación y la manda más tarde, le sancionan con varios millones de pesetas.

Lo anterior es ya significativo de que la AEAT aplica mal la Ley, pero continuemos con el argumento iniciado.

B

El RD 1930/98, hoy derogado, en su artículo 15, concretándose al caso de que la sanción se imponga por cada dato omitido, que es lo que nos ocupa, recarga la misma, según que el atraso temporal sea mayor o menor, hasta duplicar o triplicar la sanción tipificada en la Ley.

De manera que, la sanción mínima de 1.000 pesetas, tipificada en la Ley no se puede aplicar nunca, porque un Reglamento, con jerarquía normativa inferior lo impide, porque un Reglamento, de hecho y de derecho, se permite, sin más, modificar la Ley y la sanción que en ella se tipifica.

En consecuencia, el acuerdo de imposición de la sanción, de fecha 28 de febrero de 2.001 y la resolución del TEAR que lo confirma sin analizar el problema, infringen el artículo 10 de la LGT que exige una disposición con rango legal (Ley formal en todo caso) para la modificación del régimen de sanciones, y también infringen el artículo 8.g) de la vigente Ley General Tributaria, que ordena en todo caso la regulación  por Ley y no por Reglamento del establecimiento y modificación de las sanciones tributarias.

Por consiguiente, y aun suponiendo que la infracción cometida por mi representado fuera la tipificada en la letra b) del artículo 78, que ya hemos visto que no, la sanción que sería procedente, partiendo de que la AEAT reconoce la sanción mínima de 1.000 pesetas por cada dato omitido, ascendería a 795.000 pesetas por el año 1.998 y 642.000 pesetas por el año 1.999, en total 1.437.000 pesetas (8.636,54€).

Todo lo demás es infringir el principio de jerarquía normativa, violando el artículo 10 de la LGT aplicable en aquel momento o el artículo 8.g) de la LGT vigente.

En su virtud, reiterando los argumentos que hicimos valer en la vía administrativa, señaladamente los que se refieren a la enorme desproporción de la sanción impuesta, con la infracción que se considera cometida.

SUPLICO A LA SALA que teniendo por presentado este escrito con su copia, se sirva admitirlo, y teniendo por cumplimentada la providencia citada en cabecera, tenga por formalizada DEMANDA DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO número, sustanciar los autos por los tramites de los artículos 45 a 69 de la Ley Reguladora y previo el tramite oportuno, dicte sentencia por la que se estime el recurso interpuesto por incurrir la resolución recurrida y la sanción por ella confirmada en infracción del ordenamiento jurídico, declarando no conforme a derecho la sanción impuesta, anulándola y anulando el acto recurrido.