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RECURSO DE APELACIÓN CONTRA UNA ORDEN DE PROTECCIÓN


RECURSO DE APELACIÓN CONTRA UNA ORDEN DE PROTECCIÓN

AL JUZGADO DE INSTRUCCION X DE MADRID
D on José Martín  abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,  con número de colegiado ……………….., Letrado de D ……………….. con domicilio en ……………….. y con DNI nº ……………….. cuyos demás datos personales ya constan en los autos nº ……………….., comparezco ante el Juzgado en representación del mismo, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 768 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, como mejor proceda en Derecho,
 DIGO:
Que por medio del presente escrito, y con base en el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interpongo directamente recurso de apelación contra el auto de fecha ……………….. notificado el día ……………….. por el que se dicta orden de protección a favor de D ……………….. acordando imponer determinadas medidas cautelares penales y civiles a mi defendido, y ello con fundamento en las siguientes
ALEGACIONES

ÚNICA.-El art. 544 ter de la LECrim dispone que la medida de protección procederá cuando se aprecie la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas reguladas en el citado artículo.

Así, en las actuación no consta ninguna prueba de la que pueda desprenderse la existencia de tal situación de riesgo. En concreto, de las declaraciones de los testigos D ……………….. y D ……………….. y de la pericial ……………….., se deduce claramente la falta de existencia de cualquier riesgo presente o futuro para D ………………..
Siguiendo la doctrina del TC sentada en la sentencia 230/2002, la Audiencia está autorizada a comprobar si la convicción obtenida por le Juzgado se deriva de medios de prueba válidamente practicados, si tales pruebas son aptas y si han sido valoradas de forma razonable y razonada, al tratarse de un recurso contra una resolución condenatoria.
Pues bien, en el presente caso, las pruebas practicadas demuestran que ………………..
Por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO: que admita el presente escrito y tenga por interpuesto recurso de apelación contra el auto de fecha ……………….., y tras los trámites legales oportunos, lo eleve a la Audiencia Provincial para que resuelva.

RECURSO EN INTERÉS DE LA LEY EN EL ÁMBITO PENAL.


RECURSO EN  INTERÉS DE LA LEY  EN EL ÁMBITO PENAL.

En España solo existen dos recursos para la  unificación de la doctrina en el ámbito penal.   Por lo que en materia penal el recurso mencionado carece de virtualidad.

Los recursos señalados como posibles  en el proceso penal son en materia de menores y penitenciaria.

Recurso en interés de la Ley en menores.

En la Ley Orgánica 5/2000 que habla de la responsabilidad del menor dice: “Son recurribles en casación ante la sala segunda del Tribunal Supremo, las sentencias dictadas en apelación  por la Audiencia Nacional y las Audiencias Provinciales cuando se hubiere impuesto unas de las medidas a las que se refiere  el artículo 10.

El recurso tendrá por objeto la  unificación de la doctrina con motivo de sentencias dictadas en apelación que fueran contrarias entre sí  , o con sentencias del Tribunal Supremo, respecto de hechos o valoraciones de las circunstancias del menor, que siendo sustancialmente iguales, hayan dado lugar sin embargo a pronunciamientos distintos.

Prescripcion del delito


PRESCRIPCION DEL DELITO EN EL PREVIO PRONUNCIAMIENTO

Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ………., Sección …..

Rollo de Sala n.º ……………./……………

Juzgado Central de Instrucción n.º ……….

A LA SALA

DÑA. ………., Procuradora de los Tribunales y de D. ………., según tengo acreditado en el procedimiento arriba referenciado, ante la Ilma. Sala comparezco y como mejor proceda, DIGO:

Que una vez me ha sido entregada la causa para calificación el pasado ….. de ………., y sin evacuar este trámite, dentro del término señalado por el art. 667 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por medio del presente escrito vengo a formular, como ARTICULO DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO, LA PRESCRIPCIÓN del delito por el que aparece imputado mi patrocinado en la presente causa.

Sirven de base al presente escrito los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha ….. de ………. de …… D. ………. interpuso querella contra Don defendido por este abogado por el presunto delito de ….., querella que fue admitida a trámite por auto de ….. de ………. de ……, del Juzgado Central de Instrucción n.º ……….

Es de destacar que en ella ningún hecho delictivo se imputaba a mi patrocinado, de forma que pudiese hacer entender, ni siquiera por vía de hipótesis, una responsabilidad criminal del mismo.

Por auto de ….. de ………. de ……, el Juzgado procesa a Don defendido por este abogado  como autor de un presunto delito de falsificación de moneda del art. 386.1º del Código Penal. Dicho auto fue recurrido en reforma y, tras ser denegado, en apelación, siendo desestimado y confirmando en su integridad el procesamiento de Don defendido por este abogado.

Tercero. El Ministerio Fiscal calificó provisionalmente los hechos en fecha ….. de ………. de ……, solicitando que se declarase extinguida la responsabilidad criminal de Don defendido por este abogado por la prescripción del delito que se le venía imputando.

Por auto de fecha ….. de ………. de ……, la Sala a la que me dirijo acordó declarar la extinción de la responsabilidad criminal de mi patrocinado por la prescripción del delito de falsificación de moneda por el que resultó encartado, dejando sin efecto el procesamiento acordado así como cuantas medidas cautelares, personales y reales se hubiesen adoptado contra el mismo.

Frente al anterior auto, la acusación particular interpuso recurso de súplica en fecha ….. de ………. de ……, siendo impugnado el citado recurso por nuestra parte y por el Ministerio Fiscal.

Por auto del pasado día ….. de ………., la Sala a la que me dirijo, con estimación del recurso de súplica interpuesto, acordó dejar sin efecto el anterior auto de ….. de ………. de …… y, por consiguiente, dejar subsistente la responsabilidad criminal de mi patrocinado.

Cuarto. Finalmente, en fecha ….. de ………. pasado, ha sido notificado personalmente a Don defendido por este abogado el auto del anterior día ….., dando así comienzo el cómputo del plazo para calificación provisional al que se hacía referencia en esta última resolución.

A los anteriores antecedentes de hecho, son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Idoneidad y admisibilidad de la presente cuestión de previo pronunciamiento.

Aunque la naturaleza eminentemente sustantiva de la prescripción permite su alegación en cualquier momento del procedimiento, resulta incuestionable que el art. 666 y los que le subsiguen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal constituyen específico trámite, en el sumario ordinario, para que la prescripción se haga valer y se deba reconocer por el Tribunal llamado al enjuiciamiento de la causa.

Dicho de otro modo, aun cuando la prescripción se haya alegado antes, ello en modo alguno puede implicar el cierre o la inviabilidad procesal de la cuestión de previo pronunciamiento prevista en el art. 666.3ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, máxime si se tiene en cuenta que, tras ese (y ahora presente) trámite, no existiría ya otro medio con que evitar el enjuiciamiento de unos hechos cuya persecución hubiese devenido jurídicamente imposible. A estos efectos, cabe recordar, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 1992 (y las que cita de 16 de noviembre y 2 de diciembre de 1989, 6 de abril de 1990 y 7 de febrero de 1991).

Lo anterior se señala por cuanto, aunque recientemente se ha pronunciado esa Ilma. Sala precisamente respecto de la prescripción del delito de falsificación de moneda que se imputa a mi representado, ello no puede impedir el planteamiento y resolución del artículo de previo pronunciamiento que ahora se insta.

En consecuencia, procede admitir a trámite el presente escrito y, con ello, abrir el incidente que se insta, como único medio con que dar cumplida satisfacción a los derechos fundamentales de mi mandante a la tutela judicial efectiva, al acceso al procedimiento y a los recursos y medios procesales legalmente establecidos y a la igualdad de armas procesales, dado que, aparte de previsto legalmente, existe un interés legítimo para el planteamiento del presente artículo de previo pronunciamiento por parte de mi representado, quien, de otro modo, se vería injustificadamente privado de su derecho a alegar en el proceso lo que le convenga en el modo y los plazos establecidos en la Ley, máxime cuando de lo que se trata es de que no tenga que sentarse en el banquillo de los acusados para el enjuiciamiento de un delito cuya responsabilidad criminal, en todo caso, se habría extinguido, tal y como pasamos a analizar.

SEGUNDO. Ha prescrito el delito de falsificación de moneda por el que se acusa a mi representado, al haber transcurrido más de quince años desde que aquél se habría cometido sin que se haya dirigido el procedimiento contra D. ………..

Resulta igualmente improcedente el enjuiciamiento de mi patrocinado, dado que ha prescrito el delito de robo del Código penal por el que se le acusa.

Efectivamente, el plazo de prescripción señalado en el art. 131.1 del vigente texto punitivo había transcurrido cuando se dirigió por primera vez el procedimiento contra mi mandante, motivo por el cual ha de acordarse la extinción de su responsabilidad criminal sin necesidad de acudir al juicio oral para ello.

En este sentido, y respecto del inicio del plazo de cómputo de la prescripción, ha de señalarse que, aunque el querellante no señale la fecha en que se habría llevado el delito , ésta no puede ser otra que la concretada en su día por el auto de procesamiento de ….. de ………. de ……, cuando señala que el supuesto delito se habría producido en ………. de …….

Indiscutible así la fecha en que se habría cometido el supuesto delito imputado a mi patrocinado, tampoco puede caber duda de la fecha en que mi mandante fue citado por primera vez en el seno del presente procedimiento, lo que ocurrió el día ….. de ………. de ……. Esa citación provocó la comparecencia de Don defendido por este abogado ante el Juzgado el ….. de ………. de ……, siendo entonces cuando mi mandante fue informado de los hechos que se le imputaban.

Pues bien, hasta ese momento no existe posibilidad de entender interrumpido el correr de la prescripción, por cuanto no se había dirigido procedimiento alguno contra Don defendido por este abogado en los términos exigidos por el art. 132.2 del Código Penal.

Frente a lo anterior, no puede ser óbice el que, en ………. de ……, se interpusiera una querella criminal contra D. ……… por una serie de delitos, dado que, como se señaló en los antecedentes de hecho del presente escrito, en ella no se denunciaba participación de mi patrocinado en delito alguno, ni había ninguna alusión de la que pudiera siquiera sospecharse su responsabilidad por tales delitos.

Señalado así que no fue hasta el ….. de ………. de …… que se citó por vez primera a mi patrocinado como imputado en el seno del presente procedimiento, a esa fecha habían transcurrido en exceso los quince años que para la prescripción del delito establece el art. 131.1 del Código penal, motivo por el que debe acordarse necesariamente la extinción de la responsabilidad criminal de mi mandante, sin posibilidad de exigirle responsabilidad por unos hechos que, por expreso imperativo legal y constitucional, resultan ya de imposible persecución.

Por todo lo expuesto,

SUPLICO A LA SALA: Que teniendo por presentado este escrito, lo admita y:

1.º Tenga por propuesto como artículo de previo pronunciamiento la prescripción del delito de falsificación de moneda imputado a mi patrocinado.

2.º Conforme a la tramitación a que se refieren los artículos 666 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dicte en definitiva resolución por la que se estime la presente cuestión previa y se acuerde declarar extinguida la responsabilidad penal de Don defendido por este abogado en razón de la prescripción del delito por el que resultó encartado, dejando sin efecto el procesamiento acordado y las demás medidas cautelares, personales y reales adoptadas contra el mismo.

Todo ello por ser Justicia que pido en Madrid, a ……………..

Recurso de apelación civil


AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº  DE MADRID

PARA ANTE

LA SALA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

DON …………………………, Procurador de los Tribunales y de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE …………………….. de Madrid, representación que tengo acreditada en Autos de procedimiento ordinario …………../2011, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:

Que mediante el presente escrito, en la representación que ostento, atiendo el emplazamiento hecho por providencia de ……………., notificada el día ………………, por la que se tiene por preparado el recurso de apelación anunciado y se emplaza a esta representación para interponer el escrito de recurso, conforme a los artículos 458 y ss de la LEC. A dicho efecto, cumplimentando el emplazamiento, formalizo RECURSO DE APELACIÓN, contra la sentencia dictada en este proceso el día ………., apoyando el recurso en los motivos de apelación que se expresan en las siguientes:

ALEGACIONES

PRIMERA.- ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

Esta parte conoce que, en todo litigio, la prueba ha de valorarse en su conjunto, sin que sea dable la posibilidad de valorar un documento o un testimonio por sí mismos, cuando dicho documento o testimonio pueda ofrecer conclusiones diferentes, y aún opuestas, de las que se deben obtener de una valoración conjunta de la prueba.

Pero una cosa es eso, y otra bien distinta es que, para redactar un fundamento de hechos probados, como el que figura en la sentencia apelada, señalado con el ordinal primero, se prescinda de valorar pruebas incluidas en los autos y decisivas en el litigio, por el procedimiento implícito de entender que no aportan nada, o no sirven, para la resolución del litigio.

Dicho proceder es, a nuestro modo de ver, contrario a derecho, ya que muchas de las pruebas documentales, cuya valoración se omite por la Sra. Juez de Instancia, demuestran, o permiten demostrar, la equivocación evidente del Juzgador. Así sucede con el error que sufre la sentencia apelada, cuando sostiene en este fundamento primero, como hecho probado, que se hizo a los arquitectos actores una provisión de fondos de ………..euros, a cuenta del encargo de elaborar el proyecto y dirigir las obras de rehabilitación del edificio, siendo así que los documentos que prueban dicha provisión de fondos, los documentos números 11 y 12 de la demanda, expresan literalmente que la provisión de fondos se hace para la realización de un informe – dictamen sobre el estado del edificio, y no a cuenta del encargo de elaborar el proyecto y dirigir las obras de rehabilitación.

Por esta razón, es imprescindible en esta alzada, referirse a los documentos que obran en los autos, que son totalmente contrarios a la conclusión final obtenida en la sentencia apelada y en la que se apoya el fallo pronunciado, para demostrar con ello la equivocación del Juzgador, basada en documentos admitidos como prueba en el litigio.

A

No existe encargo alguno de desarrollar los documentos técnicos necesarios para la ejecución de las obras de rehabilitación del edificio, que haya sido hecho por el administrador de la Comunidad, en virtud del informe desfavorable de la ITE, tal como se relata en el hecho primero de la demanda.

Este antecedente de hecho, falsamente alegado en la demanda inicial, no obstante ser evidente su significación, no es tenido en cuenta, ni como indicio, por la sentencia apelada.

B

Los arquitectos, en su demanda, dicen haber realizado varias visitas de inspección (hecho segundo de la demanda). En los documentos números 21 y 22 de la demanda, que son las facturas que se reclaman, el arquitecto Sr. …………… dice haber realizado un total de ………… visitas, y el Sr, ……………… dice haber realizado un total de dos visitas.

Mi representada sostiene en el litigio, que los arquitectos actores sólo realizaron una visita, la que figura en el documento número 2 de la demanda, que, por cierto, no lleva fecha y fue presentada para su visado por ………….el día 21/10/2011

La sentencia apelada, no obstante lo anterior, admite que se hicieron todas las visitas facturadas, puesto que reconoce como adeudadas todas las facturas, pese a ser evidente que sólo se practicó una y se pretenden cobrar siete más, lo cual, dado el fallo pronunciado, es una equivocación evidente del Juzgador, a la vista de documentos que obran en autos, admitidos como prueba y no impugnados por las partes.

C

El informe de la empresa ………., fechado en ……., el día ………., documento número…………. de la demanda, es un informe sin firmar, aunque en el Juicio fuera ratificado por el representante de esta empresa.

Según la sentencia apelada, consta aportado por los arquitectos el día ………………….. y unido al expediente del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, el documento número 1 de la demanda acredita que el ………….. un técnico que no son los arquitectos actores, reitera la presencia de xilófagos y pudrición en las vigas y las pruebas, llevadas a cabo en el juicio, acreditan que el informe de ……… no fue presentado, ni entregado nunca a la Comunidad, entre otras cosas porque jamás fue firmado.

Consecuentemente, el informe de ………, al que alude el documento número 19 de la demanda y presentado por los actores en el Ayuntamiento de Madrid, no es el informe de ………, por la evidente razón de que el informe de esta empresa (sin firmar) es de Noviembre de 2010; pese a esta evidencia, la sentencia apelada se apoya en este error, para sostener que las actuaciones de los arquitectos actores no incurrieron en incumplimiento alguno del encargo para elaborar el proyecto, del que la actuación anterior es una más de las necesarias para su elaboración.

D

El presupuesto de honorarios profesionales, que los actores presentaron el día ……….., y que figura en el documento número 3 de la demanda, nunca fue firmado, ni aceptado, por la Comunidad.

Esta evidencia, reconocida en el hecho segundo de la demanda, carece de importancia para la sentencia apelada, no obstante ser de sentido común, y más en una comunidad de propietarios, que sin un presupuesto previo, ni se considera que hay encargo alguno, ni quien tiene que prestar el servicio comienza a hacerlo.

E

La sentencia apelada sostiene que se levantaron planos del edificio, apoyándose para ello, en el testimonio del técnico, …………, lo cual utiliza como convicción, para sostener que no hubo incumplimiento por los actores en la prestación del servicio que se les había encomendado.

Esta afirmación de la sentencia apelada, se hace en franca contradicción con el documento número 6 de la demanda, firmado por los propios actores, en cuya nota final se hace constar, que no fue posible el acceso a algunas viviendas, de donde cabe inferir que el testigo Sr. …………… fue muy bien aleccionado, y que la sentencia apelada, por la misma razón, incurre en error al valorar la prueba, cuando considera que los planos de las viviendas se levantaron para la confección del proyecto, porque los propietarios permitieron el acceso a sus viviendas.

F

El proyecto básico de intervención del edificio, fechado ……………, principal partida de las facturas que se reclaman, nunca fue entregado a la Comunidad, ni por supuesto conocido por ella jamás.

A pesar de todo, la sentencia apelada considera que hay que pagarlo; o sea, mantiene, y ya es fuerte, que una comunidad tiene que pagar un proyecto que ni siquiera ha podido leer, hasta que ha sido demandada, ni ha estado jamás en su poder.

Cierto es que ello no constituye error en la valoración de la prueba, pues, al fin, aun sorprendente, es el criterio del Juzgador, distinto del que sostiene esta parte, lo que no evidencia error al apreciar la prueba, sino en todo caso ir en contra de lo que podríamos llamar justicia material.

Pero, en cambio, se trata de un proyecto no visado por el COAM, pese a lo cual la sentencia apelada entiende que acredita que los actores cumplieron con su trabajo. Es obvio, que en cuanto al visado obligado del COAM, no cumplieron con su trabajo, y eso sí es un error en la valoración de la prueba en un litigio en el que se reclaman honorarios.

            El documento número 20 de la demanda es un documento que no merece atención alguna de la Sra. Juez de Instancia. Según la demanda inicial, hecho quinto, es un documento por el que la Comunidad reconoce el encargo hecho al arquitecto Sr. ………………………

Sin embargo, la lectura de este documento proporciona la evidencia de lo contrario, que la Comunidad niega todo encargo al arquitecto para proyectar y ejecutar las obras de rehabilitación, reconociendo, en cambio, el encargo de un informe – dictamen sobre la situación del edificio.

Para la sentencia apelada, lo anterior carece de importancia. Decidida a dar la razón a los arquitectos y no a la Comunidad, no valora en nada esta prueba documental, a pesar de que, no sólo demuestra que mi representada nunca quiso contratar a los arquitectos (aunque en sus Juntas se refiriera al encargo, a ellos hecho, para que informaran del estado del edificio), sino que además el documento demuestra, que el documento número 14 de la demanda, que comunica al COAM la existencia de un encargo profesional, es forzosamente falso, pues da cuenta, el día 18 …………, de un encargo (el de redactar un proyecto básico), ya concluido, toda vez que dicho proyecto es de fecha ……………, conforme al documento número 13 de la demanda.

Todo ello colma, a nuestro modo de ver, el error en la valoración de la prueba, que lleva a la sentencia apelada a concluir, que hubo un encargo a los arquitectos actores para que proyectaran y dirigieran las obras de rehabilitación.

H

            El documento número 10 del escrito de contestación a la demanda, viene a demostrar, más si cabe, que la Comunidad no contrató a los actores para proyectar y dirigir las obras.

Este documento, para la sentencia apelada, sólo merece una atención meramente formal. Dice la sentencia, “sin perjuicio de que ante el Colegio Profesional deba acompañarse a los informes y proyectos la hoja de encargo correspondiente”.

La realidad es distinta. El COAM, cuyo criterio no cuenta para la sentencia apelada, al menos para cuestiones de fondo, sostiene que la Comunidad confirma que no había contratado a los arquitectos y, por esa razón, resuelve visar el proyecto de otro facultativo y archivar para constancia los expedientes de los arquitectos actores.

En la valoración de esta prueba documental, de nuevo se comete un error, pues es patente que el COAM, sin cuya intervención, ni se puede redactar un proyecto, ni dirigir unas obras, sí concede virtualidad, y decisiva, a las hojas de encargo profesionales, o sea, al arrendamiento de los servicios de sus colegiados, hasta el punto de que niega a los arquitectos actores la posibilidad de ejecutar el supuesto encargo.

I

            Los documentos números 21 y 22 de la demanda, son las facturas presentadas al COAM por los arquitectos actores, las facturas, cuyo importe ……………… se reclama en este litigio y que la sentencia apelada condena a esta parte a pagar en su totalidad.

Sin embargo, estas facturas contienen dos conceptos, que son el levantamiento gráfico del edificio y las visitas de inspección realizadas, los cuales, aun en el supuesto de que la tesis de la sentencia apelada (la existencia del encargo) hubiera resultado probada, no deberían haberse incluido en la condena pronunciada.

Ambas partidas alcanzan la suma de ………… euros y se debieron descontar del importe reclamado, porque corresponden al levantamiento de los planos del edificio que, según la propia demanda, no se pudo hacer porque varios propietarios negaron el acceso a sus casas, y porque corresponden a ocho visitas de inspección de las que sólo se realizó una, conforme a la prueba obrante en los autos.

La sentencia apelada se olvida, omite valorar esta prueba, y eso le lleva a pronunciar una condena para pagar trabajos que ni siquiera han sido hechos, cualquiera que fuera el testimonio del Sr. ……………..

De otro lado, tampoco la sentencia apelada tiene en cuenta, que tales facturas no se presentaron nunca a la Comunidad. Es decir, de la prueba practicada resulta que, aunque la Comunidad hubiera deseado pagar, jamás podría haberlo hecho, pues, no contando con presupuesto alguno, ni conociendo los baremos de honorarios del COAM, era imposible que pudiera saber lo que tenía que pagar a los actores, hasta que fue informada por el Colegio, en una comunicación de …………., a la que ni siquiera se acompañan las copias de las facturas, para poder ser examinadas y, en su caso, discutidas.

Añádase, a más abundamiento, que ninguna de las dos facturas lleva fecha, ni tampoco visado del COAM, y habrá que concluir, que la sentencia apelada estima que se deben pagar facturas sin fechar y desconocidas por su destinatario, lo que obviamente, es un error al valorar la prueba.

J

            Por último, es preciso hacer referencia a los documentos números 3 y 5 de la contestación a la demanda.

El primero es un documento fechado en ……………, y el segundo es un documento de fecha ………….

La sentencia apelada valora el primer documento, sosteniendo que es “un borrador o propuesta para la formalización por escrito de la relación contractual” que “a criterio de los Colegiados era una mera propuesta pendiente de negociación con la Comunidad de Propietarios”.

A pesar de que el texto del documento dice, textualmente, que no se puede considerar, ni siquiera como propuesta, lo evidente es que para la sentencia apelada lo es, porque así lo valora y dice, y, en tal caso, debería haber reconocido, para valorar correctamente esta prueba, que la propuesta estaba pendiente de negociación con la Comunidad y que, por lo mismo, las cantidades a pagar habían de surgir del resultado de esa negociación. Lejos de ello, la sentencia apelada condena a pagar todo lo incluido por los arquitectos en su propuesta, olvidando que estaba sujeta a una negociación previa que jamás se llevó a cabo.

El error en la valoración de la prueba es, en este punto, palmario, pues parece evidente que la propuesta sí que afecta a la existencia de la relación contractual, al menos en lo referente a su contenido, a saber, qué servicios habían de prestarse, qué precio había que pagar por ellos, qué forma de pago se convenía, etc.

El segundo documento, ni siquiera se tiene en cuenta por la sentencia apelada. Sin embargo, es un documento fechado el día …………….., que es el mismo día de la Junta en que la Comunidad decidió prescindir de los servicios de los arquitectos. Su contenido no deja lugar a dudas: los arquitectos piden que se les confirme el encargo de redacción del proyecto (es asombroso que en esa fecha ya estuviera redactado conforme lo prueba el documento número 13 de la demanda) o la voluntad de prescindir de sus servicios; y advierten que si transcurridos siete días desde la recepción del presente escrito, no recibimos contestación al mismo de forma fehaciente, entenderemos que desean rescindir la contratación producida.               A nuestro juicio, es obligatorio valorar el documento, ya que, sin perjuicio de pedir que se confirme un encargo ya realizado, permite a la Comunidad prescindir de los servicios de los arquitectos, que fue lo que hizo en la Junta del mismo día, visto que no había recibido ninguno de los servicios que la sentencia apelada dice que había contratado.

Este error en la valoración de esta prueba lleva a la sentencia a entender que no hubo incumplimiento alguno de la relación contractual, por parte de los arquitectos.

El conjunto de los anteriores documentos permite demostrar la equivocación del Juzgador al valorar la prueba, basándose en documentos, no aportados por esta parte, sino unidos por la propia parte actora y que son contrarios a lo alegado en la propia demanda inicial del litigio.

El error en la valoración de la prueba conduce a la sentencia apelada a pronunciamientos contrarios a lo que resulta de la prueba practicada, valorada en su conjunto. Este resultado, en definitiva, deber ser, considerar acreditado, que la Comunidad no quiso nunca contratar a los arquitectos para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, sin antes conocer cuáles habían de ser los servicios a prestar y cuál había de ser el coste a soportar para ultimar la rehabilitación del edificio.

SEGUNDA.- LA EXISTENCIA DEL ENCARGO DE REDACTAR EL PROYECTO Y REALIZAR LAS OBRAS.

Sobre esta cuestión, la sentencia apelada se pronuncia en el fundamento de derecho “segundo”, concluyendo que sí existió este encargo, no obstante la negativa de la Comunidad a reconocerlo.

A modo de cuestión preliminar, habría que ponderar, porque es contrario a toda lógica, cómo es posible que una Comunidad de Propietarios, obligada a realizar la rehabilitación de su edificio y que no tiene facultativo alguno entre sus miembros, niegue la existencia de un encargo a unos arquitectos y decida encargar los trabajos a otro, siendo así que, para los intereses comunitarios, lo mismo da uno que otro, pues el coste, en uno y otro caso, ha de ser el mismo. Lo lógico es entender que, si la Comunidad niega la existencia del encargo, es porque su voluntad fue no contratar con los arquitectos actores y ello porque, cuando se les pidió que informaran sobre el estado del edificio, que dijeran que es lo que había que hacer, y que presupuestaran lo que iba a costar, los arquitectos no lo hicieron, o lo hicieron mal, y ello llevó a la Comunidad a prescindir de sus servicios, porque, en su conciencia, nunca había consentido la relación contractual que la sentencia apelada da como existente.

Siendo imprescindible el consentimiento en todo contrato, es obvio que en este caso faltó, por mucho que la sentencia apelada entienda que existe un contrato, porque, aun sin forma escrita, la Comunidad consintió en su otorgamiento.

Dicho lo anterior, la sentencia considera la existencia del encargo, en virtud de lo consignado en las actas de las Juntas, de .………. (en la sentencia consta ……….., pero eso es un error como lo demuestra el documento número 7 de la demanda) y de ………., también acompañada como documento número 4, esta vez de la contestación de la demanda; también del pago de ………… euros hecho por la Comunidad el ……….

En el juicio celebrado, constan testimonios, el de D. ……….. de que en la Junta de ……………, lo que los comuneros reunidos acordaron, fue que los arquitectos ultimaran un informe sobre el estado del edificio que se les había pedido, para una vez concluído, examinar el presupuesto de las obras y encargar a los arquitectos, que para eso se les ratificaba, la realización de todo lo necesario, proyecto incluido, para acometer las obras de rehabilitación.

Otra cosa es cómo se redactó el acta, en la que las palabras empleadas demuestran la buena fe de unos comuneros, que sabiendo lo que habían acordado no prestaron la debida atención (que en cambio sí le presta la Sra. Juez de Instancia para quien las palabras son antes que la voluntad) a las palabras, proyecto y dictamen, que figuran con mayúsculas en el acta, lo que ha llevado a la sentencia apelada a entender que la Comunidad no dice la verdad y que distingue perfectamente entre proyecto y dictamen.

Sin embargo, del acta se desprende, que el informe – dictamen, “adolece de concreciones … especialmente las que se refieren al estado de la cimentación… cuyos estudios se iniciarán dentro de la semana entrante… y cuyo resultado será de general conocimiento tan pronto obren en poder de la Junta de Gobierno”.

Es decir, el informe dictamen entregado a la Comunidad NO ESTABA TERMINADO, al contrario de lo que sostiene y dice la sentencia apelada, cuando afirma, no sabemos con qué base, que “la Comunidad asume como realizado el informe dictamen sobre las patologías del edificio que fue visado por el COAM el ……………”.

Y si el informe no estaba terminado y como dijeron los arquitectos en esa Junta, tales estudios deben ir plasmados en el obligatorio proyecto, los comuneros tenían derecho a interpretar que, sólo una vez terminado el informe, contratarían con los arquitectos la redacción del proyecto y la ejecución de las obras y,  por esa razón, les ratificaron.

Es, por tanto, perfectamente admisible, y aun lógico, que los comuneros consideraran que, sin la terminación del informe, no se podía encargar el proyecto, sobre todo porque ninguno sabía lo que iba a costar, lo que les llevó a hacer una provisión de fondos de ………., a fin de que el informe se terminara y se pudiera encargar el proyecto, que es lo que estaban deseando que se realizara.

El absoluto silencio de los arquitectos actores, desde la Junta de Noviembre de ……….., confirma que los comuneros tenían razón, más allá de que la redacción del acta no fuera feliz.

Todos los actos coetáneos y posteriores a la Junta de ………., que llevó a cabo la Comunidad, confirman que su voluntad, y su creencia de buena fe, fue entender que habían ratificado a los arquitectos, para que ultimaran sus gestiones, para que les dijeran lo que tenían que hacer, y para que les informaran de los costes que tenían que soportar, y que por lo mismo, sólo después de ultimado el informe y las gestiones, podrían contratar con ellos para hacerles el encargo de redactar el proyecto y de realizar las obras de rehabilitación.

Por ese motivo, en la Junta de ………….., toda vez que no habían recibido información alguna de los arquitectos, los comuneros decidieron rescindir sus relaciones con ellos, pese a haber hecho y perdido una provisión de fondos de ………….. euros para completar el informe y poder contratar la redacción del proyecto y la ejecución de las obras.

En esta Junta de …………., en el punto ……….del orden del día, la Comunidad acordó rescindir la relación que había mantenido con los actores, fundamentalmente, y ello se puede comprobar en la redacción del acta, porque no conocían las condiciones del contrato, ni el precio del proyecto, ni el precio de los estudios, ni los plazos de ejecución, nada en definitiva, y eso que habían transcurrido cuatro meses desde la Junta de Noviembre. También acordó no volver a pagar nada más por el informe encargado, revelando que los comuneros estaban en la creencia de que, sin terminar dicho informe no cabía la contratación para proyectar y ejecutar las obras, puesto que se desconocían el contenido, las condiciones y el precio del encargo.

La sentencia apelada se refugia en la redacción del acta y no admite interpretación alguna, distinta de la literalidad de su texto, que emplea inadecuadamente las palabras y, queriéndose referir al contrato no otorgado, a las relaciones contractuales en definitiva (entre las que estaban el informe y el futuro proyecto), se refiere al encargo del proyecto, como si éste hubiera sido hecho, aun sin conocer ni siquiera su precio ni condiciones.

Por eso, la Sra. Juez de Instancia abunda, en su sentencia, diciendo que la Comunidad distingue entre informe y proyecto y considera a ambos independientes, lo cual es cierto, pero ambas actas, la de …………….., prueban también que la Comunidad siempre entendió que el informe era previo al proyecto y que sin aquél, no cabía contratar éste, esencialmente porque se desconocían el texto y las condiciones del encargo.

Si ahora se tiene en cuenta, que todos los actos coetáneos, anteriores y posteriores a ambas reuniones de la Junta, revelan a las claras que la Comunidad nunca entendió que había formalizado su relación contractual con los arquitectos, habrá que convenir, que la interpretación de la sentencia apelada no se ajusta a derecho, ex artículos 3, 1.281 y 1.282 del Código Civil, toda vez que la intención de mi representada nunca fue encargar a los arquitectos actores la proyección y ejecución de unas obras, sin conocer el contenido, las condiciones y el precio de encargo.             Por otro lado, la sentencia apelada justifica su pronunciamiento, con el hecho de que, no suscribir un documento específico de arrendamiento de servicios, no debe suponer que no exista relación contractual, pues este contrato es un contrato para cuya existencia no se requiere la forma escrita.

Admitimos que el arrendamiento de servicios no requiere una forma escrita, pero junto a esto, primero, el COAM exige la existencia de una hoja de encargo y se preocupa de que exista siempre, aunque la Sra. Juez de Instancia minimice este tema, diciendo, sin perjuicio de que ante el Colegio Profesional haya que acompañar una hoja de encargo; y segundo, tanto la Comunidad, como los arquitectos actores, siempre consideraron que la forma escrita era necesaria.

La Comunidad así lo consideró, porque es impensable que, sin redactar un contrato, en el que aparezcan claras las condiciones y sobre todo el coste de los servicios (al menos un presupuesto aceptado), se pueda entender que había sido formalizado un contrato en su forma oral. Y los arquitectos, singularmente, también, puesto que remitieron una propuesta por escrito a la Comunidad, para que ésta la firmara, anularon esa propuesta y mandaron una segunda (documentos 3 y 5 de la contestación a la demanda), revelando, a las claras, su creencia de que el arrendamiento de servicios había de tener forma escrita, toda vez que, de otro modo, nunca habrían anunciado que, en caso de que la Comunidad no firmara en siete días, darían por rescindida la relación mantenida.

Consecuentemente, es contrario a derecho, en el litigio que nos ocupa, el fundamento de la sentencia apelada, basado en que el arrendamiento de servicios no requiere forma escrita, porque la intención de los contratantes fue exactamente la contraria.

Por todo ello, el presente motivo de apelación, basado en que el encargo de proyectar y ejecutar las obras no llegó a existir nunca, debe ser estimado, a la vista de que la intención de ambas partes fue redactar un contrato expreso que regulara las actuaciones a realizar, los servicios a prestar y su coste, por lo que, no habiéndose llegado a formalizar, no cabe entender que el encargo existió.

TERCERA.-  EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES POR LOS ARQUITECTOS ACTORES.

La sentencia apelada parte de la existencia del contrato de arrendamiento de servicios, entre la Comunidad y los arquitectos, para el proyecto y ejecución de las obras, y, por eso, analiza en su fundamento tercero, si hubo o no incumplimiento que implique la improcedencia de la reclamación efectuada.

Es evidente, que si no hubo encargo para proyectar y dirigir las obras, no cabe hablar de incumplimiento, pero, aunque hubiera existido el encargo, según el parecer de la Sra. Juez de Instancia, tampoco los arquitectos actores habrían cumplido con sus obligaciones.

La sentencia apelada basa su criterio de que no hubo incumplimiento, en que el …………., el técnico de TECMA hizo una visita al edificio y emitió un informe, el día ……………., informe que está unido al expediente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por aportación de los arquitectos de fecha …………..; en que el arquitecto, Sr. Holgado, confirmó en juicio, que tomó los datos para levantar los planos del edificio entrando en todas las viviendas, planos que se unieron al proyecto básico; en que el representante de TECTISA, Sr. de la Llave, ratificó el presupuesto de ……………. (documento número 9 de la demanda); en que el informe dictamen ya se había realizado y los informes anteriores, que eran necesarios, se unieron para la elaboración del proyecto; y en que no hay retraso en el cumplimiento de estas obligaciones.

En relación con el informe de TECMA de .……………, documento número 8 de la demanda, es un informe sin firmar (ya es lamentable que se conceda virtualidad a un documento anónimo), pero sobre todo, que jamás fue entregado a la Comunidad. O sea, los arquitectos lo encargaron, pero después, nunca lo trasladaron a la Comunidad, que lo ha conocido cuando recibió la demanda inicial del litigio. Si ésta era una de las obligaciones de los arquitectos, ciertamente no cumplieron con ella, aunque el día ……………. lo aportaran a la Gerencia, para justificar, de alguna manera, lo que habían hecho, después de conocer que el ……………… la Comunidad había decidido prescindir de sus servicios.

En lo referente a los planos del edificio, levantados por el Sr. …………, está acreditado en los autos, no obstante el testimonio en juicio de este señor, que no pudo entrar en todas las viviendas, pues muchos propietarios denegaron el acceso. Por tanto, no fueron los planos, por él elaborados, los que supuestamente se unieron al proyecto básico, a menos que reprodujera los de las viviendas a las que no pudo acceder, copiando los de las otras. Por lo mismo, carece de sentido que una actuación de este tipo se considere como prueba del cumplimiento de sus obligaciones por los arquitectos actores.

En lo que toca al informe de …………… documento número 9 de la demanda, al menos está firmado. Es un presupuesto sobre materias nunca explicadas a la Comunidad, pero, sobre todo, que no le fue entregado nunca, pese a ir dirigido a ella. Cabe preguntarse, si es una parte de las obras de ejecución para la rehabilitación, si es una parte del presupuesto general de las actuaciones a realizar, si es el presupuesto de todas las obras, etc. Nadie lo ha explicado, y como la Comunidad ha conocido este documento, al recibir la demanda, es imposible estimar que se trata de una prueba del cumplimiento de sus obligaciones por los actores, quienes, cuando menos, y así lo deberían haber probado en los autos, debieron explicar a la Comunidad de qué se trataba.

En cuanto al informe dictamen, ya hemos aludido a él en este escrito de recurso. Al contrario de lo sostenido en la sentencia apelada, el acta de la Junta de …………….prueba, sin lugar a dudas, que el informe no fue terminado, porque adolecía de concreciones que había que adicionar al dictamen, por lo que, tampoco en este punto, se pueden entender cumplidas sus obligaciones por los arquitectos, toda vez que sin el repetido informe, debidamente ultimado, era imposible que la Comunidad conociera, qué actuaciones necesarias habían de unirse para elaborar el proyecto.

A la vista de todo lo anterior, parece patente que es imposible considerar cumplidas sus obligaciones por los arquitectos, en orden al proyecto y ejecución de las obras, al menos desde la posición de la Comunidad, puesto que no le fue entregado informe alguno y fue mantenida en absoluto silencio, entre ……………., fecha ésta última, en la que, a la vista de que nada se sabía de los arquitectos, se vio obligada a acordar prescindir de sus servicios.

Cierto es que, todavía en esa fecha de …………., la Administración no había fijado plazo alguno para comenzar las obras, pero también es cierto, que el …………… la Comunidad ya conocía la necesidad imperiosa de realizar las obras de rehabilitación y que el 16/5/2002 se solicitó a la Comunidad, que fuera acreditada la realización de las obras (folio 47 del mismo expediente), aunque fuera el Decreto de ………………….

Júzguese entonces, la inquietud justificada de todos los comuneros, cuando, reunidos en Junta ……….., no sabían nada de los arquitectos desde hacía cuatro meses, y se concluirá que, lejos de lo que sostiene la sentencia apelada, los arquitectos, tal vez cumplieron su trabajo (mi patrocinada no tuvo constancia de ello hasta recibir la demanda de estos autos), pero incumplieron sus obligaciones frente a la Comunidad, a quien tenían el deber de informar y con quien tenían la obligación de contratar, en virtud de la confianza que se les había ratificado en la Junta de ………….

Nos queda por examinar la cuestión de, si en la Junta de ………….., la Comunidad debió acordar la práctica de un requerimiento a los arquitectos, anunciando su voluntad de prescindir de sus servicios, cuestión a la que alude la sentencia apelada, en el postulado final de su fundamento tercero.

Tal vez debió hacerlo, pero ello no puede implicar que, por ese solo motivo, deba sufrir la condena pronunciada en su contra, pues, de un lado, su intención, como hemos visto, era contratar con los arquitectos el proyecto y realización de las obras y los arquitectos lo habían hecho imposible, por no informar a la Comunidad de cuáles habían de ser las condiciones del contrato y su precio; y de otro, los propios arquitectos, en su comunicación de ………………, documento número 5 de la contestación a la demanda, anunciaban que, si no se les contestaba en un plazo de siete días, considerarían rescindidas las relaciones contractuales.

Por todo lo expuesto, también el presente motivo debe ser estimado, si fuera desestimado el anterior, ya que la calificación de la relación contractual y su supuesto otorgamiento en su forma verbal, no debe impedir concluir, vistos los documentos que obran en los autos, que los arquitectos actores incumplieron las obligaciones que habían asumido frente a la Comunidad.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito con su copia, se sirva admitirlo, y teniendo por cumplimentada la providencia citada en cabecera, tenga por interpuesto RECURSO DE APELACIÓN contra la sentencia dictada en estos autos, dando a las actuaciones el curso que corresponda, para su elevación, previo el trámite oportuno a la Audiencia Provincial de Madrid para la resolución del recurso; y

SUPLICO A LA SALA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, que teniendo por interpuesto RECURSO DE APELACIÓN contra la sentencia dictada en los autos de procedimiento ordinario …………… del Juzgado de Primera Instancia Nº …………… de Madrid, previo el trámite oportuno y en mérito a los motivos de apelación que preceden, dicte sentencia, estimando el recurso y revocando en todas sus partes la dictada en la Instancia.

Por ser de justicia que pido en Madrid, a

El procurador                     el Letrado

………………………

recurso apelacion mercantil


MODELO DE RECURSO DE APELACIÓN (MERCANTIL)

 

ANUNCIO DE PRESENTACIÓN RECURSO APELACIÓN MERCANTIL ORDINARIO ………/2……….. AL JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE LOS DE ………. DON ………….., Procurador de los Tribunales y de la compañía mercantil ……. S.A., según tengo debidamente acreditado en los autos de referencia, ante el Juzgado comparezco y como mejor en Derecho proceda, DIGO:

Que mediante el presente escrito y en tiempo y forma procesales y de conformidad con lo que al efecto dispone el artículo 457 de la vigente Ley de Ritos, vengo a preparar recurso de apelación contra la sentencia dictada el .. de ……….. de 2007, notificada el día ….., por considerar que la misma es contraria a derecho, y todo ello de conformidad con lo siguiente:

PRIMERO.- Se prepara ante el Juzgado que ha dictado la sentencia, en este caso el Juzgado de lo Mercantil número … de los de ………..

SEGUNDO.- Se presenta en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, a contar desde el día ……… de 2…, fecha en la que se produjo la efectiva notificación a esta parte.

TERCERO.- Finalmente, y conforme al ordinal tercero del mencionado artículo 457, se manifiesta la expresa voluntad de recurrir la sentencia en toda su integridad, es decir, los cinco Fundamentos de Derecho en que se articula, así como muy especialmente el Fallo. Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito con su copia, se sirva admitirlo y de conformidad con lo expuesto en el cuerpo del mismo, tenga por preparado recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº .. de ………….. de fecha …. de ………. de 2…….., notificada el día …., y tras los trámites procedimentales oportunos, dicte resolución admitiéndolo y concediendo a esta parte el plazo de veinte días hábiles para su correspondiente interposición, de conformidad con cuanto al efecto disponen los artículos 456 y 457 de la LEC, y todo ello por ser así de justicia que respetuosamente pido en ………….. a……………..de…………………….

ESCRITO DE PREPARACIÓN DE RECURSO DE QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN


ESCRITO DE PREPARACIÓN DE RECURSO DE QUEJA POR DENEGACIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MADRID

D./Dª ……………….., Procurador de los Tribunales, colegiado num. ……………….., en nombre y representación de D./Dª ……………….., conforme tengo acreditado en los autos de juicio ……………….. num. ……………….. sobre ……………….., bajo la dirección técnica del Letrado D./Dª ……………….., colegiado num. ……………….. del Ilustre Colegio de Abogados de ……………….., como mejor proceda en Derecho,

DIGO:

Que con fecha ……………….. se me ha notificado el auto dictado por el Juzgado al que me dirijo en fecha ……………….., por el que se deniega la preparación del recurso de apelación formulado por esta parte contra la sentencia dictada en el presente proceso por el Juzgado al que me dirijo con fecha ……………….., y estimando dicho auto lesivo y perjudicial, dicho sea en términos de estricta defensa, para los intereses de mi representado, es por lo que, conforme a lo indicado en el artículo 494 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante L.E.C.), por medio del presente escrito vengo a PREPARAR RECURSO DE QUEJA, contra el referido auto. Este escrito se funda en las siguientes:

 ALEGACIONES

PRIMERA.-El recurso de queja contra el auto dictado en fecha ……………….., se ha preparado, según lo dispuesto en el artículo 495 de la L.E.C., mediante la presentación del presente escrito dentro del quinto día siguiente al que se notificó a esta parte el referido auto denegatorio del recurso de apelación intentado, que ahora se impugna.

SEGUNDA.-La mencionada resolución recurrida incurre en una infracción consistente en (se consignará la infracción en que incurre la resolución recurrida a juicio de la parte recurrente, y las razones y argumentos jurídicos que se alegan para ello.)

TERCERA.-En virtud de lo anteriormente manifestado es procedente la reposición del auto recurrido y, en su consecuencia, admitir la preparación del recurso de apelación formulado por esta parte contra la sentencia dictada con fecha ……………….., en el presente procedimiento por el Juzgado al que me dirijo. Por todo lo cual,

SUPLICO AL JUZGADO,que teniendo por presentado este escrito junto con el justificante de traslado del mismo y documentos aportados a la parte contraria, se sirva tener por preparado recurso de queja y por solicitada la reposición del auto impugnado de fecha ……………….., y una vez verificados los trámites legales oportunos se dicte resolución por la que se dé lugar a la reposición planteada y se acuerde tener por preparado el recurso de apelación mencionado contra la sentencia dictada en fecha ……………….. en los presentes autos, emplazándose a esta parte por término de veinte días para que interponga en legal forma el meritado recurso de apelación.

Es de Justicia que pido en ……………….. , a ……………….. de ……………….. de ………………..

OTROSÍ DIGO,para el supuesto de que no se diera lugar a la reposición del auto que se tiene interesada, se solicita que por el Secretario del Juzgado se nos haga entrega de los testimonios de las resoluciones impugnadas, al objeto de poder presentar el recurso de queja ante el tribunal competente para resolverlo.

SUPLICO AL JUZGADO,que se haga entrega a esta parte de los testimonios mencionados, con expresión en los mismos de la fecha de entrega, para ser aportados junto con el recurso de queja ante el tribunal competente para resolver dicho recurso. Es justicia que reitero en lugar y fecha ‘ut supra’. Firma de Abogado y número de colegiado: ……………….. Firma del Procurador:

Esquema del recurso de queja

Recurso de revisión penal


Recurso de revisión penal

Primero señalar que para muchos, la revisión no es un verdadero recurso.

El recurso de revisión es un tipo de recurso que tan solo pueden interponer los abogados en los casos de sentencias firmes. O sea, cuando no se pueden interponer ningún tipo de recurso ni ordinario ni extraordinario. Lo regula el art. 954   de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por lo que solo cabe interponer recurso de revisión cuando el procedimiento sea cerrado definitivamente.

¿En qué puede basarse?

En la aparición o descubrimiento de nuevas pruebas que demuestren que el fallo es erróneo. Pero no cabe el posible error en la valoración de una prueba ya aportada e interpretada en el procedimiento.

La competencia para conocer el recurso de  revisión la tiene la Sala de lo penal del Tribunal Supremo.

Sólo se pueden recurrir las sentencias condenatorias.

En qué casos:

–          Cuando existan condenas contradictorias acerca del asunto juzgado

–          Homicidio inexistente.

–          Falsedad o prueba prohibida

–          Nuevos hechos

Es obligatoria la intervención de abogado y procurador y del plazo para presentarlo nada se dice por lo que se entiende que no hay plazo.

Todo lo respecto a cómo proceder en la interposición de éste recurso  aparece en el art. 959. De la LECrim.

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