COMISIÓN EUROPEA Bruselas, 8.6.2011

COM(2011) 326 final 2011/0154 (COD)

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

 sobre el derecho de acceso a un abogado en los procesos penales y el derecho de comunicación en el momento de la detención {SEC(2011) 686 final} {SEC(2011) 687 final}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIÓN

 1. La presente propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo tiene el objetivo de fijar una serie de normas mínimas comunes sobre el derecho de los sospechosos y los acusados en los procesos penales de toda la Unión Europea a tener acceso a un abogado y a comunicarse en el momento de la detención con un tercero como, por ejemplo, un familiar, un empleador o una autoridad consular. Esta propuesta constituye el siguiente eslabón en la cadena de medidas que determina la Resolución del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos penales de los sospechosos o los acusados en los procesos penales, adjunta al Programa de Estocolmo aprobado por el Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2010. En ese plan de trabajo se invita a la Comisión a que presente sus propuestas de forma gradual. Por lo tanto, la presente propuesta debe considerarse parte de un paquete legislativo completo que se irá presentando a lo largo de los próximos años y que garantizará una serie de derechos procesales mínimos en los procesos penales de la Unión Europea. La cuestión de la asistencia jurídica gratuita que, en el plan de trabajo, aparecía ligada a la del acceso a un abogado, merece una propuesta separada debido a su especificidad y complejidad.

2. El primer paso lo constituye la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales1.

 3. El segundo paso lo representará una Directiva –cuya propuesta de la Comisión2 se halla actualmente en fase de negociación– relativa al derecho de información en los procesos penales, que fijará las normas mínimas que configuran el derecho de los acusados a recibir información sobre los derechos que les asisten y sobre la acusación que pesa sobre ellos, así como a acceder a su expediente.

4. La presente propuesta, al igual que las dos medidas recién citadas, pretende ampliar los derechos de los sospechosos y los acusados. La existencia de unas normas comunes mínimas que gobiernen esos derechos deberá reforzar la confianza recíproca entre autoridades judiciales y, de ese modo, facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. La existencia de cierto nivel de compatibilidad entre las legislaciones de los distintos Estados miembros es un factor crucial para mejorar la cooperación judicial en la UE.

5. La presente propuesta se basa en el artículo 82, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Según establece ese artículo, «en la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer normas mínimas mediante directivas adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.

Estas normas mínimas tendrán en cuenta las diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros. 1 DO L 280 de 26.10.2010, p. 1. 2 COM(2010) 392 final de 20.7.2010.

Estas normas se referirán a:

 a) la admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miembros;

b) los derechos de las personas durante el procedimiento penal;

c) los derechos de las víctimas de los delitos;

d )[…].»

 6. El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la Carta) establece el derecho a un juez imparcial. El artículo 48 garantiza los derechos de la defensa y tiene el mismo sentido y alcance que los derechos garantizados por el artículo 6, apartado 3, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (también denominado Convenio Europeo de Derechos Humanos, CEDH)3. Según el artículo 6, apartado 3, letra b) del CEDH, todo acusado de un delito tiene derecho a «disponer del tiempo y las facilidades necesarias para la preparación de su defensa», mientras que el artículo 6, apartado 3, letra c), de dicho Convenio consagra el derecho a «defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección».

 El artículo 14, apartado 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)4 contiene disposiciones muy similares. Tanto el derecho de acceso a un abogado como el derecho de comunicación en el momento de la detención ofrecen garantías formales contra los tratos degradantes y, por lo tanto, suponen una salvaguardia respecto de la posible infracción del artículo 3 del CEDH (prohibición de la tortura). El derecho a la comunicación en el momento de la detención promueve el derecho al respeto de la vida privada y familiar que consagra el artículo 8 del CEDH. Por su parte, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (CVRC) de 19635 establece que, tras su arresto o detención, los extranjeros tienen derecho a solicitar que su consulado sea informado de tal detención y a recibir visitas de los funcionarios consulares.