Las Tasas Judiciales al Tribunal Constitucional


La Audiencia Nacional lleva al Constitucional las nuevas tasas judiciales

tasas judiciales

Los jueces de la Audiencia Nacional llevan ante el Tribunal Constitucional las nuevas tasas judiciales, a raíz de una demanda que ha sido presentada por un mercantil. Ésta eleva una cuestión de inconstitucionalidad ante el tribunal de garantías que se aplica en la ley de tasas judiciales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha considerado que el pago de estas tasas priva en acceso de los ciudadanos a la justicia, puesto que no se ha pensado en la mayoría de la población. Consideran, por tanto, que podría ser inconstitucional.

En un auto, los magistrados de la Sección Séptima acuerdan preguntarle al Tribunal de Constitucional acerca de la constitucionalidad de las tasas que han sido promovidas por el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón, ante el recurso que presentó la mercantil Préstamos y Javaloyes S.L.U.  Para llevar a cabo esta cuestión al tribunal de garantías que decida si las nuevas tasas son compatibles con la Carta Magna, pues al entender éstas podrían quebrantar varios preceptos de la misma.

En la resolución judicial se admite que la exigencia de una tasa que se encuentre dentro de ciertos límites, procedimientos y circunstancias y que es perfectamente constitucional, más sin embargo advierte de que no puede serlo el hecho de que este gravamen condicione a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la jurisdicción y de poder obtener tutela judicial. Creen que el fin que persigue el Gobierno, es lícito, pero también señala que las consecuencias del incumplimiento de este pago de tasas obstaculiza el acceso a la justicia, siendo esto un “impedimento innecesario y no justificado”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo en este caso entiende que la ley no tiene en cuenta la proporcionalidad que se debe regir en el fin perseguido, como es la financiación por parte de la Administración de Justicia y los principios de la capacidad económica, los cuales son la igualdad, la equidad y la justicia que debe presidir en todo sistema tributario, tal y como consta el artículo 31 de la Constitución Española. En este punto, también recuerda que la asistencia jurídica gratuita no alcanza para la mayoría de la población y avisa de que la cuantía en algunos casos resulta “desproporcionada”, lo cuál  pone de relieve la reducción de asuntos que se están produciendo ya en el orden de lo Contencioso.

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