La Policía podrá usar ‘troyanos’ para espiar a los delincuentes

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Se ha desatado la crítica de los expertos, por considerar que la redacción del anteproyecto del Código Penal Procesal infringe derechos fundamentales al ser autorizado el uso de software espías por parte de las fuerzas de seguridad. Según asegura Alonso Hurtado, uno de los socios del área de tecnología de información del bufete Ecija, “Ni el Consejo de Estado ni el Tribunal Constitucional darán el visto bueno al artículo 350 del anteproyecto del Código Penal Procesal”.

Con esto, el abogado se refiere a la posibilidad de instalar troyanos en los ordenadores de las personas investigadas, puesto que el Ministerio de Justicia quiere con la autorización de un juez permitir la utilización de este tipo de software, que es habitualmente utilizado por los hackers, para poder acceder sin conocimiento del titular y de manera remota, a la información que se encuentra en los dispositivos del supuesto delincuente. Sin duda, esto se trata de un arma de indudable utilidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pudiendo crear un choque con los considerados derechos fundamentales, además de los problemas de constitucionalidad.

Este borrador ha sido encargado por el departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón, que permite a los jueces que autoricen a los cuerpos de policía a la instalación de troyanos en todos los dispositivos de las personas investigadas por delitos con penas superiores a los tres años, para el terrorismo, el ciber-crimen y el crimen organizado, siempre y cuando el juez justifique la proporcionalidad de tal intervención. Hasta este momento, sólo Alemania había aprobado una regulación de este tipo, aunque solo en casos de terrorismo.

Sin embargo, Alonso Hurtado explica que aunque entiende la razón de plantear una posibilidad de esta índole con el fin de que las fuerzas de seguridad puedan contar con las mismas herramientas que son utilizadas por los delincuentes, aún así no está conforme con la redacción del anteproyecto del Código Penal Procesal, la cual dice es inaceptable. La considera demasiado genérica y abierta, por lo que podría dar lugar a muchos equívocos, tirando por tierra derechos tan fundamentales como el derecho a la intimidad o el secreto de comunicaciones.

En el Consejo General de la Abogacía Española consideran positivo que en el nuevo Código Procesal Penal se apueste por las nuevas tecnologías, pero creen que es un tema delicado la intervención remota de ordenadores. Desde el CGAE aseguran que para que se autorice esta diligencia debe aprobarse con un objeto concreto y determinado, puesto que con tales intervenciones se podría dar lugar a vulnerar el derecho a la intimidad. Por esta razón, para que el borrador de anteproyecto sea aprobado por un juez debe tener unos requisitos muy rigurosos, explica el catedrático de Derecho Procesal Nicolás González-Cuéllar. Además, según añade, esta resolución debe delimitar muy bien aquello que la policía puede o no puede hacer.  Esta posibilidad ha creado una gran polémica en el país ya que podría aprobarse a finales de este año.

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