La Junta de Andalucía sigue sin pagar a los abogados de oficio del Caso Malaya

 Sentencia Isabel Pantoja

Los tres abogados del turno de oficio que prestaron asistencia jurídica gratuita a los imputados en el Caso Malaya aún no han cobrado gran parte de sus minutas. El Colegio de Abogados de Málaga estima que la cantidad adeudada por la Junta de Andalucía asciende a unos 20000 euros por letrado.

El cálculo se ha realizado basándose en la Orden Autonómica de 09/03/2009, de “Procedimiento penal abreviado con más de mil folios”, que establece el pago de 25 euros por cada 1000 folios de un auto judicial. Precisamente en esta orden se halla el principal escollo para el cobro de los honorarios, debido a que la Junta de Andalucía se escuda en la diferencia entre “procedimiento penal abreviado” y “procedimiento penal ordinario” para inhibirse del pago.

El Colegio de Abogados de Málaga ha interpuesto una demanda contra la Junta por este motivo, en la que reclama el pago de 25000 euros más los intereses legales pertinentes para la abogada del turno de oficio Gema María Díaz Canales. Esta entidad presentará dos demandas más para solicitar el pago a los otros dos letrados que también actuaron de oficio.

La laguna jurídica que existe sobre los módulos de compensación económica en sumarios que exceden los 1000 folios es la baza que esgrime el Colegio de Abogados de Málaga para sustentar su demanda, una vez agotada la vía administrativa con la Junta de Andalucía. Los dos recursos de reposición que fueron planteados en su día fueron desestimados en sendas resoluciones dictadas por la Consejería de Justicia e Interior, de ahí que Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga, haya estimado oportuno encauzar la reclamación por esta nueva vía.

El Juzgado Contencioso-Administrativo de Sevilla deberá decidir ahora si procede o no el pago de los honorarios en los términos en los que son reclamados por el Colegio de Abogados.

El Caso Malaya, que comenzó a investigarse en 2005, es una de las causas más importantes abiertas en España contra la corrupción urbanística. La localidad de Marbella (Málaga) era el centro de operaciones, pero las ramificaciones de la trama se extendían por otros lugares de la península. Empresarios, abogados, personalidades públicas y políticos tuvieron que sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio tan polémico como mediático que duró casi dos años y del que se conocerá la sentencia, presumiblemente, durante la primera quincena del mes de septiembre.

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