Un subinspector de policía podría ser uno de los nuevos imputados en el Caso Madrid Arena


Un subinspector de policía podría ser uno de los nuevos imputados en el Caso Madrid Arena

 El Caso Madrid Arena, que investiga la muerte por aplastamiento de cinco mujeres jóvenes durante la celebración de una macrofiesta de Halloween la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2012 en el pabellón del mismo nombre en Madrid, añade a su lista un nuevo imputado: Emilio Rodríguez Corral, subinspector de policía. Así lo han solicitado, al menos, algunos de los abogados de las familias de las cinco jóvenes fallecidas en la tragedia.juzgados

 Rodríguez Corral compareció el pasado 25 de julio ante el juez de instrucción número 51, Eduardo López Palop, para explicar cómo coordinó el establecimiento de las medidas de seguridad de la multitudinaria fiesta. Según sus palabras, solicitó verbalmente el aumento de los niveles de seguridad el mismo día de la fiesta tras haberlo consultado con un superior. Sin embargo, la jefa de la Unidad de Policía Municipal del distrito Moncloa-Aravaca, Cándida Jiménez, habría enviado cuatro agentes como refuerzo a la Plaza de los Cubos en lugar de hacerlo al lugar donde se estaba celebrando el evento.

Las tres horas y media de declaración no han convencido ni en fondo ni en forma a los abogados de las familias, que señalan que el subinspector de policía ha incurrido en numerosas contradicciones que chocan frontalmente con las versiones ofrecidas con anterioridad por sus mandos superiores, por lo que pedirán su imputación en la causa. Además, existen sospechas fundadas de que los informes policiales que se realizaron sobre los hechos podrían haber sido manipulados con posterioridad para esquivar responsabilidades.

Luis Rodríguez Ramos, abogado del Ayuntamiento de Madrid, también coincide en que la versión aportada por el subdirector no aporta luz alguna para el esclarecimiento de los hechos.

Según avanza la investigación y con los datos aportados por las distintas partes, las luctuosas muertes se debieron a una concatenación de malas prácticas, descuidos e imprudencias que provocaron la tragedia. El exceso de aforo está más que demostrado, ya que los organizadores vendieron 16791 entradas para un recinto que debía albergar solamente a 5000 personas. Las medidas de seguridad eran escasas y existió una absoluta falta de coordinación entre las empresas responsables. Y el servicio médico tampoco estaba preparado para prestar ayuda en una fiesta de tales características.

Una suerte de fatalidades que podrían haberse evitado con una planificación más exhaustiva y de las que tendrán que responder los imputados en el caso.

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