La juez Mercedes Alaya levanta ampollas con su prohibición de compartir abogado

Mercedes Alaya, la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, vuelve a estar de actualidad por una polémica medida que no ha sentado nada bien a los abogados que defienden a trece de los imputados.

Amparándose en que el derecho a la tutela judicial efectiva debe primar sobre el derecho a la defensa y aludiendo a un posible quebrantamiento del artículo 24 de la Constitución, la juez ha prohibido que trece de los imputados puedan compartir seis abogados. juez

Con esta medida, Alaya pretende evitar la indefensión de los imputados en el futuro si se produjera un conflicto de intereses entre ellos, tal y como explica en el auto que dictó el pasado 30 de julio. Al compartir defensa, la actuación de los abogados podría verse afectada si sus defendidos presentasen intereses opuestos, mermando su capacidad de actuación e, incluso, limitando el margen de maniobra de la defensa.

El Código Penal, en su artículo 467, establece una pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación de dos a cuatro años para ejercer la abogacía a todos aquellos letrados que incurran en deslealtad profesional, entendiendo por ella la defensa de imputados con intereses contrapuestos.

Sin embargo, esta decisión de la juez Alaya, que pretende salvaguardar los derechos de los acusados y de algún modo también la integridad profesional de los abogados, no ha sentado nada bien entre los letrados del caso y tampoco ha sido bien recibida por los estudiosos del Derecho.

Las principales críticas tildan la medida de inconstitucional, errónea y precipitada. No hay indicios para presuponer que pueda llegar a darse tal conflicto de intereses entre acusados en el futuro, de modo que esta decisión se adelanta a unos hechos que no han sucedido y que tampoco se puede asegurar que sucederán. La presunta inconstitucionalidad de la medida se debería a que la decisión impuesta por la juez impide que los acusados ejerzan su derecho a la libre elección de abogado, además de hacer planear la sospecha sobre la rectitud en el cumplimiento del código deontológico por parte de los abogados.

Los abogados del caso ya han recurrido el auto de la juez y solicitarán un informe al Consejo General de la Abogacía sobre una medida extraordinaria que cuenta con escasos precedentes. Habrá que esperar los resultados del recurso para poder valorar la decisión de la juez Mercedes Alaya. Mientras tanto, la polémica está servida.

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