El caso de los ERE de Andalucía se convierte en la mayor causa anticorrupción en España

 Los 116 imputados que acumula la trama de los ERE irregulares en Andalucía han convertido este caso en la mayor causa anticorrupción en España. La juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, imputó a finales de julio a 23 personas más, entre las que se encuentran dos hijos del conocido empresario José María Ruíz Mateos, con lo que ya se supera la centena de implicados. No se descarta que se sigan añadiendo más nombres a la lista de imputados ya que la investigación que está realizando sobre el caso la Guardia Civil continúa abierta. compra

El caso del fraude de los ERE en Andalucía se remonta al año 2001, cuando se creó un fondo económico de 721 millones destinado a cubrir las indemnizaciones por expedientes de regulación de empleo que tuvieran lugar en las distintas provincias andaluzas. Javier Guerrero, a la sazón Director General de Empleo de la Junta de Andalucía y principal imputado en el caso, habría dispuesto el gasto de ese dinero en diferentes partidas de manera irregular.

Así, entre 2001 y 2010, se pagaron comisiones ilegales a los organismos que actuaron como mediadores para pagar las ayudas, se entregó dinero a empresas que no cumplían los requisitos para obtenerlo y se abonaron indemnizaciones a personas que ni siquiera pertenecían a las empresas beneficiarias de las ayudas. Al parecer, el propio Javier Guerrero habría utilizado también parte de esos fondos públicos para cubrir gastos personales que nada tenían que ver con el destino que debía darse a estas ayudas. Fuentes de la investigación del caso estiman que pueden haberse defraudado de este modo 136 millones de euros.

Los implicados en el fraude de los ERE irregulares pertenecen a diversos sectores sociales: desde altos cargos de la Junta de Andalucía como el propio Javier Guerrero, pasando por exsindicalistas como Juan Lanzas, que pertenecía entonces a UGT, consultoras como Vitalia o Uniter, que actuaron como intermediarias en las ayudas, hasta empresarios como los hijos de José María Ruíz Mateos, Javier y Pablo, y otras personas que cobraron dinero sin ni siquiera tener relación con las empresas que recibían las ayudas.

Todos ellos deberán explicar ante la Justicia su implicación y responsabilidad en los hechos. Además, trece de los imputados deberán buscar un nuevo abogado, tras la prohibición por parte de la juez Alaya de que compartan un mismo letrado.

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