EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS


EL SISTEMA TRIBUTARIO ESTATAL EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

INTRODUCCIÓN

El Impuesto sobre la renta (IRPF) es el paradigma del impuesto justo. Ninguno como él respeta los principios de gravar la capacidad económica y de lograr una adecuada redistribución de la riqueza, aunque también hay que decir que un frío análisis de su evolución, no en nuestro país en el que es de aplicación relativamente reciente, sino en otros de implantación secular, pone de relieve sus limitaciones a la hora de cumplir los fines para los que, en principio, está llamado. No obstante, a pesar de las desilusiones provocadas, sigue siendo cierta la afirmación con la que hemos comenzado este apartado.

La normativa vigente se presentó en su momento, al decir de sus redactores, como una ruptura con las normas precedentes (que eran de 1991), que pretendía introducir una mayor equidad en el reparto de los tributos y un mejor tratamiento fiscal de las rentas de trabajo y de las familias con mayores cargas. En realidad, las novedades de la regulación actual del IRPF, aun siendo de un cierto calado, tuvieron un alcance mucho más modesto. Dejando de lado ciertos aspectos metodológicos y de sistemática, no siempre acertados, la mayor novedad consistió en tomar en cuenta las circunstancias personales y familiares de los sujetos pasivos en la base imponible, en vez de atenderlas con deducciones en la cuota. También se simplificó y atenuó la tarifa progresiva del Impuesto. Según hemos apuntado antes, el IRPF es un impuesto compartido entre el Estado y las CCAA. Éstas tienen capacidad para regular: a) La tarifa autonómica, individual o familiar, aplicable a la base imponible regular. Esta tarifa debe tener ciertas características (debe ser progresiva y debe tener los mismos tramos que la del Estado). b) Las deducciones de la cuota por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales y por aplicación de renta, siempre que no supongan, directa o indirectamente, una minoración del gravamen efectivo de alguna categoría de renta. La cesión abarcará ciertos extremos (justificación exigible, límites, sometimiento o no al requisito de comprobación patrimonial, reglas especiales por tributación conjunta, periodo impositivo inferior al año natural y circunstancias familiares). e) Aumentos o disminuciones en los porcentajes de deducción por inversión en la vivienda habitual (con el límite máximo del 50 por 100). Las CCAA no pueden regular: a) El gravamen de las rentas irregulares y los aplicables a determinadas categorías de renta. b) Las deducciones de la cuota reguladas por el Estado, sin perjuicio de la distribución entre éste y las CCAA. e) Los límites de las deducciones por inversiones y por donativos. d) Los pagos a cuenta. El IRPF es, en teoría, un impuesto directo y personal, que grava la renta según su cuantía (es decir, es sintético) y que toma en consideración las circunstancias familiares del sujeto pasivo. En la práctica es un impuesto analítico, que distingue el origen de las rentas, estableciendo reglas para cada una de ellas y en el que se ha roto una de las características esenciales de la imposición personal, cual es la unidad in- terna entre los distintos componentes de la renta (esto es, la posibilidad de compensación inmediata entre ellos).

2. HECHO IMPONIBLE y EXENCIONES

El IRPF grava la renta obtenida por el sujeto pasivo. En la Ley se utiliza un concepto de renta que se acerca bastante a la definición teórica de la renta personal (rendimientos de diverso origen más la variación positiva del patrimonio). En particular se incluyen como componentes de la renta los rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas, las ganancias patrimoniales y las imputaciones de renta que establezcan las propias normas.

Hay dos cuestiones a las que se debe aludir de inmediato. La primera de ellas atañe afectación de los bienes a las actividades económicas. La cuestión no reviste excesiva importancia cuando el rendimiento de los mismos bienes está cuantificado en unidades monetarias (por ejemplo, el interés de una cuenta bancaria), pero sí tiene importancia en los casos de presuntos (v. gr., un inmueble urbano), pues sólo se tendrá en cuenta tal rendimiento cuando no exista afectación a actividades económicas. Pues bien, se consideran afectos que se desarrolle tales actividades y los que sean necesarios para la obtención de respectivos rendimientos (como consecuencia de ello, una vivienda personal tiene un miento presunto y una fábrica no lo tiene). La otra cuestión es la referente a la presunción de onerosidad de las prestaciones de capital. En realidad, la Ley establece una presunción y unas reglas de valoración. La normativa señala que las prestaciones de bienes, derechos o susceptibles de generar rendimientos del trabajo o del capital se presumirán retribuidos por su valor de mercado, salvo prueba en contrario. Las reglas de valoración se aplicando prestaciones llevadas a cabo entre personas y sociedades relacionadas entre sí.

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