Sentencia absolutoria en Violencia de género

Traigo una Sentencia que, en mi opinión debería ser común pero que en la práctica del día  a día se da poco y es que el juez estime que sólo son realmente válidas las pruebas que son reproducidas en el acto del juicio.

JUZGADO PENAL N° 100

MADRID

JUICIO ORAL  4000/2012

SENTENCIA NÚM. 1000/2013

En Madrid, a veintinueve de mayo de dos mil trece.

Vistas por mí, Dña. Excelentísima Juez, Magistrada del Juzgado Penal n° 100  de Madrid, las presentes actuaciones de JUICIO ORAL 412/2012, dimanantes del Procedimiento Abreviado 10/12 del Juzgado de Instrucción n° 0 de Majadahonda, por delito de malos tratos en el ámbito familiar, seguido contra Luis Marcelo  como acusado asistido por el Letrado Sr. Martín García, y contra Luisa Maroto como acusada por un delito de maltrato en el ámbito familiar, asistida por la Letrada Sra. De Parte Contraria; y en las que ha sido parte el MINISTERIO FISCAL, representado por el Ilmo. Sr. D. Joaquín, en ejercicio de la acción pública

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La presente causa fue repartida a este Juzgado para su enjuiciamiento y fallo, y una vez recibida, se señaló para el acto del juicio el día 20 de mayo de 2013. Llegado el día señalado, al mismo comparecieron tanto el Ministerio Fiscal como el resto de las partes, debidamente asistidas por sus respetivos abogados.

SEGUNDO. – En dicho acto, se practicaron las pruebas previamente admitidas con el resultado que consta en el acta del Juicio, a excepción de la declaración de la acusada que no compareció , por lo que, a petición del Ministerio Fiscal, se procedió a dar lectura a la declaración que, en concepto de perjudicada prestó en sede de instrucción. El Ministerio Fiscal, en el trámite de calificación definitiva, dirigió la acusación contra Luis Marcelo  como autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar del art. 153.1 ° del Código Penal, con agravante de reincidencia, solicitando que se impusiera para el mismo la pena de diez meses de prisión , inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el tiempo de tres años, con prohibición de aproximación a Luisa Maroto a una distancia no inferior a quinientos metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella así como prohibición de comunicación con ella por cualquier medio por un año y diez meses, interesando que se sustituyera la pena de prisión por expulsión del territorio nacional y prohibición de entrada en España por tiempo de cinco años.

Igualmente, formuló acusación contra Luisa Maroto como autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar del arto 153.2 Y 4 CP, solicitando que se la impusiera la pena de dos meses de prisión a sustituir por pena de multa de cuatro meses a razón de cinco euros diarios, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por ocho meses, así como prohibición de aproximarse a menos de quinientos metros de la persona de Luis Marcelo  , domicilio o lugar de trabajo y de comunicarse con él por cualquier medio durante seis meses. Los letrados interesaron la absolución de sus defendidos. Tras concederse la última palabra al acusado comparecido, que prestó su conformidad a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad para el caso de que fuera condenado, se declaró el juicio visto para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las preceptivas prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

UNICO. – Se declara probado que el día 16/06/2012, sobre las 20: 40 horas, Luisa Maroto, mayor de edad, nacional de Perú, y sin antecedentes penales, fue a buscar a su pareja, Luis Marcelo una cancha de rutbol de Majadahonda, donde éste se encontraba con sus amigos tras disputar un partido de dicho deporte y allí le recriminó que estuviera bebiendo tras haberle prometido que no lo volvería a hacer, propinándole seguidamente Luisa Maroto una bofetada en la cara que no le causó lesiones, tras la cual Luisa Maroto se marchó del lugar para recoger a su hijo y ser asistida en el Centro de Salud.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Formula el Ministerio Fiscal sendas acusaciones dirigidas respectivamente contra Luis Marcelo y  Luisa Maroto con fundamento en la prueba practicada, singularmente e  informe forense de Luisa Maroto obrante en las actuaciones y en la declaración prestada por la misma, en su condición de perjudicada, en sede de instrucción, y ello al amparo del art. 730 LEer. A este respecto, conviene recordar que el artículo 24 de la Constitución Española establece el principio de presunción de inocencia, exigiendo la existencia de una suficiente prueba de cargo para desvirtuar la presunción luris tantum que supone el citado derecho, prueba que debe realizarse con todas las garantías y ser practicada ante el juez, con contradicción de las partes y publicidad, habiéndose conseguido además los medios probatorios llevados al proceso sin lesionar derechos o libertades fundamentales. Conforme reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, la presunción de inocencia consagrada en el arto 24.2 de la CE se asienta sobre dos ideas esenciales: de un lado el  principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde efectuar la a los Jueces y Tribunales por imperativo del arto 117.3 y de otro, que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para desvirtuarla, para lo cual se hace necesario que la evidencia que origine s• resultado lo sea, tanto con respecto a la existencia del hecho punible, como en todo a lo atinente a la participación y responsabilidad que en el mismo tuvo el acusado. Por lo que respecta a la segunda de las exigencias apuntadas, ésto es, a los actos o medios de prueba, es doctrina consolidada de dicho Tribunal, desde la Sentencia 31/81, que únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el acto del juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia, de suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo por los medios aportados a tal fin por las partes. Así, no basta tampoco que se haya practicado prueba o incluso que se haya practicado con gran amplitud, sino que el resultado de la misma ha de ser tal que racionalmente pueda determinarse de cargo, es decir, que los hechos cuya certeza resulte de la prueba practicada, acrediten la comisión del hecho imputado y la culpabilidad del acusado.

SEGUNDO.- Pues bien, partiendo de lo expuesto en el fundamento jurídico anterior, y por lo que se refiere a los hechos imputados a Luis Marcelo, lo cierto es que no puede sino dictarse respecto del acusado una sentencia de contenido absolutorio y ello por considerar que no se ha practicado prueba bastante para enervar la presunción de inocencia. Así, aun cuando Se tuviera por reproducida la prueba documental obrante en las actuaciones, fundamentalmente el informe de sanidad forense que refleja las lesiones que la facultativa apreció a Luisa Maroto en su exploración , así como el informe de la asistencia inicial, y la diligencia de exposición de hechos de la Policía Local de Las Rozas que acudió al Centro de Salud, lo cierto es que en el acto del juicio oral no se ha practicado ninguna prueba que desvirtúe el principio de presunción de inocencia del acusado.

Así, no se ha interesado la declaración testifical de los citados agentes de Policía Local ni tampoco del médico que asistió a Ruth en el Centro de Salud, quienes podrían haber dado cuenta, corno testigos de referencia, de lo que Luisa Maroto les manifestaba así como del estado en el que se encontraba y las lesiones que a simple vista se le apreciaban. Tan solo se cuenta con la lectura interesada por el Ministerio Fiscal al amparo del art. 730 LECr y ante su incomparecencia, de la declaración que Ruth prestó en sede de instrucción en calidad de perjudicada (puesto que posteriormente, como acusada, se acogió a su derecho a no declarar). Ahora bien, a los fines pretendidos de considerar acreditados los hechos por los que se acusa a Luis, dicha declaración no puede ser tomada en consideración y ello debido a que la misma no se prestó debidamente sometida al principio de contradicción. Así, debe recordarse que la Sala Segunda del Tribunal Supremo en relación a dicha cuestión, siendo de una especial trascendencia la STS 806/2012, señala lo siguiente: ” Como dijimos en STS 383/2010, de 5 de mayo, entre las garantías que comprende el arto 24 CE para todo proceso penal destaca, por ser principios consustanciales del mismo, los de contradicción e igualdad. El principio de contradicción en el proceso penal hace posible el enfrentamiento dialéctico entre las partes, permitiendo así el conocimiento de los argumentos de la contraria y la manifestación ante el Juez o Tribunal de los propios, constituye una exigencia ineludible vinculada al derecho a un proceso público con todas las garantías, para cuya observancia se requiere el deber de los órganos judiciales de posibilitarlo. Y se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del arto 24.1CE, produciendo indefensión, cuando el sujeto, sin haber tenido oportunidad de alegar y probar sus derechos en el proceso, los ve finalmente afectados por las resoluciones recaídas en el mismo. Del principio de igualdad de armas, lógico corolario del principio de contradicción, se deriva asimismo la necesidad de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y defensa e idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, a efectos de evitar desequilibrios entre sus respectivas posiciones procesales, ni que sean admisibles limitaciones a dicho principio, fuera de las modulaciones o excepciones que puedan establecerse en fase de instrucción (o sumarial) por razón de la propia naturaleza de la actividad investigadora que en ella se desarrolla encaminada a asegurar el éxito de la investigación y en definitiva, la protección del valor constitucional de la justicia.

En el mismo sentido las SSTS 1238/2009, de 11 de diciembre y 1080/2006, de 2 de noviembre, en la que hemos destacado que la vigencia efectiva del principio de contradicción tiene directa relación con el derecho a un proceso equitativo, o a un proceso con todas las garantías en términos del arto 24.2 de la Constitución. El debate contradictorio sobre las pruebas permite a las partes intervenir activamente en la práctica, y en lo que se refiere concretamente a la defensa le facilita la oportunidad de actuar poniendo de relieve los aspectos que a un juicio anulan, alteran o debilitan SU valor probatorio, lo que contribuye a su valoración por parte del tribunal. Cuando

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