cancelación de antecedentes


       CANCELACiÓN DE ANTECEDENTES PENALES

Pueden solicitar la cancelación de antecedentes los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal y civil, una vez cumplidos los plazos que estable- ce la ley y previo informe del órgano sentenciador. Los plazos legales señalados para cancelar los antecedentes, se interrumpirán cuando el interesado vuelva a delinquir, abriéndose un nuevo plazo para la cancelación desde que se ejecute la sentencia del nuevo delito.balanza

En cambio, para la cancelación de una medida de seguridad, bastará comunicación del Tribunal al Registro.

Puede presentarse la solicitud presencialmente, en el Ministerio de Justicia, Gerencias Territoriales o por correo, acompañando la siguiente documentación: fotocopia compulsada del DNI en vigor o, si se tratare de extranjero, fotocopia compulsada del pasaporte con visado suficiente o tarjeta de residencia y certificado del cumplimiento de la pena, que se puede solicitar previamente en el tribunal que ejecutó la sentencia (el que dictó la primera, en caso de que hubiera habido recurso). También puede tramitarse me-(liante representante, que acompañará, además, fotocopia de su DNI compulsada Junto a la autorización original del interesado para que le represente en tal trámite.

A TRAVÉS DE INTERNET

Conforme al mandato de informatización de los registros administrativos, impuesto por la Ley 30/1992, reformada por Ley 4/1999, el Registro Central de Penados y Rebeldes admite que las informaciones sobre el mismo puedan ser realizadas en soporte informático.

En concreto, tal previsión la estableció el Real Decreto 435/1992, de 30 de abril para las comunicaciones a la Oficina del censo Electoral de las condenas que llevan aparejada privación del derecho de sufragio ya que dicha Oficina debe elaborar, antes del 1 de febrero de cada año, el fichero de electores privados del derecho de sufragio referido al año anterior.

Por otra parte, la necesidad de avanzar en dicho proceso de informatización, resulta evidente ante el hecho del elevado número de extranjeros que son condenados en los últimos años y respecto de los cuales, no existe un control previo como respecto de los españoles, que cuentan con DNI o pasaporte. De ese modo, la falta de la “huella digital” en la base informática del Registro, está siendo aprovechada por extranjeros que dan otro nombre diferente al suyo, evitando así un seguimiento correcto de sus antecedentes ya que pueden aparecer en el registro con las diversas condenas anotadas, pero bajo identidades distintas.

El problema se agudiza porque el SAID (Sistema Automático de Identificación Dactilar) tiene naturaleza policial, depende del Ministerio del Interior y no está conectado al Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia.

La interconexión de los distintos registros informatizados públicos, es cuestión urgente en la que es preciso avanzar sin pausa, así como en la mejora de los fallos de los distintos programas, que además de problemas de compatibilidad con otros, adolecen de cierta rigidez, así cuando se rechaza una inscripción porque no se facilita la fecha de comisión de los hechos, dato que no siempre aparece en las sentencias (por ejemplo en los delitos continuados, en los que se dan fechas aproximadas: así, entre el año 2000 y 2004 o en aquellos casos en los que no quedó acreditada la fecha exacta, y se emplean fórmulas tales como: “a finales del año 1998” o “en la primavera del año 2008, pero en todo caso, antes del 30 de mayo”).

Es preciso, pues, ir hacia la generalización de la informatización e interconexión de los distintos Registros Públicos -no sólo de modo vertical sino también horizontalmente, entre Administraciones y Oficinas y Agencias públicas, con independencia de su encuadramiento y dependencia- y, todo ello, particularmente en un ámbito en el que la “justicia Electrónica” aparece como un objetivo en el horizonte de la reforma y mejora que requiere nuestra Justicia, en especial, la Justicia Penal, por la importancia que la evitación de errores y de retrasos, tiene en una materia en la que andan en juego la libertad, el patrimonio y los más relevantes derechos y expectativa de los ciudadanos.

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