Fué motivo de preocupación, en el año 2005 el número de divorcios.

El panorama familiar que reflejaba el Instituto de Política Familiar en su informe sobre la «Ruptura familiar en España 2004», no podía ser más desalentador: las separaciones y divorcios seguían aumentando a un ritmo vertiginoso e imparable, hasta tal punto que, según sus propios cálculos, cada 3,9 minutos se producía una separación o un divorcio en algún lugar de España.
Sólo en los últimos  ocho años, el número de rupturas familiares creció en más del 60 por  ciento y ha pasado de las 83.990 que se produjeron en 1981, a las 134.931 contabilizadas en 2004. Claro que, puestos a tomar una decisión, los matrimonios se plantean antes la separación que el divorcio. El año 2004 82.340 personas se separaron y 52.591 se divorciaron, según datos del IPF, que se ha basado a su vez en estadísticas del Consejo General del     Poder Judicial.
También es cierto que la mayoría de las parejas alcanzan una solución pacífica cuando cada uno decide seguir un camino por su cuenta. En 2004, las separaciones de mutuo acuerdo fueron 55.367, que suponen el 67,24 por ciento del total, frente al 67,61 por ciento de 2003 y el 61,7 de 2001. El porcentaje es más alto que en el caso de los divorcios, donde las parejas que llegaron a un consenso supusieron el año 2004 del 60 por ciento, frente al 59,5 por ciento de 2003 y el 51,8 de 2001.  

Reconciliación.

Sin embargo, no en todos los casos la relación entre dos personas acaba para siempre cuando se toma la decisión de poner fin a un matrimonio o una convivencia en común, porque el 20 por ciento de las parejas que se separan acaba reconciliándose y volviendo a rehacer sus vidas, es decir, unos 16.000     matrimonios. Además, cerca de 8.000 (el 10%) deciden seguir separados, pero sin dar el paso de una ruptura definitiva con el divorcio.
Si analizamos el fenómeno por comunidades autónomas, Cataluña es, con diferencia, la autonomía que más rupturas registra, con 25.854 al año, que     representan el 19,16 por ciento del total. Esto significa que una de cada cinco se produce en esta comunidad. Le sigue Andalucía, la región donde más creció el número de rupturas en 2004, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias, hasta el punto de que sólo estas cinco autonomías acumulan el 60 por ciento de las separaciones y divorcios que se producen en toda España.    

En el extremo opuesto figuran La Rioja, Navarra, Cantabria y Extremadura.
Visto el panorama, el Instituto de Política Familiar responsabiliza a la Administración de la crisis de las parejas. Su portavoz, Eduardo Hertferder, se lamentó de que «la Administración central no tenga voluntad política de afrontar esta problemática porque, no sólo no ha implementado ninguna medida de apoyo a la familia que ayude a reducir las rupturas matrimoniales, sino que lo que se propone hacer son políticas de incremento de dicha ruptura». Más aún, cree que la reforma de la Ley del  divorcio que ha abordado el Gobierno, que permite acceder al Divorcio sin necesidad de separación previa, de manera unilateral y sin causa, «supone un auténtico retroceso social, ya que potenciará la ruptura matrimonial, en lugar de disminuirla». Es por esto por lo que considera que «se deberían implementar políticas públicas para la familia que ayuden a los matrimonios a superar las crisis cuando éstas se produzcan».
Hertferder se quejó, además, de que todavía no se haya realizado un análisis serio y riguroso sobre el origen de las rupturas de la convivencia, su crecimiento y sus consecuencias por parte de las distintas administraciones nacionales y autonómicas porque «nunca han tenido sensibilidad ni voluntad de abordar el problema».
Sin embargo, el Instituto de Política Familiar cree que el crecimiento desenfrenado de las separaciones podría frenarse si se adoptasen algunas de las medidas que propone. Entre ellas figura la creación de la mesa sobre la ruptura familiar, que estaría compuesta por asociaciones familiares, agentes     sociales, expertos y la Administración, que se encargaría de abordar las causas y las consecuencias y de proponer soluciones y alternativas.

    Campañas de sensibilización.

Además, sugiere iniciar una labor de sensibilización de las administraciones que incluiría la elaboración de medidas preventivas, el seguimiento, control y evaluación de las  actuaciones de las administraciones por el Observatorio de la Familia, y la realización de encuestas del CIS periódicas que analicen específicamente la percepción que tienen los ciudadanos de las crisis en los hogares y las causas que las originan, entre otras cosas. El IPF también es partidario de crear y potenciar centros de orientación y  terapia familiar en cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Europa que ayuden a los matrimonios a superar las crisis matrimoniales.
En su opinión, tampoco hay que descuidar la puesta en marcha de campañas de sensibilización que sirvan para concienciar a los ciudadanos de la importancia del matrimonio y de la familia, de las funciones sociales que cumple esta institución y de los beneficios que aporta para la estabilidad emocional, psicológica y física tanto de los padres como de los hijos.

Fuente: LaRazón