Nulidad de actuaciones a multa


 Escrito de nulidad de actuaciones a sanción

 

EXCMO.SR. 

DON JOSÉ MARTÍN GARCÍA, mayor de edad,  con D.N.I. núm. 00000 y con domicilio en Madrid, Calle de Alcalá  núm. 1, en su propio nombre y derecho COMPARECE Y DICE:

Con fecha 1 de enero de 2013, se me ha notificado Resolución de Desestimación de Alegaciones dictada, con fecha  31 de Octubre de 2012, copia de la cual se acompaña como documento nº1 para mejor identificación, por la que se propone la imposición de una multa de CINCO MIL EUROS (5.000 €.), como consecuencia de una supuesta infracción de tráfico cometida con fecha 1 de AGOSTO de 2012.

Que no estando conforme con sus términos, vengo a formular, en tiempo y forma,  RECURSO ORDINARIO contra la Resolución adoptada en expediente de referencia, conforme a los  artículos 107 y 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de conformidad con la Resolución aprobada por ese Excmo. Ayuntamiento el 31 de OCTUBRE de 2012, y con base en las siguientes,

ALEGACIONES

PRIMERA.- NULIDAD DE ACTUACIONES.

Es voluntad de esta parte alegar la nulidad de actuaciones en que se ha incurrido. La Ley 30/1.992 realiza una absorción modulada de los principios del derecho penal que se configuran como derechos fundamentales en el artículo 24 de la Constitución, y así establece como derechos del presunto responsable el derecho a la tutela del procedimiento sancionador que determina su inexcusable existencia ad solemnitatem, el derecho a ser informado de los hechos que se le imputan, el derecho a un procedimiento con publicidad y respetuoso con el principio de celeridad, el derecho a un procedimiento con todas las garantías de formular alegaciones y utilizar los medios de defensa procedentes, el derecho a utilizar las pruebas adecuadas, el derecho a la presunción de inocencia, en una fácil trasposición de los derechos procesales reconocidos en sede constitucional.

Notificada la denuncia y una vez realizadas las alegaciones pertinentes por esta parte se ha procedido directamente, con vulneración de los derechos mencionados, a dictar Propuesta de Resolución sancionadora, sin practicar la prueba propuesta.

Sin practicar la prueba propuesta en el escrito de alegaciones evacuado por esta parte y tendente a probar la realidad acaecida, prueba que debió practicarse conforme a lo solicitado y que de no entenderse pertinente debió ser rechazada motivadamente.

Todo ello, viene apoyado en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de fecha 12 de Enero de 1.996, que textualmente consigna, en su fundamento de derecho TERCERO,  que:

Planteada por la actora la nulidad radical o de pleno derecho de la resolución impugnada por no haberse practicado la prueba propuesta ante la Administración para desvirtuar la denuncia del Agente Municipal procede, en primer lugar, resolver sobre la misma. A dicho objeto, de acuerdo con lo establecido en el art. 17 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora:

“1. Recibidas las alegaciones…., el órgano instructor podrá acordar la apertura de un periodo de prueba, de conformidad con lo previsto en los arts. 80 y 137.4 de la Ley 30/1992, del Regimen Jurídico de las Administarciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común…. 2. En el acuerdo, que se notificará a los interesados, se podrá rechazar de forma motivada la práctica de aquellas pruebas que, en su caso, hubiésen propuesto aquellos, cuando sean improcedentes de acuerdo con lo dispuesto en el art. 137.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común “.

Por su parte, el art. 13 del Real Decreto 320/1994, del 25 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, dispone que:

” 1. …. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar mediante resolución motivada las pruebas por los interesados, cuando sean improcedentes “.

A la vista de la anterior normativa debe prevalecer la tesis de la recurrente y, además, porque hay constancia en autos de que durante la fase administratriva, en las actuaciones que dieron lugar a la sanción, se cometió la vulneración constitucional prevista en el inciso final del art. 24.1 de la CE, en relación con el núm. 2 de ese artículo– derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes — que proscribe la indefensión, al no haber recibido el expediente a prueba, ni rechazadas las solicitudes mediante resolución motivada, para desvirtuar los hechos determinados por la declaración de la Policía Municipal denunciante; prueba que era pertinente a los fines que se solicitaba y cuya no admisión no dió lugar a resolución alguna, fundada o no, en la que se expresaran las razones por las que se desechaba.

Siendo clara la transcendencia Constitucional de esa vulneración según doctrina del Tribunal Constitucional sentada en la Sentencia 89/1986, de 1 de Julio, extensible al ámbito administrativo –STC 212/1990, de 20 de Diciembre, que remite a las 149, 190, y 192/1987– , y que ha sido asimismo recogida en la Sentencia de 28 de Abril de 1.995, de la Sala 3ª, Sección 1ª, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo “.

Hecho éste que vulnera el derecho constitucional a la defensa, establecido en el artículo 24, por cuanto la Administración a dejado a éste parte en la más absoluta indefensión, al apartarse de los trámites procedimentales legalmente establecidos para la adopción de resoluciones sancionadoras en materia de tráfico.

Por tanto, y a tenor del artículo 62 de la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admnistrativo Común debe considerarse nula de pleno derecho la Propuesta de Resolución sancionadora dictada retrotrayendo las actuaciones allí donde se vulneró el procedimiento.

Y así lo establece la directiva que emana de la Sentencia 18/1.981 del Tribunal Constitucional, la Administración queda vinculada inmediatamente, en el ejercicio de su potestad sancionadora, a observar los derechos de defensa emanados del texto constitucional, bajo la amenaza de que cualquier acto que desobedeciera o se relajara en el cumplimiento debido a las garantías de defensa enunciadas en el artículo 24 de la Constitución, susfriría la sanción de ser expulsado del ordenamiento jurídico con la declaración radical de nulidad de pleno derecho por violentar el orden público de las libertades.

SEGUNDA.- IMPROCEDENCIA DE LA SANCION MISMA.

Igualmente con caracter subsidiario es voluntad de esta parte poner de manifiesto la improcedencia de la sanción misma.

Para desvirtuar la presunción de inocencia prevista en la Constitución y aplicable al ramo sancionador, no basta con un aparato sorpresivo e imperfecto, sino que la más elemental garantía para el administrado sancionado requiere de la inmediación de la fuerza encargada del tráfico, y buena prueba de ello es la propia actuación de los Agentes que, como es visible en la circulación por vías interurbanas, distribuyen el servicio en dos puestos sucesivos y separados por la necesaria distancia: el vehículo que detecta la velocidad y el que ocupan los Agentes que “in situ” y a presencia del conductor extienden el Boletín de denuncia que consta de un espacio para recoger, en el propio momento, las manifestaciones del conductor. Circunstancia ésta que sitúa al alegante en posición de desigualdad, respecto a los que tienen esa inmediación y trámite sumario de alegaciones a que se ha hecho referencia, siendo por tanto dicha denuncia realizada de un modo incorrecto al hacer una vaga referencia a que fue imposible detener el vehículo, por la circunstancia, y cito textualmente de la supuesta DENUNCIA: ” NO ENTREGADA EN MANO POR: NO DISPONER DEL VEHICULO ADECUADO PARA SU SEGUIMIENTO “, circunstancia, que NO ME CONSTA PARA ADMITIRLA, siendo rebatible en cualquier instancia judial, no siendo suficiente para rebatir la inmediación, antes dicha.

La presunción de inocencia se transforma en la Constitución de 1.978 en un derecho fundamental, dejando de ser un principio informador y benigno reconocido en el axioma ” in dubio pro reo “, para convertirse en un derecho de aplicación inmediata, que vincula a todos los poderes públicos, y por tanto a la administración sancionadora y al Juez Contencioso-Administrativo, no siendo disponible por el legislador.

La irradiación del derecho a la presunción de inocencia en el procedimiento administrativo se descubre materialmente en que la Administración no puede sancionar sin pruebas, de modo que ha de probar los hechos que imputa al presunto responsable y ha de realizar una actividad probatoria de cargo, capaz de destruir la presunción de inocencia, no gozando de ninguna facultad discrecional en la evaluación y valoración de las pruebas, en la expresión del juicio de certeza, que motive una resolución sancionadora para ser conforme a Derecho.

La Ley de Procedimiento Administrativo común 30/1.992 dedica un precepto a regular las manifestaciones del derecho a la presunción de inocencia, estableciendo en un primer apartado la vinculación de la Administración a respetar la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario, acogiendo el tradicional aforismo penal que obliga a desarrollarlo en la regulación de los procedimientos sancionadores, (artículo 137.1).

Acoge directamente la Ley Procedimental de 1.992, frente al expreso silencio de la Ley de 1.958, el principio de que todo ciudadano no puede ser sancionado mientras que no se declare su responsabilidad de haber cometido una infracción administrativa a través de un procedimiento regular en que se ha respetado su derecho a la presunción de inocencia, el principio de que un ciudadano no puede ser sancionado sin pruebas, sin que se haya destruido su presunción de inocencia, e implicitamente se deduce del texto legal la carga de la Administración, como parte acusadora, de probar la responsabilidad del presunto autor a través de la actividad probatoria adecuada, y la prohibición de sancionar a una persona no culpable, al exigirse la concurrencia de los principios de culpabilidad y personalidad, la responsabilidad aún a título de simple inobservancia como establece el artículo 130 de la Ley 30/1.992.

Se reserva exclusivamente valor  probatorio a los hechos constatados por funcionarios públicos calificados por la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público y con la observancia de los requisitos legales pertinentes, sin acudir a las fórmulas privilegiadas del anterior régimen sancionador, que no deben provocar lesión de los derechos de defensa de las partes, al señalar que podrá ser rebatida esa fuerza probatoria “con las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan señalar o aportar los propios administrados”.

Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo (ST 9-11-83), que el Derecho sancionador no puede funcionar sobre la base de presunciones indemostradas, o de supuestas intenciones, sino que ha de descansar en la objetividad y certeza de los hechos.

Asímismo, por su claridad, reproducimos la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Junio de 1.991 (Rep. Aranzadi 4874), que viene a establecer que:

“El genio expansivo del Estado de Derecho ha dado lugar al alumbramiento de un cinjunto de técnicas que permiten el control jurisdiccional de la Administración, tan ampliamente establecido en el artículo 106.1 de la Constitución (Rep. Aranzadi 1978,2836 y ap.1975-85, 2875), se extienda incluso a los aspectos discrecionales de las potestades administrativas”.

Nuestra jurisprudencia ha venido acogiendo los logros doctrinales al respecto:

a) En primer lugar, a través del control de los hechos determinantes que su existencia y características escapan a toda discrecionalidad: Los hechos son tal como la realidad los exterioriza. No le es dado a la Administración inventarlos o desfigurarlos aunque tenga facultades discrecionales para su valoración.

b) Y, en segundo lugar, mediante la contemplación o enjuiciamiento de la actividad discrecional a la luz de los Principios Generales del Derecho, que son la atmósfera en que se desarrolla la vida jurídica, el oxígeno que respiran las normas. Tales principios (artículo 1.4 del Título Preliminar del Código Civil), informan todo el Ordenamiento Jurídico y por tanto también la norma habilitante que atribuye la potestad discrecional de donde deriva que la actuación de esta potestad ha de ajustarse a las exigencias de aquellos. La administración no está sometida sólo a la Ley sino también al Derecho, artículo 103.1 de la Constitución. Existe en este sentido una amplia jurisprudencia: Sentencias de 1 y 15 de Diciembre de 1.986 (Rep. Aranzadi 417 y 1139), así como las Sentencias de 19 de Mayo y 21 de Diciembre de 1.987 (Rep. Aranzadi 5818 y 9687).

En su virtud,

SUPLICO AL V.I. que teniendo por presentado éste escrito, se sirva admitirlo, se tenga por formulado RECURSO ORDINARIO contra la  Resolución recaída en el Expediente al margen referenciado, y en su mérito, decreto el archivo del expediente de referencia o subsidiariamente se sirva retrotraer el procedimiento allí donde se cometió la infracción procedimental aludida, declarando la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones posteriores, y en consecuencia decretar el archivo del presente expediente.