BREVE COMENTARIO A LA LEY DE TASAS JUDICIALES


BREVE COMENTARIO A LA LEY DE TASAS JUDICIALES  (de ICAMUR.ORG)

abogados, tasas

SU HECHO IMPONIBLE.

PROCESOS Y ACTOS NO SUJETOS

El pasado día 30 de noviembre y con el modelo para la autoliquidación de la tasa aún sin aprobar y por lo tanto no siendo, ni aún queriendo, aplicable ley vigente en el ámbito de la Administración de Justicia, celebramos en nuestro Colegio de Abogados, una mesa redonda para debatir la multitud de problemas que el texto de la ley nos va a ocasionar a quienes con su aplicación hayamos de bregar.

Criticamos, como no podía evitarse, que para muchos la elevada carga tributaria que ahora se impone por Ley de tasas 10/2012, de 20 de noviembre, impedirá a quien la necesidad de un proceso tiene para obtener razón, la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos (art. 24 CE). Los principios de igualdad, libertad y justicia que proclama el art. 1 CE, como valores supremos de nuestro ordenamiento, dependen para que sean reales y efectivos como quiere nuestra Ley Fundamental que todos los ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica o su posición social. Así justificaba la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, los motivos para suprimir las tasas, desde el año 1987.

Un cambio de tuerca del legislador le ha hecho desconocer la anterior evidencia constitucional que amparó entonces la supresión de las tasas judiciales y que aún permitía el gravamen que se restableció siete años más tarde por la Ley 53/2002, de Medidas para el año 2003, ya que sólo gravitaba sobre las entidades mercantiles con una elevada cifra anual de negocios, y sólo en los órdenes civil y contencioso-administrativo.

Al amparo de lo que anuncia en su Preámbulo la nueva Ley como la reparación de unos meros “desajustes” de aquélla Ley de Medidas 2003, de las sociedades mercantiles con una cifra de negocios de al menos diez millones de euros anuales, se pasa a someter a su ámbito subjetivo a todo aquel que no pueda obtener el beneficio de la justicia gratuita (art. 3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 1/1996, de 10 de enero); esto es, a toda persona cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente y para la unidad familiar en su conjunto, superen el doble del salario mínimo interprofesional.

Cierto es que la sentencia del TC 20/2012, de 16 de febrero de 2012  en la que pretende apoyarse la nueva Ley, según nos dice en su Preambulo, declaró que en principio, no tiene reproche constitucional aquella norma que imponga el pago de unas tasas para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional.

Así lo manifiesta, en efecto, pero sólo para las entidades mercantiles con un elevado volumen de facturación. Pero tal conclusión, sostiene el propio TC “podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas –en este caso- por la Ley de Medidas  53/2002, fuera tan elevada que impidieran en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizaran en un caso concreto en términos irrazonables; la sentencia determina que “ la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia.” “Circunstancias propias de cada caso” cuya mejor forma de atenderlas la ofrece el principio constitucional de capacidad económica; principio que como es de ver en el apartado II del Preámbulo de la nueva Ley de tasas sale transgredido cuando literalmente, sienta que  ladeterminación de la carga tributaria no sehace a partir de la capacidad económica del contribuyente, sino del coste del servicio prestado , que nunca puede superarse.” Y si bien es razonable que el monto del coste sea tenido en cuenta también como parámetro cuantificador, resulta que ni siquiera existe el menor vestigio de la elaboración de una memoria económico financiera, exigido por el art. 20 de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos (LPP), cuando de establecer y modificar las tasas se trata, que ampare las cuantías de las tasas que se imponen.

Nos parece una hipocresía del legislador cuando luego el mismo Preámbulo afirma “ poner todo el cuidado en que la regulación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no afecte al derecho a acceder a la justicia como componente básico del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el art. 24 CE, de acuerdo con la jurisprudencia a este respecto del Tribunal Constitucional.” Ni se tiene en cuenta el principio constitucional de la capacidad económica – art. 31.1 CE- ni siquiera el principio de equivalencia que impone el art. 7 de la (LTPP), ni se atienden las conclusiones de la sentencia del TC que cita.   Recordamos también el Preámbulo, y con esto terminan los comentarios ajenos al objeto principal de estas comentarios, que la Ley 37/2011 de Medidas de Agilización Procesal, incorporó en el art. 241 de la ley de Enjuiciamiento Civil, un nuevo número 7 que incluye dentro de las costas, la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional. De esta forma, el vencimiento en un proceso con condena en costas a la otra parte, trasladará el pago de la tasa a la parte demandada; pero con tal redacción, el recurrente de una sentencia que obtiene la estimación de su recurso, con la revocación o casación de la sentencia recurrida, no podrá recuperar la tasa a cuyo pago se le obligó para recurrir contra un fallo que resultó luego no ajustado a derecho, ya que en estos caso no hay imposición de costas.

Sólo obtendrá la devolución del depósito necesario para poder recurrir además, y que sigue vigente en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tras dichos prolegómenos y teniendo la mesa de debate, una vocación eminentemente práctica, comenzamos a exponer los distintos presupuestos sometidos a la tasa judicial, destacando con antelación que si bien, como la propia Ley reconoce, la regulación de la tasa judicial incide en dos ámbitos bien distintos, El tributario y el procesal, no se hallaba en los redactores de esta Ley, los  Conocimientos en las especialidades que proclama.

La Ley anuncia querer lo que no dice; su falta de rigor y penosa técnica legislativa, lo denota; plagada está de omisiones y deficiencias que acarrearan no pocos conflictos. Comencemos desde las críticas que desarrollé desde el ámbito Tributario, en especial. Partimos de algo tan esencial pero que la Ley desconoce; esto es, de la prohibición de la analogía en derecho tributario – art. 14 LGT- cuando del echo imponible se trata, para extenderlo más allá de sus términos estrictos los fijados por una ley; pero es que, además, en ella se confunden los procedimientos y actos procesales que se dicen someter a la tasa.

El desconocimiento de esta prohibición provocará no pocos conflictos como pusimos de manifiesto; ello resulta patente desde la lectura de los presupuestos de hecho que la norma fija y de cuya realización, nacerá la obligación de pagar la tasa. Iniamos esta crítica desde el art. 2 de la Ley

HECHO IMPONIBLE DE LA TASA

( art. 2) “Constituye el hecho imponible de la tasa el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales:

a. La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de Ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo.

b. La solicitud de concurso necesario y la demanda incidental en procesos  concursales.

c. La interposición de la demanda en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

d. La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil.

e. La interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en

el orden civil y contencioso-administrativo.

f. La interposición de recursos de suplicación y de casación en el orden social.

g. La oposición a la ejecución de títulos judiciales.

En cuanto a  la jurisdicción civil  se refiere, la Ley dice que EL ACTO SUJETO, en lo que aquí interesa, es:

a. La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos (…)  Los procesos declarativos, nos lo dice la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) Como no podía ser de otro modo, se contienen en el Libro II ”De los procesos declarativos”, en cuyo artículo 248 del Título I, se señalan sus clase: juicios ordinarios y juicios verbales, y su ámbito se fija en los siguientes artículos 249 y 250.

Hay otros, en efecto, juicios civiles, los procesos especiales, además de la ejecución forzosa y las medidas cautelares. A los primeros, se dedica el Libro IV de la misma LEC, a saber, procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores (Título I); procesos sobre división judicial de patrimonios (Título II: división de herencia y liquidación del régimen económico matrimonial) y los procesos monitorio y cambiario (Título III). Consecuencia evidente: la ley en cuanto sólo dice sujetar los procesos declarativos, deja fuera del hecho imponible de la tasa, en el orden civil, la interposición de la demanda relativa a esos procesos contenidos en el Libro IV, a excepción del juicio monitorio. La prohibición de la analogía en derecho tributario impide extender más allá de sus términos estrictos, el hecho imponible y por lo tanto estos procedimientos han quedado NO SUJETOS A LA TASA JUDICIAL.

Bien estaría y nada tendríamos objetar si eso hubiera sido la voluntad del  legislador; pero nada más lejos de su intención se denota al establecer en el art.  4 las exenciones objetivas , por el que disculpa del pago de la tasa actuaciones judiciales que no se configuran como hecho imponible y por lo tanto no sujetos a  la misma. Esto nos muestra bien a las clara que la ley, como antes se decía, pese a querer hacerlo, no somete a su ámbito objetivo, lo que pretende.  Así, señala entre las exenciones objetivas tanto la interposición de demanda en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro, en nombre de los hijos menores; procesos todos ellos cuya dispensa de gravamen no necesitan por esta vía al no venir sujetos a la tasa por tratarse de procesos especiales; huelga entonces decretar la exención de su pago; ningún proceso matrimonial aunque no tuviera por objeto exclusivo la guarda y custodia de hijos menores o los alimentos, queda sujeto a la tasa. Tampoco los juicios hereditarios, ni los de liquidación de los regímenes económicos del matrimonio, ni los juicios cambiarios.

Indiferente resulta por tanto que más tarde el art. 7, destinado a fijar la cuota, señale como cantidad fija la suma de 150 para el juicio cambiario o la orden Ministerial que aprueba el modelo de autoliquidación 696, señale en su  impreso -apartado 05- a los juicios cambiarios. Innecesaria resulta la exención que dice también beneficiar la solicitud de concurso voluntario por el deudor; inoperante es, por cuanto dicha solicitud sólo constituiría hecho imponible de tratarse del concurso necesario (art. 2.b).

En el orden contencioso-administrativo , el art. 2.c) de la ley establece como hecho imponible, “ La interposición de la demanda”; acto procesal sólo pertinente en los recursos tramitados por el procedimiento abreviado en el que el recurso se iniciará por demanda [art.78.2 Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), de los que sólo conocen los Juzgados de lo Contencioso y cuyo ámbito se limita a los concretos asuntos que se determinan en el art. 78.1 de la misma Ley; el resto, de los que conocen tanto las Salas como los Juzgados de lo contencioso, tramitados por el procedimiento ordinario, no se inician por demanda sino por escrito, reducido éste a citar el acto que se impugna y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso contencioso (art. 45.1 LJCA), deduciéndose la demanda en momento muy posterior (art. 52.1 LJCA) al del inicio del procedimiento.

Otro tanto sucede con el momento del devengo de la tasa que señala el art. 5.2.a) de la Ley; se vincula el nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria a la realización de un acto procesal que no constituye un presupuesto de hecho generador de la carga de contribuir al pago de la tasa; la interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la formulación de demanda, fijado en la ley como momento para el nacimiento de la obligación, no ha sido configurado como hecho imponible, pues éste se concreta en el acto de la interposición de demanda (art. 2.c) y no, en el del recurso. Aventurado parece señalar que la Ley de tasas no sujeta los procesos contenciosos-administrativos en primera o única instancia, tramitados por el procedimiento ordinario en los que no existe la demanda iniciadora del mismo – único acto fijado como hecho imponible-, sino sólo su formulación (art. 54 LJCA).

Pero la ley dice lo que dice y la analogía no permite extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible. De entender que no se trata de meras e intranscendentes faltas terminológicas de la ley, sino de actos procesales bien diferenciados en la LJCA  como hemos enumerado, o entender que la fo lación y la interposición, de la demanda, son términos sinónimos o tiene por objeto actos de la misma naturaleza, dependerá tener o no por sujetos al ámbito de la ley, los procesos contenciosos tramitados por la vía ordinaria.  Los mismos comentarios nos provoca el art. 4.1.apartados b) y f), cuando exime de gravamen otros actos tampoco sujetos, pero con consecuencias bien distintas a las anteriormente comentadas, dada la exención del pago de la tasa para éstos; por el primero (b), la interposición de demanda en los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas (art. 115 con relación al 118 LJCA), por cuanto no se inicia por demanda y, por el segundo (f), la interposición de recursos en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración, por cuanto se trata de un acto no sujeto. Con relación a la tasa que grava la interposición de los recursos de apelación y casación en los órdenes civil y contencioso (art.2.c), la Dirección General de Tributos aclara – era innesario- en dos consultas con efectos vinculantes que sólo están sujetos los entablados contra sentencias y no contra los autos judiciales.

En cuanto al sujeto pasivo de la tasa , al que se refiere el art. 3, teniendo por tal a quien promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el hecho imponible de la misma, plantea en su párrafo segundo un supuesto de acumulación objetiva de acciones principales que no provengan de un mismo título; le ley expresa que se entenderá realizado un único hecho imponible, por el que deberán sumarse las cuantías de cada una de las acciones objeto de la acumulación para el cálculo del importe de la tasa. Este apartado, plantea muchos interrogantes pues no resuelve los supuestos de acumulación de acciones derivadas de un único título- aunque habrá de suponerse con más razón que se tratará de un único hecho imponible ni los supuestos de acumulación de acciones subjetivas en caso de ser varios los actores, problema que no se solventa con la adición de las cuantías y su prorrateo entre los distintos sujetos – incluso cuando, además, sus intereses económicos pueden no ser de igual importe-, dado que el cálculo de la tasa comprende una suma fija y otra variable según cuantía; forzoso resulta preguntarnos si la cuota fija se ha de prorratear entre los distintos actores del mismo procedimiento o bien vendrían todos obligados a pagar como única la cuota fija establecida para el procedimiento de que se trate.

El mismo art. 3 de la Ley establece que el pago de la tasa podrá realizarse por la representación procesal o abogado en nombre y por cuenta del sujeto pasivo, exonerando a dichos profesionales de responsabilidad tributaria por razón de dicho pago. Hasta ahí podríamos suponer. Pero cada profesional que liquide la cuota está comunicando las actuaciones o procesos en los que interviene. Luego puedo o no continuar con la defensa judicial del asunto, por lo que habrá de demostrar ante la Agencia Tributaria si en realidad se apartó del asunto por cuyo motivo no declaró los ingresos que por esa actuación profesional hubiera devengado; o de haberlo hecho, no haberlos podido luego cobrar. Los profesionales que asuman la presentación del modelo, pueden tener, evidente resulta, un problema.  A la base imponible para la cuantificación de la tasa) se dedica el art. 6 de la Ley, señalando que la misma coincidirá con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales; y en los supuestos de cuantía indeterminada o aquellos en los que resulte imposible su determinación de acuerdo con las normas de la LEC, se valorarán en dieciocho mil euros de cuantía a los solos efectos de establecer la base imponible de esta tasa.

Incide luego esta norma en los supuestos de acumulación de acciones y de distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso; concluyendo que para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas o a la de las distintas acciones acumuladas (dieciocho mil euros aquéllas no susceptibles de valoración económica). Como es de ver, este precepto no distingue entre acciones o pretensiones principales y accesorias, pudiendo darse el caso que una mera solicitud de cancelación registral, como pretensión accesoria, pueda originar el devengo de la tasa y que de no tener cuantía, se valore en dieciocho mil euros; o en los casos de acciones declarativas acumuladas con otras de condena y que como pretensiones distintas sobre el mimo objeto litigioso, resulten ambas sometidas a la tasa; o en los casos en los que se pretenda la nulidad de un acto y un resarcimiento de daños; o la mera petición de la imposición de las costas, con la que siendo una pretensión distinta de cualquiera de las principales, llegaríamos a tal absurdo y a una acumulación de gravámenes insostenible. El conflicto está servido, como es fácil colegir.

No se vería atemperada la cuestión por el resarcimiento de las costas impuestas al litigante vencido; primero, porque ello no evita adelantar el pago de la tasa por el actor sujeto pasivo y, segundo, porque esto no asegura el efectivo cobro del condenado en el procedimiento. Además no serán objeto de reembolso por esta vía la tasa satisfecha por el recurrente que obtiene la estimación de su recurso de apelación o casación, pues la misma no conlleva la imposición de las costas, como sabemos.

Sólo se prevén dos supuestos de devolución parcial de la cuota de la tasa;  del 60 % cuando se alcance una solución extrajudicial del litigio y del 20 % en caso de acumulación de procesos; ninguno de estos supuestos dará lugar al devengo de intereses de demora, cuya solicitud de devolución (modelo 695) se podrá instar desde la firmeza de la resolución por la que se acuerden dichas causas de devolución y dentro de los cuatro años siguientes a la fecha se su firmeza.

Se establece en el art. 10 de la ley una bonificación del 10 % sobre la tasa para los supuestos, hoy inexistentes, en que se utilicen medios telemáticos en la presentación de los escritos que originan la exigencia de la misma y en el resto de las comunicaciones con los juzgados y tribunales en los términos que establezca la ley que las regula.

Y para terminar, muy brevemente recordar que el art. 7 de la ley, señala que la cuota de la tasa tiene dos componentes; una cantidad fija y otra variable según la cuantía; la fija se determina según procedimiento y orden jurisdiccional; 800 € para el recurso de apelación y 1.200 para el de casación. Y la cuota variable es del 0.50 € sobre cuantías de hasta un 1.000.000 de euros y para el exceso, del 0,25 € (máximo variable de 10.000 €). De estas cuotas – que a veces superan mucho más del doble de las previstas en la ley 53/2003 para las sociedades mercantiles-, pueden resultar unas elevadísimas tasas, cuya cuantía impida el ejercicio de la potestad jurisdiccional, para no pocos, y con ello la insatisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva.  La Autoliquidación de la tasa, impone el deber de utilizar el modelo oficial aprobado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; modelo que por inexistente a la entrada en vigor de la tasa, el 22 de noviembre del año en curso, imposibilitó su exacción y abrigó la esperanza que podrían ser acogidos al menos, algunas de las razones que han levantado tanta repulsa desde todos los ámbitos sociales y judiciales en solicitud del deseable restablecimiento del derecho fundamental que la aplicación de la ley dejaría tan mal parado  Ilusorias han resultado esos deseos por cuanto como sabemos, la OM que aprobó el modelo de autoliquidación de la tasa terminó por publicarse el pasado 15 de diciembre, en un sábado, con entrada en vigor al siguiente día hábil, el lunes 17. Esta norma ministerial aprueba los modelos de autoliquidación de la tasa (modelo 696), con entrada en vigor dicho día, y de devolución para los únicos dos casos que contempla (modelo 695) cuya entrada en vigor demora hasta el día uno de abril de 2013 (dies a quo en caso de ser anterior la fecha del devengo de la devolución, a los efectos del cómputo de los cuatros años en los que puede ejercerse el derecho a ésta). La norma señala que no habrá papel preimpreso y establece el lugar, forma, plazos y procedimientos de presentación,  así como un detalle muy exhaustivo de todas las obligaciones que impone a los secretarios judiciales y que ha ocasionado, no sin razón, sus numerosas protestas,  tal y como sucedió en la mesa de debate en el Colegio de Abogados del día 30 de noviembre.

En efecto, el nuevo marco de la tasa encarga su gestión económica al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Pero, somete luego al Cuerpo de Secretarios Judiciales a una ingente tarea de control del pago de la tasa; lo que normativamente se fija en el art. 8 de la Ley, obligando al Secretario judicial,  primero, a comprobar la presentación del justificante de la tasa; luego, a requerir en caso de omisión al sujeto pasivo para que lo aporte y a declarar, si la omisión persiste, la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.   En los casos de inadecuación del procedimiento, falta inicial de determinación de la cuantía, o de su posterior modificación, que diere lugar a presentar una declaración-liquidación complementaria de resultar superior o, a una devolución de ingresos indebidos, de ser inferior, los secretarios siguen obligados a comunicar por escrito todas esas incidencias a la delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya demarcación radique la sede del órgano judicial, en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución en la que se fije la cuantía definitiva Y la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, publicada en un día procesal inhábil, el sábado 15 del mismo mes, para entrar en vigor el siguiente lunes 17, sin dejar siquiera un solo día hábil de vacatio legis para interpretar la norma, enfrentarse al aprendizaje de la autoliquidación y hacer las pertinentes previsiones económicas que hay que atender con antelación a la realización del acto sujeto a la tasa, va mucho más allá que la Ley en las cargas que impone al Cuerpo de Secretarios Judiciales.

En efecto, la referida Orden por la que se aprueban los modelos de autoliquidación y se fijan el lugar, forma, plazos y procedimientos de presentación, tras recordar las obligaciones que la Ley General Tributaria impone a las autoridades en general (art. 94.1), y a los juzgados y tribunales en particular, (art.  94.3), es más exigente que la ley, en la que entiende estratégica e indispensable la colaboración de los órganos judiciales; de la obligación legal de comprobar la presentación del modelo de autoliquidación de la tasa, la extiende luego para exigir la comprobación de la correcta autoliquidación de la tasa ”, cargando a los Secretarios Judiciales con la tarea de transmitir a la Agencia Estatal de Administración Tributaria como órgano encargado de la gestión del tributo,  numerosos datos; la cuantía definitiva de la tasa, identificada por su número de justificante original, el número asignado al expediente, el tipo de proceso, la cuantía de la pretensión, la fecha de la interposición, así como la fecha de la resolución en la que se determine la misma, de modo que, todo ello, permita su contraste no sólo con la autoliquidación inicial realizada por el contribuyente, sino también con las autoliquidaciones complementarias y con las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones y de devoluciones que permitan comprobar su fundamento; todo ello una vez realizada, se dice, la comprobación de la autoliquidación o subsanada la deficiencia de la falta de presentación, de los datos principales relativos a cada autoliquidación (modelo 696), petición de devolución (modelo 695) y de ingresos indebidos presentados o solicitados, esta vez conforme a lo previsto en la normativa reguladora de las devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria.

Mal paradas quedan las intenciones de agilización procesal previstas en la Ley 37/2011, cuando impone a los secretarios judiciales una onerosa tarea de control, comprobación de autoliquidaciones y transmisión de numerosos datos en detrimento de las funciones que le son propias, sobre las que ya existe una excesiva carga con los cometidos procesales que tienen asignados, y por cuyo motivo se justificaba también la Ley para suprimir las tasas en el año 1986,  cuando nos decía “En efecto, la gestión tributaria, encomendada al Secretario judicial, se ha demostrado poco eficiente en cuanto tal, al tiempo que ha apartado a ese funcionario de las importantes funciones procesales y de gestión de la oficina judicial que está llamado a desempeñar”.

Pero es que, además, y lo que es más grave, como puso de manifiesto uno de los secretarios judiciales de la mesa de debate, se introduce de canto y sin una modificación expresa de las leyes reguladoras de los procesos sobre los que recae la tasa, una forma de terminación no prevista en esas leyes procesales; el art. 8.2 establece que la falta de presentación del justificante de autoliquidación, tras superar el plazo concedido para su subsanación, (que no se establece cuál ha de ser), dará lugar a la preclusión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda. Esta forma de finalización de un procedimiento carece de amparo entre las causas establecidas por la legislación procesal civil, contenciosa o social y, además, puede acarrear para el justiciable la pérdida de su acción, lo cual parece una sanción excesivamente severa. En la mesa se abordaron otros muchos e interesantes problemas en los órdenes contencioso-administrativo y social, a los que se dedicaron los secretarios judiciales que intervinieron en ella, por cuya extensión y para no alargar más estos comentarios, dejamos para otro momento.

Para terminar, me permito una recomendación para quien promueva una actividad jurisdiccional y entendiera que ésta no está sujeta a la tasa, manifestar por medio de Otrosí sus razones por las que considera no venir obligado a adjuntar el modelo 969, al menos durante el primer tiempo de vigencia de la ley y clarificación de los distintos supuestos. En caso de que el secretario judicial estimara la no sujeción del acto a la tasa, no habrá éste de hacer comunicación alguna a la Agencia tributaria; en caso contrario su decisión podrá ser objeto del  pertinente recurso procesal hasta cuya resolución, entiendo, éste no podrá dar curso a los autos.

(FUENTE: ICAMUR.ORG)