Naturaleza y concepto de este recurso

El llamado recurso en interés de la ley, que recoge la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 en los artículos 490 a 493, es un instrumento jurídico que a pesar de su denominación legal, este instrumento no constituye propiamente un recurso ya que:

La sentencia que se dicte cumple exclusivamente una función pública, consistente en procurar para el futuro la seguridad jurídica, en todo el territorio del Estado, mediante la unificación en la interpretación de las normas que rigen los actos y garantías del proceso, corrigiendo la posible disparidad de criterios que pudiera surgir entre los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma.

No están legitimados para interponerlo quienes hayan sido parte en el proceso, sino únicamente determinadas instituciones y excepcionalmente ciertas corporaciones de Derecho público que acrediten un interés legítimo.

La sentencias contra las que puede interponerse tienen la consideración legal de firmes (artículos 476.4 y 207.2)

No se trata de reparar con él el gravamen que hayan podido sufrir quienes fueren parte por efecto del contenido de la sentencia dictada por el Tribunal Superior, sino que las situaciones particulares resueltas y derivadas de lo decidido en el recurso por infracción procesal quedan en todo caso intactas.

En definitiva, el llamado recurso en interés de la ley consiste en un medio para la unificación de la doctrina jurisprudencial que pueden promover el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y determinadas personas jurídicas de Derecho Público con interés legítimo, en pleitos en que no hayan sido parte, con la única finalidad de formar jurisprudencia en aquellas materias de naturaleza procesal, resueltas de modo discrepante por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia al conocer de los recursos extraordinarios por infracción de ley procesal, en que resulte conveniente la fijación de un criterio, o su unificación, por el Tribunal Supremo, dejando intactas en todo caso las situaciones jurídicas particulares que hubieran sido resueltas por la resolución recurrida. La eficacia unificadora de la sentencia del Tribunal Supremo se manifestará en el futuro y sobre otros casos posteriores, en virtud del carácter vinculante que le atribuye el artículo 493 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.