La ejecución hipotecaria

Frente a la ejecución hipotecaria y mientras se lleva a cabo la reforma que ayer siete de noviembre de 2012 nos anuncian desde el Gobierno que pretenden llevar a cabo, ¿cómo defendemos los abogados a nuestro cliente ante una ejecución hipotecaria?vivienda

1.- Merece especial atención la invocación de la pluspetición, que como se deduce del artículo 561 LECiv, debe entenderse referida al fondo del asunto, que en opinión de Gómez de Liaño  “puede tener un importante campo de actuación desde el momento que el resultado de la liquidación contenga cantidades improcedentes”.

Como indica Sabater Martín: “es la pluspetición un peculiar motivo de oposición que debe alegarse de modo concreto y específico. Es decir, detallando las cantidades que se han pedido en exceso, las razones que han conducido a formular esa petición excesiva y la cantidad que se acepta como debida. No puede, por tanto, alegarse la pluspetición de un modo genérico afirmando que existe un exceso en la petición y que es necesario proceder a una liquidación de cuentas. Y es naturalmente al ejecutado al que corresponde la carga de probar que efectivamente se ha producido un exceso y probar su cuantía.”

Por ello, como novedad legislativa, el artículo 557.2 permite que el ejecutado solicite al Tribunal la designación de un perito para que emita dictamen sobre el importe de la deuda.

2.-  Inexistencia de pacto expreso sobre comisiones de devolución

Bonet Sánchez señala que «cuestión distinta es la de la existencia de una serie de normas de carácter administrativo (las normas de transparencia bancaria) que exigen que determinados contratos bancarios consten por escrito a efectos de garantizar los legítimos intereses de la clientela en sus relaciones con las entidades de crédito, condición que supone que todos los derechos y obligaciones que pretendan exigir o invocar las partes han de estar claramente previstos en el documento del que surgen las relaciones contractuales.

Repárese que es notorio que en estos casos nos encontramos ante contratos de adhesión o contratos masa, en los que su clausulado ha sido redactado de forma unilateral por la entidad de crédito, limitándose el cliente a adherirse a éste con su firma, por lo que debe tenerse en cuenta lo establecido en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, en el resultado de la misma.

3.-  Inexistencia de causa contractual que fundamente el cobro

Dispone el artículo 1274 del Código Civil que “en los contratos remuneratorios se entiende por causa «el servicio o beneficio que se remunera”.

La controversia en este punto, que alcanza a la jurisprudencia menor, donde la cuestión tampoco es pacífica, se encuentra en precisar si ante la evolución por impago del efecto descontado tras la oportuna gestión de cobro que efectúa la entidad bancaria, ésta puede repercutir una comisión a su cliente por tratarse de un servicio efectivamente prestado y no retribuido por otro concepto; o, por el contrario, es una circunstancia incidental que se encuentra cubierta por la retribución contractual pactada en forma de intereses, en cuyo caso se vulneraría el artículo 1275 CC.

De especial interés es la norma tercera de la Circular 8/1990 del Banco de España, cuando preceptúa: «Las comisiones y gastos repercutidos deben responder a servicios efectivamente prestados o gastos habidos. En ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme por el cliente”.