Recurso de apelación  malos tratos

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

IL TMOS. SRES. DE LA SECC10N CENTÉSIMO SÉPTIMA

Madrid, en Audiencia pública y en grado de apelación, el juicio Oral n° 5/11 procedente del Juzgado de lo Penal nº3 Madrid seguido por un delito de maltrato familiar siendo partes en esta alzada como apelante Antonio y como apelado Luisa  y el Ministerio Fiscal y Ponente la Magistrada Sra

En Madrid, a 24/09/2012

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el indicado Juzgado de lo Penal n0 Madrid se dictó sentencia el 11 que contiene los siguientes Hechos Probados: “Se declara expresamente probado que el día 2 de agosto de 2011 sobre las 13:30 horas, el acusado, mayor de edad y carente de antecedentes penales computables, acudió en compañía de sus dos hijas menores de edad al parque sito en la Calle de Alcalá de Madrid, para entregar a las menores a su madre, Dña Luisa en ese momento se inició una discusión entre ambos, en el curso de la cual el acusado agarró del pelo a su ex pareja en presencia de los amigos de ésta.

En la parte de hechos probados de la sentencia se establece: “Que debo condenar y condeno a D. Antonio como autor responsable de un delito de malos tratos del artículo 153.1 y 3 del Código Penal, a las penas de nueve meses y un día de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de dos años y un día, y prohibición de aproximarse a menos de quinientos metros a Dña. Luisa a su lugar de trabajo, domicilio o cualquier otro que la misma frecuente, así como de mantener cualquier tipo de contacto con la misma por el medio que sea por tiempo de un año, nueve meses y un día; todo ello, con imposición al acusado de las costas procesales devengadas, incluidas las de la acusación particular

SEGUNDO.- Notificada  la sentencia  se interpuso en tiempo y forma recurso   de apelación por la representación de Antonio que fue admitido en ambos efectos y del que se confirió traslado por diez días a las demás partes para que pudieran adherirse o impugnarlo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se formó el correspondiente rollo de apelación, y se señaló para la deliberación y resolución del recurso el día 21/2012

HECHOS PROBADOS

1             SE ACEPTAN los de la sentencia apelada, Que se dan aquí por reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.• Por la representación de Antonio Colmenar Cano se interpone recurso de apelación contra la sentencia referida que condena a su patrocinado como autor responsable de un delito de malos tratos del arto 153 1 Y 3 del CP, viniendo a alegar error en la apreciación de la prueba, señalando Que los testigos presentados por la acusación se trata de compañeros de trabajo, amigos y primo de la denunciante, así como de su actual pareja sentimental.

SEGUNDO.- Centrada así la cuestión, la revisión de la valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida por el Juez a qua, se debe concretar a la forma en que se han practicado o desarrollado en el plenario las pruebas, si existen pruebas de cargo, y si la valoración efectuada obedece a las reglas de la lógica, experiencia y de la sana crítica (SSTC 17-12-85 [RTC 1985\174], 13-6-86 [RTC 1986\78],13-5-87 [RTC 1987\55], 2-7-90 [RTC 1990\124], 4-12-92 [RJ 1992\10012], 3-10-94 [RJ 1994\7607]), Y únicamente debe ser rectificada, bien cuando no existe al imprescindible marco probatorio de cargo vulnerándose  entonces el principio de presunción de inocencia, o bien, cuando tras el examen de las actuaciones revele un manifiesto y claro error del juzgado de tal entidad que imponga la modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, o más concretamente, sólo cabe revisar la apreciación hecha por el Juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aquella valoración haya sido llevada a cabo por el órgano judicial de forma arbitraria, irracional o absurda, es decir, si la valoración de la prueba ha sido hecha mediante un razonamiento que debe calificarse de incongruente o apoyado en fundamentos arbitrarios, como aquellos que aplican criterios contrarios a los preceptos constitucionales. (SS. Te 13-93 [RTC 1993\79], S. TS 29-1-90 [RJ 1990\527]).

Así mismo sabido es que, el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el articulo 24 de la Constitución (RCL 1978\2836), implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos [LEG 1948\1J; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [RCL 1979\2421], y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [RCL 1977\893]). Esto supone que es preciso que se haya practicado una mínima prueba de cargo, cuya iniciativa pues corresponde a la acusación, que sea suficiente para desvirtuar esa presunción inicial (ST5 251/2004).

Procede pues, analizar:

a) Si existe en las actuaciones prueba practicada como fundamento de la condena (prueba existente)

b) Si dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada a las actuaciones con observancia de las garantías constitucionales y de las normas aplicables en cada caso y en cada medio de prueba (prueba fáctica)

c) Si esa prueba de cargo, lícitamente obtenida y aportada al proceso puede considerarse suficiente para justificar un pronunciamiento condenatorio (prueba suficiente); y esta suficiencia ha de exigirse con rigor ya que toda duda razonable en materia de prueba ha de resolverse conforme al principio “in dubio pro reo” en favor del acusado.