SENTENCIA DE INCAPACIDAD

SENTENCIA NUM. 1/12

En Torrejón de Ardoz, a 2 de marzo de 2012.

Vistos por mí, M&T, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción Uno (antiguo Mixto Ocho) de Torrejón de Ardoz y su partido judicial, el presente juicio de incapacidad seguido en éste Juzgado al número 342/2010, a instancia del Ministerio Fiscal contra PEPOTE  MARTINEZ, habiendo sido designado defensor judicial del presunto incapaz la AGENCIA DE LA TUTELA DEL ADULTO de la COMUNIDAD DE MADRID, Y con intervención de PEPITO MARTINEZ y PEPITA MARTÍNEZ  representados por la Procuradora M&T y dirigidos por el Letrado José Martín; y vistos los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Inicialmente por la Procuradora M&T en la ya indicada representación, se presentó demanda que por turno correspondió a este Juzgado, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que entendía aplicables, terminaba suplicando que previa admisión a trámite de la misma se declarara la incapacidad parcial de PEPOTE MARTINEZ, para realizar determinados actos de carácter económico que excedieran  de la mera administración ordinaria de sus bienes, designando curadores a sus padres PEPITO y PEPITA.

Admitida a trámite la demanda, los mismos demandados mediante escrito presentado a fecha de 16 de enero de 2012, tras haberse practicado el informe del Médico Forense del Juzgado y el emplazamiento tanto del Ministerio Fiscal como del presunto incapaz, desistieron del procedimiento, continuando con el mismo el Ministerio Fiscal, designando el sentido de desplazarse eficazmente dentro de su entorno, mantener una existencia independiente en relación con las necesidades físicas más inmediatas, incluyendo alimentación, higiene y autocuidado).

Si trasladamos lo anterior al supuesto que nos ocupa, del conjunto de la prueba practicada en autos, en especial el reconocimiento del Médico Forense donde se indica que PEPOTE MARTINEZ, padece un retraso mental leve, un trastorno de la personalidad debido a enfermedad orgánica, síndrome de West (encefalopatía mioclónica infantil), síndrome de Kallrnan y problemas sociales relativos a la adaptación al entorno, lo que deriva en un retraso mental leve con alto grado de influenciabilidad, siendo una enfermedad permanente e irreversible sin posibilidad de tratamiento médico, incapacitándolo dichas patologías de forma parcial para el adecuado manejo de sus bienes no así de su persona; junto con la documentación obrante en autos de la que se desprende (doc. Cinco) que tiene una minusvalía física, psíquica y sensorial reconocida en un grado del 43%, junto con el documento cuatro, Informe psicológico por DR. VALLTIERRA , donde se recoge como conclusiones que a nivel de inteligencia PEPOTE MARTINEZ, padece un retraso mental con dificultades para el cálculo, para las habilidades sociales; presentando un daño cerebral que le afecta tanto intelectualmente como a su personalidad y que está condicionando su manera de comportarse, su superficialidad afectiva y las dificultades de planificación Y secuenciación de sus actos; con una personalidad marcada por la incapacidad personal pudiendo llegar a tomar decisiones peligrosas para sí mismo o para los demás, lo que lleva a un trastorno límite de la personalidad; necesitando ayuda para cuestiones de la vida diaria no aceptando el apoyo a nivel familiar, con un conflicto manifiesto que le lleva a adoptar una actitud de huida y en ocasiones agresiva hacia su propia familia, con dificultades para mantener una relación de pareja y aprender de la propia experiencia; con clara alusi6n a la obsesión de Pablo por mantener una vida sentimental en pareja y un estado civil de casado, habiendo estando casado con anterioridad con una mujer de origen marroquí que no hablaba si quiera bien la lengua española quien, una vez consiguió la nacionalidad dejó a Pablo, volviendo de nuevo a repetir el mismo patrón de conducta pese, a los intentos de protección de su ámbito familiar, llegando a tal enfrentamiento con sus progenitores y hermanos que tuvieron que desistir al procedimiento; procede declarar la incapacidad parcial de Pablo PONCE MARTINEZ para administrar sus bienes, no pudiendo exceder dicha administración de lo usual en la vida cotidiana pues hasta las operaciones aritméticas sencillas son complicadas para él.

SEGUNDO.- Que citados a juicio el presunto incapaz, los parientes más próximos y el Ministerio Fiscal, asistieron todos ellos, y tras escuchar a los parientes más próximos padres y esposa, uniéndose la pericial del Médico Forense del Juzgado, la documental aportada en autos y la exploración del presunto incapaz: el Ministerio Fiscal solicitó la incapacidad parcial de PEPOTE MARTINEZ, siendo sometido al régimen de curatela, precisando intervención del curador para realizar los mismos actos de administración de bienes que el Código Civil impone al tutor autorización judicial; siendo deferida esta a favor de la AGENCIA DE LA. TUTELA DEL ADULTO de la Comunidad de Madrid, adhiriéndose a tal petición la familia del presunto incapaz y oponiéndose a que fuera deferida a su favor la curatela la citada AGENCIA.

TERCERO.- Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Además del examen del presunto incapaz ordenado por el Art. 208 del CC, es preciso que el juzgador investigue a cerca de la enfermedad que padece la personal y en su caso si esta enfermedad realmente la impide gobernarse por sí misma, de conformidad con el Art. 200 del mismo cuerpo legal.

Tal y como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 da julio de 2004, “Además de la prueba de la deficiencia de carácter físico o psíquico en que se funda la incapacidad, el Art. 200 CC requiere que tal enfermedad o deficiencia impida a una persona gobernarse por sí misma; el autogobierno se concibe como la idoneidad de la persona para administrar sus intereses, intereses que comprenden no solo los materiales sino también los morales, y por ende la guardia de la propia persona, o como dice el autor, el gobierno de si mismo por sí mismo significa la adopción de decisiones y realización de actos concernientes a su propia esfera jurídica tanto en el plano estricto de la personalidad como en el plano económico o patrimonial.

Desde el punto de vista médico, se dice que el autogobierno tiene tres dimensiones o intensidades, la patrimonial (autonomía e independencia en las actividades socioeconómicas), la adaptativa e interpersonal (entendiendo por tal la capacidad de afrontar los problemas de la vida diaria en la forma y manera que sería de esperar para su edad y contexto sociocultural) y la personal (en el que su esposa han tenido que ser los primeros quienes hagan frente a la hipoteca y al alquiler de la vivienda de protección oficia que le fue concedida al no alcanzarle el dinero para ello, desconociendo si es por mala organización o prodigalidad; hecho que PEPOTE MARTINEZ, negó en la exploración judicial indicando que él se encargaba de todos sus asuntos económicos, del pago del alquiler, de la hipoteca para terminar adquiriendo la vivienda, de mantener a su familia sin necesidad alguna.

SEGUNDO.- Habiéndose declarado una incapacidad parcial de PEPOTE MARTINEZ, el régimen legal aplicable seria la curatela que previenen los Art. 286 y siguientes del CC, en concreto el Art. 287 en virtud de la presente resolución judicial y vista la incapacidad parcial acordada. Para la designación de curador, el Art. 291 del mismo cuerpo legal se remite a las normas generales para el nombramiento de tutor y si bien es cierto que en estas se fija con carácter piramidal en el Art. 234 a los preferidos con carácter excluyente, ocupando el óbice de la misma el esposo o esposa seguido de los progenitores. Ahora bien, el mismo precepto permite que el juez, excepcionalmente y en resolución judicial motivada, altere dicho orden cuando sea necesario para el cuidado y atención del incapaz. Así teniendo presente que PEPOTE MARTINEZ, es altamente influenciab1e como señala tanto el Médico Forense en su reconocimiento como el nivel de conflictividad existente con su familia y que así mismo señala el psicólogo que elaboró el informe que obra en las actuaciones, indicando que al no dejarse ayudar por sus padres y hermanos PEPOTE MARTINEZ, adopta una aptitud huidiza e incluso agresiva hacia ellos, existiendo un claro y patente conflicto de intereses entre la esposa de PEPOTE MARTINEZ, y la familia de este último que pretende a través de esta demanda precísamente salvaguardar sus intereses ante matrimonios de conveniencia como ya le sucedió en el pasado si bienPEPOTE no aprende de las experiencias vividas y no es capaz de trashumarlas a la realidad imperante volviendo a repetir los mismos patrones de conducta; se hace preciso apartar a ambos intereses contrapuestos de la administración y posición de dominio de los intereses de Pablo, siendo en consecuencia deferido el nombramiento a favor de un tercero plenamente imparcial como es la AGENCIA DE LA TUTELA DEL ADULTO de la Comunidad de Madrid.

Dicha agencia, según establece el Art. 290 en relación con el Art. 271 del CC, intervendrá como curador en todos los actos en que los tutores necesitan, según el Código, autorización judicial.

TERCERO.- Conforme a procede declarara la PEPOTE MARTINEZ, debiendo los Ar t . 199, 200 Y 2B7 del CC, incapacidad parcial de PEPOTE MARTINEZ, constituirse como régimen para la salvaguarda de sus derechos la Curatela que se difiere a  favor de la AGENCIA DE LA TUTELA DEL ADULTO de la Comunidad de Madrid.

CUARTO.- No procede hacer costas causadas en atención este procedimiento por especial pronunciamiento a la especial naturaleza en de Madrid.

Vistos los preceptos citados, y demás de general y pertinente aplicación, por cuanto antecede, en nombre de SM EL REY

FALLO

Que con ESTIMACIÓN TOTAL de la demanda interpuesta por el Ministerio fiscal contra PEPOTE MARTINEZ, debo DECLARAR Y DECLARO que PEPOTE MARTINEZ,, nacido en Madrid el 5 de septiembre de 1969 y que cuenta con 42 años de edad, es incapaz de forma parcial para gobernase por sí mismo y administrar sus bienes, siendo sometido al régimen de CURATELA, nombrando a tal efecto a la AGENCIA DE LA TUTELA DEL ADULTO, siendo necesaria la intervención del curador para los mismos actos que el tutor necesita autorización judicial según el Código Civil; todo ello sin especial pronunciamiento en orden a las costas, debiendo cada parte abonar las suyas y las comunes por mitad.

Líbrese exhorto al encargado del Registro Civil correspondiente y del Registro de la Propiedad donde consten los bienes de PEPOTE MARTINEZ, al que acompañará testimonio de la presente resolución a fin de que practique la correspondiente inscripción, una vez firme la presente sentencia.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y demás partes haciéndolas saber que contra la misma cabe recurso de Apelación, del que conocerá la Audiencia Provincial de Madrid, a interponer en este Juzgado en el plazo de VEINTE días desde la notificación.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncia, manda y firma, M&T, Magistrado-Juez de Torrejón de Ardoz.