conclusiones recurso contencioso administrativo

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE MADRID 

            DON  Procurador de los Tribunales y de la mercantil S.L., representación que tengo acreditada en autos de procedimiento ordinario 1/2001, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

            Que mediante el presente escrito, cumplimento providencia de 1 de enero de 2001, notificada en día 1, por la que se nos confiere traslado para formular las conclusiones del presente recurso, sobre los hechos y motivos jurídicos alegados. 

            A dicho efecto, evacuo el traslado conferido, conforme a las siguientes

 CONCLUSIONES SUCINTAS

 ÚNICA.-  

Las únicas pruebas practicadas en los presentes autos, es la documental que esta parte acompañó a su escrito de demanda, entre la que constan las cuentas anuales del ejercicio 2001 y la memoria de actividades de mi representada en el mismo ejercicio.

             La solicitud cerca del Registro Mercantil de Madrid, sobre el objeto social de mi patrocinada no ha sido practicada, hasta donde esta parte conoce, puesto que nada se nos ha trasladado en este sentido; fue propuesta en el escrito de contestación a la demanda de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, pero no ha sido practicada, aunque una copia de los estatutos de mi representada figure unida a los autos. 

            Con estas pruebas, se acreditan las afirmaciones hechas en la demanda del recurso, toda vez que mi mandante, según se deduce de sus cuentas, no ejerce actividad comercial alguna, y sus únicos beneficios provienen de los dividendos de acciones y participaciones de las que es tenedora. 

            Debería bastar lo anterior como conclusión, puesto que una sociedad de este tipo no puede ser elector de la Cámara, salvo infracción de los artículos 6.1 y 6.3 de la Ley 3/1993, de 23 de Marzo. 

            Pero ante la insistencia de nuestro contrario, que llega a sostener que “por las actividades que desarrolla mi patrocinada se encuentra sujeta al Impuesto de Actividades Económicas (IAE)”, es preciso concluir que tal afirmación no es más que una expresión de voluntarismo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, para conservar sus electores y asociados, ya que no tendría ninguno si la asociación no fuera obligatoria. 

            Y ello es así, primero porque la propia Cámara reconoce que no consta que mi patrocinada tribute por IAE; y segundo, porque las actividades que desarrolla mi representada no son ninguna de las que determinan la sujeción a este impuesto, toda vez que (pueda o no pueda hacerlo que eso es otro tema) lo cierto es que no ejerce, ni actividades empresariales, ni profesionales, ni comerciales, ni artísticas, tal como lo acreditan, mal que le pese a nuestra contraparte, las cuentas sociales anuales. 

            En consecuencia, a la hora de las conclusiones, si por las razones que preceden mi mandante no está sujeta al IAE y por eso no consta su alta en este impuesto, el juego de los artículos 6.1 y 6.3 de la Ley 3/93 sólo permite una interpretación, que  S.L., no puede ser considerada como elector de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. 

            Para enervar esta conclusión, que a nosotros nos parece evidente, el refugio de nuestro contrario es, decir que los estatutos sociales permiten a mi mandante la realización de esas actividades, lo que determina su sujeción al IAE. 

            Pero, además de que una cosa es poder hacerlas, y otra distinta es llevarlas a cabo (es claro que S.L no lo hace), los estatutos de mi patrocinada exigen que, para realizar una de estas actividades, las que se especifican en su objeto social, será obligatorio cumplir los requisitos administrativos que, en cada caso, exija el ejercicio de tales actividades.

             De manera que, siendo el alta en el IAE y la contribución por este impuesto requisitos imprescindibles para la realización de actividades empresariales y comerciales, y no constando que mi representada esté dada de alta en el impuesto, es patente que  S.L., no puede llevar a cabo tales actividades, como gratuitamente se le supone por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

             Invocamos por último, por su trascendencia para el presente recurso, la sentencia del TC 225/2006 de 17 de julio de 2006 en recurso de amparo 149/2002, en la que se concede el amparo por vulneración del derecho de asociación en su vertiente negativa, que es exactamente lo que sucede en este caso con la pretensión deducida por nuestro contrario, pretensión que tal vez deduce, porque sin asociación obligatoria, la Cámara ni siquiera existiría por falta de asociados, ni, por supuesto, podría celebrar elección alguna, si no obligara, como lo hace con mi patrocinada, a considerar electores, no ya a los que no quieren, sino también a los que no pueden participar en el sistema. 

            En su virtud, 

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito con su copia se sirva admitirlo, y teniendo por cumplimentado el traslado conferido, tenga por formuladas las CONCLUSIONES SUCINTAS, que convienen al derecho de esta representación, siguiendo el trámite por su cauce hasta la resolución del recurso de conformidad con los pedimentos de nuestro escrito de demanda.

             Por ser de justicia que pido en Madrid a uno de enero de dos mil uno.