Alegación a Fiscalía -otros ordenamientos-

Ha quedado acreditado que el viernes 30 de septiembre de 2005, el Sr Cano. Y el Sr. Ventura mantuvieron una conversación telefónica sobre el caso durante el curso de la cual el Sr. Cano le dijo a Sr Ventura que el acusado estaba preparado para declararse culpable de homicidio, a modo de provocación. Era algo en lo que estaban de acuerdo ambos; que los documentos de prueba no proporcionaban ninguna base para la acreditación de la autoría por parte de la causado. El Sr. Cano sugirió que el acusado fuera entrevistado una vez más por la policía, una nueva entrevista de la parte demandada que proporcionase una base adecuada para la declaración de culpabilidad. Posteriormente se llevó a cabo una nueva conversación entre el Sr. Cano y el Sr. Ventura acerca de la revisión previa al juicio, que se aplazó debido a la oferta del señor Cano. La oferta, incluyendo la sugerencia de que el acusado fuera de nuevo entrevistado por la policía, finalizó cuando la fiscalía a través de un escrito al Juzgado se negó a que se volviera a entrevistar a la parte demandada y rechazó la oferta de la defensa. En su carta de 3 de octubre, y quizá antes, el Sr. Cano había dado a conocer detalles de sus instrucciones en cuanto a la provocación con el señor Ventura. Dijo en su testimonio que lo hizo sólo sobre la base de su comprensión de que el Sr. Ventura había aceptado en sus conversaciones que se llevaría a cabo una nueva entrevista de la parte demandada. El Sr. Cano dice que en ese entendimiento es que ha proporcionado los detalles de su defensa a la fiscalía. Él dice que el cambio de mentalidad por parte de la Fiscalía al negarse a volver a entrevistar a la parte demandada ha asegurado que el demandado va a sufrir perjuicio en su defensa como resultado de la este mal entendido y el declarar ciertos aspectos a la Fiscalía creyendo que se había alcanzado un acuerdo en cuanto a la forma de actuar. Los problemas se pueden reducir a tres cuestiones. En primer lugar si, de hecho el Sr. Cano llegó a divulgar los detalles de su defensa a la fiscalía como resultado de la persecución que lo llevó a creer, erróneamente, que una nueva declaración sería tomada por la policía de la parte demandada. En segundo lugar, si esto es así, se demostraría el perjuicio sufrido por el demandado como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y el cómo evitar que tenga un juicio justo. Finalmente, si no hay tal perjuicio, que sea una estancia superior quien debe establecer si realmente no ha existido prejudicialidad en éste caso, como resultado de la conducta de la fiscalía. El testimonio del Sr. Cano fue que tan pronto como la conversación del 30 de septiembre, entre ellos, él fue llevado a creer que en una nueva declaración se obtendrían de la parte demandada las pruebas suficientes como para que adquiriera consistencia la demanda. El testimonio del Sr Ventura se mantuvo de acuerdo con la del Sr. Cano en cuanto a que en las dos ocasiones, es decir el 30 de septiembre y 3 de octubre, cuando se habló de la oferta que por el acusado a declararse culpable de homicidio sin premeditación. El Sr.Ventura afirma que lo que recuerda que dijo es que no había hecho ningún comentario durante la conversación de 30 de septiembre nada de esto , que lo que le dijo es que había dos cuestiones a tener en cuenta, en primer lugar si era apropiado volver a entrevistar al acusado y si es así, en segundo lugar, si la entrevista debe ser bajo la tutela de la Fiscalía. Hay pocas pruebas concluyentes en cuanto a resolver cuál de los recuerdos divergentes entre el Sr. Cano y Sr.Ventura es la correcta. La transcripción de la solicitud de revisión, realizada por el abogado, previa al juicio no es concluyente. Durante la cual expuso a éste Tribunal: “Así que en el curso de este procedimiento me encomiendo a vuestra señorías que se solicitó esta revisión previa al juicio para que este se aplazara durante tres o cuatro semanas que nos llevarían al 28 de octubre – para dar tiempo a la oferta que se hizo formalmente, por escrito, porque acepto que no existe una base evidente para la condena del demandado.