Tercería de mejor derecho

Se trata aquella situación en la que alguien que no está siendo parte en una ejecución alega no solo que le corresponde ser parte, sino que su derecho de crédito es preferente frente a quién  ha iniciado el procedimiento frente al ejecutado. Se encuentra regulado en los artículos 614 a 620 del Código Civil.

Hay una interesante Sentencia del Tribunal Supremo que establece nítidamente la finalidad y objeto de  la tercería de mejor derecho y que reproducimos aquí:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como antecedentes necesarios para la mejor comprensión de la cuestión que se suscita en el presente recurso de casación y, por ende, de la tercería de mejor derecho de la que trae causa, conviene consignar los que sucintamente se exponen a continuación. Por el Abogado del Estado, en representación de la “Agencia Estatal de la Administración Tributaria”, se dedujo demanda de tercería de mejor derecho en solicitud de que se declare su derecho a reintegrarse del crédito que ostentaba frente al demandado Luis Pedro , con preferencia a la entidad acreedora, “Banco Pastor, S.A.”, quien había promovido la ejecución provisional de la sentencia de primera instancia que declaraba su crédito frente al anterior y frente a la mercantil “S.A. de Bienes Inmuebles Reunidos”, en el curso de la cual se había procedido a embargar los bienes del primero. Dicha demanda de tercería se dirigió tanto contra la entidad de crédito ejecutante como contra quienes habían sido declarados deudores en la sentencia objeto de ejecución provisional. La sentencia primera instancia estimó la demanda y declaró el derecho de la Hacienda Pública a reintegrarse de su crédito con preferencia al acreedor ejecutante.

La Audiencia Provincial estimó en parte el recurso de apelación interpuesto por la entidad “Banco Pastor, S.A.” contra la anterior sentencia, que revocó para estimar también parcialmente la demanda, declarando que sobre los bienes embargados por dicha entidad en el proceso de ejecución del que dimana la tercería ostentaba mejor derecho la “Agencia Estatal de la Administración Tributaria” para reintegrarse frente al deudor Luis Pedro del crédito de que aquélla era titular, desestimando, en cambio, las pretensiones formuladas respecto de la entidad codemandada “S.A. de Bienes Inmuebles Reunidos”.

SEGUNDO.- En el único motivo de su recurso, que se formula al amparo del número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Abogado del Estado denuncia la infracción del artículo 71 de la Ley General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 25/1995 , en relación con el artículo 1539 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la doctrina jurisprudencial sobre la acción de nulidad. Con esa denuncia casacional se quiere hacer valer la tesis de que el mejor derecho de la Hacienda Pública declarado en la sentencia recurrida se ha de referir también al patrimonio del deudor que se reintegra como consecuencia del levantamiento del velo societario de la entidad codemandada que fue a su vez declarado por la sentencia de cuya ejecución trae causa la tercería, de forma que al desestimar la demanda de tercería frente a dicha mercantil se limitaría el alcance de los efectos del mejor derecho declarado, con infracción de los preceptos citados y de la doctrina jurisprudencial invocada.

3 El motivo debe ser desestimado. Y ha de serlo porque, en primer lugar, no pueden eludirse las consecuencias que respecto de la pretensión impugnatoria, tal y como está formulada, se derivan de la firmeza de la sentencia dictada por la Sección 15ª de Barcelona, de fecha 21 de septiembre de 1999 , que revocó en parte la que fue objeto de la ejecución provisional de la que trae causa la presente tercería de mejor derecho y dejó sin efecto el pronunciamiento contenido en ésta, por cuya virtud se extendía a la mercantil aquí codemandada la responsabilidad que el Banco acreedor ejecutante exigía al deudor Luis Pedro . Esta circunstancia debe ser tenida en cuenta a la hora de resolver el recurso de casación objeto de examen en la medida en que hace desaparecer el interés legítimo que mueve la pretensión impugnatoria, que de ese modo se ve carente de todo fundamento, pues huelga discutir acerca del alcance del mejor derecho de la tercerista cuando la entidad cuyo patrimonio habría de ser reintegrado en el del deudor para hacer frente a sus acreedores -según la tesis que se sostiene- no ha sido declarada responsable frente al Banco acreedor ejecutante. Y, en segundo lugar, porque aunque se examine el alegato en términos generales, desvinculado de cualquier consecuencia práctica derivada de las concretas circunstancias habidas en las relaciones materiales y procesales entre la acreedora ejecutante, su deudor y la sociedad también codemandada en el juicio declarativo que origina la ejecución de la que deriva la tercería, esa pretensión nunca puede ser acogida por cuanto ignora que el objeto de la tercería se ciñe a la declaración del mejor derecho del tercerista frente al acreedor ejecutante para hacerse pago con preferencia con el producto de los bienes embargados –Sentencias de 29 de abril y de 2 de noviembre de 2002, y de 17 de enero de 2006 , entre otras-. Como se precisa en la Sentencia de 29 de abril de 2002 , «las tercerías tienen un objeto delimitado por la ley, objeto que es concretado en el artículo 1532 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (de 1881 ): la de mejor derecho es el proceso por el que un acreedor que ostenta un crédito preferente al del ejecutante puede hacer valer su derecho; es decir, el objeto de la tercería de mejor derecho es, exclusivamente, la declaración de preferencia de un crédito». Esta limitación aparece hoy muy explícitamente reflejada en el artículo 620.1 de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil , a cuyo tenor la sentencia de la tercería de mejor derecho habrá de resolver sobre la existencia y el orden en que los créditos deban ser satisfechos, “pero sin prejuzgar otras acciones que a cada uno pudiera corresponder, especialmente las de enriquecimiento”.

Por tanto, queda fuera de su ámbito material cualquier alegación que tenga distinto objeto, por lo que resulta irrelevante a los efectos de dicha declaración de preferencia las vicisitudes que pudiera sufrir el patrimonio del deudor ejecutado por virtud de la extensión de su responsabilidad a terceros o de la declaración de responsabilidad de terceros con virtualidad para acrecer el patrimonio del deudor por vía de reintegración o restitución, o, en fin, para ampliar el frente patrimonial en el que el acreedor preferente puede hacer efectivo su derecho de crédito, cuestiones que en rigor afectan al alcance de la eficacia ejecutiva del título del tercerista en el marco del proceso de ejecución, y no al objeto mismo de la tercería de mejor derecho.

Y no puede olvidarse que el pronunciamiento sobre el mejor derecho del tercerista afecta subjetivamente al acreedor ejecutante y a quien es deudor de éste y del tercerista, y no a quien carece de esa condición por falta de declaración judicial al respecto.

TERCERO.- En materia de costas procesales y en esta clase de recursos se seguirá la teoría del vencimiento a tenor de lo dispuesto en el artículo 1715-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; por lo que en el presente caso las mismas se impondrán a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Que debemos acordar lo siguiente:

1º.- No haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, frente a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 29 de octubre de 1999.

2º.- Imponer las costas procesales de este recurso a dicha parte recurrente.