La temeridad en los abogados


Temeridad de  los abogados

La temeridad del abogado en el procedimiento

Se empieza a oír que se quiere introducir una reforma que posibilite que los abogados que actúen en el proceso con temeridad sean multados.

Se podría decir que la temeridad en una actuación procesal es aquella situación en la que el abogado ha obrado con manifiesta falta de cuidado y con una falta de coherencia tal que no se puede explicar desde la buena fe la acción que realizó el abogado. Que se trata de una temeridad censurable.

Una de las consecuencias que en la actualidad conlleva que el Juez o Tribunal, aprecie temeridad en el abogado, es la condena en costas, condena  que tiene como destinatario el cliente del abogado no el letrado  mismo.

E insisto se comienza a oír que será posible multar al abogado en el que se aprecie que actuó con temeridad.

Pero La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 11 y la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 246, establecen una multa para el comportamiento temerario.

Ahora corresponde diferenciar el comportamiento “simplemente” temerario de aquél en el que interviene la mala fe.  Se entiende que existe la mala fe cuando la conducta es maliciosa, se entiende que puede existir  temeridad simplemente por  desconocimiento, por una conducta excesivamente vehemente , por impericia y motivos similares que levan a aquel que actúa con temeridad a actuar apartándose claramente de la interpretación normal y ordinaria de las normas jurídicas.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2008 aclara bien las diferencias entre temeridad procesal y mala fe:

“OCTAVO.- El motivo séptimo del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 523, párrafos primero y segundo, de este Texto Legal, por cuanto que, según acusa, la sentencia impugnada no ha razonado debidamente respecto a las costas de primera instancia si estamos ante un supuesto de mala fe o de temeridad procesal, toda vez que la noción de mala fe es más restringida que la de temeridad, sin establecer un razonamiento jurídico razonable y justo de por qué una conducta de defensa procesal, que se estima parcialmente ajustada a derecho, es menos equitativa que otra, y sin señalar por que se acepta una y no la otra, desde los espacios extraprocesal y procesal, por lo que falta claridad en la motivación- se desestima porque esta Sala tiene declarado que cuando la imposición de costas no deriva del principio del vencimiento, puramente objetivo, las razones conducentes a la imposición o no de las originadas por el litigio entrañan un juicio valorativo de la exclusiva incumbencia del órgano jurisdiccional de instancia, que al no estar sometido a preceptos específicos, queda confiado al prudente arbitrio de dicho Tribunal de instancia, no apto, por tanto, para ser revisado en casación (entre otras, SSTS de 26 de febrero de 1986 y 30 de abril de 1991 ).

NOVENO.- El motivo octavo del recurso -al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por transgresión del artículo 710, párrafo segundo , de este ordenamiento, puesto que, según declara, la sentencia de la Audiencia no ha razonado con claridad si en un supuesto de mala fe o de temeridad (fundamento de derecho séptimo), que se lleva al campo procesal, toda vez que aquella noción de mala fe es más limitativa o restringida que la de temeridad, sin establecer una argumentación jurídica de por qué en equidad y proporcionalidad una conducta de defensa procesal (la del arrendador demandado), que se estima ajustada a Derecho, es menos equitativa que otra (la de la arrendataria demandada), y sin señalar por qué se acoge una y no la otra desde el campo procesal que aprecia circunstancias excepcionales de complejidad del procedimiento- se desestima porque la doctrina jurisprudencial ha establecido respecto al citado artículo 710.2 lo siguiente:

a) este precepto está inspirado en materia de imposición de costas procesales en el criterio objetivo del vencimiento y, en este sentido, contiene una prescripción de carácter general que para determinar el oportuno pronunciamiento condenatorio sólo necesita como fundamentación la de que hayan sido totalmente rechazados los pedimentos de la parte a la que se imponen;

b) el citado artículo permite a su vez, y como excepción a la norma general, que los juzgadores de segunda instancia, razonándolo debidamente, aprecien la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen otro pronunciamiento; y

c) la norma de excepción es, en su aplicación, facultad privativa de los Tribunales de instancia, como lo demuestra su literal contexto, al referirse a la apreciación por la Sala de circunstancias excepcionales la posibilidad de que no sea aplicado el criterio objetivo del vencimiento. La sentencia recurrida se ha limitado a establecer que la sentencia confirmatoria deberá contener condena en costas al apelante, según dispone el precepto citado en el motivo como vulnerado.

DÉCIMO.- La desestimación del recurso produce los preceptivos efectos determinados en el artículo 1715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a las costas y la pérdida del depósito constituido.”

Claro que si se pusiera  “de moda” el multar a aquél abogado que se entendiera que actuó de forma temeraria, inmediatamente, aparecerían cuestiones difícilmente resolubles. Por ejemplo, a los abogados que  son designados por el Turno de Oficio para la defensa de los intereses  de un ciudadano, no se le permite desistir.