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recurso apelacion civil por las costas

Recurso apelacion civil por las costas

apelación

Se recurre la Sentencia por no condenar a la otra parte en costas y se adjunta jurisprudencia.

 AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE LOS DE MADRID PARA ANTE LA SALA DE LO CIVIL DE LA ILUSTRÍSIMA AUDIENCIA PROVINCIAL

             DOÑA JUSTINA RECUROSA, Procuradora de los Tribunales y de la compañía mercantil EMPRESA S.A., según tengo debidamente acreditado en los autos de referencia, ante la Sala comparezco y como mejor en Derecho proceda,  DIGO:

         Que mediante el presente escrito y en tiempo y forma procesales vengo a evacuar el trámite concedido en providencia de 10 de enero de 2013, notificada el 12,  y en su virtud interpongo recurso de apelación contra la sentencia dictada el 8 de enero de 2013 y todo ello de conformidad con los siguientes: 

MOTIVOS 

         ÚNICO.- La presente alzada se circunscribe única y exclusivamente a la materia de costas, por considerar que la no imposición de las mismas a LA PARTE CONTRARIA constituye una flagrante vulneración del artículo 395 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil

         En efecto, el referido artículo establece que si el demandado, por mucho que se hubiera allanado, hubiese actuado de mala fe, procederá la condena en costas. 

         Y añade el tan mencionado precepto, que se entenderá que existe mala fe, si se le hubiere formulado requerimiento de pago.

          Así las cosas, y conforme a dicho orden legal, si el actor antes de formular la demanda hubiese requerido de pago, se entenderá que el demandado ha actuado de mala fe y consecuentemente procederá su condena en costas.

         Pues bien, en el presente caso no es uno sino dos los requerimientos extrajudiciales, en concreto los documentos 2 y 3 de la demanda, por el que se conmina al pago requerimientos que nunca tuvieron contestación. 

         El Juzgador a quo considera que dichos burofax no son requerimientos de pago, por lo que no aprecia mala fe, y consecuentemente no condena en costas

         Pues bien, frente a semejante afirmación, el presente motivo tiene por objeto llevar a la Ilustrísima Sala a la inequívoca conclusión, de que la sentencia de instancia vulnera el artículo 395 y debe ser revocada en materia de costas, por las siguientes razones:

         1.- Porque los documentos 2 y 3 constituyen requerimientos de pago. ¿No es requerimiento de pago ejecutar un aval y consecuentemente conminar a la entidad bancaria a que satisfaga un importe económico?.  

         Todo requerimiento contiene tres exigencias. Una primera de pago, consistente en manifestar o pedir el abono del débito. Una segunda de cuantía, consistente en concretar el importe. Y una tercera de fehaciencia o prueba, consistente en plasmar los dos requisitos anteriores por escrito y mediante medios que prueben la entrega y recepción.                 

          Aquí se cumplen los tres. Se exige el pago. Se dice cuanto. Y se articula mediante burofax.  

         2.- Porque de seguir la teoría que mantiene la sentencia se llega a una situación verdaderamente injusta, porque el silencio, y además reiterado de la entidad bancaria, obliga al actor a impetrar el auxilio judicial, viéndose obligado para ello a satisfacer las tasas judiciales, una provisión de fondos de Procurador y otra de Letrado que abona de su propio peculio, de manera que cuando cobra el importe del aval no se ha visto resarcido en su derecho por completo, porque tiene que deducir esos pagos, y esos pagos los ha hecho ante el silencio de la entidad bancaria. Esto es un aval a primera demanda o a primer requerimiento y como tal hay que pagarse. No hay negociaciones, ni conversaciones y sí únicamente dos requerimientos que no han sido atendidos, (se nos permitirá decir que cuanto menos hay que contestarlos), en perjuicio de esta parte y del propio sistema, puesto que la obligación del banco es pagar al requerimiento. Es más, eso es lo que dice el propio texto del aval, que se pagará a PRIMER REQUERIMIENTO, y aquí ha habido dos, por lo que la mala fe es flagrante, y

3.- La doctrina jurisprudencial de las Audiencias Provinciales es tajante. 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de Septiembre de 2.004. Hay requerimiento previo, y procede la condena en costas. Sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia de 27 de Septiembre de 2.004. Hay requerimiento previo, y procede la condena en costas. Es más, manifiesta, que como quiera que hay un allanamiento, se debe entender que el mismo hace referencia a todo, y Sentencia de la Ilustrísima Audiencia Provincial de León dictada por la Sección Segunda el 12 de Diciembre de 2.005, en un caso prácticamente idéntico al que ahora se enjuicia, sólo que al revés, puesto que el Juzgado condenó en costas frente al allanamiento. El allanado recurrió y la Ilustrísima Audiencia desestima el recurso por entender que hubo requerimiento previo y que por lo tanto procedía la condena en costas. 

Por lo expuesto,

 SUPLICO AL JUZGADO PARA ANTE LA SALA DE LO CIVIL DE LA ILUSTRÍSIMA AUDIENCIA PROVINCIAL que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, tenga por interpuesto recurso de apelación y en su día, y tras los trámites legales pertinentes dicte sentencia por la que, revocando en parte la sentencia de instancia y sólo por lo que a materia de costas se refiere, imponga a LA PARTE CONTRARIA el pago de las costas de primera instancia y todo ello por ser así de justicia que respetuosamente pido en Madrid a trece de enero de dos mil trece.

Recurso por cuestiones de prescripción

Recurso de apelación oponiéndose a la prescripción que entiende la sentencia apelada que se ha producido.Escrito al Juzgado

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 0 DE  MADRID PARA ANTE

LA SALA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

DON Procurador de los Tribunales y de DON CLIENTE , representación que tengo acreditada en autos de procedimiento ordinario 1/2.013 ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO

Que mediante el presente escrito, cumplimento providencia de 1 de ENERO de 2.013, notificada en día 14, por la que se confiere traslado a esta parte para la interposición del recurso de apelación, anunciado en estos autos, contra la sentencia que resuelve el proceso, dictada el día 1 de marzo de 2.013 y notificada el día 31 del mismo mes y año. A dicho efecto, en la representación que ostento interpongo RECURSO DE APELACIÓN contra la sentencia dictada en el proceso, antes citada, apoyando el recurso en los siguientes

MOTIVOS DEL RECURSO 

PRIMERO: LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

La sentencia apelada desestima la excepción propuesta por esta parte, con apoyo en los siguientes fundamentos, expresados todos ellos en el penúltimo párrafo del fundamento de derecho primero de la sentencia:

1.- Hay que acudir como fecha inicial, para el cómputo del plazo de prescripción, al momento en que las actoras pudieron haber ejercitado la acción de reclamación de cantidad, esgrimida en los autos.

2.- Ese momento es el día en que las demandantes conocieron la existencia del laudo, en el que se contenía la obligación de pago a su favor.

3.- Dicho No existen otras pruebas que permitan acreditar lo contrario.

Como se ve, en el criterio de la Sra. Juez de Instancia, el dies a quo para el comienzo del plazo de prescripción podría no comenzar jamás.

Una cosa es interpretar restrictivamente el instituto de la prescripción, y otra atentar de esta manera contra la seguridad jurídica, permitiendo que una acción de reclamación de cantidad siga viva, después de trascurridos 25 años; y lo que es peor, que podría seguir viva, a voluntad de las actoras y de testigos a quienes comprenden las preguntas generales de la Ley, con sólo afirmar o declarar que el conocimiento llegó a quienes ejercitan la acción, 25, 30 o 40 años después de nacida la obligación.

Frente a criterio tan singular como injusto, se debe acudir a datos mucho más objetivos que figuran en los autos y en la Ley.

Basta leer la demanda rectora del proceso, para comprender, al contrario de lo que dice la sentencia apelada, que las actoras no demandan con base en laudo alguno.

Luego, para empezar, la demanda rectora  sitúa el dies a quo, no en la fecha en que conocieron la existencia del laudo, como afirma erróneamente la sentencia apelada.

Con una tesis como la de la Sra. Juez de Instancia, no hubieran necesitado tal argucia procesal, pues la sentencia apelada les concede mucho más de los que piden en este campo, sitúa el dies a quo en una fecha indeterminada, inventada, pero afirmando – sin rubor – que es, como mucho, cinco meses anterior al ejercicio de la acción.

Con estos datos, que son los objetivos y no los testimonios prestados, no se puede decir que, a falta de otras pruebas habrá de estarse a las manifestaciones de las actoras, distintas de las de su demanda, o de testigos tan interesados como su hermano que, incluso, llegó a ser uno de los demandantes en conciliación.

Por el contrario, habrá que estar a lo que obra en los autos y en la Ley. Respecto de los autos resulta:

1.- Que la obligación nació de un laudo dictado en el año 1998.

2.- Que en ese laudo fue parte la madre de las actoras, quien, como titular de la patria potestad, era su representante legal.

3.- Que esta señora, Doña Pilar, se permitió ocultar – según lo declara en el juicio y la Sra. Juez de Instancia se lo cree – la existencia del laudo a sus hijos, desde 1.998.

4.- Que esta señora, en 1.998, reclamó para ella el cumplimiento de la misma obligación que ahora reclaman sus hijas, conforme acredita los documentos números 1 y 2 de la demanda inicial.

5.- Que esta señora, de repente, decidió, 2 años después, dar a conocer la existencia del laudo, según declara en el juicio y la Sra. Juez de Instancia se lo cree.

Y de la aplicación de la Ley resulta:

1.- Que el artículo 1.971 del cc. establece que el tiempo de prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones declaradas por sentencia, comienza desde que la sentencia quedó firme.

2.- Que el artículo 517 de la LEC, asimila las obligaciones impuestas por un laudo a las obligaciones impuestas por sentencia.

3.- Que el artículo 1.969 del cc. establece, que el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.

En su consecuencia, si se tiene en cuenta, porque así figura en los autos, que la sentencia apelada parte de un día indeterminado para iniciar el cómputo del plazo de prescripción, sólo porque testigos interesados en que las actoras ganen el litigio (uno de ellos, Don Cliente fue demandante con ellas en conciliación), así lo declaran; si se tiene en cuenta que una señora, la madre de las actoras, también interesada en el pleito, decidió comunicar a sus hijas,  que el laudo existía, tras haber ella misma reclamado el cumplimiento de la obligación a los cuatro años de dictado el mismo laudo, habrá que concluir forzosamente, que las actoras en su demanda están faltando a la verdad en su propio beneficio, cuando afirman haber conocido los hechos hace escasos meses, y que los testigos que declararon en el juicio también, puesto que estaban interesados en que el pleito se resolviera a favor de las demandantes.

Y para terminar, con la necesaria objetividad, de la que carecen los testimonios en que se apoya la sentencia apelada, basta acudir a los preceptos legales de los que la sentencia se olvida, en aras de una mal entendida interpretación restrictiva del instituto de la prescripción.

Porque el artículo 1.969 de cc. fija el dies a quo en el día en que las acciones pudieron ejercitarse, pero sólo cuando no haya una disposición especial que otra cosa determine. Y así ocurre con el artículo 1.971 del cc., que distingue y saca del régimen general las obligaciones declaradas por sentencia, a las que, en todo caso, aplica un plazo de quince años desde que la sentencia queda firme. La Jurisprudencia, por ejemplo la sentencia del TS de 19/02/1.982 que aparece en el repertorio con el número 746, relaciona este artículo con el artículo 1.964 y no con el 1.969, como lo hace la sentencia apelada.

Por otra parte, la aplicación y consideración de este precepto (artículo 1.969), permite, en el caso que nos ocupa, prescindir de testimonios interesados y de alegaciones de parte, de manera que, si el laudo no fue ejecutado, las actoras, cuando lo supieron (artículo 1.969) deberían haberse dirigido contra su madre, responsable de la no ejecución del laudo y del transcurso del plazo de prescripción, precisamente porque ese transcurso les imposibilitaba accionar contra su padre.

Por esa razón, en su demanda inicial, ni siquiera citan el laudo; porque su interés era fingir el conocimiento hace escasos meses, a fin de evitar la prescripción de la acción contra su padre, estrategia coronada con el éxito, porque la sentencia apelada orilla el régimen legal de la prescripción y, en contra de un mínimo de seguridad jurídica, ha permitido que una obligación declarada por sentencia hace más de 2 años, pueda ser objeto de reclamación.

El motivo de apelación que esgrimimos, debe estimarse, declarando prescrita la acción ejercitada por aplicación del artículo 1.971 del cc. 

SEGUNDO: EL PRONUNCIAMIENTO DE FONDO DE LA SENTENCIA    APELADA 

El pronunciamiento sobre el fondo del asunto que hace la sentencia apelada, se apoya en el fundamento jurídico segundo, con arreglo al cual, la Sra. Juez de Instancia sostiene:

1.- Que la contraparte suscribió un laudo, en cuyo pronunciamiento primero se contemplaba.

2.- Que del conjunto de la prueba documental unida a autos, se desprende que se produjo la entrega efectiva de la cantidad a la que aludimos.

3.- Y que mi representado nunca llegó a entregar las cantidades que se mencionan en el laudo a ninguno de sus hijos, incumpliendo con ello la obligación asumida en el contrato en cuestión.

Dejando a un lado la imprecisión terminológica constante en la sentencia apelada, en la que se confunde un laudo con un contrato, consiguiendo hacer olvidar el auténtico origen de la obligación reclamada en la demanda inicial, lo que se deduce de la prueba practicada en los autos, documental y testifical, no es lo que sostiene la sentencia.

Sabemos que la prueba se ha de valorar en su conjunto y que no cabe extraer de ella algunos elementos probatorios que puedan ser favorables a las pretensiones de cada una de las partes, porque con ello se olvida el conjunto que dichos elementos de prueba forman para la convicción del Juzgador.

El análisis de estos documentos, necesario para valorarlos, conduce en primer lugar a la sorpresa de que las propias demandantes se apoyan en los documentos 2, 3 y 4 de su demanda, para sostener que el señor Letrado, abogado de mi mandante según la demanda inicial.

Como se ve, las versiones son netamente diferentes. La Sra. Juez de Instancia satisface las pretensiones de las demandantes de forma distinta a cómo las actoras se lo solicitan, según los documentos; y así, al contrario que las demandantes.

No es fácil encontrar más desatinos en la valoración de la prueba documental, pues el laudo fue dictado y no suscrito por mi patrocinado, la cantidad no fue entregada, toda vez que aquél se la entregó al árbitro y no a mi mandante.                        La valoración de estos documentos debió haber llevado a la sentencia apelada a concluir, que se cumplió el laudo a su manera, que, desde luego, no fue entregando el dinero a  mi cliente , sino solicitando del árbitro que cumpliera la obligación impuesta, prescindiendo de mi mandante a todos los efectos.

Esta conclusión dista mucho de la que debe corresponder a una valoración de la prueba en su conjunto.

De todo ello se infiere que la sentencia apelada obtiene una conclusión, la incorporada a su fallo, que no se desprende de la prueba documental obrante en autos, valorada en su conjunto, por lo que el pronunciamiento de fondo que combatimos no se ajusta a derecho.           

TERCERO: EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE COSTAS

Las costas de la instancia son impuestas a mi patrocinado, por imperativo, dice la sentencia apelada, del artículo 394 de la LEC, en la medida que no cabe entender que se haya producido una estimación parcial de la demanda.

Esta decisión, infringe por violación, el artículo 394 de la Ley Procesal, y para comprobarlo,

Si no es una estimación parcial de la demanda, un fallo que concede a las actoras bastante menos de la mitad de lo que solicitan, habrá que convenir que, o no existen estimaciones parciales, o esta representación no entiende, ni el castellano, ni una aritmética elemental.

El artículo 394 de la LEC, de manera imperativa, impone las costas en los procesos declarativos a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. Todas significa todas, de manera que, si una sola de las pretensiones es acogida, la estimación de la demanda es parcial, y cada parte debe abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, conforme establece el artículo 394.2 de la Ley de Ritos.

En el suplico de la contestación a la demanda, se solicitó, con carácter subsidiario, precisamente lo que estima la sentencia apelada. Basta ver el documento número 2 acompañado al escrito de contestación a la demanda, para entender que solicitamos en su momento que, en caso de estimación de la demanda, el devengo de intereses.

Por consiguiente, no sólo no se estima la demanda en su totalidad, sino que se estima, y con creces, una de las pretensiones de la parte demandada, la formulada con carácter subsidiario en el número 6 de la súplica de la contestación a la demanda.

Lo anterior significa que el pronunciamiento sobre costas que contiene la sentencia apelada no se ajusta a derecho, por infringir lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC, al que se acoge, debiendo ser sustituido por otro en el que se ordene, para la primera instancia, que cada parte pague las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

En su virtud

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito con su copia, se sirva admitirlo, y a su vista, tenga por cumplimentada la providencia citada en cabecera y por interpuesto RECURSO DE APELACIÓN contar la sentencia dictada en estos autos, acordando, previo el trámite que proceda, la remisión de la todo lo actuado a la Audiencia Provincial de Madrid para la resolución del recurso interpuesto.Y

SUPLICO A LA SALA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID que teniendo por recurrida la sentencia dictada en los presente autos, previo el trámite oportuno, dicte sentencia por la que se estime el recurso y se acuerde la revocación de la apelada, dictando otra, más ajustada a derecho por la que se desestime la demanda inicial interpuesta en contra de mi mandante, por haber prescrito la acción.

Oposición a recurso de apelación civil

Oposición a recurso de apelación a sentencia de separación

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM 1 DE MADRID
PARA ANTE
LA SALA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Don Procurador de los Tribunales y de DON Representado, representación que tengo acreditada en autos de procedimiento de separación contenciosa 1/12, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO:

Que me ha sido notificada, con fecha 1 de Mayo de 2011, providencia dictada en 1 de Abril de 2011, por la que se tiene por presentado escrito de recurso de apelación contra la Sentencia dictada en este proceso y se confiere traslado a esta parte, para presentar escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la Sentencia apelada.

A tal efecto, cumpliendo el proveído que se indica, al amparo de lo previsto en el artículo 461 de la LEC, formulo ESCRITO DE OPOSICION AL RECURSO DE APELACION, con apoyo en las siguientes:

ALEGACIONES

PRIMERA.- En el escrito de preparación del recurso de Apelación el apelante, anuncia su recurso contra dos pronunciamientos de la sentencia apelada: el pronunciamiento que fija la cantidad destinada a pensión alimenticia y el pronunciamiento que desestima la concesión de pensión compensatoria a la esposa.

Sin embargo, en su escrito de interposición, se combate únicamente, en un único motivo, el pronunciamiento que fija la cantidad destinada a pensión alimenticia, por lo que el pronunciamiento relativo a la pensión compensatoria no es objeto de recurso, de donde será forzoso inferir que dicho pronunciamiento queda firme, al igual que el resto de los que contiene la sentencia, excepción hecha de la cantidad a fijar por alimentos que, conforme a la suplica del escrito de interposición del recurso, debe ser la única cuestión a debatir en esta alzada.

SEGUNDA.- El recurso se apoya en unos antecedentes incompletos y en un único motivo: el error en la apreciación de la prueba.

Para completar los antecedentes, voluntariamente omitidos por el apelante en lo que le perjudican, bastará transcribir lo que la sentencia considera probado, en relación con la única cuestión debatida en la apelación.

Dice la Sentencia apelada en su fundamento jurídico segundo: “De la documental aportada resulta que …. (el subrayado final es nuestro).

TERCERA.- El único motivo del Recurso es, como señalábamos, el error en la apreciación de la prueba, que para el apelante resulta evidente, porque emplea el procedimiento condenable de no valorar la prueba en su conjunto, sino solo la de aquellos elementos que puedan apoyar sus intereses, olvidando, por supuesto, aquellos aspectos de la prueba que obra en autos que son contrarios a dichos intereses.

Frente a tan parcial postura, la sentencia apelada valora la prueba en su conjunto, obteniendo unas conclusiones que deben considerarse ajustadas a derecho. Es verdad que, si se analizan por separado muchos de los elementos de la prueba obrante en autos, dichas conclusiones pueden ser perjudiciales para alguna de las partes, pero son bastante mas perjudiciales para mi patrocinado, que para su esposa, toda vez que la sentencia olvida realidades que están probadas en el proceso y que, tal vez, debieran haber conducido a la Juzgadora a fijar una pensión por alimentos, muy inferior a la fijada en la medida tercera del fallo.

Así sucede, por ejemplo, con los documentos 3 a 19, unidos al escrito de contestación a la demanda, por los que se acredita que los gastos a los que tiene que hacer frente, obligatoriamente con motivo de su separación, ascienden a 1000 € mensuales, que constituyen el 50% de todos los ingresos que percibe ( hecho segundo de la contestación a la demanda), lo que motivó la propuesta de esta parte, que no ha sido acogida por la sentencia, de pagar una pensión máxima de alimentos de 800 € mensuales (el 40% de sus ingresos) como única manera de evitar el endeudamiento progresivo que ahora padece.

Lo mismo sucede con el pacto al que ambos cónyuges llegaron para separarse, que incluía la venta del domicilio familiar, pacto reconocido y probado en autos por Doña Contraria en su declaración en el proceso de medidas y en estos autos; e incumplido palmariamente por ella con el resultado de cercenar todas las posibilidades de mi mandante de poder adquirir un domicilio para sí (hecho segundo de la contestación a la demanda).

El olvido de estos elementos de prueba obrantes en los autos, justificaría, si seguimos la conducta del apelante, que esta representación; no solo se opusiera al recurso, sino que impugnara la sentencia por el mismo motivo por el que la ataca el apelante: el error en la apreciación de la prueba.

Sin embargo, tanto del conjunto de la Doctrina, como de la Jurisprudencia conocemos, que el Juzgador en su sentencia está obligado a valorar la prueba en su conjunto, aunque la valoración de la prueba del conjunto, de la resultante en autos, conduzca en ocasiones, a conclusiones contrarias a alguno de los elementos de prueba que forman dicho conjunto, razón por la que, a nuestro modo de ver, la impugnación de la sentencia en este caso, y por este motivo, estaría condenada al fracaso.

CUARTA.- Frente a esta realidad jurídico-procesal, son inútiles alegaciones como las que el apelante hace en su recurso, máxime, si además, tales alegaciones faltan tan manifiestamente a la verdad.

En efecto, decir que Doña Contraria no recibe cantidad alguna, en concepto de dividendos, retribución o salario por parte de nadie, es ir en contra, primero de la verdad, y segundo de la lógica.

Para comprobar la falta a la verdad:

a) basta ver las declaraciones de IRPF de Doña Contraria, en las que aparecen ingresos que no tienen nada que ver con la nomina que declara de 1.000 € al mes;

b) basta comprobar, a partir de la información del banco, unida a los autos, que en una de las cuentas de las que es titular.
c) basta ver sus declaraciones, prestadas en el proceso, en las que dice percibir ingresos como decoradora, sin expedir facturas, y por tanto de cuantía desconocida.

QUINTA.- No es cierto, finalmente, que mi patrocinado tenga ingresos, como se dice en el escrito de recurso, con absoluta ligereza de 10.000 € al mes.

La prueba documental acredita que los ingresos de D. Cliente son de 2000 € al mes, con los que tiene que hacer frente, no solo a los gastos a que la sentencia apelada le condena, sino a los gastos obligatorios que le supone el tener que vivir fuera de su domicilio.

SEXTA.- Consecuencia de todo lo anterior es, que las alegaciones que contiene el recurso, en defensa de su único motivo, son alegaciones, no solo contrarias a la prueba obrante en autos valorada en su conjunto, sino contrarias a la realidad probada en autos por documentos y declaraciones, que no cabe tergiversar con la sola finalidad de interponer un recurso de apelación.

Por el contrario, la Sentencia apelada, cuando valora la prueba obtiene un resultado que no es contrario a la realidad de los hechos, ya que es obvio que los ingresos fijos que la esposa declara, son inferiores a los que declara el marido y que la suma de ambos ingresos es inferior al nivel de gastos en que ha venido incurriendo la unidad familiar. Ello revela que se ha venido manteniendo con otros ingresos distintos de los declarados y desde luego superiores.

Y en este sentido, sin duda la esposa tiene unas posibilidades económicas superiores, porque son realmente fuera de serie, muy poco comunes; y en ocasiones tales posibilidades ha alcanzado al marido, cuando ha conseguido realizar actividades complementarias que le han permitido obtener otros ingresos, distintos de los fijos, que, cuando vivía en familia, podía destinar íntegramente a su esposa e hijos.

En la actualidad, dado que mi patrocinado tiene que hacer frente a gastos obligatorios para poder vivir por su cuenta, y atender a sus hijos, gastos que antes no existían, la decisión judicial le obliga a pagar por alimentos de sus hijos, más del 70% de sus ingresos fijos, sin tener, de otro lado, posibilidad alguna de disponer de su propio patrimonio, pues este viene constituido, únicamente, por el domicilio familiar cuyo uso se atribuye a la esposa.

A pesar de todo, ello no parece motivo suficiente para impugnar la sentencia, ya que, aun cuando mi patrocinado no va a tener otro remedio que endeudarse o duplicar su trabajo en busca de actividades complementarias, solo redundará en favor de sus hijos menores.

Por lo expuesto y porque la Sentencia se ajusta a Derecho en la valoración en su conjunto de la prueba, practicada en los autos, debe confirmarse en esta segunda instancia, imponiendo no obstante las costas de la alzada al apelante, por su evidente temeridad, al alzarse contra una sentencia mucho mejor que la que debería haber obtenido con su demanda, contraria a la manera amistosa de separación, que fue acordada por ambos cónyuges, cuando decidieron poner fin a su vida en común.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, con su copia, se sirva admitirlo y teniendo por cumplimentada en tiempo y forma la providencia citada en la cabecera; tenga por formulado ESCRITO DE OPOSICION AL RECURSO DE APELACION y por opuesta a esta parte al Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia dictada en estos autos; para previo el tramite oportuno, remitir a la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid todo lo actuado en orden a la resolución del recurso; y

SUPLICO A LA SALA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID que, en mérito a lo expuesto, y previo el tramite oportuno, dicte Sentencia desestimando el Recurso de apelación interpuesto por la representación de Doña Contraria confirmando la Sentencia de instancia en todas sus partes y condenando a la parte apelante, al pago de las costas de esta apelación.

Por ser de Justicia que pido en Madrid a 1 de Mayo de 2012.

Como es el recurso de apelación

LA TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

¿Cómo es el recurso de apelación?

I.-       Una vez dictada la sentencia por el Juzgado de Primera Instancia, las dos partes tienen derecho a apelar, si no están conformes con la decisión del Juzgado.

             En el recurso de apelación, se puede revisar todo lo que se ha hecho en primera instancia, pero no se pueden añadir hechos nuevos.

II.-    Dictada la sentencia, se notifica a las dos partes.

 III.-   La parte que se proponga apelar contra la sentencia, tiene que anunciarlo, es decir, tiene que anunciar su intención de recurrir en apelación, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de la notificación. Si se deja transcurrir este plazo, se pierde el derecho a apelar contra la sentencia.

IV.- El anuncio se hace ante el Juzgado que dictó la sentencia, por escrito, indicando someramente los motivos de la apelación, o sea, aquellas partes de la sentencia con las que no se esté de acuerdo, que pueden ser todas o una sola.

V.-    A la vista del anuncio, es decir de la intención de una de las partes de apelar la sentencia, el Juzgado admite el recurso de apelación.

Lo hace por una providencia, cuyo plazo no se puede determinar, pero entiendo que no será muy largo y que, por lo mismo, que se dicte en torno a los primeros días del mes de Diciembre.

VI.-     Al admitir el recurso de apelación, el Juzgado traslada a la parte que había anunciado la apelación, su decisión de admitir el recurso, ordenando que formalice por escrito el recurso, en un plazo de veinte días hábiles.

Formalizar el recurso, significa desarrollar por escrito y con la extensión que se precise, los motivos para apelar que se habían anunciado antes.

Si se deja pasar este plazo, sin formalizar el recurso, se pierde el derecho a la apelación y la sentencia queda firme.

VII.-   El escrito, formalizando el recurso, se presenta dentro de los veinte días ante el Juzgado, firmado por el Procurador y el Abogado de la parte que apela.

En este escrito, es posible proponer una prueba, para la Segunda Instancia, siempre que se haya solicitado en la Primera Instancia, no se haya podido practicar y entienda el Tribunal que es necesaria para la solución del pleito.

Es difícil que el Tribunal conceda la práctica de una prueba en la Segunda Instancia, pero nosotros lo intentaremos, proponiendo el testimonio del Sr. que intentamos que declarara y que por dos veces fue citado, y ninguna de las dos compareció.

VIII .-  El Juzgado, a la vista del escrito formalizando el recurso, da traslado a la otra parte del pleito, para que en un plazo de diez días, pueda impugnar el recurso, es decir solicitar que no sea estimado, o adherirse al recurso, es decir, recurrir también contra aquellos puntos de la sentencia con los que no esté de acuerdo.

     En la práctica, esto suele ocurrir, pero no en condenas dinerarias como la nuestra, ya que si se gana el pleito y te conceden lo que pides (caso de los arquitectos), lo único que cabe hacer es impugnar el recurso y solicitar que la sentencia sea confirmada.

I X.-           Una vez recibido el escrito, impugnando el recurso, el Juzgado eleva los Autos, es decir, todo lo hecho en la Primera Instancia y los escritos de recurso y de impugnación, a la Audiencia Provincial de Madrid, que es el Tribunal que tiene que resolver el recurso.

             A la vez que manda todo a la Audiencia Provincial, el Juzgado dice a las partes que tienen que comparecer ante la Audiencia Provincial.

      Esto significa que el Procurador de cada parte tiene que presentar un escrito, personándose en la Audiencia en representación de su parte, a fin de seguir el recurso de apelación.

     Para personarse ante la Audiencia, cada parte cuenta con un plazo de veinte días.

X.-     La Audiencia, una vez recibidos los autos y personadas las partes, designa la Sección que va a resolver el recurso. Esta Sección está compuesta por tres Magistrados, uno de los cuales es designado Ponente.

XI.-   La Audiencia se pronuncia, si ha habido petición de prueba ( ver la prueba en el recurso de apelación) para la Segunda Instancia, sobre la práctica de la misma. Ya he dicho que es difícil que lo concedan, pero si lo hacen, señalan un día para la práctica de la prueba ante el Tribunal de los tres Magistrados.

            Si no admiten la prueba, señalan un día para la votación y el fallo y después de este día, dictan la sentencia que pone fin al recurso, y en nuestro caso al litigio, ya que ésta es la última instancia.

            La Audiencia Provincial de Madrid está tardando una media, en torno a los nueve o diez meses en la resolución de este tipo de recursos.

- Ejemplo de recurso de apelación 

en el conocido como recurso de apelacion

Recurso de apelación

ORDINARIO 000/2010 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 0 DE LEÓN PARA ANTE LA SALA DE LO CIVIL DE LA ILUSTRISIMA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LEÓN

         DON JOSÉ MARTÍN GARCÍA, Procurador de los Tribunales y de la compañía mercantil S.A, según tengo debidamente acreditado en el procedimiento de referencia, ante el Juzgado comparezco y como mejor en Derecho proceda, DIGO:

Que mediante el presente escrito y en tiempo y forma procesales, vengo a evacuar el trámite concedido en providencia de 1 de enero de 2009 notificada el día 2, y en su virtud, procedo a INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN, que se articula a través de los siguientes:

MOTIVOS 

         PRIMER MOTIVO.- 

Que contiene como queja la incongruencia existente entre los Fundamentos de Derecho Primero a Cuarto, y el Quinto y el Sexto respectivamente.

En efecto, se nos permitirá decir que constituye una gravísima incongruencia, dicho sea con el mayor de los respetos, desestimar la demanda rectora bajo el argumento de que no se ha acreditado que la sociedad sea inexistente y que carece de recursos y de actividad, cuando previamente se ha declarado probado que la misma, al margen de carecer de domicilio, mantiene con esta parte una deuda, ni más ni menos que de más de 400.00 euros, siendo así que dispone tan solo de un capital social de 600.000- €.

Es más, en los autos consta el testimonio emitido por el Sr. Secretario del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de León correspondiente al procedimiento de reclamación de cantidad contra la sociedad, en el que obran ni más ni menos que 100 pagarés bancarios impagados y el correspondiente reconocimiento de deuda. Por cierto, la sociedad fue declarada en rebeldía en dicho procedimiento. Con el mayor de los respetos, ¿cómo se puede entonces desestimar una demanda contra el Administrador de una sociedad que tiene un capital social de 600.000.- € frente a un solo acreedor al que debe ni más ni menos que 400.000.- €, sociedad que está en perdidas constantemente y arrastra las mismas de año en año, y que tanto ella como su Administrador fueron declarados en rebeldía en los respectivos procedimientos.

Siempre con el más reverencial de los respetos, ¿es posible que se declare probados todos los antecedentes de la demanda, es decir, la declaración de rebeldía de la sociedad, el reconocimiento de deuda incumplido, los 100 pagarés impagados, la imposibilidad de ejecución de sentencia a tenor de un procedimiento judicial, la existencia de la deuda por importe de 400.000.- € frente a un capital social de 600,00.- €,  y a renglón seguido se absuelva por falta de prueba de la insolvencia de la sociedad?.

Por ello creemos que existe una clara incongruencia merecedora de que el motivo prospere y con él todo el recurso.

SEGUNDO MOTIVO.-  

Que se articula contra el Fundamento de Derecho Cuarto, por entender que el mismo es contrario a derecho, ya que estima que no está acreditado que había que convocar Junta para disolver la sociedad, puesto que a su vez, tampoco está acreditado que la sociedad sea insolvente o que sus pérdidas hayan dejado reducido el capital social a una cantidad inferior al 50 % de este.

Pues bien, el presente motivo impugna semejante afirmación, en base a las siguientes razones:

1.- El artículo aplicable al caso es el 262 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión expresa que hace la Ley de Sociedades Limitadas, según reconoce también la jurisprudencia, de la que cabe resaltar la sentencia de la AP de Sevilla de 3 de Diciembre de 1.997.

2.- El art. 260.4 de las Sociedades Anónimas, que es en el que ésta parte EXPRESAMENTE BASA SU DEMANDA, (PÁGINAS 9, 10 Y 11), contiene el mandato específico a los administradores de que procedan a convocar Junta para la disolución de la sociedad, o el aumento de capital correspondiente, o para presentar un concurso de acreedores, o para adoptar cualquiera de las soluciones legales cuando el capital social se haya visto reducido al 50 % por pérdidas. La causa por lo tanto es muy concreta. Concurren pérdidas. Esas pérdidas superan el 50 % del capital social. Se tiene que convocar Junta para adoptar cualquiera de las prescripciones legales. Si no se convoca el Administrador incurre en responsabilidad automática, siendo ésta ex lege, por ministerio de la Ley, ope legis, a modo de sanción civil.

Lo dice toda la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, resumida por la de 1 de Marzo de 2.004 de dicho Alto Tribunal.

3.- En el presente caso tenemos:

a).- La sociedad está declarada en rebeldía.

b).- La sociedad ya no está en el domicilio social, por lo tanto desaparecida.

c).- Según el documento 4a – acompañado a la demanda, la sociedad no ha presentado cuentas durante los años 2.005 y 2.006.

d).- Conforme al mismo documento, 4a, y también conforme al 4b, el capital social es tan sólo de 600,00.- €.

e).- Un solo acreedor, en este caso la empresa que represento, ostenta contra la sociedad un crédito (reconocido judicialmente) por importe de 400.000.-euros, lo que constituye todo el capital social, (la Ley habla sólo del 50 %) y éste multiplicado por cincuenta aproximadamente.

f).- Conforme al mencionado documento 4a, (que contiene las cuentas anuales de la sociedad), en el año 2.001 la sociedad tuvo unas pérdidas de 18.000.00.-euros. En el año 2.002 las pérdidas fueron de 3.600,00.- euros. En el año 2.003 las pérdidas fueron de 25000,00.- euros. En el 2.004 la sociedad por fin obtiene resultados positivos, pero son tan exiguos y tan nimios que sólo alcanzan 1000 euros.

La conclusión que se alcanza de estos datos, es que sólo las pérdidas acumuladas y en los años 2.005 y 2.006, la sociedad no presenta cuentas, de lo que se deduce su inactividad.

Bastaba haber acudido a las cuentas anuales, cosa que la sentencia no hace, para concluir que sin necesidad del crédito de la mercantil que represento la sociedad se había comido su capital social y casi otro tanto, por lo que procedía su disolución.

4.- Finalmente y por lo que se refiere a la supuesta actividad de la empresa, la sentencia se limita a manifestar que no se ha acreditado, y nada más.

Se nos permitirá decir con todos los respetos:

A.- Que una sociedad que ha abandonado su domicilio social es porque está inactiva. En autos están las diligencias negativas de emplazamiento para contestar a la demanda.

B.- Que una sociedad que está declarada en rebeldía, es señal inequívoca de que está inactiva.

C.- Que una sociedad que no presenta cuentas anuales desde hace cuatro años, es señal de que está inactiva.

D.- Que una sociedad arrastre pérdidas constantemente y no adopte cualquiera de las soluciones a que le obliga la ley, es señal de que está inactiva.

E.- Que una sociedad adeude a un solo acreedor más de 400.000.00euros con un capital social de 600.000,00 euros, y unas pérdidas arrastradas de 500.000,00 euros, es señal inequívoca de que está inactiva y es insolvente.

F.- Y por si todo lo expuesto fuera poco, que una sociedad que a pesar del despacho de ejecución, documento número 3, no ha pagado ni un euro, con todos los antecedentes anteriores de inactividad e insolvencia, es porque carece de cualquier tipo de patrimonio así como de actividad.

En conclusión, en los autos constan pruebas más que de sobra que acreditan la responsabilidad del Administrador, (bastaba para ello únicamente las cuentas anuales), por lo que entendemos el motivo debe prosperar y con él el recurso.

TERCER MOTIVO.-

Que se articula contra el Fundamento de Derecho Sexto de la sentencia, cuando dice que no ha quedado acreditada la conducta ilícita del Administrador.

Pues bien, combatimos semejante afirmación, a tenor de las siguientes razones:

1.- Abandonar el domicilio social es un acto ilícito y revelador de una conducta dolosa.

2.- Permitir que la sociedad sea declarada en rebeldía en un procedimiento judicial, constituye un acto ilícito y revelador de una conducta dolosa.

3.- No presentar las cuentas anuales, constituye un acto ilícito y revelador de una conducta dolosa.

4.- Firmar un reconocimiento de deuda (documento número 4 contenido en el documento número dos de este procedimiento) a sabiendas de que no se puede cumplir, constituye un acto ilícito y revelador de una conducta dolosa.

En conclusión, no sólo existen actuación ilícita, sino que ésta es reiterada y contumaz.

Por ello entendemos que el motivo debe prosperar y también el recurso.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO PARA ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LEÓN, que teniendo por presentado este escrito con su copia se sirva admitirlo, y de conformidad con lo expuesto en el cuerpo del mismo y tras los trámites procedimentales oportunos dicte sentencia por la que revocando íntegramente la sentencia de Instancia estime en su integridad la demanda rectora condenando al Administrador en los exactos términos del Suplico contenido en la misma, y todo ello por ser así de justicia que respetuosamente pido en León a tres de Abril de dos mil nueve.

OTROSIDIGO, que solicito vista pública del presente recurso, por estimarla necesaria para los intereses procesales de esta parte, y

SUPLICO A LA SALA, que tenga por hecha la anterior manifestación y acuerde señalar día y hora para la celebración de vista pública, y todo ello por ser así de justicia que respetuosamente reitero en León. Fecha ut supra.

 

Tema relacionado: La prueba en el recurso de apelación

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