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despidos improcedentes en El Corte Inglés

Despidos en El Corte Inglés

despido el corte ingles hipercor Desde hace tiempo, se viene hablando de un ERE encubierto en El Corte Inglés e Hipercor, En el que, según parce, a los mandos (responsables con mayores salarios) les despiden por robo, con lo que, la empresa puede conseguir que el despido sea objetivo y no indemnizar (indemnización que sería elevada) al trabajador.
Traigo aquí dos ejemplos, muy recientes, de estos días de comentarios que se están haciendo en la red, más concretamente en la página web eltriangulodelasbermudas, con motivo del despido de otro de estos responsables:

“Lo de despedir por falso robo, es ya todo un clásico, buscan pagarte lo mínimo y si es nada mejor, aunque como no tienen pruebas, te acaban dando lo tuyo o sea el paro y tu liquidación, en los casos con empleados claro, en el caso de los mandos ni idea de lo que sacan la verdad, en mi centro en Noviembre del año pasado echaron a una vendedora que era una crack, llevaba un montón de años y de repente viene de vacaciones y PUM, despedida por robar,”

Y éste otro:

“El mayor escándalo por robo falso lo tuvimos en Siete Palmas. Se cargaron al jefe de Sala que era gerente y llevaba 40 años trabajando en El Corte Inglés. Poco a poco se ha ido sabiendo todo y varios falsos testigos andan llorando por las esquinas pidiendo perdón porqué encima les prometieron el oro y el moro y no cumplieron con ellos. De lo cual me alegro por falsos y tramposos”

La experiencia que tenemos hasta ahora, es siempre de éxito al enfrentarnos en los Juzgados con empresas del grupo ECI, en contra de lo que pueda pensarse, y se ha comentado del supuesto trato de favor por parte de jueces y tribunales con respecto a esta empresa, la realidad nos dice que esto no es así. Que si bien el principio “pro operari” ha venido decayendo paulatinamente en la aplicación de los criterios en nuestro sistema judicial;  sigue (como no podría ser de otra manera) siendo una realidad que si como dice la gente: “me han despedido injustamente del Corte Inglés” los jueces den la razón al trabajador.

Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto conmigo o hacer un comentario a este artículo.

Faltan togas

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Esta mañana tengo un juicio a las 11. A las once menos cuarto en la sala de togas me dicen que tengo que esperar que me toca disponibles. Que las están cambiando que van a traer unas nuevas. Desde luego quién está allí no tiene ninguna culpa, pero con un disimulo inglés nos empezamos a preocupar. Cómo podemos estar esperando a recoger una toga y que empiecen a su juicio y no estar a la hora indicada. Han sido apenas unos pocos minutos pero la tensión se palpaba en la pequeña cola de abogados estamos esperando nuestras togas. Cada uno ya pesando su estrategia subir al juzgado ya puedes explicar la falta probar haber si pueden exonerarnos de la obligación de llevar tal  prenda. Al poco llegan unos señores con las perchas y un montón de todas nuevas. Para llevarse otras chicas éstas sean sustituidas. Todos hacer deprisa y con diligencia. Pero mi pregunta es y esto no se puede hacer en horario de tarde, al final no asistió prejuicio ninguno pero nos hemos expuesto a que pudiera haber ocurrido. Hay cosas que nunca cambiarán y la previsión no es una cualidad que nos defina precisamente.

José Elpidio Silva y Gonzalo Boye

MI OPINIÓN

Ya hemos hablado en algún momento sobre nuestro respeto hacia el juez José Elpidio. Desconocemos su implicación en los hechos por los que esta siendo investigado, deseando que sea absolutamente inocente.

Antes de ayer, cuando se daba la noticia de que se le devolvía a su juzgado, apareció en esta noticia junto al abogado Gonzalo Boye, el que es para mí uno de los mejores abogados penalistas (y por supuesto especialista en derecho penitenciario, siendo el más eficaz que pueda haber.

Desde luego se trata de dos personas, tanto el Magistrado como el letrado, que no temen al rodillo político de la Justicia, que si deben decir algo lo dirán, que si sospechan de algo lo dirán, que si les presionan de malas maneras lo dirán. Por lo que creo que en este caso son personalidades realmente parecidas.

Con lo que tengo que fantasear es con el como se conocieron ambos y cómo eligió el juez al abogado; ¿le vio actuar en su juzgado y le sorprendió? ¿se lo recomendó algún colega?.

Dicho todo ello, y por supuesto desde la imaginación, de que Gonzalo Boye es el abogado de José Elpidio, creo que estas cosas deberían darse a conocer ¿tendré en algún momento yo un juicio en el juzgado del mencionado Magistrado y como abogado oponente a Gonzalo?. Me imagino que el señor Boye Tuset, de motu propio solicitaría la objeción de ese juzgado.

Las Tasas Judiciales al Tribunal Constitucional

La Audiencia Nacional lleva al Constitucional las nuevas tasas judiciales

tasas judiciales

Los jueces de la Audiencia Nacional llevan ante el Tribunal Constitucional las nuevas tasas judiciales, a raíz de una demanda que ha sido presentada por un mercantil. Ésta eleva una cuestión de inconstitucionalidad ante el tribunal de garantías que se aplica en la ley de tasas judiciales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha considerado que el pago de estas tasas priva en acceso de los ciudadanos a la justicia, puesto que no se ha pensado en la mayoría de la población. Consideran, por tanto, que podría ser inconstitucional.

En un auto, los magistrados de la Sección Séptima acuerdan preguntarle al Tribunal de Constitucional acerca de la constitucionalidad de las tasas que han sido promovidas por el Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón, ante el recurso que presentó la mercantil Préstamos y Javaloyes S.L.U.  Para llevar a cabo esta cuestión al tribunal de garantías que decida si las nuevas tasas son compatibles con la Carta Magna, pues al entender éstas podrían quebrantar varios preceptos de la misma.

En la resolución judicial se admite que la exigencia de una tasa que se encuentre dentro de ciertos límites, procedimientos y circunstancias y que es perfectamente constitucional, más sin embargo advierte de que no puede serlo el hecho de que este gravamen condicione a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la jurisdicción y de poder obtener tutela judicial. Creen que el fin que persigue el Gobierno, es lícito, pero también señala que las consecuencias del incumplimiento de este pago de tasas obstaculiza el acceso a la justicia, siendo esto un “impedimento innecesario y no justificado”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo en este caso entiende que la ley no tiene en cuenta la proporcionalidad que se debe regir en el fin perseguido, como es la financiación por parte de la Administración de Justicia y los principios de la capacidad económica, los cuales son la igualdad, la equidad y la justicia que debe presidir en todo sistema tributario, tal y como consta el artículo 31 de la Constitución Española. En este punto, también recuerda que la asistencia jurídica gratuita no alcanza para la mayoría de la población y avisa de que la cuantía en algunos casos resulta “desproporcionada”, lo cuál  pone de relieve la reducción de asuntos que se están produciendo ya en el orden de lo Contencioso.

Troyanos de la Policía

La Policía podrá usar ‘troyanos’ para espiar a los delincuentes

policia troyano

Se ha desatado la crítica de los expertos, por considerar que la redacción del anteproyecto del Código Penal Procesal infringe derechos fundamentales al ser autorizado el uso de software espías por parte de las fuerzas de seguridad. Según asegura Alonso Hurtado, uno de los socios del área de tecnología de información del bufete Ecija, “Ni el Consejo de Estado ni el Tribunal Constitucional darán el visto bueno al artículo 350 del anteproyecto del Código Penal Procesal”.

Con esto, el abogado se refiere a la posibilidad de instalar troyanos en los ordenadores de las personas investigadas, puesto que el Ministerio de Justicia quiere con la autorización de un juez permitir la utilización de este tipo de software, que es habitualmente utilizado por los hackers, para poder acceder sin conocimiento del titular y de manera remota, a la información que se encuentra en los dispositivos del supuesto delincuente. Sin duda, esto se trata de un arma de indudable utilidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pudiendo crear un choque con los considerados derechos fundamentales, además de los problemas de constitucionalidad.

Este borrador ha sido encargado por el departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón, que permite a los jueces que autoricen a los cuerpos de policía a la instalación de troyanos en todos los dispositivos de las personas investigadas por delitos con penas superiores a los tres años, para el terrorismo, el ciber-crimen y el crimen organizado, siempre y cuando el juez justifique la proporcionalidad de tal intervención. Hasta este momento, sólo Alemania había aprobado una regulación de este tipo, aunque solo en casos de terrorismo.

Sin embargo, Alonso Hurtado explica que aunque entiende la razón de plantear una posibilidad de esta índole con el fin de que las fuerzas de seguridad puedan contar con las mismas herramientas que son utilizadas por los delincuentes, aún así no está conforme con la redacción del anteproyecto del Código Penal Procesal, la cual dice es inaceptable. La considera demasiado genérica y abierta, por lo que podría dar lugar a muchos equívocos, tirando por tierra derechos tan fundamentales como el derecho a la intimidad o el secreto de comunicaciones.

En el Consejo General de la Abogacía Española consideran positivo que en el nuevo Código Procesal Penal se apueste por las nuevas tecnologías, pero creen que es un tema delicado la intervención remota de ordenadores. Desde el CGAE aseguran que para que se autorice esta diligencia debe aprobarse con un objeto concreto y determinado, puesto que con tales intervenciones se podría dar lugar a vulnerar el derecho a la intimidad. Por esta razón, para que el borrador de anteproyecto sea aprobado por un juez debe tener unos requisitos muy rigurosos, explica el catedrático de Derecho Procesal Nicolás González-Cuéllar. Además, según añade, esta resolución debe delimitar muy bien aquello que la policía puede o no puede hacer.  Esta posibilidad ha creado una gran polémica en el país ya que podría aprobarse a finales de este año.

 

Procurador

El papel del procurador en los tribunales

El procurador en los tribunales es el profesional de Derecho que está inscrito en su respectivo colegio de procuradores. Se encuentra de manera exclusiva en cada procedimiento y representa a sus clientes tanto en los juzgados como en los tribunales. Esta es una figura un tanto desconocida a la vez que imprescindible en la gran mayoría de procesos que se inician, ya sea como demandante o como demandado.

procurador

procuradores

La figura del procurador en los tribunales se remonta a la época de la civilización romana, de donde proviene su carácter de representación. Esta figura fue evolucionando con el tiempo y hoy en día se encarga de actuar ante el tribunal del justiciable como representante, en todos sus ámbitos. El papel del procurador se trata de dotar de agilidad al procedimiento judicial, dado que éste actuará frente a los requerimientos y decisiones que adopte el tribunal. Esta figura garantista además tiene un doble sentido, ya que deberá garantizar que el procedimiento cumple con todas las normas previstas y con la aplicación de las normas de enjuiciamiento.

Funciones del procurador

Las funciones que le están encomendadas al procurador están dirigidas principalmente a facilitar el proceso judicial y a evitar que los jueces se salten ciertos pasos, mostrando toda la cobertura procesal y legal que es necesaria ante la administración de justicia.

-          Previamente al proceso judicial deberá informar al cliente del coste aproximado del procedimiento y de las posibles consecuencias de ser condenado en las costas del mismo.

-          Responsabilidad en todos los trámites. Recibir y firmar los emplazamientos, notificaciones, citaciones etc., así como asistir a todas las diligencias y todos los actos necesarios del pleito. Todo esto lo hará siempre a favor y en representación de su cliente.

-          Estar pendiente de todos los pasos que se están dando en el procedimiento y mantener informado tanto al cliente como a su abogado.

-          Pagar los gastos que genere el procedimiento, excepto las minutas del abogado y del perito.

-          Informar al abogado de todas las instrucciones y documentos que le lleguen a sus manos.

-          Defender los intereses de sus representados y guardar secreto de la información que éstos le revelen. Debe ofrecer a su cliente una información objetiva y veras acerca del desarrollo del proceso judicial.

En cuanto al nombramiento de procurador ante un procedimiento procesal, el justiciable verá sus derechos protegidos siempre mediante la representación, la elección arbitraria de procurador o bien mediante la designación de un procurador señalado de oficio, con el único fin de que se garanticen los derechos procesales en el procedimiento judicial.

 

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