ABOGADOS en Madrid | Especialistas en juicios, recursos | Pagina Oficial

Letrado criminalista, jurista especializado en procedimientos penales, laborales, de familia, por peleas, riñas, daños, lesiones

Recurso juicio de faltas

Recurso juicio de faltas

Juzgado de Instrucción n XX

Juicio de Faltas XXXX/2011

AL JUZGADO  DE INSTRUCCIÓN NºXX PARA ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

          DON JOSÉ MARTÍN GARCÍA abogado del Ilustre Colegio de abogados de Madrid, cuyos demás datos constan en el procedimiento arriba referenciado, y de Doña Cliente ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho,

DIGO:

Que en fecha 10 del mes y años corrientes  ha sido notificada la sentencia del Juicio de Faltas nºxxx/2011, del Juzgado de Instrucción nºXX de Madrid, fechada el día 11 de noviembre de 2011, por la que se condena a Doña defendida y de Doña otra defendida como autores de sendas faltas de Falta de Hurto del artículo 623.1 del Código Penal, en grado de tentativa del artículo 16 del mismo texto legal a la pena de un mes de multa, a razón de cuatro euros diarios.

Por entender dicha resolución no ajustada a Derecho, perjudicial y lesiva para los intereses de Doña defendida y de Doña otra defendida, al amparo del artículo 976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 24 de la Constitución y demás disposiciones concordantes, interpongo frente a la misma RECURSO DE APELACIÓN, recurso que fundamento en los siguientes motivos:

ÚNICO.- Error en la apreciación de la prueba de la sentencia recurrida.

La sentencia recurrida llega a una conclusión errónea al entender probada la existencia de sendas faltas de hurto en las actuaciones de referencia.

Como bien sabe la Ilma. Sala a la que tengo el honor de dirigirme, en el presente recurso de apelación cabe una revisión plena de los elementos tenidos en cuenta por el Tribunal a quo en lo relativo a las pruebas practicadas, de modo que puede realizarse una nueva valoración de éstas que evidencie el error sufrido, sin limitación alguna al efecto, como pudiera ser la establecida para otra clase de recursos (significativamente, el de casación).

Sólo así puede entenderse el derecho a la doble instancia en el proceso penal, expresamente reconocido en diversos tratados y convenios internacionales suscritos por España (artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de Diciembre de 1966 y 2.1 del Séptimo Protocolo del Covenio Europeo de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales -Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950-) y por la Doctrina de nuestros más altos Tribunales, de la que resulta paradigmática la contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 102/1994, de 11 de abril, cuando afirma:

«La doble instancia en la jurisdicción penal, configurada precisamente como garantía en el Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 (protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales), y como tal y por ello mismo integrada en el ámbito de la tutela judicial, conlleva la posibilidad de impugnar las decisiones judiciales ante un Juez superior. Existen varias modalidades para los recursos, y entre ellas la más normal es la de apelación, cuya naturaleza como medio ordinario de impugnación está reconocida por todos e implica, con el llamado efecto devolutivo, que el juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo, no sólo por lo que respecta a la subsanación de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba. En tal sentido, el recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iuditium (Cfr. TC 1ª S 194/1990 de 29 de nov. y TC 2ª 21/1993 de 18 de enero).»

Así, en el presente caso, y en cuanto al concreto extremo referido, lo cierto es que la prueba practicada no permite entender acreditado que Doña defendida y de Doña otra defendida cogieran diversas prendas de ropa del establecimiento comercial “Grandote” con la intención de cometer hurto.

En este sentido, a pesar de que los únicos elementos probatorios tenidos en cuenta por el Juzgador para emitir su fallo, tal y como se reconoce en el Fundamento  de Derecho  primero de la propia sentencia ahora recurrida en apelación, es la declaración de la testigo que declaró en el acto del Juicio. Los hechos declarados probados en la meritada sentencia no se corresponden en modo alguno con lo realmente acreditado en el acto del juicio oral.

Principiemos indicando que la testigo es la denunciante, vigilante de seguridad, entendiéndose que esta declaracion  es prueba de cargo apta para enervar el principio de presunción de inocencia.

Tal testigo no presenció directamente los hechos, observándolos en una grabación, de la que deriva la versión de los hechos realizada en el plenario. Tal grabación no se ha aportado al juicio. Pues bien la declaración de dicho testigo carece de validez incriminatoria toda vez que la jurisprudencia más reciente de nuestro Tribunal Supremo y Constitucional, ha venido aceptando con relevantes matices la legalidad y validez de las filmaciones videográficas como material incriminatorio en el proceso penal, incluidas las realizadas por particulares o por agencias de detectives a instancia de éstos, considerándolas equivalentes a la prueba documental admitida por el artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , pero siempre y cuando la grabación cumpla con determinados condicionamientos en cuanto al modo, a fin de no resultar lesiva para los bienes constitucionales de las personas que pudieran verse afectadas por las mismas. Y en cuanto a su valoración probatoria en la fase de juicio oral, baste significar que la eficacia probatoria de la filmación videográfica está subordinada a su visualización en el acto de la vista pues solo así se salvaguardan los principios procesales de inmediación, contradicción, igualdad, y publicidad, visualización en el acto de la vista que, además, resulta del todo imprescindible en aquéllos supuestos en que la filmación se efectúa de manera automática por medios técnicos o de seguridad dispuestos al efecto ya que, en tal caso, la prueba viene constituida exclusivamente por las imágenes que contiene la grabación sin posibilidad de ser complementadas y confirmadas en el acto de la vista por la declaración personal y contradictoria del operador o cámara que, por inexistente, no pudo obtener una percepción directa de los hechos en el mismo momento en que éstos ocurrían y eran grabados.

En este sentido, la sentencia de Tribunal Supremo de fecha 15 de septiembre de 1999 vino a afirmar que “Siendo relevantes los hechos indiciarios mencionados, es claro que el primero de los señalados adquiere especial significación a efectos de la inferencia deducida por el juzgador, y que su valor como elemento acreditativo de lo acaecido sitúa la grabación videográfica del suceso más cerca de la prueba directa que de la consideración de mero factor indiciario, en cuanto que, no cuestionada su autenticidad, la filmación se revela como una suerte de “testimonio mecánico y objetivo” de un suceso, con entidad probatoria similar -o incluso, superior, al quedar excluida la subjetividad, el error o la mendacidad del testimonio personal- a la del testigo humano. Por ello, el art. 230 de la LOPJ que podrán utilizarse en el proceso cualesquiera otros medios técnicos de documentación o reproducción siempre que ofrezcan las debidas garantías de autenticidad y, en esta línea, cuando la película ha sido filmada por una persona, será precisa la comparecencia de ésta en el Juicio Oral en tanto que, como operador de la cámara, tuvo una percepción directa de los hechos en el mismo momento en que ocurrían. Pero este requisito no será exigible, naturalmente, en el caso de que la cinta videográfica no haya sido filmada por una persona, sino por las cámaras de seguridad de las entidades que, por prescripción legal o por iniciativa propia, disponen de esos medios técnicos que graban de manera automática las incidencias que suceden en su campo de acción. En estos casos, la propia grabación videográfica ha sido considerada por esta Sala Segunda como prueba de cargo apta para desvirtuar la presunción de inocencia en cuanto medio técnico que recoge las imágenes de la participación del acusado en el hecho ilícito enjuiciado, aunque ha advertido que “la eficacia probatoria de la filmación videográfica está subordinada a la visualización en el acto del juicio oral, para que tengan realidad los principios procesales de contradicción, igualdad, inmediación y publicidad”.

Los citados requisitos no se cumplen en el caso de autos pues como se deriva de la prueba testifical y, en concreto, de las contestaciones que dio el testigo a las preguntas realizadas por la defensa se deriva que solo tuvo conocimiento de los hechos por su visualización a través de las cámaras y la grabación no se aportó como elemento de prueba ni se visualizó en el plenario, no siendo sometida a contradicción.

Por lo expuesto procede la estimación del recurso en este punto.

Pero además la testigo que indica la sentencia ahora recurrida, manifiesta en el acto del juicio que no sabe qué prendas “cogen” las ahora condenadas, por lo que resulta muy sorprendente la decisión alcanzada por el Juzgado al que me dirijo sea capaz de individualizar tales objetos en la sentencia.

Así mismo la testigo manifiesta que las ahora condenadas se dirigieron a la salida sin pasar por la línea de cajas. Con respecto a ésta afirmación, debemos significar que en el acto del juicio  Doña defendida y de Doña otra defendida, exhiben tikets de compra del centro comercial que  nos ocupa y del momento, día y hora de los hechos; por lo que no es cierto que no pasaran por la línea de cajas como manifiesta la testigo.

En consecuencia, de la prueba practicada no se deduce de manera clara y palmaria que Doña defendida y de Doña otra defendida cometieran hurto en el centro comercial “Grandote” al que se refiere la sentencia, que motive su condena como autoras de una falta de hurto en grado de tentativa, por lo que, habiendo sido erróneamente valoradas las antedichas pruebas llevadas al juicio oral celebrado en su día, la Sala a la que ahora me dirijo debe revocar la sentencia que se recurre, dictando otra en su lugar en la que se absuelva a  Doña defendida y de Doña otra defendida de la falta por la que han sido condenadas.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, con sus copias, se sirva tener por interpuesto en tiempo y forma recurso de apelación contra la sentencia del juicio de faltas XXXX/2011 de fecha 10 de noviembre de 2011 notificada el día 10 de noviembre.

Y A LA SALA que, previos los trámites legales que sean oportunos, se sirva revocar la sentencia recurrida, dictando otra en su lugar por la que se absuelva a Doña defendida y de Doña otra defendida. de la falta de hurto por la que han sido condenadas.

Todo ello por ser de Justicia que pido en Madrid, a veintiuno de noviembre de 2011
Jose Martin

2 comentarios

  juicio de faltas por amenazas « ABOGADOS wrote @

[...] Recurso para faltas [...]

[...] Recurso juicio de faltas [...]


Lo siento, el formulario de comentarios está cerrado en este momento.

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 11.848 seguidores

%d personas les gusta esto: